Los apagafuegos de Repsol

Tras la tragedia que tuvo lugar el pasado 14 de agosto en una planta de Repsol de Puertollano la convocatoria de tres días de huelga de los trabajadores de las contratas merece nuestro aplauso respetuoso y solidario. No podemos por menos que identificarnos desde el sindicalismo vasco con esa convocatoria que además tiene el importante plus de expresar el rechazo activo y frontal a la estrategia desvergonzadamente tibia de UGT y CCOO que tras la muerte de seis trabajadores organizan como única protesta una concentración y habilitan una comisión técnica de investigación junto a la empresa.

El accidente de Puertollano expresa la degradación actual de las condiciones de empleo y trabajo y algunos elementos básicos del incierto desarrollo de la salud laboral del Estado español.

La subcontratación de tareas estructurales de las empresas junto a la temporalización de los contratos son las herramientas estelares que los gobiernos y la patronal utilizan para lograr aumentar los beneficios económicos de los empresarios y accionistas. Esta precarización del empleo produce el deterioro de las condiciones de trabajo, la pérdida de derechos, el aumento de los riesgos y la desprotección de trabajadoras y trabajadores en materia de salud laboral.

Crear una comisión de investigación mixta empresa-sindicatos, más allá del desprecio a las competencias autonómicas y en principio independientes de los afectados del Gobierno de Castilla-La Mancha, indica, primero, que el Comité de Se- guridad y Salud de dicha empresa no funciona; segundo, que el obligado servicio de prevención no es considerado capaz de realizar dicha investigación, y, tercero, expresa la renuncia sindical a su autonomía de criterios a la hora de investigar el accidente. Ya comienzan a hablar de válvulas, de chispas, de acumula- ción de gases... Los trabajadores subcontratados acertadamente denuncian otros factores de riesgo, hablan de la subcontratación, de la inestabilidad laboral, de los fuertes ritmos, de la realización de tareas de elevado riesgo a cambio de salarios de subsistencia. Denuncian que el loado por Cándido Méndez esfuerzo preventivo de Repsol tras anteriores accidentes se ha basado en la dotación de equipos de protección individual. EPIs de cuestionada eficacia y nunca sustitutorios de las necesarias medidas de reducción del riesgo, menos si éste es grave.

Es destacable la queja del portavoz de CCOO y UGT ante el merecido abucheo que sufrieron por parte de los trabajadores de las subcontratas indicándoles que se equivocaban de enemigo. Pues no se equivocan. Repsol contrató un asesor de una compañía tejana para apagar el fuego de los tanques incendiados. Lamentablemente el sindicalismo español lleva años actuando de apagafuegos frente a la siniestralidad laboral a favor del gobierno y la patronal mientras desmoviliza a los trabajadores y silencia los desmanes de las mutuas, entidades patronales que dichos sindicatos aspiran a cogestionar para asegurarse una financiación estable. Es preciso que estos sindicatos cuestionen su contemporización ante la sangría de más de mil muertes anuales por accidente de trabajo sin respuesta movilizadora que merezca tal nombre.

Lamentablemente CCOO y UGT optan por acuerdos vacíos con el Gobierno del PP en materia de salud laboral y por la difusión tergiversada de los contenidos de dichos acuerdos a cambio de recursos económicos para mantener sus desproporcionados aparatos organizativos. Hablamos de la derivación de cotizaciones de la Seguridad Social hacia estos sindicatos a través de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos, de la financiación de delegados de prevención territoriales (caso de Navarra), de ingresos millonarios a través de la formación, de la opaca Fundación de la Construcción...

Estos últimos días nos venden que los acuerdos de la CEOE, el Gobierno del PP y las centrales sindicales mayoritarias españolas en materia de salud laboral son un avance en la lucha contra la siniestralidad laboral. Sólo hay dos cambios respecto a la actual normativa y me atrevo a decir que de escaso impacto preventivo. El primero exige a las empresas que la evaluación de riesgos y la planificación preventiva esté documentada en seis meses tras la entrada en vigor del nuevo decreto. ¿Lo que se lleva boicoteando seis años desde la patronal bajo la cómplice desidia de las administraciones se va a hacer en seis meses? Más papel y, si no, al tiempo. El segundo consiste en la afirmación del incremento efectivo de 800 inspectores de trabajo al asignar nuevas funciones a los actuales técnicos de los institutos autonómicos de salud laboral. En realidad sólo se va a acortar el procedimiento sancionador de inspección de trabajo al considerar los informes que habitualmente realizan estos técnicos como apercibimiento de inspección. No se aumentan recursos humanos.

Ante los hasta hoy inocultables efectos de las políticas laborales de gobiernos y patronales en términos de muerte evitable los trabajadores y trabajadoras tenemos dos caminos: el recorrido por el sindicalismo es- pañol basado en la desmovilización y el silencio cómplice a cambio de prebendas o el aún débil pero acertado caminar por la senda elegida por el sindicalismo vasco y los trabajadores de las contratas de Repsol de Puertollano, la movilización de denuncia y la exigencia de mejoras reales en las condiciones de empleo y trabajo. Los gobiernos y la patronal han elegido el atajo del fraude en el registro de los accidentes laborales para maquillar las cifras. Frente a ello es necesario retejer lazos de unidad.

* Iñaki Moreno Sueskun es Delegado de Prevención de LAB