Ya en su momento el colectivo Casas Viejas advirtió de que la propiedad no tenia licencia de derribo haciendo un llamamiento para que “si no van a cumplir la ley que se declaren en desobediencia civil como hemos hecho nosotros”.
Sin embargo, a diferencia de la desobediencia civil pública por lo que consideramos justo y un bien común llevada a cabo por Casas Viejas, la propiedad ha infringido la ley de forma soterrada, por lo que consideran rentable y en defensa de sus intereses privados.
A partir de la comunicación por parte del gabinete jurídico de Casas Viejas, la Gerencia de Urbanismo se ha visto obligada a apercibir a la propiedad para no cometer prevaricación. La resolución de la Gerencia obliga a retirar la caseta de obras que ocupaba la vía pública y a legalizar el derribo en un plazo determinado, tras el cual se procedería a sanciones económicas.
Sanciones económicas que consideramos ridículas para una familia con grandes recursos económicos. A pesar de la gran visibilidad del conflicto de Casas Viejas, la propiedad ha derribado el inmueble ilegalmente y a la vista de todos, dando un nuevo ejemplo de la impunidad de la especulación inmobiliaria que pretendíamos denunciar.
Primero derribar (o construir) y luego pagar la multa. Esta situación de “ilegalidad rentable” es la que nos ha llevado al desastre inmobiliario que está destrozando nuestras costas y otros ecosistemas, generando corrupción, privatizando el espacio público e imposibilitando a miles de personas acceder a una vivienda o a espacios sociales y culturales.
Resolución de la Gerencia de urbanismo