28 de mayo: las calles son nuestras

Con algunas modificaciones y luego de la gran revuelta que significó el año pasado esta lucha histórica para el feminismo, las esperanzas y las fuerzas están intactas y recargadas. La marea verde vuelve a tomar las calles.

En conmemoración del “Día Internacional de la Acción por la salud de las mujeres” y el aniversario 14° de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, este martes, se presentará, en el Congreso, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego de un 2018 con discusiones, debate y tratamiento en Diputados y Senadores, lxs cuerpos gestantes insistimos nuevamente en nuestro derecho a abortos libres y seguros.

Sobran los motivos para exigir esta ley: decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y vida; elegir nuestra proyección de vida y que la maternidad no sea el único camino; si tenemos una enfermedad que se agravaría con la gestación; o simplemente, y principalmente, porque NO es NO.

Sobre el proyecto

El nuevo proyecto aclara que una persona con un embarazo tiene el derecho de decidir voluntariamente y acceder a la interrupción del mismo hasta las 14 semanas y, luego de ese plazo, se puede acceder ante ciertas causales:
– Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente.
– Si estuviera en riesgo la salud integral o vida de la mujer o persona gestante.

Se establece un plazo de 5 días para la realización de la práctica desde que se hace la solicitud. Se deben garantizar prácticas seguras recomendadas por la Organización mundial de la salud (OMS) y respetar la privacidad durante todo el proceso.

En la primera consulta, el personal de salud que interviene debe suministrar información sobre distintos métodos de interrupción, los alcances y consecuencias de la práctica, y los riesgos de su postergación. Dicha información debe ser “objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica”, de tal manera que permita ser comprensible para asegurar una elección libre. En caso de ser necesario, el sistema de salud debe garantizar unx intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En caso de personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades. También se debe informar sobre métodos anticonceptivos previstos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La atención y el acompañamiento deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad desde una perspectiva de derechos. Toda la información provista se deberá reforzar por escrito mediante un consentimiento.

Ninguna persona podrá ser sustituida en el ejercicio de este derecho por terceras personas, independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica. La práctica deberá garantizarse por sistema público de la salud, obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicio médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias. Deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la IVE en todas las formas que la OMS recomienda.

Respecto de la niñez y adolescencia, el proyecto de ley es muy claro y hace síntesis de la normativa vigente. En caso de que la persona tenga entre 13 a 16 años, se presume que cuenta con la aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la ley. Si la persona que solicita el aborto es menor de 13 años, se exigirá la compañía de algunx de sus progenitorxs o representante legal.

El proyecto incluye el abordaje de políticas de salud sexual y reproductiva respecto de la Educación Sexual Integral (ESI). Explicita que el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las personas con capacidad de gestar a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer la autonomía. Serán incorporados estos contenidos en todas las instituciones educativas independientemente de la modalidad, entorno o ámbito. Deberán, además, capacitar sobre esta perspectiva y la diversidad sexual a todxs lxs adolescentes y profesionales, y otrxs trabajadorxs de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados, así como todxs lxs funcionarixs públicxs que actúen en dichos procesos.

Asimismo, se propone modificar el Código Penal en concordancia con la Interrupción voluntaria del embarazo y por causales, como así también se penaría al/la profesional “que obrare sin el consentimiento de la persona gestante a interrumpir la gestación; a quien dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados como así también quien con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo fuera notorio o le constare”.

Al finalizar, el proyecto de ley explicita que es de orden público, es decir, que debe ser aplicado en todo el territorio del país.

La calle ya está ganada

Desde que el senado rechazó el proyecto el año pasado, decimos que nuestra victoria en las calles fue masiva. Lo sabemos, porque ya no es tabú hablar de aborto. Lo sentimos, porque ahora no nos vemos presas de una decisión que no queremos tomar. Los cuerpos gestantes ya no cargamos con el estigma social del mandato natural.

Hace poco, una victoria nos dejó el sabor dulce de sentirnos hermanadxs y apoyadxs: Leandro Rodríguez Lastra, médico de Cipoletti, Río Negro, fue condenado por no respetar la libre y manifiesta decisión de una joven de abortar, obligándola a gestar con mentiras y engaños, haciendo uso de su poder implícito que le da el saber médico.

Estamos cambiando la forma en la que pensamos como sociedad el cuerpo, a las mujeres y cuerpos gestantes, a los derechos. Una ley no es para nosotrxs algo que nos desvela, sabemos que nuestra lucha está en la calle. Pero también sabemos que la ley habilita otros debates, otras estrategias, otras legitimidades y hacia eso vamos. Una ley que se cumpla a lo largo y ancho del país. Para que nadie nos diga que sabe más que nosotrxs sobre nuestra vida y destino.

A las 16 hs en el Museo de Antropología (Hipólito Yrigoyen 174) es la convocatoria en Córdoba. En todo el país, habrá pañuelazos y actividades. Se teñirá de verde todo, porque el aborto, más allá de lo que pase en el Congreso, es legal en las calles hace años.

Somos miles lxs que reclamamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Miles lxs que abortamos todos los años. Miles lxs que estuvimos en los encuentros de mujeres, en las vigilias el año pasado, en cada pañuelazo. Somos miles. Somos un movimiento que vino para quedarse. ¡Que sea ley!