El tupé de Dina Boluarte

Dina Boluarte tuvo el tupé --entendido como la osadía o desparpajo de quien se permite emitir un juicio temerario sin fundamento ético-- de afirmar, en su discurso por la conmemoración de la independencia del Perú este 29 de julio, que Bolivia es un "Estado fallido".

Lo hizo sin ofrecer ningún argumento que legitimara tan agresiva y desatinada declaración, utilizando así a un país vecino y hermano como chivo expiatorio de su propio descrédito político. No es solo una provocación diplomática; es un síntoma de una clase dirigente que ha perdido el sentido de la decencia, y que, ante su propia ilegitimidad, ataca a otros países de la región para desviar la mirada de su propio derrumbe.

Boluarte, llegó al poder por una vía que carga con una profunda sombra de ilegitimidad. Fue elegida como vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo, a quien acompañó durante su breve y asediada presidencia. Pero cuando el cerco mediático, judicial y parlamentario contra Castillo se intensificó (llamado 'lawfare'), ella no solo guardó silencio, sino que se sumó al bando que pedía su destitución.

Su salto a la presidencia tras la triquiñuela de la vacancia y posterior encarcelamiento del legítimo Presidente, fue visto por amplios sectores populares como una traición política y moral (y por ese pueblo y los analista de todo el mundo como un golpe de Estado). Boluarte, se alzó el 7 de diciembre de 2022, como figura de consenso entre las élites que irrespetaron el voto popular que se había expresado en las urnas para elegir un gobierno del pueblo, representado por el profesor rural Pedro Castillo.

Desde entonces, su gestión ha estado marcada por la represión, el autoritarismo y la desconexión con las mayorías empobrecidas del país. Desde los primeros días de su mandato, Perú vivió una ola de protestas populares que fue respondida con brutalidad estatal. Al menos 60 personas murieron a nivel nacional, la mayoría por disparos de armas de fuego en manifestaciones. De ellas, 23 fallecieron solo en Puno y 10 en Ayacucho, además de casos en Cusco, Arequipa, Apurímac y Lima.

A esto se suman más de mil 300 personas heridas, muchas con traumas severos y secuelas físicas, entre ellas niñas, niños y personas mayores. Solo en la masacre de Juliaca, el 9 de enero de 2023, 18 civiles fueron asesinados y más de 100 heridos.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, en algunos casos con posibles ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público ha abierto varias investigaciones por homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad, pero hasta hoy ningún alto mando ni la propia presidenta ha sido formalmente acusado.

Como si eso fuera poco, Boluarte ha sido objeto de múltiples investigaciones por presunta corrupción, siendo la más visible la del caso "Rolexgate", en el que se le acusa de recibir de empresarios relojes de lujo, que ha usado en diferentes ocasiones, y bienes no declarados, junto a movimientos financieros sospechosos. Actualmente enfrenta procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Le falta, más bien carece de estatura moral y política, pero sobre todo ética. Esa que se exige no solo a una jefa de Estado, sino a cualquier ciudadana o ciudadano que hable en nombre de un pueblo. Boluarte, no tiene ni el respaldo social, ni la legitimidad histórica, ni la honestidad suficiente para señalar con el dedo a otros países, como Venezuela, Cuba y Bolivia.

Y, además, lo hace sin saber de lo que habla. Un "Estado fallido" no es un insulto lanzado al aire, es una categoría política definida por indicadores internacionales. Cada año, la organización Fund for Peace publica el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), que mide la estabilidad institucional, la cohesión social, los niveles de violencia y el respeto a los derechos. En la edición más reciente (2024-2025), los países considerados en situación crítica incluyen a Somalia, Sudán, Siria, Yemen, Haití y Afganistán. Bolivia no aparece entre ellos.

De hecho, Bolivia se ubica en una franja de alerta moderada, con mayor estabilidad relativa que varios países latinoamericanos. Perú, en cambio, ha descendido sostenidamente en el índice debido al colapso institucional, la pérdida de legitimidad y la represión estatal.

Es, lamentablemente, común en esta época que el campo político esté plagado de personajes nefastos que tienen el tupé o la desfachatez de agredir sin consistencia a un país, a una clase social y a pueblos que resisten. Hay que alzar la voz para parar tanta ignominia verbal y de acción, la palabra se convierte también en un arma peligrosísima para el futuro de la humanidad.

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