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La Audiencia de Granada aprieta para conseguir la identidad de dos acosadoras tránsfobas en Twitter
Ha obligado a una instancia inferior a solicitar a Twitter la identidad de dos perfiles anónimos que han sido denunciados por delitos de odio
Ha obligado a una instancia inferior a solicitar a Twitter la identidad de dos perfiles anónimos que han sido denunciados por delitos de odio, hostigamiento, contra la integridad moral e injurias y calumnias.
Twitter abrió su filial en España en 2013. Tiene su sede en la calle Rafael Calvo 18 de Madrid. No hace falta hablar inglés ni viajar hasta San Francisco (California) para comunicarse con la empresa de una de las principales redes sociales. No obstante, en España, los jueces han concluido sistemáticamente que si la Policía Nacional no puede desenmascarar la identidad de una cuenta anónima de Twitter denunciada ante los tribunales por el motivo que sea (acoso, habitualmente), ya no hay caso. Por primera vez, la Audiencia de Granada ha contradicho esta hipótesis y el 17 de octubre consideró en un auto que una jueza de instrucción del tribunal nº5 vulneró el “derecho a la tutela judicial efectiva” de dos demandantes al no actuar de oficio y pedirle a Twitter la información necesaria para dirimir el caso. Las dos demandantes son personas trans y han denunciado a dos cuentas por delitos de odio, hostigamiento (acoso online), contra la integridad moral e injurias y calumnias.
Hasta ahora, cuando la Policía Nacional notificaba a los tribunales de instrucción que no podía desenmascarar una identidad oculta, los jueces cerraban el caso sin solicitar información a Twitter
Hasta ahora, cuando la Policía Nacional notificaba a los tribunales de instrucción que no podía desenmascarar una identidad oculta, los jueces cerraban el caso sin solicitar información a Twitter. Cuando la red social suspende una cuenta, esconde al público la IP del usuario—por lo que la Policía no puede rastrearla—, pero la empresa sigue guardándola. Aunque para crearse una cuenta en las redes no es necesario dar el DNI o cualquier tipo de identificación oficial, cada usuario genera su propia IP, es decir, una dirección única que identifica a un dispositivo en internet. Ante un requerimiento judicial, la empresa no puede negarse a facilitar esa información, asegura el abogado de las demandantes.
La impunidad en las redes sociales genera e incrementa la violencia digital, que sufren colectivos de distinto tipo. Desde activistas feministas y antifascistas a personajes públicos —la alcaldesa Ada Colau cerró su cuenta en abril de 2021, días después la cerró Cristina Fallarás—.
TWITTER Y EXTREMA DERECHATecnofascismo 2, antifascismo 0
Isaac Guijarro es el letrado de las demandantes y explica que “hemos llevado bastante casos de este tipo y es la primera vez que se obliga a que una jueza le pregunte a Twitter qué identidad tienen las cuentas denunciadas”. Miembro del despacho Olympe Abogados, especializado en casos LGTBI+, agrega que el auto “es un nuevo pequeño paso para evitar que este tipo de delitos, por cometerse a través de redes sociales, queden impunes”.
Olyme Abogados interpuso en los tribunales de Granada una demanda contra varias cuentas anónimas de Twitter en marzo de 2021 tránsfobas o terf, por sus siglas en inglés (trans-exclusionary radical feminist). Un año después, la jueza de instrucción nº5 archivó el caso argumentando que Twitter se negaría a dar los datos de las cuentas anónimas sin ni siquiera intentarlo —tras recibir el pertinente informe de la Policía Nacional, que no agregaba información sobre las posibles identidades de las cuentas denunciadas—. La magistrada consideró que al tratarse de una empresa tecnológica se iba a negar a ofrecer los datos necesarios para juzgar el caso y decidió archivar el procedimiento. El despacho presentó entonces un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que argumentaba que la decisión de no oficiar a Tiwtter no podía basarse en una hipótesis de no colaboración, que las empresas, por muy tecnológicas que sean, están sometidas a la ley como cualquier ciudadano y que no se puede archivar un procedimiento por no conocer a los autores cuando es la propia jueza la que se negó a preguntar a Twitter.
A diferencia del acoso en la vida analógica, en las redes sociales todo queda grabado y puede archivarse fácilmente: “Tenemos un excel pormenorizado”, concluye el letrado
Las dos cuentas denunciadas en esta causa, que están suspendidas, son @Nausicaa_harta y @Beyondwoods. El modo de proceder era “insultar y acosar a nuestras clientas y retuitearse entre ambas”, detalla Guijarro. De una cuenta han contabilizado hasta 300 mensajes de hostigamiento y 136 menciones de insultos y acoso. A diferencia del acoso en la vida analógica, donde las palabras de viva voz se escapan con el viento, en las redes sociales todo queda grabado y puede archivarse fácilmente. “Tenemos un excel pormenorizado”, concluye el letrado.
El delito de odio contra los derechos humanos está recogido en el artículo 510 del Código Penal y estipula entre seis meses y dos años de prisión, como el delito contra la integridad moral. Para el hostigamiento la pena es de tres meses a dos años. Las injurias están penadas con de tres a siete meses de cárcel y la calumnia, de seis meses a dos años.
NUEVOS DERECHOSClaves del borrador de ley trans estatal que ultima Igualdad
El retraso de la ley trans
A lo largo de esta legislatura, el acoso a personas trans se ha incrementado paralelamente al debate entorno a la ley trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que ha chocado con el feminismo blanco, de clase media y transexcluyente de un sector del PSOE. La transfobia en el seno socialista hizo que la histórica militante Carla Antonelli solicitar la baja del partido el pasado 18 de octubre.
A pesar de la presión social que este movimiento causó en el seno de la formación de Pedro Sánchez, el PSOE decidió el martes retrasar de nuevo el debate de la ley trans en el Congreso. Fuentes del Ministerio de Igualdad indicaron esta semana que propondrían al PSOE y al conjunto de los grupos parlamentarios un calendario de tramitación, que incluya la finalización del periodo de enmiendas el día 2 de noviembre y la finalización de la ponencia el 18 de noviembre, con el objetivo de que la ley esté aprobada antes de que finalice el año y sin recortes en derechos respecto al texto ya pactado en el Gobierno.
Asimismo, tras conocerse la prórroga que solicitó el PSOE, colectivos como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans y la Fundación Triángulo han criticado duramente la decisión, considerando que una nueva prórroga “está poniendo en grave riesgo la ley trans.”
Consideran “injustificable” pedir nuevas prórrogas y se preguntan cuál es la intención del PSOE al pedirla. En ese sentido, las entidades LGTBI+ han querido avisar que “no aceptarán recortes en los derechos pactados en Moncloa con Carmen Calvo”, especialmente en lo referente a los menores trans. “Si se pretende recortar elementos clave de la ley ya cerrados, las organizaciones dejaremos claro que esa propuesta de ley no garantiza sus derechos y no apoyarán la Ley, ni reconoceremos a los partidos que impulsen esos recortes”, advierten.