El Gobierno de Navarra pretende disminuir los controles ambientales a las energías renovables

El Gobierno de Navarra ha aprobado el Decreto Ley Foral “de medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. La aplicación de algunas de las medidas que contempla este decreto pueden implicar impactos y perjuicios irreversibles que pueden condicionar severamente tanto a la biodiversidad como a la vida y las actividades de las comunidades locales, como vamos a ver a continuación.

El título I del decreto plantea varias “medidas de simplificación y agilización de procedimientos y trámites para la autorización de instalaciones de energía renovables”. Son medidas que permiten a las empresas saltarse la gran mayoría de los trámites que tienen por objeto analizar el impacto ambiental de los macroproyectos de energías renovables, sobre todo polígonos eólicos y solares fotovoltaicos. Medidas que también aprobó el gobierno del Estado Español por los mismos motivos.

Fruto de esta nueva regulación, aprobada con urgencia y sin un análisis adecuado de sus consecuencias, se producirá una disminución de los análisis ambientales a los nuevos proyectos de parques eólicos de menos de 75 MW y a los parques solares de menos de 150 MW. Y al haberse aprobado la nueva legislación tanto por el gobierno del Estado, como por el navarro, las medidas se aplicarán a los proyectos tramitados por ambas instituciones, es decir a todos los que sean menores a los tamaños indicados, o lo que es lo mismo, a la inmensa mayoría de ellos.

Para ver de una manera gráfica el impacto de las nuevas medidas podemos fijarnos en el centenar de proyectos de este tipo a los que la fundación Sustrai Erakuntza ha presentado alegaciones en el último año. Estos proyectos ya están en tramitación, y por lo tanto no se van a ver afectados por estas medidas, pero nos pueden servir para conocer los efectos que se derivarían de aplicarse el nuevo Decreto Ley Foral. De ese centenar solo habría dos proyectos que superarían los límites de tamaño establecidos para acogerse a estas medidas: el macropolígono fotovoltaico “FV Peralta”, situado en ese municipio y de 370 MW, y los parques eólicos Aiko y Atreo de Carcastillo, que aun siendo dos parques han sido tramitados de forma conjunta por estar ambos contiguos y que en total tienen una potencia de 99 MW.

Los otros 99 proyectos a los que Sustrai Erakuntza ha presentado alegaciones entrarían dentro de la categoría de los que podrían haber sido afectados por el nuevo decreto si se hubieran presentado ahora. Uno de los efectos más importantes que tendrán estas medidas será el de la reducción del tiempo de análisis de los proyectos para estudiar su impacto ambiental, reduciéndolos a la mitad (artículo 3.1 apartados b y c de la norma foral). Es indudable que este hecho impedirá una adecuada información y participación pública en el análisis del proyecto. Hay que tener en cuenta que los proyectos que se presentan son de grandes dimensiones, con mucha documentación que analizar, con amplios y variados impactos ambientales. Esta labor prolija nos ha obligado en varias ocasiones a pedir una ampliación de los plazos para analizar la documentación, algo que nos es sistemáticamente denegado por el Gobierno.

Pero esto no sólo va a afectar a las personas que quieren participar en la definición de estas infraestructuras. También afectará a los órganos de la administración que tienen que analizar el impacto ambiental y emitir informes sobre el mismo, tal y como se indica en el citado artículo. Ello va a acarrear una grave consecuencia: los análisis que se efectúen de los proyectos por parte de la Administración van a ser considerablemente más pobres y superficiales, y los informes emitidos de mucha menor calidad. Hay que tener en cuenta que estos informes son críticos a la hora de declarar la compatibilidad del proyecto con el medio ambiente.

Es el caso de proyectos eólicos como Aldane, situado en el borde del Parque Natural Urbasa Andía, o los de Templarios y Sierra de Tabar, situados en el rico entorno de las Sierras de Alaitz e Izko. En estos y otros proyectos parece que va a ser de gran importancia el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por el que ha calificado como de “desfavorable” su Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, en una situación en la que el tiempo para realizar este análisis se recortará a la mitad, tal y como señala el nuevo decreto, estos estudios no alcanzarán la misma profundidad y podrían pasar por alto aspectos cruciales de los impactos ambientales.

Si lo señalado anteriormente es grave, aún lo es más la falta de coherencia entre las medidas recogidas por el decreto y los aspectos que se quieren proteger. En la exposición de motivos del decreto se invoca la necesaria transición ecológica y el hecho de que ésta se vea aún más necesaria ante la gran cantidad de combustibles fósiles que compramos a los países contendientes en la guerra. Sin embargo, está sobradamente probado que las energías renovables aportan muy poca solución al problema que tiene la humanidad con la energía fósil y el cambio climático.

Sin ir mas lejos, en Navarra las energías fósiles supusieron el 78,2% del consumo energético de 2020, según los datos del último balance energético del Gobierno de Navarra. Si tenemos en cuenta que las energías renovables se producen principalmente en forma de electricidad, y que esta es solamente el 21,5% del consumo energético de Navarra, vemos como tenemos un grave problema para transformar la gran cantidad de energía que consumimos de fuentes fósiles a renovables. Así, desde el mundo científico que analiza estas cuestiones ya nos advierten que con las energías renovables solo se podría llegar a cubrir entre un 30 y un 40% del total de la energía que consumimos hoy día.

Se hace necesario, por lo tanto, iniciar un camino ordenado hacia la disminución del consumo energético que realizamos en Navarra, tal y como ya analizamos en nuestro informe “El nuevo boom de las energías renovables en Navarra. Situación, impactos y propuestas alternativas”. Las razones medioambientales y sociales son claras: los límites físicos del planeta, la superación del pico de extracción de combustibles fósiles y otros materiales, la contaminación de los ecosistemas y de la atmósfera con sus emisiones de CO2, la alteración del clima, las guerras económicas, las desigualdades… Todo ello nos lleva a la necesidad de la urgente transformación de los modelos de producción, consumo y propiedad. Y en ese escenario, las energías renovables deberán cumplir su papel, pero no a costa de profundizar en la destrucción de los ecosistemas y de los territorios locales.