La Transición en el Estado español: 1970-1983 (II). El ?Juancarlismo? y las primeras elecciones

La sangrienta despedida de Franco

El 24 de abril de 1975 es detenido un dirigente de ETA, en una operación en la que la policía mata a otro activista de esa organización. Al día siguiente decreta un Estado de Excepción de 3 meses para sacar todo el partido represivo posible a la operación, en un momento en que se vivía una tensa situación política y numerosas protestas laborales.

Era el sexto estado de excepción que padecían Bizkaia y Gipuzkoa en los últimos años y sería el más duro. Las detenciones se sucedían y por ejemplo, el 8 de mayo en Bilbao la Plaza de Toros ha de ser habilitada como centro de alojamiento provisional para las 400 personas que esa noche serán arrestadas en una masiva redada. Además de esta actividad oficial, grupos de policías, militares, ultraderechistas y mercenarios comenzarán de forma coordinada a realizar acciones de guerra sucia, que van desde las palizas a abertzales hasta la realización de atentados con bomba o ametrallamientos contra propiedades de familiares de refugiados, librerías, bares...

Cuando en julio se levanta esta medida represiva el balance es desolador. Alrededor de 4.000 personas han sido detenidas, la mayoría de ellas torturadas, y otras 6 han fallecido por disparos de la policía en diferentes sucesos: un activista de ETA, dos colaboradores y 3 personas ajenas a la actividad armada. ETA Militar ha acabado con la vida de 6 policías en atentados o enfrentamientos y también con la de un confidente. Otras organizaciones como CCOO, PCE, ORT, MCE, LCR... han sufrido duros golpes.

En fechas cercanas al verano de 1975 se había anunciado la celebración de varios juicios militares contra militantes vascos, en los que se solicitaría la pena de muerte a varios de ellos: Ángel Otaegi y José Antonio Garmendia. Ante esta noticia, en junio decenas de miles de trabajadores salen a la huelga. Cuando la fecha del juicio se fija para el 26 de agosto las protestas se intensifican. El 28 de agosto se convoca una huelga general con seguimiento casi total en Bizkaia y Gipuzkoa y menor en Áraba y Navarra. Junto a la huelga se celebran numerosas manifestaciones y enfrentamientos con la policía en los barrios y pueblos.

El movimiento de huelgas y movilizaciones se prolongará varios días, durante los cuales serán detenidas más de mil personas y un número aun mayor serán despedidas de sus trabajos por secundar las huelgas.

El juicio contra Garmendia y Otaegi se realizó con la habitual falta de rigor y ambos fueron condenados a muerte. El 17 de septiembre, en medio de la vorágine de protestas y represión, y una incesante campaña de ametrallamientos de locales y explosiones en locales abertzales, se conoce que cinco militantes del grupo revolucionario FRAP han sido también condenados a muerte en otro juicio farsa. El día 19, Juan Paredez Manot, alias “Txiki” (detenido en la desarticulación del comando Barcelona de ETApm), es condenado a muerte en otro proceso sumarísimo.

El día 26 de septiembre, el Consejo de Ministros del Gobierno Español ratifica las condenas a muerte para Txiki y Otaegi (ETA) así como para Baena, Sánchez Bravo y García Sanz (FRAP). En las horas siguientes las manifestaciones, protestas e incluso intervenciones diplomáticas se suceden. Sin embargo, el régimen hace caso omiso de todas estas demandas y al día siguiente ejecutará las sentencias.

A partir de las ejecuciones las protestas se radicalizan. En numerosos países europeos se producen boicots contra productos de empresas de transporte españolas y varias delegaciones comerciales y diplomáticas son atacadas. Ante el asalto e incendio de a Embajada en Lisboa, España retira a su embajador, mientras 19 países retirarán temporalmente a los suyos del Estado español. En Euskal Herria la indignación se transforma en protesta y el mismo día 27 comienzan a improvisarse manifestaciones y huelgas, reprimidas a tiros por la policía. Finalmente se lanza una convocatoria oficial de huelga general para los días 29 y 30 de septiembre. El día 29 la huelga es muy amplia y al día siguiente es casi total. En el plano internacional, más países llaman a sus embajadores y el día 2 de octubre se celebra una jornada internacional de boicot a los productos españoles. Pero el golpe diplomático más duro viene al suspender el Mercado Común Europeo las negociaciones comerciales con España.

Acosado en todos los frentes, Franco trata de tomar oxígeno concentrando a sus simpatizantes el 1 de octubre en la Plaza de Oriente. Allí, el anciano dictador se da su último baño de masas flanqueado por el príncipe Juan Carlos.

Las ejecuciones habían generado una reacción que superaba tanto en Euskal Herria como en el extranjero a las del Proceso de Burgos. Las protestas diplomáticas habían alcanzado un nivel sin precedentes llegando a protestar por los fusilamientos organismos como el Vaticano, el Mercado Común Europeo o la propia asamblea de parlamentarios de la OTAN. El rechazo es general entre la intelectualidad europea, e incluso México presentó una moción en la ONU para expulsar a España de dicho organismo. El mismo día que Franco convocaba a sus seguidores en una demostración de adhesión en la Plaza de Oriente surgirá una nueva organización armada en el Estado español, los GRAPO, que entrarán en acción acabando con la vida de 4 policías en Madrid.

El gobierno de Arias Navarro había querido mandar con los fusilamientos un mensaje de firmeza ante aquellos que solicitaban una democratización del país, y también a los que desde dentro cuestionaban su continuidad. Pero esa fortaleza no existía, el Régimen carecía de los apoyos necesarios para su supervivencia, porque sus enemigos estaban crecidos y sus aliados divididos. El 30 de octubre, con la crisis política generada por los fusilamientos aún activa, Franco sufre un agravamiento de su estado de salud que obliga a su hospitalización y Juan Carlos de Borbón asumirá nuevamente la jefatura interina del Estado (Juan Carlos de Borbón asumió interinamente la Jefatura del Estado del 19 de julio al 2 de septiembre de 1974 y del 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975 por enfermedades de Franco).

Tras una larga agonía, el dictador morirá el 20 de noviembre de 1975. El príncipe Juan Carlos será designado Jefe del Estado y dos días más tarde proclamado rey. Pero el Estado español se encuentra en una encrucijada histórica y será escenario de una batalla entre diferentes sectores políticos que tratarán de imponer sus proyectos.

La primera opción es la de la continuación del franquismo sin Franco. La segunda, la de una reforma desde dentro para restablecer un sistema homologable en el contexto europeo, sin depuración de los crímenes de la dictadura y sin que los resortes de poder no oficiales se vieran transformados. La tercera alternativa pasaba por un corte real con el pasado dictatorial y la constitución de una verdadera democracia que respetase los derechos sociales de los ciudadanos del Estado, reconociese la pluralidad nacional y extirpara el fascismo de la vida política del país.

La primera era la opción del núcleo duro del régimen (sectores del ejército y de la Falange), que habían diseñado esta alternativa sobre la base de una bicefalia del Estado en la que el rey tuviera la autoridad simbólica y Carrero Blanco el poder real. Desaparecido Carrero, este sector fue incapaz de encontrar una figura que pudiera desarrollar ese papel para poner orden entre los sectores que habían sustentado al franquismo. Además, el contexto europeo no favorecía la pervivencia de un Régimen de estas características.

La segunda de las alternativas será conocida como reformista, y al proceso de su puesta en práctica como la Reforma Política. Aunque suponía una renuncia formal a muchos de los mecanismos a través de los que se expresaba el dominio de la derecha vencedora de la Guerra Civil, lo que desagradaba a muchos franquistas, las renuncias reales a cuotas de poder eran menores de lo que parecía y esta opción empezó a ganar el apoyo de franquistas moderados que entendían que sería imprescindible cumplir el adagio de “cambiar algo para que nada cambie”.

En torno a la tercera opción, que sería conocida como Ruptura, estaban agrupados inicialmente los principales grupos de la oposición al franquismo, que en el Estado eran el PCE y, en menor medida el PSOE, y en Euskal Herria ETA y el PNV. Pero la apuesta de muchos de estos grupos por la Ruptura democrática no duraría mucho.

El “Juancarlismo”

Tras la muerte de Franco los partidarios del “franquismo sin franco” controlan inicialmente la situación. El máximo referente de este grupo será el presidente de Gobierno Arias Navarro, pero este personaje no tiene ni el carisma ni la capacidad para desarrollar un papel tan complejo. Aun así, los planes de sucesión del dictador se ponen en marcha. Con Arias al frente del gobierno y Juan Carlos proclamado rey, la oposición comienza a denominar a esta nueva dictadura “juancarlismo”. A pesar de este control inicial, reformistas y rupturistas saben que este sistema tiene importantes fisuras que tratarán de explotar. El franquismo vive una guerra abierta entre sus facciones. La desaparición de Carrero cobra ahora su dimensión histórica. Sin una figura respetada por todos que sea capaz de hacer de nexo de unión, se imponen la fuerzas centrífugas que acabarán por disolver el núcleo del franquismo.

Los reformistas de dentro del régimen tratarán de convertir al rey en su adalid, para que sea él quien promueva la reforma que permita al Estado español ingresar en el Mercado Común y revitalice la imagen exterior de una España cuyo prestigio internacional ha tocado fondo con los fusilamientos de septiembre. Saben que sólo una evolución en este sentido va a dar al Estado español la estabilidad necesario para garantizar una hegemonía de los grupos de poder tradicionales sin que la crudeza de una dictadura abierta haga correr el peligro de que la potente, aunque aún controlable, actividad obrera desemboque en una amenaza revolucionaria o en una perenne inestabilidad. Igualmente entenderán que sólo un cambio en el enfoque al problema de la plurinacionalidad del Estado va a poder resolver la cuestión vasca sin una solución independentista. La lucidez de estos planteamientos hará que sean asumidos también por Washington., que moverá sus fichas para apoyar esta opción. Los reformistas consiguen colocar a varios de sus miembros en puestos clave, destacando la presencia de Fraga y Areilza en el primer Gobierno post-Franco y de Torcuato Fernández Miranda en la presidencia de las Cortes.

Pero la opción reformista irá atrayendo también a parte de las fuerza que habían reclamado una ruptura. Tanto el PSOE como el PNV van a comprender que el intento reformista necesitará del apoyo de grupos de la oposición para ganar credibilidad y entienden que la recompensa por asumir ese papel legitimador puede ser importante en términos electorales y de cuotas de poder que los reformistas acepten compartir. Por eso, en esos momentos de transición entre Franco y Juan Carlos, estos partidos, lejos de intensificar la presión para forzar un cambio político en profundidad, comenzarán a entablar contactos y negociaciones con los gestores del poder para sentar sus propias posiciones.

En Euskal Herria ninguna de las dos ramas de ETA (militar y político-militar) entiende que la situación haya cambiado sustancialmente y continúan con sus campañas armadas. ETAm elabora un documento en el que considera que sólo la ruptura con el franquismo puede traer una democracia liberal, escenario al que no se opone, pero que considera un paso intermedio hacia la consecución del socialismo.

Los acontecimientos de esos primeros meses sin Franco parecen dar la razón a las acusaciones de continuismo del Régimen. El final de año será sangriento ya que en el último mes de 1975, tres personas mueren por disparos de la policía en controles de carretera y un miembro desarmado de ETApm es abatido cuando trataba de escapar de la Guardia Civil, al tiempo que se recrudece la guerra sucia. A lo largo de 1975, 22 vascos morirían a manos de las FSE (Fuerzas de Seguridad del Estado), 11 de ellos militantes o colaboradores de ETA (varios de ellos ejecutados tras ser detenidos) y otros once ciudadanos muertos en controles, manifestaciones o en otras acciones agresivas de la policía. Decenas de personas han resultado heridas de bala en esas mismas circunstancias.

Las acciones de guerra sucia son constantes y del talante de sus instigadores dan cuenta la frecuencia de los ataque sufridos por las familias de refugiados vascos, la bombas contra el estanco de la familia de Salegi-Garai de Gernika dos meses después de que la Guardia Civil matara a ambos, o el ataque contra la familia de Txiki a cargo de dos individuos que irrumpieron en su casa cuarenta días después de que éste fuera fusilado. Las detenciones se cuentan por millares. La cárceles albergan más de 700 presos políticos vascos, la inmensa mayoría pertenecientes a ETA. A finales del año anterior los presos eran 245.

Mientras tanto en 1975 se forma el sindicato vasco LAB, así como otras organizaciones de la izquierda abertzale. La pluralidad de organismos que estaban surgiendo en la izquierda abertzale y la importancia de actuar de forma coordinada en esos momentos políticos trascendentales hacían que la opción de crear una plataforma de coordinación de estos organismos fuera ampliamente considerada. Así surge el movimiento organizativo más importante de la izquierda abertzale en esos años, la Kordinadora Abertzale Sozialista (KAS). El 1 de agosto de 1975 se presenta públicamente, y se definiría como “coordinadora permanente para la acción, que será al mismo tiempo una mesa de debate”.

A pesar de que la respuesta antirrepresiva se configura como el objetivo inicial, este instrumento demostrará tener un potencial que no se escapa a sus componentes, que deciden caracterizar a la nueva estructura como un marco de debate prioritario. Tras protagonizar diferentes acciones de denuncia antes y después de los fusilamientos, la coordinadora empieza a mostrar su perfil más político. El nacimiento de KAS permitirá a la izquierda abertzale aunar fuerzas en un escenario político que se mueve de forma vertiginosa.

En los primeros meses de 1976 los reformistas están ganando terreno. En el Gobierno de Arias Navarro la necesidad de activar ciertos cambios era ya unánimemente aceptada y los sectores en el poder sólo diferían en cuanto al alcance que deberían adoptar los mismos. Cuestiones como la libertad sindical o el asociacionismo político empiezan a ser frecuentemente citadas por los miembros del sector aperturista y tácitamente se estaban tolerando movimientos en estos ámbitos. Pero en el caso vasco persistía la unanimidad en cuanto a la aplicación de medidas únicamente represivas. Fraga, ministro de Gobernación y una de las cabezas del reformismo, daría muestra de este talante en marzo del 76, al afirmar con respecto a un tema tan simbólico como la legalización de la ikurriña que “jamás admitiré la bandera vasca mientras esté en el poder”.

En este contexto, ETAm hace público un análisis en el que subraya que “ni comunistas, ni anarquistas, ni nacionalistas, ni terroristas. Aquí en Euskadi Sur no entra nadie (...). La democracia que nos propone el Gobierno Español es una democracia para fascistas únicamente”. Estas conclusiones suponen la ratificación de la línea de confrontación con el Estado y de no aceptación de un proceso reformista que no rompa con la herencia del franquismo. Así, frente a un Gobierno que prohibía la ikurriña, la organización realizó varias acciones armadas que en sí mismas demostraban el carácter totalitario del Régimen: colocar ikurriñas con cargas explosivas adosadas, destinadas a estallar cuando fueran retiradas. Por este método ETA causó la muerte a 3 guardias civiles en diferentes acciones.

Además de estas acciones de gran carga simbólica, ETA decidió atacar al Régimen por la base de su estructura administrativa y , a comienzos, de 1976, pedirá a todos los alcaldes fascistas que dimitan bajo amenaza de ser ejecutados en caso contrario, y realizará varias acciones armadas en esa dirección.

La cerrazón del Régimen seguirá ahogando en sangre las reivindicaciones populares. El 3 de marzo de 1976 la policía cometerá en Gasteiz (Vitoria) la masacre que se salda con la muerte de cinco trabajadores y las heridas de varios centenares. La impotencia del poder para someter al movimiento obrero que desde hacía semanas estaba sacudiendo Araba en defensa de mejoras laborales se tradujo en un ataque contra los trabajadores que, reunidos en asamblea, debatían sobre la situación, en medio de una jornada de huelga en Gasteiz. Tras lanzar gases en la iglesia donde se encontraban los huelguistas la policía ametralló a los que salían del templo. La grabación de las conversaciones de la radio de la policía deja claro la intencionalidad del ataque: “Ya tenemos dos camiones de munición, eh. O sea que actuar a mansalva, y a limpiar. Nosotros que tenemos las armas, a mansalva. Y sin duelo de ninguna clase”.

Este suceso provocará una gran conmoción en Euskal Herria entera y abrirá una dinámica de movilizaciones y enfrentamientos en las calles del país que culminará con una huelga general el día 8 de marzo. En las semanas siguientes serán varios los fallecidos y heridos en manifestaciones y controles a manos de la policía.

Ante la creciente respuesta popular se reactivará nuevamente una guerra sucia que nunca había desaparecido.

Mientras en Euskal Herria se vive este clima de confrontación, en el Estado español comienzan a manifestarse síntomas de que algunas fuerzas de la oposición al franquismo van a aceptar la Reforma.

El inicio oficial de la Reforma

Arias Navarro será destituido de su cargo por el monarca el 30 de junio de 1976. Su incapacidad para poner en marcha las reformas que cada vez más franquistas veían imprescindibles para la continuidad de la esencia del régimen anterior, hacía necesario el cambio. El 3 de julio de 1976 es nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, que en esos momentos era el responsable del Movimiento Nacional. A diferencia de su predecesor, Suárez sí demuestra tener una idea clara de cómo ha de evolucionar la situación y de inmediato comienza a presentar su programa de actuación. El día 6 de julio, en una comparecencia televisiva anuncia que en diciembre de ese mismo año se someterá a referéndum una Ley de Reforma Política que sirva como eje vertebrador del proceso, contemplando la legalización condicionada de los partidos políticos. Junto a ello se promulgará un indulto limitado para presos políticos que prácticamente no afecta a ningún preso de ETA, al excluirse los delitos más penados de esta medida.

En los meses siguientes se prodigarán los gestos destinados a fortalecer este proceso. Las cúpulas policial y militar serían renovadas, aunque la eliminación de los militares más retrógrados de la primera línea no significó sino la sustitución por otros más adaptables a las circunstancias pero de igual tradición fascista. La transición controlada por el aparato franquista parecía avanzar tal y como habían previsto sus mentores.

La Reforma política no partía de una evolución autocrítica de la derecha española, son de un frío cálculo político. Una España aislada internacionalmente, fuera de las estructuras económicas y militares occidentales y sumida en una prolongada crisis económica, difícilmente podría hacer frente a los conflictos sociales y territoriales que la atenazaban. Aun así, un sector del franquismo era reticente a aceptar esta adaptación y aunque débil políticamente, su preponderancia dentro de las Fuerzas Armadas le hacía ser digno de tener en cuenta. La pervivencia de este sector es clave en la llamada Transición, por la permanente amenaza involucionista en la que se vive en este período. En realidad cualquier otro Régimen que no fuera el diseñado por Suárez no tendría ningún futuro político, pero a corto plazo un golpe militar podría hacerse con el control de la situación. Esta amenaza, que por un lado resultaba un condicionamiento para los planes reformistas, era también esgrimida por los gestores de la Reforma como coartada para no profundizar en determinados cambios democráticos.

Paralelamente continúan los contactos con los partidos políticos de cara a legalizar a aquellos que aceptaran estos planteamientos, lo que conlleva la paralización de las plataformas de oposición y un intento de cada formación política de mejorar sus propias posiciones. Los movimientos de Suárez consiguieron incorporar al proceso de reformas a casi toda la antigua oposición, exceptuando al PCE, a la izquierda radical y a los abertzales vascos, que seguían reclamando una completa ruptura democrática con el franquismo. Los partidos comunistas e independentistas habían quedado expresamente excluidos de la posibilidad de ser legalizados. Estos sectores constituirían el tercer bloque de una Transición que contemplaría así una pugna entre el bloque reformista, los involucionistas y los rupturistas. La profundidad de las reformas que finalmente se implementen vendrá determinada por la capacidad de cada uno de estos sectores para ganar posiciones.

ETAm en su publicación Zutik interpretará desde ésta óptica el inicio del proceso de Transición:

"Suárez (...) ha cambiado lo que había que cambiar con cualquier Gobierno que pudiera establecerse de acuerdo a las leyes fundamentales del franquismo, que no ha sido sino buscar adaptarse a la relación de fuerzas existente entre la oligarquía y los pueblos; relación cada vez más favorable a éstos".

Y es que, como acabamos de mencionar, el proceso de Transición sólo fue iniciado por los franquistas cuando consideraron que la dictadura estaba ya agotada y era incapaz de cumplir los fines para los que fue instaurada. Pero esta situación no se dio por evolución interna ni por iniciativas internacionales. Los cinco años transcurridos entre el Proceso de Burgos y los fusilamientos de 1975, plagados de violenta represión destruyeron ante el mundo occidental la imagen del franquismo como una dictadura amable y convirtieron en inaceptable para las opiniones públicas europeas el trato cordial con ese régimen. Indudablemente la máxima responsabilidad de ese descrédito recaía en la lucha de las organizaciones de izquierda del Estado, particularmente de Euskal Herrria y principalmente de ETA, que había sido quien además había asumido un mayor coste humano. A ello cabía sumársele el efecto acelerador del proceso motivado por la muerte de Carrero Blanco.

Pero ETA no ignora que el nuevo escenario requiere una estrategia diferente a la empleada durante el franquismo puro. Consciente de la importancia de la batalla ante la opinión pública ETAm no realizará ningún atentado mortal durante los primeros meses del Gobierno Suárez.

A nivel popular serán dos las reivindicaciones que alcancen mayor importancia en estos momentos. Por un lado empieza a constituirse un potente movimiento para reclamar la amnistía total para los luchadores contra la dictadura. Teniendo en cuenta que el gobierno de Suárez afirmaba estar poniendo en marcha un proceso de democratización, era lógico plantear que tal hecho no podía aceptarse mientras las personas que más activamente habían combatido la dictadura siguieran en prisión. Tras diversos movimientos de agrupación de sectores proclives a esta demanda, el 1 de junio de 1976 se presentarán públicamente las Gestoras Pro-Amnistía, como coordinadora de las cuatro gestoras provinciales de Euskadi Sur.

Por otro lado, cobra gran importancia el “movimiento de alcaldes”. La peculiaridad del sistema franquista de nombramientos hacía que en estos puestos se concentraran desde activos colaboradores de la represión antivasca hasta personas con sensibilidad abertzale. Estos últimos comenzaron a organizar un movimiento que, partiendo de la exigencia de la democratización de los ayuntamientos, terminaba por reivindicar el papel de los municipios en la reconstrucción institucional de Euskal Herria, retomando la importancia histórica que las instituciones locales habían tenido en este país.

Por otra parte, la decisión de ETApm de crear un partido político distinto de la organización armada parece demostrar que éstos por fin han reconocido la inviabilidad del modelo político-militar y en ETAm se empieza a pensar en la posibilidad de una reunificación, a través de la transformación del aparato político de los polimilis en un partido político y de la absorción de los milis de su aparato militar. En dos documentos enviados como aportación al debate preasambleario de los polimilis, ETAm esboza su propuesta basada en tres ejes: una única organización armada, un partido político obrero revolucionario abertzale surgido desde ETA y un Frente Popular Abertzale (independentista y antioligárquico) constituido a partir de KAS.

En este clima de acercamiento se produce el secuestro y asesinato del dirigente de ETApm Pertur por parte de la organización ultraderechista y parapolicial Triple A. Desde el inicio de esta campaña de guerra sucia, a mediados de 1975, hasta el final de 1976 se contabilizaron un total de 150 atentados ultraderechistas. Las siglas usadas para reivindicar los atentados, ATE (Anti Terrorismo-ETA), AAA (Alianza Apostólica Anticomunista) y a veces Guerrilleros de Cristo Rey, eran meras pantallas ficticias. La identidad de los arrestados (exclusivamente por parte de la policía francesa y sólo en situaciones de flagrante delito) y los efectos intervenidos (armas, documentos, números de teléfono...) demostraban que la guerra sucia estaba siendo desarrollada en paralelo por policías y guardias civiles y mercenarios a sus órdenes protegidos diplomáticamente desde España. Entre estos mercenarios se podían encontrar varios ultraderechistas italianos vinculados a la Operación Cóndor.

El cineasta Ángel Amigo, entrevistado en Gara por sus investigaciones sobre el asesinato de Pertur, señala:

"La ampliación de la Operación Cóndor de Pinochet a Europa y, en concreto a Euskadi, se materializa a través de una reunión que celebra el dictador chileno en Madrid, en el funeral de Franco, con el jefe de la DINA (servicio secreto chileno), que era el general Contreras, y un italiano que se denomina en clave como Alfa, junto a un policía español. Sistematizan todo un planteamiento en colaboración con los servicios de inteligencia españoles con la policía, para actuar contra ETA en el sur de Francia."

KAS: La alternativa vasca a la Reforma

A mediados de 1976, KAS anuncia su decisión de estrechar lazos entre sus organizaciones, constituyéndose en mesa de debate prioritaria para sus miembros y afirmando unos objetivos ideológicos comunes en la independencia, el socialismo, la reconstrucción cultural de Euskal Herria y el internacionalismo. Estos puntos recibieron el apoyo de las principales organizaciones políticas, sindicales y armadas de la izquierda abertzale.

La base de la alternativa fue una propuesta de siete puntos:

1.Establecimiento de libertades democráticas.
2.Amnistía.
3.Adopción de las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las masas populares y en particular de la clase obrera.
4.Disolución de los cuerpos represivos.
5.Reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, lo que conlleva el derecho del pueblo vasco a disponer con entera libertad de su destino nacional y a la creación de un estado propio.
6.Establecimiento inmediato y a título provisional de un Estatuto de Autonomía que surta efecto en Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia.
7.Constitución, en el marco de tal Estatuto, de un Gobierno provisional de Euskadi.

El día 27 de septiembre de 1976, las Gestoras pro-Amnistía y otras dieciocho organizaciones políticas convocan nuevamente a la huelga general en el primer aniversario de los fusilamientos de Txiki y Otaegi y en demanda de la amnistía. El éxito es abrumador y medios extranjeros hablan de que es el mayor paro en la historia del País Vasco. Pero la respuesta del Estado sigue siendo la misma: en la jornada de huelga del 27 morirá una persona por disparos de la policía en Laudio.

El clamor por la amnistía es tan amplio que Suárez, con la intención de calmar la situación, promulgará hasta tres indultos parciales a lo largo de ese año. Pero a finales de 1976 la ansiada amnistía total aun no se ha conseguido y serían aun 158 los presos vascos en prisión, precisamente aquellos que habían de hacer frente a las condenas más duras.

ETAm retomaría su actividad armada en octubre de 1976. Tras permanecer en silencio durante los primeros meses de Gobierno Suárez, y tras comprobar que ese tiempo no ha supuesto una mejora real de las libertades democráticas y civiles en el País Vasco, la organización armada realizará una contundente acción en Donostia el 4 de octubre, provocando la muerte de Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Gipuzkoa, miembro del Consejo del Reino y diputado en las cortes franquistas, que perecería junto a su chófer y a sus tres guardaespaldas tiroteado por un comando de ETA. Esta acción provocó centenares de detenciones y acciones de incontrolados en Donostia y otras localidades. En su reivindicación ETAm hará por primera vez una mención a la alternativa KAS como vía para la superación del conflicto armado:

"Finalmente proclamamos nuestra voluntad de continuar haciendo justicia revolucionaria ante cualquier acto de violencia ejercido contra nuestro Pueblo, y de continuar atacando a la monarquía imperialista española en tanto no se creen unos cauces constitucionales democráticos mínimos para la expresión de la voluntad popular vasca. Cauces democráticos mínimos que vienen configurados por los puntos programáticos de la alternativa anunciada por KAS." (Zutik 67)

Pero el Régimen seguía en su propia línea y en septiembre se presenta en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Política, que tras dos meses de debate será aprobado en noviembre. Con el visto bueno del Parlamento de Franco, la ley se somete a referéndum estatal el 15 de diciembre. La oposición en pleno decidirá reclamar la abstención, aunque en muchos casos sólo sea para guardar las apariencias. Aun así fuerzas como el PSOE o el PNV apenas realizan campaña, mientras que los actos abstencionistas son duramente reprimidos. El Estado moviliza todo su aparato a favor del Sí. Los reformistas superarían con éxito el primer gran reto de la Transición. El 15 de diciembre de 1976 la Ley de Reforma Política obtendría un aplastante respaldo en las urnas y además con la participación del 78% del censo.

Las condiciones antidemocráticas de la campaña, el ansia de cambio y la incapacidad de la oposición para hacer ver a la sociedad la necesidad de que ese cambio se estableciera sobre unas bases diferentes determinaron que el proyecto de Reforma recibiera un espaldarazo casi definitivo. En Euskal Herria, la tasa de abstención del 42% mostraba un trabajo productivo de apoyo a la ruptura con el franquismo, aunque también refleja los niveles de confusión de la sociedad.

En 1976 ETAm causaría la muerte de 14 personas y ETApm la del industrial Berazadi. Un total de 22 personas morirían en Euskal Herria a manos de las FSE o luchando en ETA, el mismo número que el año anterior. Pero en 1975 la mitad de las víctimas eran militantes o colaboradores de ETA, mientras que al año siguiente 17 de los fallecidos serían ciudadanos asesinados por participar en manifestaciones o en controles policiales lo que, unido a los centenares de herido y detenidos y a las decenas de atentados y ataques de incontrolados, demostraba que la transición política estaba significando un incremento de la represión en Euskal Herria, incluso con respecto a la etapa más dura de la dictadura.

El Estado también era consciente del pulso que se estaba jugando y sabía que el resultado final dependía de la correlación de fuerzas entre los sectores populares vascos y los del centralismo español. El 20 de diciembre de 1976 se decretará la desaparición del Tribunal de Orden Público, pero en ese mismo día nacerá otro tribunal de excepción, la Audiencia Nacional. La permisividad a la hora de crear nuevos medios de comunicación venía limitada por las actuaciones judiciales contra los que ejercieran ese derecho de forma incómoda, registrándose varios periodistas procesados y hasta encarcelados por verter opiniones inadecuadas, además de sufrir ataques de incontrolados.

Cada paso democratizador que los gestores del post-franquismo no decidan dar per motu propio deberá ser arrancado por los sectores populares. Eso sucederá por ejemplo con la legalización de la ikurriña. Fraga había afirmado a principios de año que eso no sucedería nunca, pero la campaña armada de ETA, unida a la imparable demanda popular, abrirían las puertas a la legalización de la enseña vasca. En septiembre la Guardia Civil había justificado los disparos que costaron la vida a Zabala en Hondarribia, basándose en que éste portaba una ikurriña. El 5 de diciembre de 1976, en un partido de la Real Sociedad y el Athletic saldrían al campo enarbolando una ikurriña, aun ilegal, ante miles de personas, demostrando que la demanda de libertad vasca desbordaba los cauces que pretendían imponerse. A principios de 1977 la ikurriña sería legalizada.

La encrucijada de las elecciones de 1977

El período que transcurre entre la celebración del referéndum de la Reforma y las elecciones de 1977 es uno de los momentos políticos más intensos y complicados de la historia de Euskal Herria. La pluralidad de agentes y de alternativas políticas y lo tenso de la propia situación, salpicada de momentos dramáticos, hace que se vivan unos meses de frenética actividad política. La certeza de que el siguiente paso tras al referéndum sería la convocatoria de unas elecciones generales, aún sin fecha, hace que muchos de los procesos políticos de ese momento se plantee como una carrera contra el reloj.

En el Estado español la Platajunta [organismo unitario creado el 26 de marzo de 1976, fruto de la fusión de la Junta Democrática de España (establecida en 1974 por el PCE y con la adhesión gradual de CCOO, PSP, PTE, ASA e independientes) con el organismo rival, Plataforma de Convergencia Democrática (establecida en 1975 por el PSOE, Movimiento Comunista, democristianos y socialdemócratas). Sus objetivos eran la amnistía, la libertad de asociación política y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes] se había transformado en la POD (Plataforma de Organizaciones Democráticas) en vísperas del referéndum de diciembre de 1976, sólo para seguir manteniendo su inoperancia, mientras los partidos negociaban su legalización por separado. La mayoría de ellos no tuvo problemas en aceptar las condiciones de la Reforma y sólo el PCE constituía un obstáculo serio por los recelos que provocaba en la extrema derecha la legalización de su bestia negra. Pero el PCE había entrado también en la senda del reformismo y abrazando la corriente denominada eurocomunismo [plantea una crítica a los errores de la tradición comunista y soviética, una voluntad de analizar las “novedades” de la estructura social, y una percepción de la “difícil viabilidad” de un horizonte revolucionario cercano en la Europa capitalista en la que vivimos; desde esos posicionamientos se opta por una lucha electoralista y parlamentaria] hacía tiempo que caminaba hacia su integración en el sistema.

Una última provocación de la ultraderecha, que en enero de 1977 atacó un despacho de abogados laboralistas cercanos al PCE en la madrileña calle de Atocha, causando la muerte a cinco de ellos, no movió al Partido de sus posiciones y convenció al Gobierno de la conveniencia de afrontar su legalización. En la Semana Santa de 1977 el Partido Comunista fue legalizado tras un pacto secreto. El Ejército impuso que el PCE se comprometiera a aceptar la bandera roja y amarilla, la monarquía y la unidad de España. Sólo las organizaciones revolucionarias y el independentismo quedaban excluidos de la participación en el nuevo sistema por mantener la bandera de la ruptura con la dictadura. Inmediatamente se fija la fecha para las elecciones: 15 de junio de 1977.

Previamente Suárez había organizado la Unión de Centro Democrático (UCD), partido que aglutinaba al franquismo partidario de la Transición. A su derecha quedaba la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga. La UCD contaba con todos los recursos propios del Gobierno en el terreno económico y el uso de los medios de comunicación, así como en la creación de estructuras organizativas. El histórico PSOE, que en esos momentos se presentaba aún como la alternativa de izquierdas, había sido legalizado meses atrás y tolerado desde hacía más tiempo aún, dada la clara sintonía de su líder, Felipe González, con el proceso de la Transición. Los demás partidos decían partir de cero, de la misma clandestinidad en la mayoría de los casos.

La inminencia de la celebración de las primeras elecciones desde la dictadura obligó a las fuerzas abertzales a establecer como prioridad la adopción de una estrategia conjunta ante las mismas. La cuestión inicial a dilucidar era si había que participar incondicionalmente o exigir unas condiciones previas. En caso de decidir participar, debería determinarse cómo articular esa participación. Pero a las diferentes visiones dentro de la izquierda abertzale se sumaban otros factores de complicación. A finales de 1976 un comandante de los servicios secretos españoles se había entrevistado en Ginebra con los miembros de la dirección polimili Erreka y Jesús Mari Muñoa. En esta reunión el militar propuso a los representantes de la organización armada la salida de los presos, la vuelta de los exiliados y la legalización de los partidos políticos a cambio del inicio de una tregua de 3 meses que daría lugar posteriormente al abandono de la lucha armada. Tras varios intentos infructuosos, los polimilis convencen a ETAm para que acuda a una reunión con este representante español y en ella se les formula la misma oferta.

El Gobierno español sabía que una vez superada la prueba del referéndum el principal escollo en sus planes era el foco vasco de inestabilidad y, especialmente, la actividad de las organizaciones armadas. Por eso trataba de ofertar como contrapartida al abandono de la lucha armada unas medidas que sabía que seguramente se vería obligado a adoptar ante la presión popular. Pero ETAm se limitará a transmitir al Gobierno una única cuestión: la oferta del Estado es inaceptable porque lo que ofrecen a cambio del cese de la lucha armada no son sino unas condiciones democráticas mínimas previas a cualquier negociación. La dirección de ETApm, sin embargo, parece más interesada en proseguir el diálogo y en los primeros meses de 1977 se producirán varios encuentros más, esta vez en Euskadi Sur. El secretismo de estos contactos provocará malestar en el interior de la organización.

Mientras se producen estos movimientos, la reivindicación de la amnistía cobra fuerza en las calles vascas. Desde el inicio del proceso de reformas el gobierno había otorgado varios indultos parciales, que supusieron la salida a la calle de centenares de presos políticos y la posibilidad de retorno de centenares de refugiados, pero a finales de 1976 quedaban 158 presos en las cárceles. El Gobierno se negaba a conceder una amnistía general que reconociera la ausencia de culpa en quienes se habían enfrentado a la dictadura. A partir del 26 de febrero la demanda de su liberación tomó cuerpo en la celebración de una semana pro-amnistía que sería escenario de multitud de actos. El 11 de marzo el Gobierno decretaba un nuevo indulto del que ya sólo quedaban excluidos los presos con delitos de sangre, en particular por significación pública, aquellos que habían recibido una pena de muerte luego conmutada, entre los que se encontraban los juzgados en el Proceso de Burgos. Para tensar aún más la situación el día 8 de marzo dos militantes de ETApm morirían acribillados en un control de la Guardia Civil y el día 12 de ese mes un mando de los Bereziak (ETApm) mataría en un atentado a un miembro de ese cuerpo militar, a pesar de que la dirección polimili había pactado con el Gobierno no responder a las muertes de sus militantes.

Con los contactos con el Ejecutivo y las crecientes movilizaciones como elementos de fondo, KAS abordará el debate para adoptar una postura común ante las elecciones. Para esta coordinadora la participación en las elecciones debería estar precedida precisamente por la amnistía y las libertades democráticas, las mismas medidas que el Gobierno estaba proponiendo a ETA para lograr el cese de la lucha armada, y cuya concesión estaba negociando en paralelo y en secreto la dirección polimili, y que al mismo tiempo se estaban exigiendo en las calles de forma masiva e incondicional. A pesar de las dificultades KAS conseguirá llegar a las cercanías de las elecciones manteniéndose unida en estas peticiones, aunque un sector abandonaría la coordinadora al mostrarse incondicionalmente contrarios a la participación.

Se crea la mesa de Xiberta, donde en la primera cita acudirían con delegaciones del máximo nivel ETAm, ETApm, PNV, el Grupo de Alcaldes Vascos, ANV, LAIA-bai, EKA, EHAS, EIA, ESEI, y ESB. Las delegaciones consiguen acordar un frente común en torno a las condiciones para participar en las elecciones, situando en el 15 de mayo la fecha límite para que se concedieran las libertades democráticas y la amnistía bajo advertencia de que en caso contrario no participarían en las elecciones. Con esta propuesta el día 10 de mayo una delegación se traslada a Madrid para entrevistarse con Adolfo Suárez, quien niega categóricamente la posibilidad de conceder la amnistía. El grupo de Xiberta emitirá un comunicado tras esta reunión, en el que proclama su voluntad de mantener una postura unitaria pero varias de sus organizaciones tienen otras intenciones.

El PNV, ya legalizado, había presentado sus listas electorales y para el Senado lo había hecho de manera conjunta con el PSOE. ETApm y EIA, funcionando en la práctica bajo un único equipo directivo, también estaban en contactos con el Gobierno para que se tolerara su participación. Aun así, se realizaron tres reuniones más, en las que se fue retrasando sucesivamente la fecha límite para decidir la participación. En medio de esta sucesión de ultimátums y con la tensión a flor de piel por la indeterminación de las posiciones en un momento tan crucial, se convocó una nueva semana pro-amnistía entre los días 8 y 15 de mayo, con la reclamación de la libertad para los 42 presos políticos que aún permanecían en prisión.

En esta ocasión la respuesta policial fue tan brutal que puso en peligro todo el proceso político en Euskal Herria. En medio de una oleada represiva contra todas las movilizaciones, siete personas fallecerían en esa semana, seis a manos de la policía y la séptima atropellada al intentar retirar una barricada. Las circunstancias de algunas de estas muertes son escalofriantes. Gregorio Maritxalar fue abatido mientras paseaba por las calles de Errenteria por un guardia civil que le disparó con un fusil de mira telescópica. Manuel Fuentes fue apaleado hasta la muerte por guardias civiles que atacaron a su cuadrilla mientras celebraban una despedida de soltero en Ortuella. Francisco Javier Núñez fallecería intoxicado tras ser obligado por agentes de paisano a beber aceite de ricino mezclado con cognac tras interponer una denuncia en el juzgado de Bilbao por una agresión previa de la policía...

Estos acontecimientos encendieron todas las luces rojas. A la brutal represión de las manifestaciones se añadía el terror que las bandas de “incontrolados” desataron en varias localidades vasca con sus ataques indiscriminados a la población. Tanto PCE como PNV pidieron no secundar más manifestaciones, demostrando que temían la respuesta popular que se estaba organizando. El Gobierno se vio obligado a un último movimiento para quitarse presión, pactando con varios abogados vascos la excarcelación de la mayoría de los presos bajo la fórmula de la expulsión a terceros países, medida que se denominó “extrañamiento”. Los principales condenados del Proceso de Burgos fueron expulsados a Bélgica el 21 de mayo y en días posteriores otros grupos serían destinados a Austria, Dinamarca y Noruega.

Pero aún quedaban 21 presos políticos vascos en las cárceles y los partidos independentistas no habían sido legalizados. Las condiciones de amnistía y libertades democráticas no estaban cumplidas.

Se barruntaba que los grupos moderados (PSOE, PNV y UCD) serían los más votados en esas primeras e históricas elecciones después de 40 años de dictadura, pero en Euskal Herria estaba en juego la hegemonía en el espacio que quedaba al margen de estos partidos y que se intuía iba a ser amplio y decisivo. La forma que tomara ahora la atomizada izquierda abertzale iba a quedar condicionada por esos comicios y los polimilis priorizaron sus intentos de obtener la hegemonía en ese espacio a la consolidación de un bloque amplio de defensa de la Ruptura con el franquismo.

Así mientras, vencido el último plazo, los candidatos afines a KAS se retiraron de las listas de la coordinadora Euskadiko Ezkerra, que se había articulado como una amplia plataforma abertzale en coalición con el MCE, los de EIA se mantuvieron. Esta decisión supuso también la ruptura de facto de ETApm ya que los bereziak no la secundaron, pidiendo la abstención, decretando la expulsión de la dirección polimili e iniciando en el mes de mayo una ofensiva que se cobró la vida de un policía en Donostia. El 20 de mayo este grupo secuestró a Javier Ibarra Bergé, uno de los máximos exponentes del núcleo duro de la oligarquía franquista que había ostentado entre otros cargos, los de alcalde de Bilbao, presidente de la Diputación de Bizkaia y diputado en Madrid. ETAm por su parte, una vez tomada la decisión junto a LAIA y EHAS de no participar en las elecciones, desarrolló una potente campaña armada entre los días 5 y 15 de junio realizando un total de 34 acciones armadas, la mayoría voladuras con explosivos de objetivos logísticos y simbólicos. El militante Josu Basañez perdería la vida en Barakaldo al explotarle el día 14 de junio el artefacto que iba a colocar.

El 15 de junio de 1977 se celebró la esperada jornada electoral deparando unos resultados que configuraban un mapa político de enorme complejidad. En el estado, la victoria fue para la UCD de Suárez (166 escaños), seguida por el PSOE (118). La Alianza Popular de Fraga (16 diputados) y sobre todo el PCE (19) fueron los grandes derrotados. Este último partido había sido el principal movimiento de oposición al franquismo y contaba con un formidable aparato militante y una posición dominante en el mundo obrero, lo que había alimentado sus expectativas. Pero el PSOE de González había recibido multitud de apoyos desde diversos ámbitos y finalmente había conseguido erigirse en la principal alternativa a UCD.

En Euskal Herria quedaron consolidados tres grandes bloques políticos. La derecha española (UCD-AP), el centro-izquierda español (PSOE) y el centro derecha vasco (PNV), cada uno de ellos con algo más de 300.000 votos. El PC vasco obtuvo 50.000 votos. La izquierda revolucionaria estatal (ORT y LKI, principalmente, ya que el MCE se presentaba en la coalición EE) no obtuvo apenas respaldo. La izquierda abertzale salió de las elecciones dividida y debilitada. La abstención reclamada por KAS había sido mínima, dado el deseo de votar de la ciudadanía y la imposibilidad material por problemas de tiempo y de ilegalidad de realizar una campaña potente en esa línea. En cuanto a las formaciones que se presentaron los resultados fueron igualmente decepcionantes. ANV y ESB lograron unos pobres resultados, especialmente los primeros. EE logró un total de 90.000 votos, suficientes como para hacerle aparecer como la principal alternativa a los tres grandes bloques de partidos del sistema, pero lejos de aglutinar el voto de la izquierda abertzale. Aun así, estos resultado le proporcionaban un senador y un diputado por Gipuzkoa. Los acontecimientos venideros demostraría que la ausencia de visibilidad electoral del espacio político identificado con KAS se debía más a las peculiares circunstancias que rodearon estas elecciones que a la inexistencia de un amplio espectro sociológico identificado con sus planteamientos.

Ruptura en ETApm

El ciclo político que desembocó en las elecciones de junio de 1977 había sido complicado para todos los agentes políticos y las tensiones en el interior de ETApm provocan una fractura. Los Bereziak (ETApm) deciden en mayo de 1977 poco antes de las elecciones expulsar a la dirección de ETApm y constituir una organización que reclamaría para sí la sigla ETA, por lo que durante unos meses tres organizaciones armadas convivirán en Euskal Herria usando la denominación ETA: ETAm, ETApm y los Bereziak.

Tras las elecciones llega la hora de los balances y de los reajustes de las líneas de intervención de cada organización en función de la valoración de los resultados. Para ETApm los comicios han supuesto un respaldo importante a la legitimidad del nuevo Régimen y obligan a una readecuación en los objetivos. La consecución de un Estatuto de autonomía ha de situarse en el primer lugar de la lista de prioridades en detrimento de otras reivindicaciones y la lucha armada debe ser el complemento de la dinámica de movilización social en la que los polimilis elegirán al PNV y al PSOE como compañeros de viaje, al haberse posicionado estas fuerzas a favor de la reivindicación estatutaria.

Para los Bereziak la prioridad será la reunificación con ETAm. Convencidos de que la sintonía entre ambas organizaciones hace inevitable esa confluencia, no tratan ni siquiera de estructurar su organización más allá del aparato militar y con unas mínimas adecuaciones seguirán funcionando durante unos meses de forma autónoma. Su análisis político es contundente y se centra en la constatación de que después de las elecciones los aspectos más represivos, en forma de violencia policial y falta de libertades, no han variado y además de no haberse otorgado una amnistía real la pervivencia de la situación de confrontación va a provocar que las cárceles, casi vacías de prisioneros políticos, vuelvan a llenarse.

Mientras tanto, en verano de 1977 el Gobierno se centrará en un asunto de vital importancia para la subsistencia del proceso reformista, la elaboración de un pacto entre todas las fuerzas políticas que diese estabilidad a la situación política y económica.

Las Cortes surgidas de las elecciones no tenían encomendada expresamente la redacción de una Constitución. Sin embargo, tanto la oposición como parte del Gobierno entendían que era imprescindible dotar al Estado de un nuevo marco legal que sustituyera al entramado jurídico franquista. Entre tanto seguía en vigor la legislación anterior provocando serias distorsiones políticas. Más grave aún era la situación económica. Desde 1973 el mundo occidental vivía sumido en la llamada Crisis del Petróleo. Ésta había provocado que las economías europeas, que habían recibido el excedente laboral español, dejaran de absorber mano de obra e incluso que muchos emigrantes tuvieran que regresar al Estado español, lo que supuso el ascenso del paro y la disminución de los ingresos en divisas. La inflación estaba disparada llegando a alcanzar cifras en torno al 40%. Fenómenos como el fraude fiscal y la evasión de capitales se habían incrementado.

Ante esta situación de crisis política y económica, Suárez pretendía llegar a un acuerdo con los principales agente políticos para dar estabilidad a la Transición y, tras las elecciones, inició negociaciones con los principales agentes. Este proceso fructificó en los llamados Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977 por UCD, PSOE, PCE, AP, PNV, CCOO y otros partidos. En el ámbito político, apartado que no suscribió AP, se eliminaban algunos de los aspectos más chirriantes de la legislación franquista [entre otras medidas quedaba prohibida la censura previa; se regularon los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión; se creó el delito de tortura, se reconoció la asistencia letrada a detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se disolvió la estructura del Movimiento Nacional, se restringió el alcance de la jurisdicción penal militar]. En el terreno económico, el fundamental, se acordaba el mantenimiento de los pilares del sistema capitalista, con la renuncia implícita de las organizaciones de izquierda de desarrollar política revolucionaria, adoptándose medidas de carácter reformista que hacían recaer el mayor esfuerzo en la clase trabajadora.

Con las espaldas cubiertas por estos pactos, que suponían la renuncia expresa de la izquierda española a la ruptura con el franquismo, Suárez trató de cercenar las aspiraciones políticas vascas. Su principal objetivo pasó a ser la separación de Nafarroa del resto de Euskal Herria. El 23 de septiembre de 1977 partidos navarros que representaban el 60% de los votos en las últimas elecciones, entre los que se incluía el PSOE, criticaban la actitud de UCD en Navarra y afirmaban que ésta era parte del País Vasco. A partir de noviembre la UCD comenzará a buscar el apoyo del PSOE para que asuma la separación de Nafarroa del resto de Euskal Herria e igualmente, desde una perspectiva de Estado, se solicitará al partido de Felipe González que acepte frenar la profundidad de la autonomía que, inevitablemente, va a tener que concederse a Euskal Herria.

En paralelo a estos acontecimientos, la izquierda abetzale realizaría varios movimientos de enorme calado político y gran repercusión. El 24 de septiembre de 1977 había culminado el proceso de convergencia entre ETA militar y los Bereziak. El comunicado emitido tras la fusión dará satisfacción formal a ambas partes al afirmar que la lucha armada estará orgánicamente separada de la actividad política pero deberá ser practicada de forma tan identificada con la lucha popular que su concepción ha de ser político-militar.

Dos días después de la fusión, su anuncio público fue la noticia de portada del primer número del diario EGIN. Este periódico suponía un nuevo modelo de hacer prensa, no sólo en el Estado sino en toda Europa, ya que su propiedad correspondía a miles de personas que habían suscrito un programa popular de compra de acciones que permitía al diario mantener una plena independencia política, ajeno a cualquier grupo económico.

El 24 de octubre de 1977 se presentaría la Mesa de Altsasu, que agrupaba a la totalidad de las fuerzas políticas que constituían la izquierda abertzale desde la socialdemocracia al marxismo leninismo (KAS, LAIA y HASI y las independientes ANV, ESB y EIA). Los firmantes se comprometen en su manifiesto fundacional a luchar por “la reconstrucción del socialismo en una Euskadi libre, reunificada y euskaldun”. Su objetivo es crear una potente una coalición para las próximas elecciones municipales, de fecha aun sin determinar, pero cuya realización se considera urgente para poner fin a los restos de la dominación franquista en las instituciones locales. Pero el manifiesto va más allá, al afirmar que esa coalición debe ser “una alternativa al poder central y a la política de quienes le apoyan y pactan con el”. Además, el documento avanza la opinión de los firmantes sobre el Estatuto de autonomía, rechazando cualquier texto que separe a Nafarroa o se sustente en los resultados de las elecciones de junio. Otros apartados del manifiesto configuran una opción programática muy cercana a la alternativa KAS.

Por su parte, tras las elecciones ETA se había mantenido a la expectativa sin realizar prácticamente ninguna acción armada. Pero ahora cree que este silencio puede ser interpretado como una señal de debilidad o de acuerdo con el proceso política. Además la frenética actividad de los nuevos parlamentarios hace que la atención se focalice en los movimientos institucionales y ETA piensa que hay riesgo de que ese protagonismo termine por frenar la movilización popular. Cerca del Día de la Hispanidad de 1977, ETA lanzó una potente ofensiva que comenzó con la muerte en atentado el 8 de octubre del presidente de la Diputación de Bizkaia, Augusto Unzeta y dos de sus escoltas. Unzeta había sido uno de los pilares de la dictadura y había llegado a nombrar a Franco como hijo adoptivo de Gernika.

A esta acción le siguieron otras contra instalaciones oficiales y militares, así como contra la vida de policías y militares. Tras el inicio de esta ofensiva ETA aclarará su lectura de la situación, no oponiéndose al Estatuto de autonomía pero opinando que este debe tener unos contenidos mínimos:

“Cualquier forma estatutaria que no recoja los puntos de KAS, en vez de construir un progreso hacia la independencia y el socialismo, puede resultar un narcótico capaz de frenar la lucha de nuestro pueblo, ineficaz para solucionar alguno de los graves problemas que nos afectan”.(comunicado)

.

Compilación del libro "ETA 1958-2008. Medio siglo de historia", del autor Iker Casanova (www.txalaparta.com). Notas de Wikipedia y Gara. Trascrito y extractado por Grupo PFP para La Haine.org

.

Entregas anteriores:
La Transición en el Estado español: 1970-1983 (I). Del proceso de Burgos a la Operación Ogro