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Continúan las movilizaciones populares en Perú
La Defensoría del Pueblo de Perú informó que estos días continuaron en varias regiones las medidas de protesta en contra del régimen de la presidenta golpista Dina Boluarte y en demanda del cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En un reporte publicado en su página web, la Defensoría indicó que registró 50 bloqueos de vías nacionales, además de movilizaciones, paralizaciones o bloqueos de vías en 18 provincias.
La entidad humanitaria mencionó que las protestas se llevaron a cabo sin que se registraran grandes eventos represivos de las fuerzas de seguridad.
Desde el comienzo de las protestas, el 7 de diciembre pasado, las fuerzas de rerpresión peruanas han atacado fuertemente a los manifestantes con un saldo de más de 60 muertos y cientos de heridos y detenidos.
Las organizaciones sociales habían convocado a movilizaciones y concentraciones para el 18 y 19 de febrero en Lima, la capital del país, que tuvieron gran asistencia de manifestantes; y para el domingo 26 en Arequipa.
La Defensoría señaló que, con base en estadísticas del Ministerio de Salud, al menos 1.298 personas han resultado heridas del 7 de diciembre pasado al 14 de febrero.
Este viernes entró en vigor el decreto impuesto por el régimen ultraconservador de la Municipalidad de Lima, que restringe las manifestaciones en el centro histórico de la capital. La norma aprobada por el Concejo Metropolitano prohíbe las marchas, concentraciones y manifestaciones públicas de carácter político.
Pero como se vio este fin de semana, la gente considera que tiene derecho a protestar y continúa manifestándose.
Por su parte, el colaborador de teleSUR en Perú, Jaime Herrera, indicó que la Misión de Solidaridad Internacional y DD.HH. concluyó que durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte el Estado habría cometido varios delitos.
De acuerdo con la Misión, entre los delitos que se habrían cometido están contra la vida, la integridad física y sexual, la libertad, la libertad de reunión y libre ejercicio a la protesta, contra la propiedad, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de peticionar ante las autoridades.
"Podemos señalar preliminalmente el carácter de lesa humanidad de estos delitos, ya que configuran un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población civil", precisó la Misión de DD.HH.