Los 6 de Zaragoza, ¿sin crimen pero con castigo?

Francisco Javier A. V., Imad M. B., Antonio Daniel L. D. y Adrián L. R. entraron en prisión en la primavera de 2024. Se presentaron de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social Las Trece Rosas de Zaragoza y solicitaron a sus autoridades la concesión del régimen de vida en «semilibertad». El tercer grado les hubiera permitido pasar la mayoría de las horas del día fuera del presidio, pero se lo denegaron.

Según el Reglamento General Penitenciario, las juntas de tratamiento encargadas de aprobar o desestimar estas peticiones deben hacerlo en base a ciertos criterios. Algunos de ellos tienen que ver con el historial familiar y social del preso, así como con su comportamiento. Otros están relacionados con la duración de su condena, la tipología de los delitos que ha cometido y los castigos económicos que está obligado a afrontar.

¿Cuán graves podían ser los crímenes realizados por los 4 jóvenes para que se rechazaran sus solicitudes? La sentencia del caso, emitida por la Audiencia Provincial de Zaragoza a principios de 2021, mencionaba su participación en desórdenes públicos y atentados contra la autoridad.

Luchar contra el odio

Los hechos se remontaban al 17 de enero de 2019, cuando un grupo de alrededor de 300 activistas se reunió cerca del Auditorio municipal zaragozano para protestar contra la convocatoria de un mitin del partido político ultraderechista Vox en ese mismo lugar.

Los manifestantes intentaron una primera aproximación directa al edificio, aunque un contingente policial desplegado en la zona se lo impidió cargando y golpeándolos con sus porras. Repelidos, los participantes en la concentración buscaron un nuevo acercamiento a través del campus universitario, donde la policía los dispersó disparando pelotas de goma.

Fue en ese momento cuando algunos manifestantes se enfrentaron a los agentes que reprimían arrojándoles piedras y otros objetos.

Durante el juicio, la Fiscalía acusó a estos 4 jóvenes y a otros 2, menores de edad, de ser coautores de los disturbios subsiguientes, que acabaron con 3 contenedores quemados, varios vehículos dañados y 6 miembros de las fuerzas de seguridad "heridos".

Falta de pruebas

Antonio Daniel, Adrián, Imad y Francisco Javier admiten su participación pacífica en la manifestación. Sin embargo, niegan tener relación alguna con los actos violentos que sucedieron en ella, tanto de la policía como de los manifestantes. El último asegura que una de las pelotas disparadas por la policía le abrió una brecha a uno de sus amigos, y que tras ese hecho decidió abandonar el lugar por el aumento de la tensión y el peligro.

Las detenciones de los muchachos ni siquiera se produjeron en la hora y el punto donde se generaron los desórdenes, sino varias horas después en un bar de la zona. En 2021, el caso fue adjudicado a la sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, entonces presidida por el magistrado Carlos Lasala Albasini.

El equipo de defensa presentó como pruebas exculpatorias las grabaciones de varias cámaras de vigilancia. En ellas se observaba que los ejecutores de la quema de contenedores y del lanzamiento de piedras eran manifestantes encapuchados a los que no se podía identificar como a los acusados.

El interrogatorio de los policías "heridos" tampoco sirvió al juez como un elemento contundente mediante el que guiarse para dictar sentencia, dado que estos incurrieron en contradicciones entre ellos cuando se les pidió que identificaran a sus agresores.

El «improcedimiento» de la justicia

Aun así, Lasala decidió condenar a los 6 jóvenes. Cada uno de los 4 acusados mayores de edad recibió una pena de prisión de 6 años, y se sancionó a los menores a pasar un año bajo libertad vigilada y a pagar entre 11.000 y 14.000 euros en indemnizaciones.

Los abogados defensores recurrieron la sentencia dos veces. Una ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y otra ante el Tribunal Supremo. El primero aumentó las condenas a prisión de Imad, Adrián, Francisco Javier y Antonio Daniel un año más al encontrar que eran culpables de un delito de lesiones cuya comisión no había podido probarse en el anterior juicio.

El segundo rebajó las penas de prisión a 4 años y 9 meses al entender que se daba un concurso ideal de delitos, una situación en la que una sola acción u omisión deriva en la realización de varios crímenes. A pesar de ello, su fallo confirmaba las sentencias del juez Lasala y del TSJA.

La Plataforma

Mientras se interponían los recursos, los familiares y amigos de los condenados crearon la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Sus objetivos eran conseguir una mayor visibilidad mediática del caso a nivel nacional e internacional y presionar a los órganos judiciales y gubernamentales para que iniciaran una investigación imparcial sobre la validez de las acusaciones y el veredicto.

A ella se han ido sumando numerosas personas y relevantes personalidades y organizaciones políticas y culturales que, anunciada la toma de postura del Supremo, también decidieron firmar una petición de indulto para los presos. Esta fue enviada al Gobierno de España cuando los jóvenes estaban a punto de entrar en la cárcel, y todavía no ha sido contestada.

«Las condenas son una decisión judicial desacertada y un ataque contra el derecho constitucional a la manifestación pacífica. No tienen ninguna prueba, solo los testimonios contradictorios de algunos policías presentes en los disturbios. No obstante, el juez Lasala aplicó las penas máximas para cada uno de los delitos que se imputan a nuestros compañeros», explica el portavoz de la organización Pablo Rochela.

«Son presos políticos. El único hecho que han podido probar es que participaron en una concentración, y que hayan sido encerrados por ello choca con la validez legal de los derechos conquistados por la clase trabajadora», añade.

Una realidad que no podrán rechazar

El organismo considera que las tres sentencias son una advertencia emitida contra los grupos y movimientos sociales antifascistas. «No solo intentan disciplinar a las clases populares» a través del temor a ser conducidas a las celdas de una comisaría, sino que «quieren acallar sus movilizaciones» mediante cuantiosas multas económicas. Como los 6 jóvenes a quienes defiende, que deben afrontar el pago de alrededor de 200.000 euros entre costes judiciales, sanciones e indemnizaciones.

El derecho a la manifestación, recogido en el artículo 21 de la Constitución de 1978, no es lo único que se pone en cuestión con respecto a su caso.

Desde la victoria electoral de las centroizquierdas en diciembre de 2019, diversas formaciones derechistas españolas han convocado o formado parte de manifestaciones en las que se han cometido actos violentos de igual o incluso mayor gravedad que los que se dieron en Zaragoza en enero de 2019.

Mucha gente se pregunta por qué los tribunales y los cuerpos de seguridad no han castigado a sus ejecutores con la misma dureza, y sospecha que existe una relación entre esa aparente falta de imparcialidad institucional y la composición y cultura de tales órganos.

Un legado que perdura

«Los gobiernos son cada vez más autoritarios. Tanto los conservadores como los socio-liberales. Refuerzan el papel político y social de la policía, legitiman su represión, incrementan sus presupuestos en detrimento de la inversión social, no derogan la Ley Mordaza y endurecen cada vez más el Código Penal», detalla Pablo.

Expertos como el historiador Pablo Alcántara han alertado sobre los nexos entre los organismos represores de la dictadura franquista y las actuales administraciones. «En las fuerzas de seguridad del Estado hay un elevado porcentaje de elementos de extrema derecha. Se puede observar en los resultados de las elecciones sindicales internas, donde el 60% de los votos han sido favorables para organizaciones como JUSAPOL», aclara Rochela.

Desde 2015, estas se valen de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, para limitar el alcance de las libertades fundamentales de expresión y reunión.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos como la Plataforma No Somos Delito denuncian desde hace años la aprobación y el mantenimiento de este tipo de legislaciones que atentan contra la salud democrática del Estado español.

El silencio, otra forma de complicidad

El último responsable de la situación, según el portavoz de Libertad 6 de Zaragoza, es «el Gobierno de coalición PSOE-Sumar», que permite con su inacción el sufrimiento de los 6 jóvenes zaragozanos o el irrazonable desarrollo de casos judiciales como el de las 6 sindicalistas de La Suiza asturiana o el de los 7 estudiantes madrileños detenidos en Somosaguas.

«Resulta curioso. Pedro Sánchez denuncia la persecución judicial y el lawfare de la extrema derecha contra su persona. En cambio, no se pronuncia sobre la injusta condena de unas personas que alzaron sus voces en una manifestación antifascista contra sus discursos de odio», reflexiona Rochela.

«Desde la Plataforma seguiremos presionando con acciones y movilizaciones para que se libere de manera inmediata a nuestros compañeros. Además, mantenemos contactos a distintos niveles con miembros del Ejecutivo de coalición y con otros partidos políticos que los apoyan. Esperamos que más pronto que tarde estos contactos den sus frutos», concluye.

nuevarevolucion.es / lahaine.org