La empresa cerrará el año con unas pérdidas calificadas por Sáez de "no como importantes, pero sí nos obligan a realizar ajustes para garantizar el futuro de la empresa".
Unos ajustes que tendrán dos consecuencias. En primer lugar supondrán el cierre de cuatro plantas situadas en Carcaixent, Torrent y Ayora, en la provincia de Valencia, y Casas Ibáñez, en la de Albacete, además de un recorte de 143 empleos en la fábrica de Benaguasil (Valencia). Esto se traducirá en 548 despidos.
La segunda secuela fue definida por Sáez como "externalización", un eufemismo que significa el traslado de más de la mitad de la actividad de confección de la empresa a Marruecos y Túnez, países donde los salarios son mucho más bajos. Los sindicatos han mostrado un rechazo rotundo a las propuestas de ajuste explicadas. CCOO y UGT de Valencia denunciaron que esta operación oculta "un proceso de desmantelamiento industrial". Los sindicatos celebraron ayer una reunión con la dirección del grupo en la que ésta ha confirmado que «efectivamente está preparando un plan de reestructuración que afectará fundamentalmente en el área industrial a la división de confección» y que, a juicio de los sindicatos, «va a ser de un alcance de repercusiones extremadamente graves sobre el empleo», informaron fuentes de ambos sindicatos.
Según los sindicatos, en el transcurso de esta reunión la empresa les ha comunicado que tendrá ultimado el plan en el mes de julio, y les ha emplazado a iniciar un calendario de reuniones a partir de la primera semana de este mes.
Sobre su contendio, el delegado de UGT Alfredo Sanmartín explicó ayer que no ha concretado nada, aunque la dirección sí se ha referido a que en este momento está manteniendo reuniones con diversas consultorias y empresas de planes de recolocación, al tiempo que se ha comprometido a resolver un problema que existe en la empresa con las antigüedades reales de los trabajadores.
Todos estos hechos hacen prever a los sindicatos «que la medida que se está preparando va a ser de un alcance de repercusiones extremadamente graves sobre el empleo». Según Sanmartín, puede ser «peor» incluso de lo que se ha publicado hasta el momento, por lo que, según dijo, podría afectar a más de 400 trabajadores.