[Vídeo] El Salvador criminaliza y persigue a líderes de la cooperativa El Bosque

Este viernes 30 de mayo, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretó detención provisional por seis meses para José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, y Alejandro Henríquez, defensor ambiental y asesor legal de la misma, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”.

Ambos participaron en un plantón pacífico el lunes 12 de mayo frente a la residencia privada del presidente Bukele.

Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esta medida como un acto de criminalización del derecho a la protesta. “Protestar pacíficamente no es un delito. Es un derecho”, sostuvo la organización en un comunicado, advirtiendo que la acusación contra los defensores vulnera la libertad de expresión.

El abogado defensor Oswaldo Feusier denunció que la petición de detención “va contra la ley, la Constitución y los tratados internacionales firmados por El Salvador”.

Advirtió que José Ángel y Alejandro podrían pasar hasta dos años detenidos por una acción que no configura ningún delito. “Es imposible que se constituya el tipo penal de desórdenes públicos. La violencia provino de la Policía Nacional Civil al detener sin justificación”, dijo.

El requerimiento fiscal fue presentado el martes 27 de mayo, señalando a ambos como “coautores” de los hechos. Sin embargo, testigos del suceso contradicen esta narrativa. Carlos Flores, del Foro del Agua, quien estaba presente durante el arresto, afirmó que “cinco policías nos apuntaron con armas largas y se llevaron a Alejandro en un vehículo con placas particulares”. Henríquez nunca opuso resistencia, según el testimonio.

La represión también alcanzó a otros líderes de El Bosque. Diego Guzmán y Moisés Galeano lograron escapar el 12 de mayo, cuando fuerzas policiales intentaron capturarlos. Reaparecieron el 28 de mayo en un video público, desmintiendo la versión oficial y responsabilizando directamente al gobierno si algo llegase a ocurrirles. Ambos exigieron la libertad inmediata de José Ángel y Alejandro.

Según denunció Noah Bullock, director de la organización Cristosal, “estamos en medio de una escalada represiva cuyo objetivo es intimidar y silenciar voces críticas”. La aplicación del régimen de excepción en este caso resulta injustificada, ya que los delitos señalados son ordinarios y no tienen relación con estructuras criminales.

Desde el punto de vista legal, ético y moral, la detención de estos defensores de la tierra representa una grave violación de derechos fundamentales. Organismos nacionales e internacionales se mantienen vigilantes ante el uso del proceso penal como herramienta de persecución política.

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