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El Consejo de Ministros endurece la condena, no indulta, a Cándido y a Morala
En abril de 2007 Cándido y Morala fueron condenados a 3 años de cárcel y a 5.625 euros de multa en un juicio plagado de irregularidades que les llevó a la cárcel por intereses económicos y políticos del PSOE e IU, ambos en el Gobierno de Asturias y en el Ayuntamiento de Gijón y coordinados por el Delegado del Gobierno de Asturias, Antonio Trevín.
Las reivindicaciones y la lucha por la defensa de los puestos de trabajo en Naval Gijón fue considerada por estas autoridades como una actividad delictiva que habría de ser juzgada por la vía de lo penal asimilándola, además, a un delito de terrorismo. Por esta razón los tres años de condena deberían cumplirse íntegramente.
Semejante despropósito es la consecuencia del doble juego de las autoridades de la denominada "izquierda plural" del PSOE-IU, que aparentaban ser demócratas cuando actuaban de represores. Pero tanto Cándido como Morala se negaron a pedir el indulto y a pagar sanción alguna por considerar que en ningún caso la defensa de los puestos de trabajo puede ser objeto de manipulación y, en segundo lugar, por proclamar su inocencia acerca de los hechos por los que se les condenó. El juicio fue político y de escarmiento dadas las irregularidades que el juez cometió en su desarrollo, por la falta de pruebas y por lo viciado de todo el montaje que rodeó la situación.
El movimiento social generado fue importante y miles de personas, organizaciones y ayuntamientos apoyaron la petición de indulto. Ahora, más de dos años después, el Consejo de Ministros del día 18 de septiembre acuerda conceder el "indulto" y rebaja la condena de tres a dos años de cárcel, pero a condición de que abonen lo estipulado en la sentencia, es decir, el pago “de la indemnización a favor del perjudicado Ayuntamiento de Gijón en la cantidad de 5.625 €" o 180 días de arresto sustitutorio. Todo ello con la condición de que "no vuelvan a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años". Además de esta abierta coacción, resulta tragicómico que el Consejo de Ministros ordene el "indulto" el día 18, pero es comunicado por un Telegrama de Correos con fecha del día 17, un día antes.
Conocido este especial "indulto", el día 29 de septiembre la Plataforma Contra la Represión y por las Libertades se reune y acuerda exigir al Ayuntamiento que notifique por escrito que los acusados no tienen pendiente pago alguno y, al mismo tiempo, convoca a una concentración ante del Ayuntamiento (para el martes día 6 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza Mayor), y otra concentración para el día siguiente (miércoles 7 a las 10:00 horas en los juzgados de Poniente) ante la citación dada por el juez con objeto de "practicar diligencia judicial", acto del que se ignora qué consecuencias se pueden derivar y el alcance que puedan tener.
Hace poco más de dos años, el día 5 de julio de 2007, recibida la orden de Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Villabona, Cándido y Morala pasan al tercer grado y son puestos en libertad el mismo día. Pero al día siguiente, el 6 de julio, la juez que sustituye al juez Lino Rubio, quién dictó la sentencia y el auto de prisión, decreta la libertad provisional hasta tanto se resuelva la solicitud de indulto que ahora acaba de enviar el Consejo de Ministros. Queda por saber la respuesta al indulto solicitado ante el Tribunal Constitucional y su incidencia sobre la citada libertad provisional.
Si el Tercer Grado no fue suspendido por la libertad provisional dictada por la juez el día 6 de julio de 2007, entonces Cándido y Morala llevan ya más de dos años de la condena cumplida y continuarán en el tercer grado sólo unos meses más hasta cumplir los tres años. En caso contrario, y si además por otra parte, el Ayuntamiento de Gijón no concreta en qué punto se encuentra el pago de la sanción a las arcas municipales, el juez podría decretar ahora el ingreso en prisión en el plazo o en el momento que considere. En cualquier caso el Consejo de Ministros ha concedido un indulto envenenado que no hace más que agravar y sumarse a la condena en tanto que hace retroceder la actual situación, que es más ventajosa.
Sin duda que el informe del Delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y el del Ayuntamiento de Gijón mediaron para complicar y reprimir más, si cabe, la actual situación que no es otra que la necesidad de cargar contra cualquier movimiento de oposición, de un modo o de otro, como han estado haciendo hasta ahora. Acaban de cerrar Naval Gijón y el último astillero que quedaba, Juliana Constructora Gijonesa, ya tiene todos los requisitos para clausurarse, pues la empresa, la Administración Concursal y los propios sindicatos CCOO y UGT firmaron el 11 de agosto el despido de los trabajadores y el cierre del astillero, de modo que ahora, poco o nada queda que negociar que no sea atenerse a lo ya firmado a espaldas de los trabajadores por estos dos sindicatos que, incluso, forman parte del Consejo de Administración de Juliana con una retribución de 30.000 euros al año cada uno.
Queda, en cambio, el botín de toda esta gran maniobra especulativa en la que se han perdido miles de puestos de trabajo y en donde el presumible fraude de decenas de millones de euros está sin un sólo responsable que haya sido investigado, y menos sancionado, y quedan por "repartir" los casi 300.000 metros cuadrados de los terrenos ahora a disposición de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión Industrial, empresa pública), de la Autoridad Portuaria y de las recalificaciones que haga el Ayuntamiento de Gijón, pero todos ellos en manos del PSOE e IU, mayoría en el Gobierno regional y en el municipal, que han de sacar dinero para financiar el gran fraude 251 millones de sobrecoste en la ampliación de el puerto de El Musel y para otras grandes obras que apenas generan puestos de trabajo.
En la rueda de prensa celebrada en la mañana del miércoles 30 de septiembre, Cándido y Morala reiteraron que son inocentes de las acusaciones, que no pagarán ni un sólo céntimo y que en caso de tener que volver a la cárcel será responsabilidad y deseo de la coalición PSOE e IU del Ayuntamiento de Gijón y del Delegado del Gobierno Trevín. Ambos coinciden en calificar estas condenas como un acto más de represión para amordazar y atemorizar a cualquier movimiento laboral o social y que es lamentable que cada vez más se estén criminalizando los conflictos laborales que acaban en el juzgado de lo penal. Mientras, se cierran empresas y se pierden miles de puestos de trabajo sin ningún tipo de responsabilidad.