Informe: Un tercio de exguerrilleros de las FARC opta por armarse

A través del acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el régimen del expresidente Juan Manuel Santos, Colombia trató de poner fin a un conflicto de medio siglo. Sobre la base del pacto, el país sudamericano convirtió a la exguerrilla en un partido político, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), garantizó bancas para sus candidatos en el Congreso y supuestamente iba a conceder amnistías para algunos tipos de delitos.

Como parte del mismo acuerdo, más de 6.000 combatientes de la exguerrilla depusieron las armas y solo unos 300 integrantes decidieron seguir en la clandestinidad. Todo esto según datos oficiales, ya que extraoficialmente se sabe que los miembros de la guerrilla eran muchos más.

Sin embargo, un informe confidencial de inteligencia militar, recogido este miércoles por la agencia británica de noticias Reuters, señala que el número de los remanentes de la extinta guerrilla, que opera en las selvas y montañas, creció hasta los 2.300, cifra que supone un drástico incremento respecto a los cerca de 300 que había a la hora de la firma del pacto de paz.

Los excombatientes volvieron a las armas ante los asesinatos de más de 100 de ellos, la inseguridad jurídica y el incumplimiento de los acuerdos por parte del narco-régimen. Así, el documento considera este aumento de las disidencias “un riesgo para la seguridad”.

Al respecto, Reuters ha citado a Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, quien ha advertido que “los exmiembros de las FARC enfrentan una creciente presión para unirse a grupos disidentes". Las acciones del régimen colombiano en contra del proceso de paz con las FARC, lo tienen pasando uno de sus peores momentos.

Conforme a la fuente, dirigentes del partido político de la FARC han alertado de que entre los motivos que llevan a muchos a volver a la clandestinidad figuran las trabas y demoras, o directamente incumplimientos, en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato por parte de policía, ejército y paramilitares de 139 excombatientes desmovilizados desde finales de 2016.

El actual narco-presidente de Colombia, Iván Duque, critica el acuerdo de paz y en su discurso de posesión de cargo, en agosto de 2018, señaló que haría “correctivos” al pacto. En el marco de sus intentos por introducir cambios en el convenio, Duque propuso el pasado 10 de marzo seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), norma que establece mecanismos jurídicos del mencionado acuerdo.

No obstante, la Corte Constitucional de Colombia objetó las reformas del presidente al pacto y ordenó a Duque que promulgue sin objeciones la Ley de la JEP. Pero el régimen demostró que no está dispuesta a acatar esos mandatos. Se vió con el escándalo que rodeó la detención ilegal del excomandante Jesús Santrich, su liberación por orden judicial un año más tarde y su nueva detención segundos después.

El pasado 20 de mayo, el excomandante de las FARC Iván Márquez tildó de un grave error el haber entregado las armas a un Estado “tramposo” como Colombia, sin haber esperado a que se cumpla lo acordado (https://lahaine.org/cB0R).