Crimen sin castigo: el poder económico controla el Estado peruano

El pasado 10 de octubre, Dina Boluarte fue sacada de la presidencia por incapacidad moral permanente, figura legal del artículo 113 de la Constitución peruana que constituye una suerte de cajón de sastre para que la oposición pueda echar a los presidentes que carecen de mayoría, con un procedimiento tan simple como reunir votos suficientes.

Boluarte, quien fuera Vicepresidenta y correligionaria política de Pedro Castillo, asumió la presidencia luego del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que llevó ilegalmente a Castillo a prisión preventiva por 36 meses, el máximo aplicable, sin que aún exista sentencia firme. Su abogado, el argentino Guido Croxatto, ha denunciado que el Congreso de la República lo destituyó de manera ilegal, sin respetar el debido proceso que establece la propia Constitución. Entre otros, solo se alcanzaron 101 votos en lugar de los 104 requeridos para sacar a un Presidente. Según Croxatto, no puede haber procedimiento penal sobre una vacancia inexistente, por lo que el juicio actual sería una farsa, y estaría preso arbitrariamente.

Boluarte actuó como una marioneta del fujimorismo y los partidos de derecha y ultraderecha en el Congreso y les promulgó todas las leyes que les permitieron copar el poder electoral, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, para allanarles el camino en las elecciones generales previstas para abril de 2026. A cambio de serle útil a dichas fuerzas políticas, las acusaciones fiscales por corrupción que tenía Boluarte antes de asumir la Presidencia fueron archivadas en el Congreso, paso previo obligado para que el Ministerio Público pudiera investigarla.

En su reemplazo ha tenido que asumir el cargo el actual presidente del Congreso, José Jerí, de 38 años, y militante de Somos Perú, un partido de derecha. Jerí enfrenta investigaciones por presunto abuso sexual, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito, lo que ha dado lugar a que algunos congresistas hayan presentado mociones para censurar a la Mesa Directiva del Parlamento y cambiar así al Presidente de la república. La selección no es fácil. De un total de 130 congresistas, 102 tienen causas penales. En los últimos diez años se han sucedido ocho Presidentes; la mayoría de ellos fueron vacados y varios comparten la misma prisión: el extraditado desde EEUU, Alejandro Toledo; Ollanta Humala, Pedro Castillo y, hasta poco antes de su muerte, Alberto Fujimori. Para evitar esa afrenta, Alan García se suicidó en 2019. Pedro Pablo Kuczynski, por tener 86 años, tiene una medida de comparecencia con restricciones, con impedimento de salida del país.

Durante su presidencia golpista, Boluarte afrontó siete mociones de vacancia que nunca prosperaron el voto en contra de la alianza autoritaria y conservadora que la sostenía, lo que incrementó el descontento ciudadano que la llevó a ser la Presidenta más impopular de América Latina, con apenas 3% de aprobación. La del Congreso es menor aún.

¿Por qué la sostuvo el Congreso? Si vacaban a Boluarte, el presidente del Congreso que asumía tendría que haber convocado de inmediato a nuevas elecciones presidenciales y del Congreso. Pero las fuerzas políticas de derecha a las que había derrotado electoralmente junto con Pedro Castillo en 2021 y con las que había formado una alianza férrea, necesitaban tiempo para poner en marcha su proyecto de copamiento de los poderes del Estado mediante cambios en la legislación y la Constitución, los cuales, al mismo tiempo, estaban pensados para garantizar su impunidad frente a las múltiples acusaciones penales que tienen pendientes. A este grupo se sumó el propio partido de izquierda radical de Castillo y Boluarte, escindido en Perú Libre y el Bloque Magisterial, que votaron a favor de cada una de las normas que aprobó la coalición autoritaria a cambio de pequeñas prebendas para los sectores que representaban, así como de impunidad y de mantener sus jugosos salarios por un tiempo más.

Pero el tiempo pasa y la situación no es la misma hoy. Desde que Boluarte convocó a las elecciones la vacancia ya no trae como consecuencia el tener que adelantarlas. Ergo, el Congreso seguirá funcionando hasta el 28 de julio del próximo año. Nada más conveniente, entonces, que alejarse de una Presidenta rechazada por la población en los albores de la campaña electoral y acoger la demanda ciudadana que no cesó en exigir su salida.

Al principio, por no haber convocado a elecciones de inmediato, una vez que sucedió a Pedro Castillo. Luego, por su responsabilidad en las más de 50 muertes ocurridas en las protestas que tuvieron lugar producto de las movilizaciones que exigían su renuncia y el adelanto de elecciones. Más recientemente, por el aumento de la delincuencia, las extorsiones, el sicariato y la violencia criminal.

En este contexto apareció el detonador que expulsó a Boluarte del Palacio de Gobierno: un ataque a tiros contra el popular grupo musical Agua Marina en un concierto en Lima, en el que resultaron heridos cuatro músicos y un vendedor. De pronto, la violencia resultó intolerable para los congresistas, después de haberse pasado cuatro años dictando leyes pro-crimen y asesinando a decenas de manifestantes contrarios al golpe de Boluarte. Unos meses atrás, el asesinato del cantante del grupo musical Armonía provocó la única censura a un ministro del cogobierno Congreso-Ejecutivo, en este caso, al del Interior. No cayó Boluarte porque, entonces, hubieran tenido que convocar nuevas elecciones.

Según Human Rights Watch, Perú es uno de los países de la región donde más han aumentado las muertes violentas. Este fenómeno no es exclusivo del Perú, aunque aquí se combinan varios factores que agravan la situación. Un Estado ausente y corrupto, la creciente presencia de actividades ilegales que se suman al narcotráfico, como la minería ilegal, con los elevados precios del oro, que se convierte en foco de interés de los grupos criminales. Asimismo, la internacionalización del crimen, con bandas organizadas que se han extendido en la región y han ganado mucha presencia en el país.

La traición de Boluarte

Después del golpe contra Castillo se distanció de él y no convocó a nuevas elecciones. No solo abandonó sus banderas políticas, sino que se alió con el fujimorismo y los partidos de derecha.

La traición de Boluarte a la voluntad popular generó indignación, sobre todo en la población de varias regiones del país, que había votado por Castillo y había sido testigo de la campaña sistemática que el fujimorismo y los sectores de la derecha organizaron en su contra durante los 16 meses que duró su gobierno. Esto dio lugar a amplias manifestaciones de protesta que exigían la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones. La liberación de Pedro Castillo era también parte de la agenda de reclamos de algunas organizaciones.

Miles de ciudadanos se movilizaron en sus regiones y hacia la capital, en especial desde la sierra sur. Dina Boluarte acusó a los manifestantes de estar financiados por narcotraficantes, mineros ilegales y activistas políticos de la vecina Bolivia. Lo que es más grave, calificó a las marchas de estar integradas por terroristas remanentes de Sendero Luminoso y envió al Ejército y a la Policía a reprimirlas, lo que dio lugar a más de 70 personas asesinadas y 1.400 heridos con proyectiles de armas de fuego de las fuerzas del orden. Amnistía Internacional afirma que “este es, sin duda, uno de los episodios de violaciones de derechos humanos más graves en la historia reciente de Perú”. Estos hechos la alejaron de los sectores indígenas, campesinos y de la izquierda –que la había llevado al poder, junto con Castillo–, así como de amplios sectores democráticos del país. Boluarte se había convertido en “Dina asesina”.

Con la salida de Boluarte del gobierno, dependerá del próximo Congreso que puedan llevarse adelante los procesos que tiene abiertos en la Fiscalía, pues como ex Presidenta goza del derecho al antejuicio político durante cinco años. Entre estos, el más importante es por las 50 muertes ocurridas durante la represión de las protestas en 2022 y 2023. Le siguen distintos cargos de corrupción, como recibir joyas y relojes Rólex de alto valor a cambio de otorgar presupuestos al gobernador regional de Ayacucho, o por lavado de activos como integrante de la organización criminal “Los dinámicos del centro”, que recolectaba dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder fundador del Partido Perú Libre –al cual pertenecieron Castillo y Boluarte–, quien se encuentra prófugo de la justicia. Boluarte también tiene un proceso por usar el auto presidencial para facilitar la fuga de Cerrón.

Dictadura económica

La vacancia de Dina Boluarte no deja una sensación de alivio o respiro a una sociedad castigada por la extorsión y el incremento de la presencia del crimen organizado en connivencia con el Gobierno, en un escenario de cada vez menor inversión social, deficientes servicios públicos, crecientes grados de informalidad laboral y profundas desigualdades.

En efecto, el drama de la sociedad peruana se disfraza con el “éxito” de su economía, basado en el hecho de haber mantenido invariable el modelo económico neoliberal durante 35 años, independientemente del gobierno de turno. Equilibrio de las cuentas fiscales y macroeconómicas, atracción de inversiones sin ninguna orientación han sido las mentiras con las que una tecnocracia eficiente consiguió mantener en orden con un alto costo social, altos grados de corrupción en las cúpulas gobernantes y en los partidos políticos, y con la desafección de la ciudadanía frente a la democracia.

La muerte de un joven cantante de hip hop de 32 años, por el disparo de un policía, más otro de 28 años en estado de coma tras una masiva marcha contra el régimen realizada el miércoles 15 en todo el país evidencian la continuidad de la política autoritaria y represiva del Presidente Jerí y las fuerzas de la alianza conservadora en el Congreso. Estos hechos avivan el descontento y alimentan la desesperanza. Es probable que, por sus antecedentes, el actual Presidente José Jerí sea censurado. Por tratarse de un congresista, se necesita solo mayoría simple en la votación del Congreso. Pero eso no soluciona nada. Las elecciones no generan expectativas; han perdido glamour en un escenario tan turbio.

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