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Abbas no podrá ignorar las protestas sociales en Cisjordania
La huelga general por la ley de seguridad social se suma a la constante rivalidad entre Fatah y Hamas, el aumento de las incursiones del ejército israelí en Ramallah y la aparente indiferencia del presidente palestino a todo ello.
“Ladrones, ladrones, una banda de ladrones”, fue la consigna favorita de los manifestantes el martes 15 de enero. Gritaban bajo de las oficinas del Instituto de Seguridad Social palestino en el centro de El Bireh, al norte de Ramallah, en Cisjordania. Expresaban su opinión sobre todo el aparato político-burocrático que controla su vida, desde el humilde empleado al hombre en la cúspide: Mahmoud Abbas, aunque no lo mencionaran por su nombre.
Eran totalmente indiferentes al hecho de que ese mismo día 15 de enero tenía programado hablar en la Naciones Unidas como parte de lo que él y sus portavoces han descrito como otro logro palestino importante: la transferencia de la presidencia del Grupo de los 77 , una coalición de naciones en desarrollo, al Estado de Palestina, a pesar de su condición de observador en la ONU.
La huelga general, organizada por el sector privado en Cisjordania, que tuvo lugar en paralelo a la manifestación interesa a la gente mucho más que otro gesto internacional de reconocimiento ceremonial a un estado que solo existe en el papel.
¿Por qué la manifestación, más allá de la exigencia de revocar la ley de la seguridad social, significa que una nueva dinámica de unión comienza a tomar forma? ¿O era sólo una más de las poderosas fuerzas centrífugas que desgarran el sistema político palestino, dividiéndolo en corrientes cada vez más separadas?
La fuerza perturbadora más poderosa(dejando a un lado la dominación de Israel , con sus prohibiciones y restricciones de movimientos) es la rivalidad entre Hamas y Fatah. Esta ha alcanzado nuevas alturas en las últimas tres semanas con acusaciones mutuas de traición.
El 22 de diciembre, Abbas anunció la disolución del Consejo Legislativo Palestino y la celebración de nuevas elecciones para renovarlo en seis meses. Volveré a ello más adelante.
A finales de diciembre y principios de enero, las fuerzas de seguridad de Hamas detuvieron a decenas de partidarios de Fatah en toda la Franja de Gaza, convocándolos para ser interrogados y dispersando violentamente una manifestación conmemorativa de la fundación de Fatah. Hamas prohibió cualquier acto o manifestación sobre ella.
En respuesta, las Fuerzas de Seguridad Preventivas, dominadas por Fatah, detuvieron a decenas de activistas de Hamas en Cisjordania. Una serie de personas desconocidas irrumpieron en las oficinas de la emisora de radio de la Autoridad Palestina y destruyeron sus equipos. La AP retiró a sus agentes de la frontera de Rafah con Egipto, provocando su cierre.
El 9 de enero, los miembros de Hamas del Consejo Legislativo en Gaza votaron una declaración incapacitando a Abbas políticamente para mantenerse como presidente. Los medios de comunicación, leales a Abbas, no informaron de ello, pero el abismo entre el enclave de Gaza y los enclaves de la AP en Cisjordania continúa ampliándose.
Ese día si se supo que los miembros electos de Hamas en Cisjordania no están recibiendo sus pensiones como antiguos miembros del Consejo Legislativo disuelto, a diferencia de los miembros de todos los otros partidos. Pero todo ello no les importaba a los manifestantes el martes 15 de enero. Han tomado sus distancias de los partidos políticos, prueba de la disipación de la cultura activista-ideológica que tanto caracterizó en el pasado a la política palestina.
Además de gritar consignas, algunos manifestantes hicieron sonar sus vuvuzelas, los cuernos de plástico tan populares en los partidos de fútbol en Sudáfrica. Una fila de policías y fuerzas nacionales de seguridad palestinas, respaldados por una valla móvil, bloqueó las calles al tráfico e impidió que los manifestantes se acercaran al Instituto de Seguridad Social. No utilizaron la violencia.
“Es probable que tengan miembros de sus familias que también se oponen a esta ley”, dijo uno de los manifestantes, que señaló a un policía armado con sus compañeros, fumando un cigarrillo.
Desde que los maestros de las escuelas públicas palestinas se organizaron hace tres años, en busca de mejores condiciones de trabajo, no ha habido ningún movimiento social con participación popular en toda Cisjordania. La ley de seguridad social fue firmada por Abbas como un decreto presidencial en 2016. Desde entonces se ha cambiado y mejorado, tras las críticas por parte de grupos de la sociedad civil y los pequeños grupos de izquierda.
Pero ha habido una progresiva marginación de los grupos que exigen más cambios en esta ley que apoyaban en general como parte de un sistema más amplio de justicia social y responsabilidad mutua. Pero ahora hay un gran movimiento popular que pide de manera generalizada la anulación de la ley.
El hecho es que la campaña de los profesores, que recibió un amplio apoyo popular, fue ahogada por el aparato de seguridad de la AP y se disolvió bajo amenazas y falsas promesas. Puede que como consecuencia de que los maestros eligiesen un comité de representación independiente y desafiasen el sistema que obliga a que personas cercanas a la AP y Fatah sean nombrados representantes sindicales.
Parece que los funcionarios de la AP están escuchando los argumentos en contra de la ley de seguridad social. Pueden tener miedo de las asociaciones y del efecto bola de nieve de la consigna utilizada por los manifestantes: “el pueblo quiere la ley anulada”, que se hace eco de las consignas utilizadas en Egipto y Túnez durante la primavera árabe. Además, su evaluación puede ser que el movimiento actual es suficientemente amorfo como para poder desafiar su monopolio de la representación política.
El martes 15 de enero, cuando la ley entró en vigor, el supervisor del Instituto de Seguridad Social anunció más cambios que mejorarían los derechos de los trabajadores y aumentarían su representación. Declaró que no se anularía la ley, pero admitió que hubo errores en la manera como los responsables de la ley comunicaron su importancia.
Todas las explicaciones tropezaron con la desconfianza pública e interpretaciones opuestas. De hecho, grupos de la sociedad civil y de izquierda que negocian la reforma de la ley, tampoco lograron transmitir su importancia.
En su lugar, se limitaron a observar cómo en los últimos seis meses, se forjaba una alianza entre los empleadores y los trabajadores asalariados que se oponen a la ley. La objeción de los empleadores a reservar dinero para las pensiones de vejez o la licencia de maternidad está clara, pero ¿por qué los empleados se oponen a que se garanticen sus beneficios en el futuro?
“Su seguro no es seguro,” pone una pancarta en la manifestación. Otras consignas recuerdan que en las últimas semanas el ejército israelí ha entrado en Ramala todos los días, a plena luz del día, atacando tiendas y oficinas, confiscando las grabaciones de las cámaras de vigilancia o exigiendo los códigos de acceso a Internet de las cámaras.
La gente se pregunta si hay algún mensaje oculto en estas redadas en los barrios identificados con la AP. No existe garantía de seguridad social porque nada está garantizado bajo el dominio israelí, pero también porque no se confía en las instituciones de la AP o en la integridad de sus altos funcionarios y empleados, que debe gestionar los fondos recaudados por Ley a la gente.
Una de estas instituciones es el Tribunal Constitucional, que recomendó la disolución del Consejo Legislativo. El TC se estableció en 2003 con el mandato de interpretar las cláusulas poco claras de la constitución y la resolución de conflictos entre el ejecutivo y el legislativo.
La ley fue cambiada rápidamente en 2006 después de que Hamas ganase las elecciones generales, y la nueva versión anula la capacidad del Consejo Legislativo para designar a sus jueces y la autoridad del TC para supervisar las acciones del presidente. Hasta 2016, no se designaron jueces para el Tribunal Constitucional, y después, de pronto, se designaron nueve.
Una de las primeras decisiones del TC fue permitir que el presidente Abbas expulsase a miembros del parlamento, que fue lo que hizo con Mohammed Dahlan y sus partidarios en Fatah. Pero las muchas críticas a la ilegalidad de estas decisiones y la falta de independencia del TC quedaron sin respuesta.
El Tribunal Constitucional ha recomendado ahora la disolución del Consejo Legislativo. De hecho, el Consejo apenas ha estado activo desde que se estableció en 2006. Los arrestos del ejército israelí de miembros de Hamas y la negativa de Fatah a admitir su derrota electoral paralizaron el Consejo.
Después de la guerra civil de 2007 y el establecimiento del Gobierno dual, con Hamas en Gaza y la AP en Ramala, el Consejo nunca se reunió en Cisjordania, aunque sus miembros trataron de influir en las decisiones del gobierno y el debate político.
Los decretos presidenciales reemplazaron a las leyes. En Gaza, el Gobierno de Hamas [elegido democráticamente] se reúne con regularidad y aprueba las leyes que se aplican sólo a Gaza. El periodo legal del Consejo expiró en 2010, el mismo año que el de Abbas en la presidencia.
Sin embargo, la existencia continuada del Consejo Legislativo siempre parecía una vía para la reanudación de la actividad de las instituciones conjuntas en Cisjordania y Gaza, condición imprescindible para poner fin al enfrentamiento interno. Al anunciar la convocatoria en seis meses de las elecciones al Consejo Legislativo, Abbas no incluyo las elecciones presidenciales.
De todos modos, nadie cree que se celebrarán las elecciones en seis meses, y si tienen lugar, sólo tendrán lugar en el enclave de Cisjordania, pero no en Jerusalén o Gaza, lo que agravará la brecha.
Abbas ha dejado claro que ya no le importa guardar la apariencia de una separación de poderes y que la confrontación interna implícita no es una tragedia. Con sus aduladores en Fatah, está dispuesto a jugar su papel en la separación de la Franja de Gaza de Cisjordania.
Haaretz. Traducción: Enrique García para Sinpermiso. Extractado por La Haine.