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El régimen español reconoce la existencia de expedientes "secretos" de los policías infiltrados
Lo que el Ministerio del Interior llama “agente de inteligencia” habría funcionado en el Estado español desde hace 37 años sin supervisión ni control judicial
La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales revela en una respuesta parlamentaria al senador Carlos Mulet (Compromís) que la Comisaría General de Información solicitó "autorización administrativa" en el caso de la infiltración de Ramón Martínez Hernández en Valencia.
Pese al mutismo inicial del Ministerio del Interior español comienzan a trascender algunas informaciones oficiales sobre los policías infiltrados en el activismo de Catalunya y el País Valencià. Los grupos parlamentarios de la CUP, EH Bildu, Unidas Podemos, Junts, ERC y de la Izquierda Confederal (Compromís, Més per Mallorca, Mas Madrid y Geroa Bai) presentaron varias baterías de preguntas en el Congreso y en el Senado.
La respuesta del Ministerio del Interior ha llegado a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales. Fernando Grande-Marlaska reconoce de forma implícita la veracidad de las informaciones publicadas por la Directa y aporta algunos detalles de cómo funciona la maquinaria de espionaje sin cobertura judicial.
En concreto, con fecha de 17 de marzo de 2023 se dirigen al diputado por Guipúzcoa Jon Iñarritu (EH Bildu) para informarle en relación a las preguntadas formuladas sobre Daniel Hernández Pons, el policía infiltrado en el barrio de Sant Andreu de Palomar de Barcelona: “no se trata de la actividad de un Agente Encubierto, del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino de un Agente de Inteligencia, bajo el paraguas de las funciones encomendadas a la Policía Nacional por la regulación vigente; en concreto, el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo”.
El Ministerio del Interior se justifica diciendo que en el apartado H de este artículo se incluye la función de “captar, recibir y analizar todos aquellos datos que tengan interés por el orden y la seguridad pública”.
Diez días más tarde, el 27 de marzo de 2023, la respuesta del régimen español dirigida al senador por el País Valencià Carlos Mulet (Compromís) incorpora un nuevo párrafo en relación al infiltrado en el barrio valenciano de Benimaclet, Ramón Martínez Hernández. "Desde la Comisaría General de Información se solicitó la autorización administrativa correspondiente", revelan, sin concretar qué cargo del ministerio fue el responsable de avalar el espionaje.
Además, las dos respuestas oficiales dirigidas a Iñarritu y Mulet, detallan que todo lo relacionado con las infiltraciones “queda recogido en un expediente que está declarado SECRETO al amparo de los Acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986 y, con fecha posterior, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996, por el que se clasifican determinados asuntos y materias en conformidad con la Ley de Secretos Oficiales”.
A diferencia del agente encubierto, lo que el Ministerio del Interior llama “agente de inteligencia” habría funcionado en el Estado español desde hace 37 años y bajo las órdenes del Cuerpo Nacional de Policía española sin ningún tipo de supervisión ni control judicial.
directa.cat