La socialdemocracia europea y la regresividad fiscal

En los países europeos como España, Francia, Alemania, Grecia y Portugal, se ha venido aplicando desde hace décadas una política fiscal regresiva, esto es, una política fiscal en la cual el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible es mayor cuanto menor es la renta. Las consecuencias de esta política fiscal son bien conocidas: a las rentas del trabajo (fundamentalmente los asalariados) se le imponen impuestos abusivos como contrapeso a los bajos impuestos que pagan las rentas del capital (burgueses que obtienen grandes beneficios por la venta de inmuebles, acciones, intereses bancarios y, en definitiva la mera especulación) lo que provoca que a la larga se va acrecentando el déficit público porque el Estado no recauda de los ricos lo que debería, disminuye la capacidad adquisitiva de las clases populares, se congelan o recortan los salarios reales, y la disminución de la demanda lleva al paro a buena parte de la clase obrera e incluso a los sectores más débiles de la pequeña burguesía.

Y se ha venido aplicando esta política claramente clasista, que beneficia enormemente a la clase capitalista y secuestra cualquier posibilidad del trabajador de mejorar su nivel de vida, por los diferentes partidos políticos que se alternaron en los gobiernos europeos, teniendo especial protagonismo en todos ellos la socialdemocracia. Sin ignorar ni rebajar la responsabilidad de los neoliberales, cristianodemócratas o como quiera que se presenten en cada país, puesto que han practicado la misma política. Pero hay que insistir: el papel desempeñado por la socialdemocracia en la implantación de esta política fiscal en Europa en las últimas décadas es trascendental.

La propia Comisión Europea presentó en 2008 las estadísticas referentes a la disparidad en la carga fiscal que soportan trabajadores y especuladores, que medida en comparación con el PIB, es el doble para las rentas del trabajo (16,7% frente al 8,6%). Y esta desigualdad tributaria se mantuvo prácticamente inalterable durante los últimos 15 años, etapa en la cual, sin embargo, los beneficios empresariales aumentaron un 33% en la media de la UE-15, un 36% en la zona euro y un 73% en el Estado español. Una escalada en las ganancias netas que se produjo en la década 1996-2006 sin que se aumentaran paralelamente los impuestos a los ricos.

La otra cara de la moneda la representan los trabajadores, ya que, entre el año 1992, cuando la masa salarial de las rentas del trabajo representaba el 70% de la renta nacional de la zona euro, y el año 2005, momento en el que el descenso llegó hasta el 62%, la capacidad adquisitiva de estos se mantuvo estancada (cuando no descendió directamente), mientras que los impuestos indirectos subían constantemente y los directos se reformaban siempre en su perjuicio.

En el caso del Estado español, el descenso fue más destacado en el mismo periodo: las rentas del trabajo pasaron de representar el 72% al 61%. Y a día de hoy, los trabajadores tributan del 24% al 43% dependiendo de sus ingresos, mientras que los especuladores lo hacen a menos del 20%, y en muchas ocasiones por las ventajas fiscales que tienen como en Canarias (RIC, ZEC, etc.) o el Estado español (SICAV y demás), apenas pagan la caridad.

Y durante los últimos cuatro años, según los datos que publicó recientemente la Agencia Tributaria (página 26 del documento), la presión fiscal del IRPF creció un 22% entre el 2004 y el 2008 como consecuencia del aumento de las bases imponibles. Además, los datos de Hacienda también evidencian que el IRPF en el Estado español no es más reducido que en la media de la UE ni de la eurozona. Como pueden comprobar en este informe anual que publica Eurostat, Taxation Trends in the European Union (Tendencias fiscales en la Unión Europea), el tipo máximo del IRPF se sitúa en 2010 en el 42,4% (0,7% menos que en el Estado español), y en comparación con la UE-27, cuyo tipo marginal máximo es de 37,5%, vemos que la diferencia es de 5,5 puntos porcentuales.

Encima hay que tener presente que en el próximo mes de septiembre, cuando por fin el Ejecutivo socialdemócrata español aclare cual será la subida de impuestos, probablemente subirá a nivel estatal el tipo máximo del IRPF, tal como han anunciado que harán algunas comunidades gobernadas por el PSOE.

Durante todos estos años, la socialdemocracia alemana obtuvo la mayoría de votos en las elecciones federales de 1994 (aunque perdió las elecciones) y arrasó en las de 1998 con 6 millones de votos más que los democristianos, formando una coalición con Los Verdes. Revalidó la victoria y repitió gobierno en coalición en las siguientes elecciones de 2002 y formó parte en el gobierno junto a los otros dos grandes partidos en el 2005, saliendo derrotada en las últimas de 2009. Desde el año 2003, la socialdemocracia alemana sufre una grave crisis interna tras las reformas capitalistas de la llamada Agenda 2010. Resultado sobre los impuestos al capital tras estos años de gobierno: entre 1995 y el 2009 se redujeron 26 puntos a las rentas del capital y 9,5 a las rentas superiores.

En el Reino Unido, por su parte, el Partido Laborista obtuvo mayoría en las elecciones generales de 1997 y venció nuevamente en 2001, sufriendo un gran batacazo en las del 2005. En Portugal los socialdemócratas gobernaron durante dos décadas entre 1996 y 2006. Mientras que en el Estado español gobiernan desde el 2004, tiempo que han aprovechado para suprimir el Impuesto de Patrimonio y reducir el impuesto de sociedades, además de aumentar los impuestos que gravan las rentas del trabajo, habiendo introducido anteriormente durante los años 1982-1996 (etapa del anterior gobierno socialdemócrata de Felipe Gonzáles) ventajas fiscales escandalosas como la figura de la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). A la par que ha actuado como cómplice con respecto al fraude fiscal al ser absolutamente permisivos.

Y falsamente encumbrados como paradigma ejemplar del estado del bienestar, los gobiernos nórdicos de Dinamarca y Suecia, son precisamente los que más aplicaron una política fiscal regresiva con una fuerte presión impositiva sobre los ingresos personales y los impuestos indirectos como el IVA, reduciendo por el contrario los impuestos corporativos y sobre el capital, con la justificación tan cacareada por los medios altavoces de la burguesía de evitar la salida de flujos de capital.

La socialdemocracia se ha pronunciado en diversas ocasiones afirmando que es de izquierdas tanto subir como bajar impuestos, dependiendo de los intereses del momento. Y, aunque por otros motivos bien diferentes a los reales (por persuadir a los votantes justificando sus contradicciones), no andan mal encaminados, pues subir y bajar impuestos puede ser de izquierdas en ambos casos dependiendo de a quién y de qué manera se les baja. Subir los impuestos a los trabajadores y no a los capitalistas, obviamente, no es de izquierdas.

La profunda crisis que vive la socialdemocracia, aparentemente destinada a pasar al basurero de la historia por los designios del capital financiero que, en los nuevos tiempos que vivimos, está firmemente decidido a acabar con esta corriente política colaboracionista y con sus sindicatos, hará que se produzca un replanteamiento interno importante que no sabemos que deparará. Pero sí sabemos el daño que hasta ahora ha provocado la socialdemocracia, tanto en las condiciones de vida de los trabajadores y los pequeños comerciantes, como en el seno del movimiento obrero.

Las políticas fiscales regresivas practicadas por los socialdemócratas, y llevadas a más aún por sus adversarios políticos burgueses, han provocado un déficit y un endeudamiento público colosales que están siendo ajustados por todos los gobiernos europeos con las mismas recetas que el FMI y el Banco Mundial impusieron a finales de los 80 en América Latina (Planes de Ajuste Estructurales) y que desarrolló la encomiada socialdemocracia nórdica, que no son otras que la desinversión pública, el aumento de impuestos a los trabajadores, la reducción del gasto público social (prestaciones a desempleados, pensiones, etc.), privatización de los servicios y las empresas públicas, congelación y recorte de salarios de los funcionarios, y demás medidas antiobreras.

PRC Canarias