La impunidad de un genocida: a propósito de la muerte de Sergio Onofre Jarpa

El 19 de abril ha fallecido Sergio Onofre Jarpa a los 99 años. Tal vez, para las generaciones actuales no le diga mucho su nombre. Pero, para muchos adultos mayores este prohombre de la derecha política chilena del siglo XX es un mal recuerdo y un ser maligno.

Efectivamente, Jarpa fue un político chileno activo por varias décadas en la vieja 'democracia' nacional pre 1973, responsable directo de su destrucción al respaldar e incitar el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende y de la Unidad Popular en septiembre de 1973. Responsable directo de la persecución, encarcelamiento y muerte de numerosos opositores de la dictadura militar de Pinochet, especialmente cuando asumió como ministro del interior de la dictadura (1983-1985) con el objetivo de frenar y controlar la protesta ciudadana en contra de Pinochet. Por eso, Jarpa no fue un “cómplice pasivo” de las violaciones de los DDHH, sino un “cómplice activo”.

Sergio O. Jarpa, como político de derecha, siempre defendió los intereses de la clase dominante nacional. Se opuso de manera tenaz y antidemocrática a las transformaciones no solo propiciadas por la izquierda sino también de la burguesía impulsadas por el gobierno de la Democracia Cristiana desde 1964 en adelante. Defensor acérrimo de la propiedad privada, especialmente de la agraria.

En función de esa defensa, en 1966, junto con otros derechistas como Víctor García Garzena, Gonzalo Vial Correa, Sergio Diez, Mario Arnello Romo, Patricio Phillips, Carmen Sáenz, entre otros, fundaron el Partido Nacional (PN). Partido que presidió entre 1968 y 1973. Por lo tanto, lo encabezó y dirigió durante todo el gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

Como presidente del PN propició la candidatura presidencial en 1970 del empresario Jorge Alessandri Rodríguez, al cual apoyaron y respaldaron con un programa político conocido como la Nueva República, elaborado por una comisión de PN y redactado por el historiador derechista Gonzalo Vial Correa. En dicho programa de inspiración portaleana, por ende autoritaria, el Partido Nacional desahuciaba a la democracia liberal, fundamentalmente porque esta ponía en peligro o amenazaba la base material de la sociedad capitalista: la propiedad privada.

El PN fue el principal opositor a la reforma constitucional de 1967 que modificó los principios de la Constitución Política de 1925 que protegían la propiedad privada. Aunque el cambio propiciado por el gobierno se inscribía en una reforma política pro-capitalista, en el sentido de propiciar la modernización del capitalismo industrial y dependiente de la época, incorporando la concepción de la “función social” de la propiedad. Doctrina presente en muchos países del capitalismo central desde los inicios del siglo XX. Sin embargo, para los dirigentes del PN, modificar la protección liberal de la constitución e impulsar la democratización de la sociedad chilena implicaba profundizar la decadencia del “alma nacional”.

La decadencia nacional, para el PN, fue total cuando el 4 de septiembre de 1970, hace 50 años, las fuerzas políticas y sociales populares triunfaron en la elección presidencial de ese año. El triunfo popular de Salvador Allende y la Unidad Popular, es decir, de la coalición de partidos políticos de orientación marxista, fue intolerable para las fuerzas política de la derecha. Tanto Jarpa y los demás dirigentes del PN como otros sectores ligados a las clases propietarias, entraron en desesperación y pánico.

Y, buscaron por diversos medios impedir la asunción de Allende al gobierno, llegando hasta el asesinato político. En efecto, en octubre de 1970, un comando de jóvenes de derecha, algunos de ellos ligados por vínculos familiares al PN, asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército René Schneider. Dicho comando estuvo dirigido por dos generales, Roberto Viaux y Camilo Valenzuela. Conto con el apoyo del gobierno norteamericano de Richard Nixon, vía la CIA, y de la organización nacionalista de extrema derecha Patria y Libertad, que dirigía Pablo Rodríguez. El fracaso político de la operación (hasta sectores conservadores se pusieron en contra) obligo a la derecha aceptar el acenso al gobierno del Presidente Salvador Allende.

Desde los primeros meses del gobierno de la UP Sergio Onofre Jarpa, como presidente del PN y luego como Senador, impulso la resistencia política y parlamentaria a todos los proyectos políticos propiciados por el gobierno de Salvador Allende. Siendo elegido Senador de la República en marzo de 1973 por la CODE, Confederación Democrática, alianza política entre la PN y el Partido Demócrata Cristiano, bajo la presidencia de Aylwin, impulsaron decisivamente el derrocamiento de la UP.

La oposición del PN a la conformación del Área Social de la Producción fue total e integral. Haciendo alianza principalmente con los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) y, especialmente, con Patricio Aylwin, se opusieron a toda iniciativa del gobierno popular. Cuando el gobierno de la UP y el presidente Allende promulgaron la ley que creaba el Área Social de la Producción, el PN, saco una declaración que señalaba que el presidente había violado la Constitución Política de 1925 y que “debía atenerse a las consecuencias”. Semanas más tarde, el PN, la DC, y otras fuerzas políticas apoyaron y justificaron públicamente el derrocamiento del gobierno popular.

Por esa razón, los dos principales responsables del genocidio popular que siguió al golpe del 11 de septiembre de 1973, son, justamente, Jarpa y Aylwin, como también, por cierto, y sin ningún equivoco histórico y político, Eduardo Frei, Jaime Guzmán y Pablo Rodríguez, este último jerarca principal de Patria y Libertad.

Derechista, conservador y nacionalista

Jarpa era un derechista, conservador y nacionalista, que ocupo cargos políticos externos durante la dictadura hasta 1983, se desempeñó como embajador en Colombia y en Argentina. En realidad, los jóvenes gremialistas dirigidos por Guzmán lo consideraban un político de la “vieja guardia”, no lo querían. Solo en 1983, a raíz de las Jornadas de Protestas Nacionales, el dictador lo puso al frente del Ministerio del Interior, para que se encargara de frenar y contener la protesta. Pues estaba liderada por un antiguo aliado político en la Alianza Democrática (AD), la Democracia Cristiana, aunque ésta estaba presidida por Gabriel Valdés.

El Dictador, como viejo zorro, sabía que en la AD habitaban muchos amigos de Jarpa. Allí estaban los “politiqueros” que a raíz de las manifestaciones populares estaban saliendo de sus “covachas”, por lo tanto, para enfrentarlos se requería un “político” de la misma escuela; por eso mando a llamar a Jarpa. Y este se puso al servicio de su general. Prometiendo a la AD una apertura política y un proceso de dialogo para evitar más “violencia política” e instalar la paz. Claro que antes de ello, Jarpa copó Santiago con 18.000 mil efectivos militares para confrontar la II Jornada de protesta nacional. En aquella oportunidad, 29 personas fueron asesinados por las fuerzas represivas bajo el control y dirección del Ministro Jarpa.

A pesar de ello, la AD, acepto dialogar con el ministro responsable político de esos crímenes. Pero ni el ministro ni el dictador tenían como objetivo abrir el régimen político hacia un proceso de democratización. Solo se hicieron algunas concesiones menores, migajas, a la oposición. Pero cambiar el itinerario fijado en Chacarrillas años antes, ni menos tocar la Constitución Política de 1980, eso jamás. Si bien Jarpa no logro detener el ciclo de protestas, desnudó a la oposición moderada de la AD, y su opción reformista y conciliadora con la dictadura. Cuando el dictador retomo el control político-militar del país, a punta de represión, volvió a llamar a los “chicagos boys”, entre ellos a Hernán Buchi. En febrero de 1985, el “politiquero” ministro Jarpa, dejó el gobierno.

La salida del gobierno no implico que Jarpa dejara la política, todo lo contrario. Se mantuvo activo fundando con su discípulo y “cachorro” político, el actual senador Andrés Allamand, el ex-DC Juan de Dios Carmona y el líder del gremialismo Jaime Guzmán, el partido Renovación Nacional, antes del plebiscito sucesorio de 1988, siendo elegido en diciembre de 1987 presidente. Cabe señalar que el sector liderado por Guzmán no apoyo al líder histórico de la derecha nacionalista chilena. Meses más tarde, Guzmán romperá con Renovación Nacional, fundando la UDI por el SÍ para asumir la defensa de la institucionalidad pinochetista, que, según el líder de gremialista, muchos militantes de RN no estaban dispuestos a defender integralmente.

Sin embargo, Jarpa y los suyos de RN tenían clara consciencia política de lo que había que defender. Jarpa, en sus confesiones posteriores, dejará en claro que su tarea histórica y política hacia 1988 estaba lograd. Con su acción y la de sus militares se había derrotado a la izquierda marxista; se había restablecido el derecho de propiedad, el capitalismo estaba en pie, gracias a la gesta del general Pinochet. Pero era necesario hacer cambios institucionales para evitar que las fuerzas de izquierdas y revolucionarias amenazaran la estabilidad política y el orden social logrado.

Así se lo hizo saber a Patricio Aylwin, quien lideraba las fuerzas del NO en el plebiscito de octubre de 1988. Cuando todavía el triunfo del NO no era oficial, Jarpa, en un programa de canal 13, con la periodista Raquel Correa, en el cual también estaba su ex aliado político de antaño Patricio Aylwin, le dijo con su tono de patrón de fundo: “Te acuerdas Patricio cuando luchábamos contra el gobierno marxista de Allende, esa lucha concluye hoy, con el triunfo de la democracia… Hemos ganado Patricio”. La cámara mostro la cara de Aylwin, tenso, incomodo, quien intento esbozar una leve sonrisa nerviosa. Tal vez, en ese momento, recordó el genocidio popular que habían provocado con su accionar, y por eso no dijo nada. Mientras, Jarpa sonreía, seguro que la derrota del dictador era el triunfo de la institucionalidad reaccionaria que él y tantos otros habían sostenido durante 17 años y que la Concertación de partidos por el NO, dirigida por Patricio Aylwin, la iba mantener hasta el día de hoy.

En medio de la pandemia del COVID-19, se va este genocida que tanto daño le hizo a nuestro pueblo. No hubo justicia para ninguna de las víctimas de las protestas nacionales. Es más, la democracia protegida le brindo, incluso, al igual que el dictador, llegar al Senado. No obstante, la historia y la memoria lo registran como un autoritario, un antidemocrático y responsable político de la muerte de muchos chilenas y chilenas. Al igual que su “general” se fue impune e inmune. Otra vez, en Chile, la Justicia no hizo nada.

CALPU