Hace 30 años encauzaron un torrente de ilusión y libertad

En dicha celebración, se han dado cita políticos de “distinto signo”, desde Rajoy a Gaspar Llamazares, y curiosamente, todos, absolutamente todos, con sus matices, por supuesto, han coincidido en señalar el avance que supuso la aprobación de la Carta Magna española.

Igualmente, el pasado 4 de diciembre el régimen conmemoraba en Andalucía el 30 aniversario del llamado Pacto de Antequera, por el que la lucha por el autogobierno andaluz quedaba en enmarcada y, por tanto, limitada al texto constitucional español, que sería sometido a referéndum dos días después.

En ambos casos, se ha destacado el progreso, el avance político, económico, social y cultural experimentado por el Estado español y por Andalucía en todos estos años, proporcionado, según todos los discursos, por ese marco legal y su consecuente desarrollo. Sin embargo, la lectura que desde un punto de vista andaluz y de clase debemos hacer de todo ese proceso político es y debe ser diferente, y nos sugiere la imagen de un pueblo andaluz que como un torrente de agua había reventado los diques que lo habían contenido mansamente, y sin un rumbo determinado, pero con una fuerza insuperable era capaz de abrir surcos de esperanza en la tierra. Era un torrente, un inmenso caudal, vivo y alegre, a pesar de todas las tristezas y amarguras que las aguas en su mansedumbre acumulaban. Pero este torrente de vida fue incapaz de dirigirse al mar, y por eso, lo encauzaron, para que de nuevo volviera a amansarse, a estancarse, y si fuera posible a pudrirse para siempre.

Las contradicciones del régimen franquista y su imposible supervivencia

La década de los 60 del siglo pasado conoció un conflicto casi permanente entre sectores del régimen franquista, por un lado, determinados sectores del franquismo pretendían su continuidad ampliando tímidamente la base social del régimen, mientras los ministros del Opus Dei, pretendían una solución monárquica en vida de Franco, manteniendo los principales rasgos definitorios del régimen. Fue el momento del Opus Dei, ya en 1957 entraron en el Gobierno dos ministros procedentes de la Obra, ultracatólicos destacados y militantes, pero desconectados de los fundamentalistas que fundaron el régimen tras la Guerra Civil, que ascendieron peldaños copando, poco a poco, los centros del poder franquista con la vista puesta en una serie de reformas liberalizadoras que conectaran al Estado español con el periodo de expansión capitalista que Occidente vivía con todas sus posibilidades. El régimen necesitaba salir de su estancamiento y la autarquía de los primero momentos, que solo generaban miseria y pobreza, y encontró en esta secta expertos en economía y en derecho, técnicos y administrativos, una auténtica elite en todos los sentidos, alejados, en principio, de planteamientos político-ideológicos claros y definibles, y por tanto flexibles, a diferencia de la vieja guardia del Movimiento.

De esta forma, tuvieron lugar reformas administrativas, como la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, reformas en el procedimiento administrativo, en la legislación sobre funcionarios, etc., bajo criterios de eficiencia y cierta racionalización de los servicios, pero la reforma más ambiciosa perseguida por esta elite fue el denominado Plan de Estabilización, presentado en 1959 por los nuevos ministros de Hacienda y Comercio, Navarro Rubio y Ullastres, respectivamente. El objetivo, como se ha indicado anteriormente, era insertar al Estado español en el ciclo de crecimiento que vivía el Occidente capitalista, se abrieron las puertas al comercio y a las inversiones exteriores. Se produce un aumento de la riqueza generada y un mayor entrelazamiento de las distintas ramas de la producción, así como de las distintas economías de los diferentes territorios del Estado español, especialmente de Euskal Herria y Catalunya.

Las nuevas elites políticas y económicas del régimen llevaron sus reformas al plano internacional: relaciones diplomáticas con Europa, gracias a las buenas relaciones mantenidas con partidos liberales, conservadores, y democristianos europeos, integración en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y OCDE, las grandes instituciones del capitalismo internacional, intensificación de las relaciones con los Estados Unidos, etc. En 1962, el Gobierno español enviaría una carta al Consejo de Ministros de la entonces Comunidad Económica Europea solicitando la apertura de negociaciones para llegar a una forma de asociación susceptible de desembocar en una plena incorporación. Las mismas peticiones también se formularon a la OTAN.

Sin embargo, el claro retraso tecnológico español, además de graves problemas estructurales de fondo, unido a las necesarias transformaciones de carácter político que tales reformaban demandaban para su éxito, y que el régimen se negaba a llevar a acabo, derivaron, junto con la crisis económica de 1973, y la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, en un panorama que definitivamente hacía inviable una continuación del régimen franquista, y sobre todo de sus elementos más clásicamente fascistas.

Mientras Andalucía...

Durante el “primer franquismo”, Andalucía verá afianzado su papel periférico, que se consolidará en los 60, con la nueva división estatal del trabajo y el papel subordinado, marginal y dependiente asignado al País Andaluz, que se consolidará a partir de 1973, con la crisis económica. La sociedad andaluza ofrecerá una estructura fuertemente polarizada, una minoría que detenta el poder y concentra la renta y la riqueza, y una inmensa mayoría, sin trabajo e ingresos, y forzada a emigrar. Entre 1940 y 1975, la tasa de crecimiento real de la población andaluza fue inferior a la española, entre 1951 y 1970, todas las provincias andaluzas perdieron población, en 1970 el 26,8% de los andaluces se encontraban fuera de su tierra, y en 1975, lo hacía la tercera parte de los andaluces. En 1970, más de un millón y medio andaluces habían abandonado Andalucía hacia otras partes del Estado y Europa. El trabajo y el sudor de miles y miles de trabajadores andaluces, en su mayoría obreros del campo, sirvió para el desarrollo de otros territorios; mano de obra barata imprescindible para los planes económicos del régimen. Mientras, las divisas de aquellos trabajadores andaluces que fueron a Europa eran depositadas en bancos en manos de la oligarquía, que decidió invertirlas en cualquier lugar menos en Andalucía.

En este proceso de división del trabajo en el Estado español, Andalucía había sido destinada a una especialización productiva basada en el sector agrario, pesquero y minero.

Pero no bastaba con esto, tal y como señala el antropólogo Isidoro Moreno, Andalucía, durante el franquismo, sufriría aún más el despojo y posterior manipulación de sus señas de identidad, que ya venía sufriendo de antiguo, con el fin de representar a España, y dar el mensaje hasta cierto punto subliminal de que Andalucía no existía. Se intentaba destruir las señas de identidad del pueblo andaluz y su memoria histórica; se le ocultaba su historia, condenando en definitiva al pueblo andaluz a la ignorancia y el desarraigo.

El régimen monárquico español al servicio del gran capital

El 22 de julio de 1969 las Cortes aprobaban la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. El 22 de noviembre 1975, dos días después de la muerte del General, Juan Carlos juraba fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y era proclamado en las mismas Cortes franquistas Rey de España. Cuando en las manifestaciones antifascistas se grita aquello de “Juan Carlos primero, de Franco es heredero”, no se está injuriando a nadie, se está expresando simplemente un hecho constatable en cualquier manual de Historia.

En muchas ocasiones, sobre todo en los grandes medios de comunicación, se suele utilizar el término “pacto constitucional” para referirse a la Constitución de 1978, siendo así, cabría preguntarse entonces, qué se pactó, quiénes pactaron, y para qué se pactó.

¿Qué se pactó? Intentando concretar lo máximo posible, se pactó un nuevo régimen político monárquico, burgués, en el que se consagra la propiedad privada de los medios de producción, la libertad de empresa, en definitiva el modo de producción capitalista, abierto a la integración en estructuras de poder supranacionales (Europa y la OTAN), y en el que se proclaman toda una serie de derechos formales, garantizados de una forma cuando menos ambigua. El régimen estaría estructurado territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas.

¿Quiénes pactaron? Una primera contestación rápida a esta pregunta sería dar la lista de partidos políticos y sindicatos que dieron el sí a la Constitución. Sin embargo, responder a esta pregunta correctamente implica trascender ese mar de siglas que caracterizó al Estado español en aquellos momentos. De un lado, nos encontramos a los diferentes representantes políticos de la oligarquía española que, con matices, defendían una apertura política del régimen con el fin de superar la crisis política y económica y consolidar la integración española en el mundo capitalista occidental. De otro, la clase obrera de los diferentes pueblos del Estado español, representada por todo un océano de siglas, pero de entre las que destacaban dos: el PSOE, y sobre todo, el PCE, que durante el franquismo había sido capaz de ir organizando en las durísimas condiciones de la clandestinidad a esa clase obrera derrotada y desorientada de después de la Guerra Civil con gran éxito, incorporando además a esos nuevos contingentes de población rural que se desplazaban a los centros urbanos industriales del momento. En el pacto, también intervinieron representantes políticos de las diferentes burguesías de las naciones oprimidas en el Estado español, fundamentalmente vascas y catalanas.

Quienes no aceptaron el pacto, la llamada izquierda revolucionaria estatal, el anarcosindicalismo, y los diversos movimientos de carácter socialista o progresistas de liberación de los pueblos del Estado español, serían proscritos, tachados de inadaptados, radicales, ilusos, idealistas, o como no, de violentos y terroristas, propiciando el aislamiento social, con la ayuda inestimable de los grandes medios de comunicación al servicio del nuevo poder constituido postfranquista. Por otro lado, se propiciaba el fin de la movilización por una democracia real y efectiva, “ya hay libertad, ya hay democracia”, pero la vulneración de derechos y libertades evidenciaban ayer, y evidencian hoy, 30 años después, la continuidad represiva hacia la clase obrera y sectores populares por parte del nuevo régimen español.

¿Para qué se pactó? Los sectores provenientes del régimen conseguían llevar a cabo sus planes con el apoyo de representantes políticos de la clase obrera y de las naciones oprimidas, consiguiendo un consenso imprescindible en medio de una ola de conflictividad política, económica, social y nacional desatada, sobre todo, tras la muerte de Franco, dejando intacto el poder político y económico de la oligarquía española; a cambio, cedían cuotas, a veces simbólicas a veces reales, de poder al resto de actores políticos del pacto, que renunciaban no sólo a reivindicaciones históricas, como la restitución de la República, el derecho a la autodeterminación o el derrocamiento del modo de producción capitalista, o a una simple reivindicación de una democracia activa y participativa, sino que se renunciaba incluso a la memoria, a la reparación moral y legal por tanto años de persecución, represión y terror.
Para garantizar el pacto: las armas del Ejército español.

Andalucía en lucha por su libertad

En ese contexto de conflictividad y de reordenación política del régimen, se ha de enmarcar la admirable lucha del pueblo andaluz por sus derechos. El pueblo andaluz, un pueblo como hemos visto antes explotado y saqueado, marginado y dependiente, despojado de sus elementos identitarios como país, se subleva, porque no entiende que en esa reorganización su situación como país oprimido no sea tenida en cuenta.

El 4 de diciembre de 1977 la inmensa mayoría de los partidos políticos andaluces, abarcando una disparidad que iba por ejemplo desde la UCD hasta el MC o el PTE, convocan manifestaciones en las distintas capitales de las provincias andaluzas bajo la consigna de “autonomía para Andalucía”. Se trataba de una consigna intencionadamente ambigua y amplia, entendida de diferente manera por los diferentes actores políticos andaluces, pudiéndose referir desde una mera desconcentración administrativa, hasta la soberanía nacional. Pero no sólo eso, esos diferentes actores, como no podía ser de otra manera, asociaban esa autonomía, esa capacidad de autogobierno, a la resolución de los graves problemas políticos, económicos, sociales y culturales que afectaban históricamente a Andalucía.
Miles de andaluces llenos de alegría e ilusión salían a la calle demostrando una conciencia de pueblo, una auténtica demostración de conciencia nacional admirable. Entre 350.000 y 400.000 manifestantes en Sevilla, 70.000 en Cádiz, 10.000 en Algeciras, 120.000 en Granada, 5000 en Almería, y entre 150.000 y 200.000 en Málaga, donde la manifestación se tiñó de sangre: el joven trabajador de la empresa Cervezas Victoria, y afiliado a las CCOO, Manuel José García Caparrós, de 19 años, caía asesinado por las balas asesinas, presuntamente disparadas por la policía española, que actuaron en todo momento en connivencia con elementos falangistas, que sirvieron de verdaderos escuadrones parapoliciales. Málaga estalló de rabia, los disturbios empezaron a multiplicarse y a extenderse por toda la ciudad, el Gobierno Civil justificaría así en una nota el asesinato del joven García Caparrós: “Numerosos grupos de manifestantes, sobre todo al final de la manifestación, se fueron concentrando ante dicho edificio oficial, comenzando a lanzar contra su fachada objetos diversos, para terminar apedreándola con gran intensidad y produciéndose rotura de cristales y lunas. En tal momento se dio orden de despejar el gran número de concentrados ante dicho edificio, lo que se efectuó seguidamente por las fuerzas de orden público. En el punto indicado se produjo la colisión de los manifestantes con las fuerzas de la Policía Armada, que fueron atacadas con piedras, de las que quedó literalmente sembrada la calzada. Un pelotón de las fuerzas de orden público fue acorralado, y agotados sus elementos antidisturbios se vio precisado a hacer uso de sus armas cortas.”. Los disturbios se prolongarían prácticamente hasta el 7 de diciembre.
Todo el malestar acumulado de un pueblo, de sus trabajadores, estalló, abriéndose un camino incierto que pronto, muy pronto, las elites políticas, económicas y, no nos olvidemos, militares, comprenderían que debían reconducir, que deberían encauzar. Sabían y hasta cierto punto se asumía la conflictividad política en Euskal Herria y en Catalunya, pero Andalucía con todo su potencial, su territorio, su riqueza humana y natural no podía salirse de ninguna de las maneras del guión que llevaría a la constitución del nuevo régimen monárquico postfranquista. Andalucía debía seguir callada y sometida, pero no fue así, surgió el “problema andaluz”.

Sin embargo, al año siguiente, y fruto de todas esas transacciones, pactos y cesiones, los siguientes partidos políticos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Comunista de España (PCE), Alianza Popular (AP), Partido Socialista de Andalucía (PSA), Partido del Trabajo de Andalucía (PTA), Democracia Cristiana Andaluza (DCA), Izquierda Democrática (ID), Reforma Social Española (RSE), Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Acción Ciudadana Liberal (ACL), proclamaban: “El Pleno de la Junta de Andalucía, reunido en la ciudad de Antequera, el día cuatro de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho, “Día de Andalucía”, al proponer la iniciativa del Pacto Autonómico, decide formular solemnemente a los partidos políticos de Andalucía la siguiente propuesta de acuerdo, como muestra de apoyo activo a la Constitución Española, en aceptación del marco autonómico en ella contemplado y como vía para fundamentar lo más sólida y rápidamente posible la nueva estructura del Estado Español, basada en la indisoluble unidad de la Nación española, en la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y en la solidaridad entre ellas.”, y acordaban en primer lugar: “Los partidos políticos abajo firmantes se comprometen a impulsar y desarrollar los esfuerzos unitarios encaminados a conseguir para Andalucía, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución.”. Como muestra de “buena voluntad” se renunciaría por parte de esos partidos a celebrar el Día de Andalucía y a recordar el asesinato del joven García Caparrós, ocurrido un año antes, con el fin de no “enturbiar” el ambiente de cara al referéndum constitucional que tendría lugar dos días después.

Se ponía así freno a las ansias de libertad de un pueblo oprimido, se dio el mismo pacto con los mismo actores políticos que en el Estado español con el único fin de asegurar el poder de la oligarquía española en Andalucía. El partido que se había” autoerigido” en “vanguardia andaluza”, el Partido Socialista Andalucía (PSA), desplazaría sus reivindicaciones de “poder andaluz”, jugando a la institucionalización, ansioso de acomodarse en las ubres del nuevo régimen, y cometiendo errores tan graves que harían entregar todo el potencial de la lucha andaluza al PSOE, que salió triunfante en las diferentes disputas entre los principales partidos políticos andaluces sobre el artículo de la Constitución por el que acceder a la autonomía. El 28 de febrero de 1980, fecha del referéndum de acceso por la vía del artículo 151 de la Constitución, a pesar de la gran lección de conciencia y orgullo que demostró el pueblo andaluz, el autogobierno andaluz estaba ya encauzado, y con él, las ansias de libertad, democracia y transformación social de los trabajadores y sectores populares del País Andaluz.

En un documento de la sección andaluza de la organización trotskista LCR, ya desaparecida, se decía: “El movimiento de masas muestra su fuerza potencial en los días nacionales pero en lo cotidiano se ubica dentro de los cauces reformistas. Los partidos con mayor influencia en él (PSOE, PCE, PSA, PTE) participan de la línea del consenso constitucional y la colaboración de clases. Todos ellos encorsetan las reivindicaciones andaluzas en el marco de la futura Constitución monárquica española. Lo hacen a sabiendas de que esta Constitución negará cualquier perspectiva de Soberanía Nacional para Andalucía. Sin embargo, cargan demagógicamente de potencialidades transformadoras al modelo autonómico establecido en la Constitución. Actúan así ante la presión social que en ese momento recoge ampliamente el deseo de un Poder Andaluz –de alcances inconcretos- que no tienen excesiva dificultad en identificar con la autonomía.”.

La crisis y el régimen español postfranquista

Los últimos datos del paro nos arrojan la escalofriante cifra de 3 millones de parados en el Estado español. Se prevé que esta cifra aumente, hay quien asegura que el Estado español puede llegar a un 20% de paro. Mientras el Rey Juan Carlos I pedía hace unos meses “solidaridad” y “cohesión” para afrontar la crisis, y decía así: "Frente a la dificultades e incertidumbres económicas debemos reaccionar con grandeza, diálogo, cohesión y solidaridad para retomar los niveles de crecimiento que hemos acumulado en más de una década". Pero frente a estas palabras, la Casa real española dispondrá para el 2009 de casi 9 millones de euros, un aumento del 2,27% con respecto a 2008. Ahí queda visto el sentido de la “solidaridad” y la “cohesión” del Monarca español.

Las vergüenzas del Monarca español, sus fechorías, su tren de vida, sus escándalos poco a poco están viendo la luz en diversos medios de comunicación. Antes estas informaciones, eran materia de noticia de medios alternativos, poco difundidos, con la excepción de medios de comunicación como Egin o actualmente Gara, en Euskal Herria.

Da la sensación de que diversos actores que pactaron la Constitución de 1978, hablan de su “agotamiento”, de su “ruptura”, o de su “reforma”, y de por qué no sustituir le régimen monárquico por uno republicano. Caso del comunicado lanzado por el PCE recientemente en el 30 aniversario de la Constitución española. Otros actores que intervinieron en aquel pacto, vienen contemplando una reorganización territorial del estado español de autonomía.

No sería descabellado pensar que en este contexto de crisis económica capitalista, determinados sectores de la oligarquía puedan estar contemplando un cambio de régimen, desplazando del poder a un Monarca que puede deslegitimar con sus escándalos cada vez más públicos y notorios el poder que se consolidó hace 30 años, volviendo a recurrir para ello a un nuevo pacto. Ahora mismo no es probable, pero sí puede ser un escenario político posible y previsible a contemplar.

Sea como fuere, hoy como ayer, Andalucía, sigue siendo un país dependiente, un país oprimido, con una agricultura de exportación que sobre explota cruelmente a trabajadores inmigrantes, mientras importamos cerca del 50% de los productos agrícolas que consumimos, especializado en el turismo de sol y playa, que nada o casi nada nos deja de beneficio, sobre todo a las legiones de trabajadores precarios que el sector emplea. Andalucía como territorio donde especular y lavar dinero proveniente de los más sucios negocios, mientras ese dinero financia proyectos urbanísticos destructores de vida y naturaleza; un territorio militarizado, con las bases norteamericanas de Rota y Morón como exponentes del militarismo del imperialismo norteamericano en nuestra tierra, agresivo y decidido a atacar a nuestros pueblos hermanos de Oriente y el Magreb. Y nuestra cultura y señas de identidad, hoy como ayer, víctimas de la manipulación para representar la falsa identidad de esa cárcel de pueblos que es España.

La crisis cebará en el desfavorecido, y sobre todo, en un lugar como Andalucía sumamente dependiente, extradeterminado. El 24% de los parado españoles son andaluces.

Mientras hoy hay quienes dicen que lo que firmaron ayer “se ha roto”, sin explicarnos por qué firmaron lo que firmaron, ni qué pretendían al hacerlo, y ni mucho menos criticarlo y autocriticarse por haberlo hecho. Mientras algunos anuncian que debido a esa “ruptura” van a llevar a cabo una “ofensiva republicana”, sin explicarnos de qué república están hablando, o nos hablan de “valores republicanos”, sin decirnos cuáles son esos valores, y pretenden llegar a esa república a través de, nada más y nada menos, una reforma de la actual Constitución, reforma legalmente si no imposible, casi imposible de llevar a cabo, teniendo en cuenta el Título X de la Constitución, planteando una auténtica utopía reaccionaria (ver en http://www.pce.es/pl.php?id=2701). Mientras algunos propugnan esta solución, hoy como ayer, los trabajadores y pueblo trabajador andaluz deben convertirse de nuevo en torrente de ilusión y libertad, no nos pueden engañar una vez más, como hace 30 años, pero para ello urge la organización política nacional y de clase de la que carecemos, soberana en Andalucía, internacionalista, antiimperialista, conectada con el movimiento popular, firme en los principios pero flexible en la practica, alejada de sectarismo estériles y pueriles, que se plantee claramente el derecho a nuestra soberanía nacional y la transformación social revolucionaria, el socialismo, dando lugar a esa República Popular Andaluza, esa que nos robaron hace 30 años, que si así lo desea podría formar parte de una unión libre y voluntaria de repúblicas libres en la Península o en otros ámbitos territoriales.

¡Seamos de torrente imparable de ilusión y libertad!

Antonio Torres, “Antón”