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Tarajal: una lucha jurídica contra la impunidad
Después de ocho años de injusticia, los movimientos sociales están decididos a llegar a los organismos nacionales e internacionales competentes
Después de ocho años de injusticia, los movimientos sociales están decididos a llegar a los organismos nacionales e internacionales competentes para poner un calificativo jurídico a las 15 personas que murieron en El Tarajal.
Todo comenzó en la madrugada del 6 de febrero de 2014. Unas 200 personas migrantes de origen subsahariano intentaron entrar en Ceuta. 90 de ellas llegaron a la zona fronteriza de la playa del Tarajal con el objetivo de bordear a nado el espigón que separa España de Marruecos. Para evitar su entrada, la Guardia Civil se empleo a fondo lanzando 145 balas de goma y 15 botes de humo como reconocería poco después. Nana, Ousman, Daouda, Samba, Keita y diez personas más murieron en el intento, aunque los supervivientes de aquella tragedia aseguran que fueron muchos más. Las 23 personas migrantes que lograron llegar a la zona española fueron devueltas a Marruecos sin la posibilidad de acceso al procedimiento formal obligado por las leyes. Desde entonces, los movimientos sociales y las familias de las víctimas piden justicia, reparación y depuración de responsabilidades penales y políticas.
Lo que vino inmediatamente después de las muertes de El Tarajal fue la negación rotunda de la utilización de material antidisturbios por parte del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la criminalización de las ONG que exigían responsabilidades. Ante la evidencia que proporcionó el material audiovisual, el ministro del Interior por esas fechas, Jorge Fernández Díaz, se vio obligado a reconocer, días después, el uso de pelotas de goma en el agua por parte de los guardias civiles presentes, aquella madrugada, en el espigón fronterizo entre España y Marruecos. Y así, se fueron sucediendo mentiras y versiones contradictorias hasta acercarse un poco más a lo que sucedió realmente, pero nada de eso provocó dimisión alguna. Nadie pudo entender por qué no estuvieron presentes Cruz Roja y Salvamento Marítimo mientras morían 15 personas en el mar. Como tampoco se pudo entender la explicación del Director de la Guardia Civil llamando “rechazo” a las devoluciones “en caliente” de 23 personas, porque no hay cuerpo legal que sostenga ese concepto.
OCHO AÑOS DE LA MASACRE DE EL TARAJALTarajal: los muertos sin nombre, sin rostro, sin retorno
Estamos hablando de un Ministerio Fiscal que asumió la versión del ministro del Interior cuando dijo que todas las muertes se habían producido en el lado marroquí, de un caso que se cerró tres veces en los tribunales sin tomar declaración a todas las víctimas y sin tener en cuenta pruebas fundamentales de autopsias, de la denegación de visados a las familias para poder identificar a sus hijos fallecidos y presentarse como acusación particular, de la no aceptación por parte de la jueza de un informe de Caminando Fronteras con la descripción de lo sucedido por los propios afectados por ser “poco consistente”.
La lucha jurídica de la sociedad civil
De las 15 personas fallecidas, cinco cuerpos se recuperaron en suelo español y los diez restantes se encontraron en zona marroquí. El 11 de febrero de 2015, un año después de los hechos, la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta citó a declarar a 16 guardias civiles presentes aquella madrugada en el espigón que separa España de Marruecos. El 15 de octubre de 2015, la misma jueza dictó el sobreseimiento provisional del caso y el archivo de las actuaciones por delito de homicidio y lesiones imprudentes. En cuanto a las devoluciones en caliente que se produjeron, la jueza entendía que era una práctica habitual y, por ello, no se podía sancionar a la Guardia Civil.
Entre la apertura y el cierre del caso, había entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza”, con una disposición adicional referida a las “devoluciones en caliente” que España practica, de forma habitual, en las fronteras de Ceuta y Melilla. Organizaciones sociales como Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Federación SOS Racismo e Iridia instaron al Gobierno del PP a eliminar la Disposición que daba cobertura legal a unas prácticas denunciadas por organismos de Naciones Unidas por vulnerar los derechos de las personas migrantes.
Las organizaciones sociales presentes como acusación entendieron, entonces, que el Juzgado de Ceuta no investigó información básica para el caso, incluido el informe pericial presentado por las ONG afirmando que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas. Al mismo tiempo, denunciaron la inacción de la jueza en la investigación, hasta que varias ONG emprendieron acusaciones legales.
Pero existen más anomalías desde que sucedieron las dramáticas muertes aquella madrugada de hace ahora ocho años, como explica la letrada de la Asociación Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández: “Resulta extraño que se encomiende la investigación de los hechos al propio cuerpo de la Guardia Civil”. Fernández argumenta que, dados los indicios desde el principio de que la Guardia Civil había participado en el dispositivo, lo apropiado hubiese sido encomendar la investigación a la Policía Nacional u otro cuerpo distinto al de la Guardia Civil, “para asegurar una buena investigación sobre los hechos con independencia del resultado de esa investigación”.
Cierre del caso por segunda vez
No obstante, el movimiento social no se dio por vencido y el 13 de enero de 2017, la Audiencia Provincial de Ceuta admitió los recursos de apelación, presentados por CEAR, la Coordinadora de Barrios y Observatori DESC, y argumentó que “existen diligencias acordadas y no practicadas por el Juzgado”, refiriéndose a las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y que este país no había contestado en el momento de cerrar el caso. Un año después, la titular del Juzgado número 6 de Ceuta volvió a cerrar el caso por segunda vez, considerando que “de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa”. Los movimientos sociales denunciaron, en aquel momento, que el caso se cerró sin tomar declaración a dos víctimas que residían en Alemania ni se esperó el informe de las autopsias de Marruecos.
Patricia Fernández considera que estos dos sobreseimientos del caso por parte del Juzgado “dificultaron y prolongaron excesivamente el procedimiento”. Por otra parte, explica que “ha habido muchas dificultades para recabar el testimonio de los supervivientes, dificultades que se refieren a establecer videoconferencias con lugares como Alemania, que en principio no parece que pueda haber dificultad o déficits en la interpretación”, pero también a la poca confianza de los supervivientes de la tragedia en que la justicia les pudiera proteger frente a eventuales procedimientos de deportación. Otro déficit en la investigación que la letrada señala se refiere a las autopsias: las practicadas por Marruecos nunca llegaron a España y “las autopsias efectuadas en España fueron determinadas por una pericial aportada por nosotros como marcadamente deficientes”.
La Audiencia Provincial de Ceuta volvió a reabrir el caso
El 31 de agosto de 2018, este organismo consideró que el Juzgado de Ceuta encargado de la instrucción no había agotado la investigación, no se llevaron a cabo las pruebas solicitadas ni se habían escuchado a los testigos y supervivientes. La Audiencia Provincial se refería a la decisión, por parte del Juzgado número 6 de Ceuta, de descartar el testimonio de la víctima localizada en Alemania. También entendió que “ante un supuesto de calado humano, social y jurídico como el que nos ocupa no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias para la comprobación de esto último y así logar llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida”.
Así, el Juzgado de Ceuta volvió a abrir el proceso contra los 16 guardias civiles para volverlo a cerrar el 30 de octubre de 2019 y quedando archivado por tercera vez, apoyándose, la magistrada, en la doctrina Botín. Este principio, establecido por el Tribunal Supremo en 2007, sentencia que la acusación popular no es suficiente para procesar a un investigado si no está presente como acusación la Fiscalía y las víctimas del delito. Sin embargo, el mismo Juzgado de Ceuta rechazó en dos ocasiones la solicitud de las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, de estar presentes en el juicio como acusación particular. Por otra parte, y a pesar del cierre del caso, la jueza argumentó que “si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos”.
Tarajal: seis años después las familias siguen sin poder identificar a las víctimas
El procedimiento llegó al 28 de julio de 2020, séis años después de la muerte de 15 personas, con la desestimación por parte de la Audiencia Provincial de Ceuta de los recursos de apelación presentados por los movimientos sociales. Para la letrada de la Coordinadora de Barrios, el sobreseimiento en el que se encuentra hoy día el caso Tarajal tiene mucho que ver con todas las dificultades con las que se encontraron a la hora de investigar: “España es un país que no está acostumbrado a hacer investigaciones en materia de derechos humanos. En este sentido ha faltado sensibilidad y cuerpo institucional”.
Pero el movimiento social, representado en la acusación popular, no se dio por vencido y presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo el 20 de agosto de 2020 del que, a día de hoy, esperan respuesta. Sin embargo, la esperanza de encontrar justicia en este tribunal se reduce ya que, tal como estaba configurada la ley en 2014, cuando los hechos ocurrieron, es discutible que admita a trámite el procedimiento basado en delitos imprudentes. “Pero es una cuestión técnica, no de insensibilidad”, como explica Patricia Fernández, “no obstante, nosotros seguiremos denunciando la injusticia, reclamando al Tribunal Constitucional o en aquellos organismos internacionales que sean competentes porque tenemos el compromiso de seguir haciéndolo”.
La acusación popular también ha echado de menos en todo el proceso una investigación por parte de otras instituciones como El Defensor del Pueblo que, en palabras de Fernández, “podrían haber coadyugado a la investigación de los hechos”, y señala que “al final, nos encontramos con que la única investigación, distinta a la judicial, es la que realizó el colectivo Caminando Fronteras el mes posterior a la tragedia”. La identificación de los cuerpos que están en Marruecos fue realizada por esta asociación y “esto ya es significativo y evidencia la falta de compromiso”, argumenta Patricia Fernández.
Después de ocho años, las familias todavía reclaman poder identificar a tres cuerpos enterrados en el cementerio de Santa Catalina de Ceuta. Para Fernández, “esta situación es lo más grave en términos de derechos humanos y de falta de investigación efectiva”, para concluir que evidencia la incapacidad para ofrecer justicia: “Qué menos que el consuelo de poder velar a los tuyos, pero sobre todo la crueldad de un sistema que no es capaz de ponerle nombre a los muertos”.
https://www.elsaltodiario.com/el-tarajal/lucha-juridica-contra-impunidad