La explosión de un artefacto en Torremolinos; las consecuencias mediáticas y sociales de su cubertura informativa

El pasado martes 26 de julio, un artefacto de escasa intensidad hacia explosión en un playa de la localidad malagueña de Torremolinos. Todos los medios de información oficiales se hacían eco de las informaciones que llegaban desde fuentes policiales y gubernamentales, en un intento de dar difusión a un acontecimiento aislado y que ha ocupado los titulares tanto de prensa como televisión y radio, quedando relegados a un segundo plano otras realidades que afectan de forma más directa a la población de la Comunidad Autónoma y que siguen siendo silenciadas por los medios, y sin que se llevan a cabo medidas claras para paliarlas.

Durante lo que va de año, han muerto en Andalucía unas 116 personas en accidentes laborales, gracias al incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales, tanto por parte de la empresa (que no pone a disposición de lxs trabajadorxs el material de seguridad), como en algunos casos por parte de lxs mismxs trabajadorxs (debido a la insuficiente adecuación de los equipos a los trabajos a realizar).

La cifra de muertes está aumentando año tras año, principalmente en Andalucía, que incluso llega a equipararse en personas fallecidas a Madrid y Catalunya juntas en el primer semestre de 2008, dejando en evidencia la falta de prevención y puesta en marcha de medidas especiales, que pongan remedio a la situación que se está viviendo y cuya repercusión social no tiene reflejo directo en los medios de comunicación oficiales.

En contraposición a esta situación que se alarga en el tiempo, y que se plantea como uno de los problemas más evidentes y que provocan un impacto considerable en las familias de lxs fallecidxs, desde instancias políticas, así como desde los medios, se lanzan noticias que acaparan gran parte de la reducida franja horaria que ocupa la información y que se alejan en gran medida de la realidad diaria de Andalucía. En este sentido, la focalización de los noticiarios en lo acontecido el pasado martes 26, en el paseo marítimo de La Carihuela, es un ejemplo de cómo se desestima una serie de informaciones y a otras se les llena de contenido, provocando que se desvíe por completo la atención a problemas diarios que afectan de forma directa.

La falta de daños personales y materiales y la escasa potencia del artefacto dejan claro que se trata de un aviso. A partir de ese momento, se comienza a especular desde instancias gubernamentales sobre la autoría, siendo desde un primer momento atribuido, aún cuando no se había producido aviso, a la organización independentista ETA. A pesar de ello, se anuncia que no es probable que exista una red consolidada de comandos en la Comunidad Autónoma, por lo que la colocación del explosivo fue eventual. Aún así, los medios siguen recogiendo información y trasladando al público toda una serie de imágenes, testimonios y informes sobre lo ocurrido, dejando a un lado otros problemas que aquejan al territorio.

El delicado estado ecológico de la Comunidad, con varios frentes abiertos en cuanto a sostenibilidad se refiere, ha sido desplazado por la prioridad informativa de la explosión en Torremolinos. La situación de los Polos Químicos de Huelva y Algeciras, el avance imparable de los parques eólicos por todo el territorio, la urbanización de zonas no destinadas a este fin y de alto nivel ecológico, el uso insostenible del agua, con la perforación de pozos ilegales y el desecamiento de arroyos por la sobreexplotación ganadera y agrícola, la construcción de macroinfraestructuras que coartan el flujo natural de los ecosistemas, y causan un impacto ambiental considerable, (líneas AVE, metros, carreteras, urbanizaciones). La situación es complicada pero desde instancias políticas no se producen cambios sustanciales que hagan mejorar la situación, y por el contrario se lleva a cabo una desvirtuación de la problemática, fijando el interés en temas aislados y de poca relevancia real en el plano local y del día a día.

Si nos centramos en la migración, otro de los puntos clave de las políticas estatales, nos encontramos con que la situación es también un tanto inestable y problemática. Miles de personas llegando a las costas andaluzas y canarias, siendo acogidas por unas infraestructuras y unos equipos profesionales que en muchas casos se ven desbordados y sin medios reales para acoger a estas personas que van llegando, debido a la falta de fondos económicos que sustenten los centros de acogida y a lxs profesionales que allí trabajan. Aún así, si es posible un incremento considerable del presupuesto para llevar a cabo intervenciones policiales cuando se produce algún supuesto altercado por parte de lxs migrantes.

En este mismo sentido y enlazando con la represión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están actuando y llevan a cabo intervenciones mas o menos violentas hacia movimientos sociales de base, siendo una de los primeros puntos que se investiga, la supuesta relación del movimiento, colectivo, organización… con ETA. Desde que comenzara la campaña de criminalización del Partido Popular de todo movimiento social vasco relacionado o en consonancia con el independentismo y aún más allá, con movimientos sociales que nada tenían que ver con el movimiento de liberación nacional vasco, se ha ido ampliando la frontera mental y física llegando ya incluso hasta Andalucía, donde en los últimos meses hemos sido testigos de cómo se criminalizaba al CSOA Casas Viejas o a La Fábrica de Sombreros, de tener relación con ETA, solo por el simple hecho de encontrar algún que otro fanzine, pegatina u octavilla en euskera, en el momento de los desalojos.

En nombre de acabar con ETA por la fuerza, se está llevando a cabo una restricción real y directa sobre los movimientos sociales en todo el Estado español, un proceso que sigue en marcha y que parece no parar, debido a la intensa labor de los cuerpos policiales. En este sentido, nos encontramos con el proceso de pérdida de los espacios públicos en toda Andalucía, donde la calle se va convirtiendo en un mero escaparate, donde la actividad diaria tan solo debe reducirse al consumo.

Ante el atentado aislado, uno de los sectores que ha saltado a la palestra ha sido el turístico, ya que con acciones de esta índole ven reducidos sus ingresos debido al miedo difundido principalmente por los medios de comunicación y los mensajes de precaución que se lanzan de forma gratuita hacia la población, y que provocan miedo o en su caso respeto, debido a la saturación informativa y a la repetición sistemática de informaciones sobre lo ocurrido. En contraposición al mensaje mediático, el sector hostelero ha promovido el mensaje de tranquilidad, e pos de un mantenimiento de la actividad al 100% en la Costa del Sol, y muestra confianza ante la actuación policial en este sentido.

Es evidente, teniendo en cuenta la situación existente en el Estado español, que todo acto que conllevo en mínimo retazo de violencia y que no sea provocado por la actuación policial, provoca un rechazo mayoritario en la población. La sensación de miedo e incertidumbre que se lanzan desde los medios de comunicación y que en cierta manera amplifican y masifican lo que realmente ha sido un acto aislado (6 años desde el último atentado en Andalucía), deja claro cual es el verdadero objetivo de este tipo de focalización obsesiva en un solo hecho, y que claramente procura apartar y hacer sombra a las problemáticas que actualmente afectan a la Comunidad y que atañen de forma más o menos global a toda la población.

Grupo de Acción Social