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Terrorismo de Estado: El PSOE plantea blindar los GAL durante veinte años más
Lo que daría un margen aún mayor para que responsables aún vivos de acciones de comprobada ilegalidad fallezcan sin ser juzgados
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto, primer día del mes por excelencia de vacaciones, el anteproyecto que sustituirá a la franquista Ley de Secretos Oficiales, en vigor desde 1968 y revisada en 1978 antes de que se aprobara la Constitución. La actual norma hace de los secretos información atemporal y, por tanto, inclasificables.
El anteproyecto que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez fija un tope: de 50 años prorrogables por una década más. Es decir, la información reservada fechada en 1978 podría ver la luz en 2028. O no ser desclasificada hasta 2038, lo que daría un margen aún mayor para que responsables aún vivos de acciones de comprobada ilegalidad fallezcan sin ser juzgados. Aún habría que esperar más para informaciones relativas a los GAL (el primer asesinato, el de Lasa y Zabala, tuvo lugar en octubre de 1983) y el plan ZEN (activado en febrero de 1983).
El PSOE ha optado por elaborar una norma con los plazos más extensos de la Unión Europea, como Francia y Alemania. El Reino Unido puede blindar la información que considera delicada durante un máximo de 20 años; Italia, 15, y EEUU, 25.
La norma se denominará Ley de Información Clasificada y establece cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, que se fijarán en función de la “gravedad del daño para los intereses de España” (extraordinariamente graves, graves, perjudiciales o desfavorables).
Los plazos que permiten la opacidad de las instituciones españolas son más extensos que la primera propuesta del PSOE y, según fuentes del Ejecutivo que citan varios medios de comunicación, el anteproyecto es del gusto de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El anteproyecto crea la figura de la “autoridad nacional para la protección de la información clasificada”, que ostentará el ministro de la Presidencia. Actualmente, Félix Bolaños. Sobre el ministro recaerá la función de analizar las peticiones de desclasificación y la decisión de levantar o no, total o parcialmente, el secreto.
El apoyo del PP
Según fuentes de Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, la coalición morada discrepa sobre el plazo tan elevado, que no ha sido discutido con ellos. Por lo que, según ha avanzado RTVE, tratarán de negociar cambios y, si no salen adelante, se plantean no apoyar la norma.
Asimismo, es poco probable que el anteproyecto guste al PNV, partido que reclama desde 2016 reescribir la Ley de Secretos Oficiales, así como desclasificar documentación que afecta al País Vasco. La propuesta de los nacionalistas vascos era desclasificar secretos a los 25 años e información reservada, a los diez.
Es poco probable que fuerzas parlamentarias como ERC se sientan cómodas con mantener la opacidad del Estado durante 60 años, por lo que la única vía que tendrá Pedro Sánchez para sacar la norma tal y como la ha planteado será contar con el respaldo del PP y de Vox.
Por su parte, EH Bildu ha anunciado que el Gobierno “debe rectificar esta propuesta y plantear una reforma que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy”.
“No es aceptable que la reforma propuesta no toque los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas”, añaden. Asimismo, advierten de que el anteproyecto “no cumple” con la palabra dada por el Gobierno “ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad como los partidos y asociaciones memorialistas”.
Recuerdan que, de aprobarse el anteproyecto, “casos flagrantes” de vulneraciones de derechos seguirán sin ser aclarados, como los GAL, la práctica sistemática de tortura, los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz y los San Fermines del 78.
El anteproyecto será remitido al Congreso y, de aprobarse, entraría en vigor en el plazo de un año.
El Salto