Estado de excepción: Boric desplegará militares en territorio mapuche

Este lunes, el gobierno ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. Pese a todos los intentos de convencer a la izquierda de que Boric no desplegará personal militar, finalmente terminó cediendo a la presión de los empresarios y los partidos pinochetistas (o quizás a sus propias convicciones en cuanto a temas indígenas) decretando el estado de excepción en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche.

Colocando el parche antes de la herida, el gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de Chile y la Nación mapuche.

Esta nueva claudicación del gobierno que prometía un “cambio”, que lo asemeja aún más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas, viene gestándose hace semanas. Tras una serie de demostraciones de fuerza y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general represor de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y ampliar negociaciones con la derecha , el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Cierto es que intentó disfrazar este movimiento con una propuesta de reforma a la constitución para crear un “estado intermedio”, que permitiese justificar, al menos discursivamente , que el despliegue de militares sería sin poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas ni la vida de la población indigena. Pero bastó la presión de la derecha y la DC para que el gobierno echará pie atrás de esa farsa y decidiera cuadrarse con los partidos que defienden la opresión y subyugación de la Nación mapuche.

Por supuesto, todo esto ha sido justificado en medio de un discurso humanitario e indulgente de querer resguardar la seguridad de las personas frente al poder de los grupos de narcotraficantes que supuestamente estarían operando en la zona. Sin embargo, las acciones judiciales presentadas solo apuntan a dirigentes del pueblo mapuche y nada se ha dicho sobre supuestos vínculos con el narcotráfico de los acusados. Resta decir que la política de militarizar el conflicto de las drogas en toda América latina sólo ha provocado un aumento de la violencia por el control de las rutas comerciales de los narcos, quienes se benefician de la ilegalidad para acrecentar sus ganancias con la complicidad de los agentes del estado.

El gobierno, pese a querer mostrar una imagen “fuerte”, lo cierto es que adolece de un plan para resolver la situación y solo muestra su debilidad. Pese a promesas vagas de aumentar la cantidad de tierras que los mapuche podrán “comprar”, es decir que además deberán pagar a sus saqueadores para acceder a su territorio ancestral. Por su parte la derecha y los empresarios lejos de contentarse, exigirán nuevas claudicaciones al gobierno y a los partidos que lo apoyan, muchos de los cuales se prestan gustosos a defender los intereses de los poderosos, como los partidos de la ex concertación.

La semana pasada uno de los puntos que colocaron en la mesa los senadores de RN (Renovación Nacional, derecha) para apoyar la agenda securitaria del gobierno, era retroceder el proyecto de ley de indulto a los presos políticos del estallido popular de 2019. Los resultados de esa negociación han quedado en evidencia en palabras de la propia vocera del gobierno y de sus ministros quienes, pese a prometer su liberación en campaña, ahora niegan que se trate de presos políticos e incluso ponen en duda su liberación.

En todo este circo político, el papel más vergonzoso lo cumple el Partido Comunista. Plenamente conscientes de lo que implica desplegar los militares en la “macro zona sur”, y el precedente nefasto que implica otorgarle al estado la facultad de suspender derechos fundamentales por criterios de “orden público, han decidido sumarse al coro contra “la delincuencia” y apoyar ciegamente al gobierno en este punto. La promesa es que si el gobierno logra sortear la discusión sobre seguridad, la aprobación de la nueva constitución que garantiza nuestros derechos quedará asegurada.

Pero en el PC, pese a tibias protestas y matices, en realidad piensan como burócratas en defender sus puestos ganados en el estado, y su dificultad es cómo preservarlos sin que sus bases dejen de sostenerlos. Y sabemos por la historia que a las camarillas dirigentes, sean capitalistas, socialistas, comunistas o trotskistas, poco les importa sostener las luchas que dicen representar cuando de defender sus intereses materiales se trata.

Hoy, cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos está muy lejos de responder a dichas necesidades y los empresarios claramente no quieren que estos se discutan. En todo este escenario, tenemos un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y militantes mapuche y alinearse con los intereses empresariales.

Izquierda Diario / La Haine