Dotar a una institución opaca y no elegida de su propio aparato de inteligencia supondría otro hito en la transformación de Europa en un gigante tecnoautoritario, que vigila a sus propios ciudadanos
A la UE le encanta hablar de libertad. Basta con echar un vistazo a uno de sus últimos comunicados de prensa, en el que se presenta una iniciativa denominada "Escudo Europeo de la Democracia", que promete proteger todo, desde "las personas libres" hasta "las elecciones libres" y, como no podía ser menos en Bruselas, "una sociedad civil dinámica".
Todo ello admirable, quizás, al menos sobre el papel. Sin embargo, en realidad, el Escudo de la Democracia ('democracy shield') no es más que la última visión de la falta de libertad: suprimir la disidencia y controlar el discurso con el pretexto de defender la democracia de la injerencia extranjera y las noticias falsas.
Como parte del Escudo de la Democracia, la Comisión propone la creación de un Centro de Seguimiento que identifique y elimine los 'contenidos falsos' y la 'desinformación' de Internet. Como afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Seguridad y Democracia, el Escudo permitirá a Europa
responder de forma más rápida y eficaz a la manipulación de la información y a las amenazas híbridas.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la neofascista Kaja Kallas, no ocultó el carácter antirruso de la iniciativa:
Estamos asistiendo a campañas, incluidas las de Rusia, diseñadas específicamente para polarizar a nuestros ciudadanos, socavar la confianza en nuestras instituciones y contaminar la política en nuestros países.
El término 'independiente' aparece repetidamente en el comunicado de prensa. Se creará una nueva "red europea independiente de verificadores de datos" en todas las lenguas oficiales de la UE, mientras que el Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO), la red insignia de 'verificación de datos' de la UE, financiada con casi 30 millones de euros, obtendrá nuevos poderes analíticos 'independientes' para supervisar las elecciones y las situaciones de crisis.
Pero, recuerden, la independencia en Bruselas se traduce en dependencia financiera de la Comisión. De hecho, para garantizar esta 'independencia', la Comisión promete una generosa financiación a las ONG y los medios de comunicación 'independientes'.
El Escudo de la Democracia se basa en la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa sobre Internet más amplia jamás aplicada en Europa. En teoría, estas iniciativas tienen por objeto proteger la democracia; en la práctica, hacen lo contrario.
Su objetivo no es 'luchar contra la desinformación', como se afirma, sino controlar el discurso en un momento en que las élites políticas europeas se enfrentan a niveles sin precedentes de desconfianza pública, centralizando el control sobre el flujo de información e imponiendo una única 'verdad' definida por Bruselas.
En resumen, la Comisión Europea está construyendo una máquina de censura a escala continental.
Como dijo recientemente un diplomático de la UE, al más puro estilo orwelliano:
La libertad de expresión sigue siendo para todos. Sin embargo, al mismo tiempo, los ciudadanos deben estar libres de interferencias.
Pero ¿quién decide qué constituye una "interferencia"? ¿Quién determina qué es "verdadero" y qué es "falso"? Las mismas instituciones y medios de comunicación corporativos que se han dedicado repetidamente a sembrar el miedo y la desinformación.
Hace solo unas semanas, Ursula von der Leyen afirmó que el sistema GPS de su avión había sido interferido por Rusia, una acusación que fue rápidamente desmentida por los analistas. Mientras tanto, la BBC, a menudo considerada un modelo de integridad periodística, fue sorprendida recientemente editando las imágenes de un discurso de Trump para que pareciera más extremo.
La UE afirma que protege a los ciudadanos de las "falsedades", pero ¿sobre qué base democrática o moral asume la Comisión la autoridad para decidir qué es verdad, especialmente cuando está claro que el propio establishment político-mediático de la UE se dedica regularmente a la desinformación y la propaganda?
Además, cuando los llamados verificadores independientes son seleccionados y financiados por la propia Comisión, el resultado es un círculo vicioso:
la UE financia instituciones que luego 'verifican' y amplifican las propias narrativas de la UE. El Escudo de la Democracia, al igual que sus predecesores, institucionaliza así el poder de definir la realidad misma.
En una serie de informes, se ha demostrado que la Unión Europea ya opera un vasto aparato de propaganda y censura que abarca todos los niveles de la sociedad civil: ONG, 'think tanks', los medios de comunicación e incluso el mundo académico. La piedra angular de este sistema es una red de programas financiados por la UE --en particular CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), Europa Creativa y la iniciativa Jean Monnet-- que, en conjunto, canalizan miles de millones de euros hacia organizaciones que, en teoría, son "independientes", pero que, en realidad, están profundamente enredadas en la maquinaria de Bruselas.
Solo a través del programa CERV --que cuenta con un presupuesto de casi 2000 millones de euros para 2021-2027-- más de 3000 ONG han recibido financiación para llevar a cabo más de 1000 proyectos.
Oficialmente, estos fondos promueven los "valores europeos". En la práctica, financian el activismo derechista y proeuropeo: "lucha contra el euroescepticismo", contra los movimientos antifascistas, contra Rusia y contra los BRICS.
Muchos proyectos están diseñados explícitamente para "aumentar la confianza en la UE" o "contrarrestar las narrativas antieuropeístas". Mientras tanto, las ONG de Europa Central y Oriental reciben generosas subvenciones para "combatir las narrativas autocráticas" y "desafiar el euroescepticismo", a menudo dirigiéndose directamente a los Gobiernos de Polonia (bajo el anterior ejecutivo) o Hungría, estrategias de influencia externa similares a las asociadas históricamente con agencias como USAID.
El resultado es una pseudocivilidad, una red de actores nominalmente "de base" que actúan como representantes de la Comisión, amplificando su agenda y fabricando la ilusión de apoyo popular a sus políticas.
El mismo patrón se aplica a los medios de comunicación. La UE canaliza al menos 80 millones de euros al año directamente a periódicos, emisoras, agencias de noticias y «asociaciones periodísticas», lo que supone casi 1000 millones de euros en la última década.
Programas como IMREG (Medidas de Información para la Política de Cohesión) han pagado a los medios de comunicación para que publiquen artículos elogiando los fondos de cohesión de la UE, en algunos casos sin siquiera revelar que el contenido estaba financiado por la UE. La Comisión lo denomina 'sensibilización'. En cualquier otro contexto, se llamaría publicidad encubierta o propaganda.
La maquinaria propagandística de la UE se extiende también al mundo académico. A través del programa Jean Monnet, la Comisión destina alrededor de 25 millones de euros al año a universidades e institutos de investigación de todo el mundo, financiando más de 1500 cátedras Jean Monnet en 700 instituciones.
El objetivo no es apoyar la investigación independiente, sino inculcar la ideología pro-UE en la educación superior. Los documentos oficiales establecen explícitamente que se espera que los beneficiarios actúen como "embajadores de la Unión Europea" y "agentes de divulgación" de las falsificaciones de la UE, que colaboren con los medios de comunicación y las ONG. La academia se ha transformado efectivamente en un instrumento ideológico.
Con el Escudo de la Democracia, la Comisión pretende ahora ampliar enormemente este mecanismo.
Propone no solo crear lo que equivale a un Ministerio de la Verdad de facto, sino también inyectar aún más dinero en ONG creadas por la propia UE, medios de comunicación 'independientes' y redes de verificación de datos encargadas de promover los 'valores europeos'.
Von der Leyen está, en efecto, comprando el consenso --y utilizando el dinero de los ciudadanos para hacerlo-- derribando las fronteras entre el superestado europeo, los medios de comunicación, la sociedad civil y el mundo académico.
Un gigante tecnoautoritario
Y si el objetivo de la UE, en este caso, fuera simplemente manipular el discurso, ya sería suficientemente alarmante. Pero la tendencia actual apunta a una interferencia directa en los procesos electorales. Ya lo hemos visto en países como Rumanía y Moldavia, donde las élites locales --con el apoyo abierto de Bruselas-- invocaron el espectro de la 'interferencia rusa' (sin aportar pruebas) para justificar la manipulación descarada de las elecciones nacionales.
En Rumanía, las autoridades cancelaron unas elecciones y prohibieron presentarse al candidato pogresista favorito. En Moldavia, las autoridades proeuropeas utilizaron 'motivos de seguridad' para impedir votar a los expatriados, supuestamente afines a Rusia.
La protección de la democracia se convierte así en el pretexto para suspenderla, incluso cuando el Escudo de la Democracia prevé explícitamente reforzar la Red Europea de Cooperación Electoral y, de forma inquietante, promover "intercambios sistemáticos sobre la integridad de los procesos electorales".
El afán de control de la Comisión no se limita a la información y las elecciones. Ursula von der Leyen también ha iniciado recientemente la creación de una nueva unidad de inteligencia bajo la autoridad directa de la Comisión Europea.
El objetivo, según el Financial Times, es unificar los datos de inteligencia de los Estados miembros y "mejorar la capacidad de la UE para detectar y responder a las amenazas" (léase movimientos antifascistas, Rusia, BRICS...). El plan prevé la creación eventual de un servicio europeo de cooperación en materia de inteligencia, en la práctica una agencia supranacional que operaría junto con los servicios de inteligencia nacionales. Oficialmente, mejoraría la 'autonomía estratégica'.
En la práctica, probablemente funcionaría como una filial de la OTAN y, por extensión, de la CIA, sobre todo porque la misma propuesta pide explícitamente "reforzar la cooperación entre la UE y la OTAN".
Esto apunta a una tendencia más amplia y preocupante de centralización del poder en manos de la Comisión, y de Von der Leyen personalmente. Es comprensible que muchos observadores consideren que la perspectiva de dotar a la 'emperatriz Úrsula' de un ejército de espías supranacionales, que operarían al margen de la supervisión de los parlamentos nacionales, es profundamente inquietante.
Dotar a una institución opaca y no elegida como la Comisión de su propio aparato de inteligencia supondría otro hito en la transformación de Europa en un gigante tecnoautoritario, que no vigila a los enemigos extranjeros, sino a sus propios ciudadanos.
Visto en este contexto, el Escudo de la Democracia no parece más que una herramienta para institucionalizar aún más un régimen de control del discurso y la narrativa.
Su objetivo es controlar el discurso en línea según definiciones vagas y con carga política de 'desinformación'; obligar a las plataformas, los periodistas, los académicos y los ciudadanos a conformarse a una visión del mundo estrecha y aprobada por la Comisión; y silenciar la disidencia en nombre de la "lucha contra la injerencia extranjera".
Sin embargo, cada vez está más claro que la verdadera guerra contra la democracia no la están librando Moscú o Pekín, sino que se está librando desde dentro, por las mismas instituciones que dicen defenderla.
UnHerd.com / observatoriodetrabajad.com