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Argentina :: 26/12/2023

Movilizaciones, paros y la cabeza de los dirigentes

Daniel Campione
En medio de diversas manifestaciones en las calles argentinas el miércoles 27 se realizará la primera que contará con protagonismo de la principal central de trabajadores

Será un desafío alcanzar su masividad, a despecho del burocratismo de sus convocantes.

Las movilizaciones callejeras han recorrido las calles de Buenos Aires y otras ciudades a partir de la aprobación el 20 de diciembre del Decreto de 'Necesidad y Urgencia' (DNU) que responde al título grandilocuente de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Se salió a repudiar la agresión contra los derechos de los trabajadores, el propósito de privatizar empresas públicas y otros entes estatales y la desregulación y mercantilización de las más variadas actividades.

Todo comenzó ya horas antes de la publicidad del decreto, con la masiva manifestación de las agrupaciones “piqueteras” más orientadas hacia la izquierda en la tarde del miércoles, a despecho del descomunal operativo de “seguridad” e intimidación que encabezó el gobierno nacional.

Esa misma noche y al día siguiente, esquinas y plazas de Buenos Aires y el país se poblaron de argentinas y argentinos en actitud contestataria, gran parte de los cuales acudieron en forma espontánea para hacer oír su voz airada contra el “decretazo”. Y su toque de atención a las instituciones, en especial el Congreso Nacional, al que marcharon por miles ya bien entrada la noche.

Para el viernes 22, la CTA Autónoma convocó una concentración de sus afiliades, que fue replicada por organizaciones sociales que llamaron a congregarse frente al Obelisco. Y tuvo correlato en diversos puntos del país.

En esas movilizaciones, en particular en las del 20 y 21, se escucharon con fuerza consignas y cánticos que exhortaban a la Confederación General del Trabajo (CGT) al lanzamiento de acciones contundentes. A acompañar la lucha contra la privación de derechos adquiridos, el arrasamiento de conquistas sociales y una inusitada restricción del derecho de huelga.

Algunxs manifestantes, ante las cámaras de televisión, exigían la declaración de un paro general. Otras veces, se optaba por un tono burlón hacia la escasa actitud combativa de la central obrera: “Adonde está, que no se ve, la famosa CGT”.

En medio de esa vorágine la CGT optó, con cierto retraso, por hacer su propia llamada a la acción. Fue fijada para el miércoles 27 de diciembre. Si bien la medida matiza la marcada tendencia al inmovilismo de la Central de la calle Azopardo, caben relevantes observaciones acerca del carácter y alcance de la medida.

La conducción de la CGT, reunida para evaluar las acciones a tomar. Rostros expresivos.

A “Tribunales” y al mediodía

La propuesta cegetista consiste en una movilización ante el palacio de justicia (sede de la Corte Suprema), a realizarse a las 12 horas del miércoles próximo.

Un primer comentario pertinente es respecto al destinatario de la manifestación. No se apunta al responsable del decreto, el presidente de la Nación, sino al poder judicial, que sería el encargado de revisar su vigencia. Lo que sin duda se hará necesario frente a las acciones de amparo y otros reclamos que se produzcan por la vía de los tribunales. El problema es asignarle el protagonismo mayor.

De ese modo se elude la interpelación directa al Poder Ejecutivo Nacional, que ha dictado la norma cuyo alcance y agresividad supera todo lo previsto, según las propias palabras del líder más conspicuo de la Confederación, Rodolfo Daer: “nadie esperaba un acto tan avasallante sobre la institucionalidad como el DNU que firmó el presidente Javier Milei”.

Un viejo aforismo de la política indica que ante circunstancias de gravedad inusitada sólo caben medidas excepcionales. No parece alcanzar ese carácter el llamado a solicitar al poder judicial que actúe. Más bien exhibe una tendencia a la “rutinización” de la respuesta, frente a una situación inédita que exige otros medios. Una multitud congregada frente a la casa de gobierno, enmarcada en un paro general, sería un mensaje mucho más determinante.

Al criticar la reciente norma, Daer y otros sindicalistas han coincidido en instar a que el Congreso y la “Justicia” se expidan frente al mismo. Sin que se desconozca la pertinencia y necesidad de esos pronunciamientos institucionales, conferirles el primer lugar suena a minusvalorar el rol de la presencia en la calle, lo más unitaria y elocuente posible, de trabajadores de todas las extracciones. Y asimismo de empobrecidxs en general, y de todos aquellos grupos dispuestos a enfrentarse de forma sincera y activa al avasallamiento en ciernes.

La prioridad a la apelación parlamentaria y judicial se presta asimismo a sembrar expectativas favorables en poderes del Estado que ya han demostrado hasta la saciedad que las necesidades y deseos populares tienen una prioridad muy baja en sus decisiones, si es que tienen alguna.

Otro reparo indispensable es que la ocupación del espacio público no va acompañada por el llamado a un paro de actividades, siquiera sea por algunas horas. Ello le daría otra visibilidad pública a la medida, además de proyectarse como una advertencia hacia las patronales de que ellas, beneficiarias de muchísimos aspectos del decreto, no quedan eximidas de responsabilidades desde el punto de vista de la fuerza de trabajo organizada.

Esa no interrupción de las prestaciones laborales se agiganta en sus efectos por la hora prevista para la manifestación, a las 12, en plena jornada laboral. Les trabajadores que no quieran arrostrar las consecuencias de una ausencia a su empleo, en forma de represalias patronales, no podrán concurrir.

Es cierto que el momento dispuesto para la movilización está condicionado por el horario tribunalicio, que al menos en lo formal termina a las 13:30. Pero ese sería un motivo más para respaldar la masividad de la convocatoria con un paro general. Así las cosas, todo hace pensar que en la CGT piensan en un acto basado en delegados sindicales con añadido, tal vez, del “aparato” de empleados de los propios sindicatos y sus obras sociales. El grueso de los asalariados se verá obligado a permanecer en sus lugares de trabajo durante una acción cuyo alcance podría ser trascendental.

Lo anterior no debería obstar para que las organizaciones obreras y populares que no se subordinan a la conducción de la CGT se aboquen con la mayor decisión y empeño a garantizar el carácter masivo del acto frente a la Corte. Asimismo a propagar el llamado a manifestarse a trabajadores formales y precarizados, a empobrecidos y al conjunto de la sociedad argentina. Bajo cualquier encuadre organizativo o en forma individual o de pequeños grupos. La exhortación debería extenderse a los gremios comprendidos en las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos.

Conseguir una presencia multitudinaria el 27 a las 12 será un instrumento apto para presionar por un paro general encabezado por todas las centrales, a la brevedad posible. Acompañado por un proceso asambleario dentro y fuera del ámbito sindical, que sustente la convicción colectiva acerca de lo indispensable de plantar cara al DNU en particular, y a la acción de gobierno en general.

Protocolo, resistencia y alternativa

Si la acción del próximo miércoles tiene un respaldo muy numeroso será además en sí misma un desafío al llamado “protocolo antipiquetes”. El gobierno ha dado reiteradas muestras de que asume por su parte que las calles serán un lugar de privilegio de la inevitable confrontación. Ofrecer una respuesta eficaz “desde abajo” tiene como requisito insoslayable la decisión de sostener con toda la fuerza ese desafío.

La presencia popular en el espacio público constituye un sustento central de toda democracia que aspire a exceder en su alcance al periódico ejercicio del voto. Uno de los propósitos ineludibles de esa presencia es el ejercicio de la facultad de protestar frente a disposiciones de los poderes públicos que se estimen indeseables y perjudiciales.

En cuanto al perjuicio, es difícil encontrar en la historia nacional otras disposiciones de parecido alcance en cuanto a suprimir derechos, dificultar el ejercicio de los restantes y empeorar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías. El “plan Caputo”, el ya famoso “protocolo”, el decreto de “reconstrucción” y el futuro proyecto de ley de “reestructuración”, son un muestrario de una ofensiva en toda la línea, desplegada en el transcurso de unos pocos días.

En las masas y en las calles, con el máximo vigor posible, está la posibilidad de ofrecer una resistencia exitosa. Y, a mediano plazo, la clave será la aptitud para plantearse una propuesta popular alternativa a los “paquetes de medidas” que procuran la reorganización estructural y el disciplinamiento obrero al servicio del gran capital local e internacional.

tramas.ar

 

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