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"¿Dónde está el ajuste? No lo sé, yo no lo encuentro"
Vamos a tratar de ayudar al presidente. De acuerdo al Monitor de Ajuste del Gasto de la consultora Analytica, el gasto primario devengado mostró que en la tercera semana de enero hubo un descenso del 18,3 % real respecto del mismo período de diciembre y de 31,1 % en comparación con la misma semana de 2022. El economista Ricardo Delgado de la consultora explicó que “la caída estuvo enfocada en jubilaciones y pensiones debido a que el bono otorgado en 2021, tomado en pesos de diciembre de 2022, fue $ 6.000 superior al asignado para el trimestre diciembre, enero y febrero”. Una vez más, el Gobierno recorta a los sectores más vulnerables.
El año también había comenzado con una “decisión administrativa” -publicada en el Boletín Oficial- mediante la cual el Gobierno recortó $ 327.000 millones para políticas alimentarias y otros programas sociales.
Como detalló el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Políticas Alimentarias la baja en los fondos será superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y más de $ 30.000 millones no serán asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Según un informe de Emmanuel Álvarez Agis, en 2023 el Estado destinará un punto del PBI menos que en 2019 (año de ajuste macrista) para pagar jubilaciones, pensiones y ayudas sociales (10,4 % vs 11,4%).
Sigamos aportando datos al presidente. Según un análisis del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), a cargo de Luis Tonelli, los recortes pegaron un salto en los últimos tres meses del año pasado. En ese período, el gasto en jubilaciones y pensiones perdió un 10 % con la inflación, es decir, medido en términos reales, ya que creció a un ritmo del 74% anual, mientras que las asignaciones sociales descendieron un 13 % y los subsidios energéticos nada menos que un 44 % que tuvo como contraparte el impacto en la suba de las boletas.
En enero de este año parece no haberse detenido, más bien lo contrario.
Un informe sobre ejecución presupuestaria que elabora la consultora Analytica, que dirige Ricardo Delgado, estimó que “en la cuarta semana de enero el gasto primario real cayó 33,7% respecto de igual semana de diciembre, y 26,2% de un año atrás”, en base una proyección de microdatos oficiales. Los mayores recortes fueron realizados en Obra pública (-75,2%), Bienes y servicios (-66,1%), Programas sociales (-65,8%), Asignaciones familiares más Asignación Universal por Hijo (-48,3%) y Transferencias a provincias (-43,7 %).
El presupuesto 2023, que había sido diseñado por Sergio Massa en Washington, ya preveía importantes recortes en los gastos para el año en curso. Si se considera la inflación promedio para el año (75,7 %), la variación en los fondos destinados a “Promoción y Asistencia Social” incluían un descenso del 1,7 %. Mientras que lo destinado a “Vivienda y urbanismo” cae en términos reales un 4,6 %. Las jubilaciones y pensiones tienen previsto un recorte de 4,3 % para este año, que se suma al ya aplicado en 2022.
El Gobierno enfrenta la contradicción de cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y las elecciones en una situación de mayor degradación de las condiciones de vida de las mayorías populares y descontento social. Sin embargo, el oficialismo al poner en funcionamiento el Presupuesto 2023 ya decidió avanzar con el ajuste. Mediante una decisión administrativa recortaron $ 327.000 millones para políticas alimentarias y otros programas sociales en 2023. El objetivo es reducir el déficit fiscal primario desde el 2,4% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9 % del PBI comprometido con el FMI.
El plan económico de Juntos por el Cambio es mayor ajuste
La conducción nacional de Juntos por el Cambio (JxC) definió armar una mesa política y mantuvo su primer encuentro el lunes 6 de febrero. En la reunión acordaron un plan económico que contiene una mega devaluación, la eliminación de subsidios y la desestabilización de la actual gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía.
Según explicó Roberto Navarro en el pase en El Destape Radio con Roberto Caballero, van a hacer una fuerte devaluación y llevar el precio del Dólar Oficial al del Contado con Liquidación. “Ellos quieren eliminar la brecha pero sin sacar el cepo”, afirmó el conductor de Navarro 2023 luego de conocer los detalles de lo discutido en la mesa opositora.
De esta forma, llevarían el dólar que se utiliza para exportar de 190 pesos a 360 pesos. Una suba de aproximadamente un 90%. El plan económico, que junta las propuestas de Carlos Melconian y del equipo de Hernán Lacunza, fue aprobado por todos los sectores de Juntos por el Cambio, incluso los radicales.
Además, advirtieron que eliminarán todos los subsidios a las tarifas y buscarán bajar las cargas sociales. Por lo tanto, “el golpe de precios que se tendrá en los primeros seis meses de gobierno, va a ser brutal”, admitió Navarro. Con la eliminación de los subsidios, habría un aumento en las tarifas de luz y gas del 270%.
También desde Juntos por el Cambio aseguraron que postergarán los pagos de la deuda en pesos, sin definir de qué manera lo resolverán. “Están proponiendo un plan muy fuerte para el primer semestre y bombardeando el plan actual”, indicó Navarro.
“La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy y manifestó preocupación ante la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno, que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente. Asimismo, consideró que la situación será mucho peor que la recibida en 2015″, indicó la coalición opositora en un comunicado difundido tras la reunión.
También se hizo mención a la “entrega arbitraria de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino”.
“Ratificamos que esa decisión va a ser dejada sin efecto por un próximo gobierno de Juntos por el Cambio”, indicaron desde la mesa nacional.
La inflación se volvió a acelerar a 6 % en enero
Mientras Alberto Fernández plantea que se trata de un problema “autoconstruido”, la inflación se volvió a acelerar en el primer mes de 2023 y el Indice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) trepó hasta el 6 % mensual. De esta forma, el índice interanual (de los últimos 12 meses) acumula 98,8 %.
El 2022 había cerrado con un incremento de precios del 94,8 % anual, el nivel más alto en 32 años, desde 1991, que fue superado ahora por el dato de enero. Y en diciembre pasado el indicador ya había dado por encima del 5 % mensual, contradiciendo las perspectivas de Sergio Massa de desacelerar los precios.
De acuerdo al informe publicado el martes 14 por el Indec, "la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (9,0%), principalmente por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones, y del servicio de televisión por cable".
"Siguieron en importancia en términos de mayor suba mensual las divisiones Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (8,0%), impulsada en gran parte por el alza de las tarifas de servicios públicos, y Comunicación (8,0%), por las subas en los servicios de telefonía e internet".
Asimismo, "el aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,8%) fue lo que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división se destacó la suba de los precios estacionales de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. A su vez, aunque con menor alza que los anteriores, sobresalió la incidencia de Pan y cereales y Carnes y derivados", detalló el Indec.
Las perspectivas de precios para 2023 no son muy optimistas. En el mejor de los casos, los analistas privados prevén la continuidad de una inflación crónica en torno al 98 % anual y apenas una baja al 80 % anual en dos años, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. El gobierno insiste con la proyección de 60 % del Presupuesto (con la intención de atar los salarios), meta ficticia que ya empieza a derribarse en el primer mes del año.
Mientras el Gobierno propone algunos parches para limitar la suba de precios, basados esencialmente en programas de precios con empresas y supermercados como "Precios Justos", sigue implementando a rajatabla un programa inflacionario y de ajuste pactado con el FMI.
Los acuerdos de precios, si bien pueden tener algún efecto en ciertas góndolas, los resultados son muy limitados porque las condiciones las terminan poniendo las empresas. El Secretario de Comercio, Matías Tombolini, reconoció en una Comisión de Diputados que en el programa Precios Justos el nivel de cumplimiento de las empresas en relación al stock entregado fue entre el 50 y el 60 %.
Se difundió que 24 de las 30 empresas que participaron del programa incumplieron. Entre ellas, Fargo, Arcor, Danone, Pepsi, Las Marías, Johnson y Johnson, Nestlé, Unilever y Mondelez, entre otras.
El nuevo programa Precios Justos 2 no sólo permite una pauta de incremento de los productos que lo componen de 3,2% mensual hasta junio, sino que para un conjunto de casi 2.000 precios que quedarán "fijos" a partir de marzo, el Gobierno les autorizó una suba de 9 % en febrero. A esto hay que agregar que el alcance sólo abarca a grandes supermercados, no llega a comercios de barrio ni cadenas regionales, que son los lugares donde consumen a diario quienes tienen menores ingresos.
Más allá de las "fallas" del diseño o implementación, y fundamentalmente de no cuestionar el elevado nivel de ganancias de las empresas alimenticias y de productos de primera necesidad, estos acuerdos de precios actúan sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación.
El Gobierno no ataca los problemas de fondo que ocasionan la inflación, como la escasez de divisas (por los pagos de deuda pública y privada, la fuga de capitales, las maniobras de sobrefacturación de importaciones por los grandes grupos, etc.), el ciclo de altas ganancias empresariales o el atraso productivo.
Estos problemas tienen una raíz común en la orientación económica alrededor del acuerdo con el FMI. El propio programa del Fondo implica un contexto inflacionario utilizado para licuar partidas del gasto social y en la perforación de los salarios, en tanto que profundiza el problema de escasez de divisas ya que su acumulación tiene un fin privilegiado: pagar la deuda. Al tiempo que incluye una serie de recortes en subsidios económicos a las grandes empresas de servicios que se compensan con subas de tarifas a consumidores y la industria para no afectar las ganancias de las privatizadas, que alientan la suba de precios. Y habilita incrementos de precios de otros insumos básicos como los combustibles.
Tampoco enfrenta al poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar controlando el 40 % de esta rama.
En este contexto, es urgente una suba de emergencia del salario, las jubilaciones y de los programas sociales para recuperar lo perdido desde el 2015. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta de pobreza, en diciembre de $152.515, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $ 238.680 para diciembre.