La lucha por la democratización y contra la concentración mediática iniciada por numerosas organizaciones sociales encabezadas por la "Coalición por una Radiodifusión Democrática” avanzó ayer varios casilleros al ser sancionada en el senado y por amplia mayoría la Ley de Servicios Audiovisuales presentada por el oficialismo. Para las organizaciones populares comenzara ahora la batalla por ocupar los espacios ganados.
El gobierno había aceptado modificar ya en diputados el proyecto inicial borrando los artículos que favorecían directamente a las empresas telefónicas y accediendo a las demandas de organizaciones y partidos de centro izquierda, lo cual le permitió ampliar sensiblemente la base de sustento del proyecto y engordar las mayorías propias que, de todas maneras y hasta diciembre, sustenta en ambas cámaras. La derecha política y mediatica no logró encontrar ni las figuras ni los discursos para defender sus concentrados intereses.
La nueva ley, primera en la materia luego de veintiséis años de democracia y que refleja un proceso de debate previo en foros como tal vez ninguna instancia encarada por el kirchnerismo, supone un paso importante para la legalización de espacios de comunicación populares y comunitarios ya existentes.
La decisión política de estos colectivos de comunicación surgidos en la resistencia al neoliberalismo de avanzar en el impulso de una nueva ley generó condiciones sociales para una victoria sobre los grandes grupos concentrados mediáticos, como la que obtenida ayer. La batalla, nadie podrá negarlo, seguramente continuará.
A nivel institucional comenzará ahora la - no menor - disputa en torno a la reglamentación de la ley. Los espacios ciertos que el nuevo marco legal otorga abren el desafío para las organizaciones populares de tomar esa posibilidad y continuar luchando por ellos tomando los medios en sus manos. De otra manera, las reformas sancionadas no tendrán el impacto esperado.