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'Lawfare' o la guerra judicial en Argentina y Brasil
La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.
¿Qué es el Lawfare?
Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de modo que quede más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.
¿Qué significa Lawfare?
El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”[1] y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de estrategia militar de 1999. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el general de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School[2].
EEUU (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina[3] y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción[4].
Aspectos fundamentales del Lawfare
1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.
2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”[5]. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos[6] (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos[7].
Lawfare en Argentina: Timing político
Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del Juez Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del Juez Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa. Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes”[8].
Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de EEUU en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina[9].
De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho el juez Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos[10]. Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito”[11]. No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.