La Transición en el Estado español: 1970-1983 (y V). Del golpe del 23-F a los GAL

El golpe

El 23 de febrero de 1981 a las seis de la tarde, dos centenares de guardias civiles, al mando de un veterano de la “Guerra del Norte” (que fue Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa), el teniente coronel Antonio Tejero, asaltan el Congreso de los diputados español, donde los miembros de las dos cámaras del Parlamento estaban reunidos para asistir a la sesión de investidura del sucesor de Suárez en la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Ha llegado el golpe. Los capitanes generales del Ejército dudan ante esta maniobra y sólo Milans del Bosch sacará los tanques a las calles de Valencia. En Madrid la unidad más importante del Ejército español, la división acorazada Brunete realiza movimientos contradictorios. El rey, tras reunirse con la Junta de Jefes del Estado Mayor y ordenar la creación de un Gobierno provisional a los secretarios de Estado, pide públicamente a los militares que no secunden el golpe. A lo largo de la noche la normalidad retorna a las calles y al mediodía del día siguiente los asaltantes del Congreso se rinden.

En Euskal Herria, direcciones y militantes de partidos políticos habían pasado en buena medida a la clandestinidad y numerosos archivos se habían destruido, en previsión de lo que pudiera pasar si triunfaba la sonada. Tales precauciones no eran desproporcionadas pues más tarde se supo que, tal y como se preveía, los golpistas tenían previsto tomar numerosas represalias contra el movimiento abertzale, habiendo elaborado una lista de doscientas personas a detener y fusilar en caso de hacerse con el poder. (Deia, 27/08/82)

Las interpretaciones de este acontecimiento son múltiples y las circunstancias que lo rodearon aún no han sido completamente aclaradas. Parece haber un consenso sobre que el plan de Tejero era el que menos posibilidades de prosperar tenía entre varios complots que se estaban diseñando en esos momentos. Hay quien opina que Tejero y su grupo de extrema derecha simplemente se entrometieron motu propio, abortando una opción muy seria que se estaba forjando en torno al general Armada para instaurar un Gobierno mixto civil y militar de concentración bajo su mando. Para algunos, sectores del Estado deseosos de neutralizar la amenaza golpista permitieron el golpe de Tejero para que el fracaso del mismo y la reacción posterior desactivara intentos más serios como el de Armada. Para otros, Tejero fue utilizado por los militares como advertencia para, sin llegar a comprometerse en instaurar una nueva dictadura de dudosa viabilidad, demostrar que el Ejército seguía siendo el árbitro de la situación. Ésta es la lectura que realizará ETA:

“Siempre y cuando se acate la autoridad y se respeten los sacrosantos principios de la Unidad de la Patria y el Sistema establecido a raíz de la rebelión militar de 1936, el Ejército se mantendrá en una posición meramente arbitral en el orden institucional y constitucional. Si dichos principios son puestos en duda o el modo de garantizarlos no concuerda con la firmeza que en cada caso se requiera, el Ejército Español está claro que abandonará su talante de fuerza disuasoria para convertirse en fuerza actuante. Intentando, eso sí, mantener invariable la legalidad monárquica y constitucional que brinda cobijo especial e imagen 'democrática', pero también, si fuera necesario, descargando su espada de Damocles sobre una parte de dicha legalidad como ha sucedido el día 23 de febrero”.

Lo que sí está más claro es cuáles fueron las consecuencias de este episodio. La figura del rey queda fuertemente reforzada y una monumental campaña de glorificación lo presenta como el paladín de la democracia, lo que aumenta su capacidad de incidir en las fuerzas políticas, paradójicamente en beneficio de las tesis militares. En cuanto a los temas candentes, el nuevo Gobierno de Calvo Sotelo demostrará haber tomado nota de la advertencia y afronta una política endurecida en las dos cuestiones que más preocupaban a los militares, la cuestión autonómica y la lucha anti-ETA.

La legislación antiterrorista se amplía y se refuerza el MULC (Mando Único de la Lucha Contraterrorista) en el que los militares ganan peso. Este órgano pasa a ser una estructura que, casi con plenos poderes, agrupa a todos los sectores de la lucha anti-ETA y pasa a tener un control casi absoluto en la materia. En su dirección se situará el comisario franquista Manuel Ballesteros, implicado en numerosos asuntos relacionados con torturas y guerra sucia. Un mes después del golpe se da al ejército la posibilidad de intervenir abiertamente en el conflicto, aunque en tareas auxiliares de vigilancia de fronteras. Las Compañías de Operaciones Especiales se despliegan en las zonas de montaña de la frontera mientras siete patrulleras se encargarán de vigilar los movimientos que en esa época realizaba ETA en las costas. Igualmente se implicó a los altos mandos en los organismos directivos de la lucha antiterrorista. Otra medida militarista fue la decisión de Calvo Sotelo de solicitar el ingreso del Estado español en la OTAN. El 29 de octubre de 1981 tal decisión se aprobaría en el Congreso español con los votos favorables del PNV y el 30 de mayo de 1982 se formalizaba el ingreso en la alianza militar.

En el ámbito internacional, el Gobierno trató de aprovechar las muestras de solidaridad despertadas por el golpe para recabar alianzas en la lucha contra ETA y tratar de asentar la imagen democrática del Estado. El Estado español consiguió ser designado sede de una larga ronda de negociaciones de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Igualmente se aceleran las negociaciones para el ingreso en el Mercado Común Europeo.

En el terreno autonómico, el fruto más evidente del golpe fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) con la que UCD y PSOE, además de ordenar el proceso de creación de autonomías, ponían freno a las lecturas generosas de los Estatutos. En un proceso de acuerdos que se prolongó entre marzo y junio de 1981, los dos partidos estatales conforman un diseño autonómico a su medida que provocará el rechazo frontal de las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. El proyecto es tan restrictivo que el propio Tribunal Supremo español derogará más tarde gran parte de su articulado y abre un ciclo de abierta confrontación entre PSOE y PNV, que se distanciará dialécticamente de Madrid y convocará grandes manifestaciones contra la LOAPA, la mayor en octubre de 1981. La participación del PSOE en esta ley es la culminación de su giro centralista, que junto a otras medidas regresivas en el ámbito social, contribuirán a reforzar ante los poderes fácticos la imagen del PSOE como partido de recambio capaz de garantizar un Gobierno sólido tras la decadencia de UCD.

En torno al espacio de la lucha antinuclear girará la dinámica de ETA durante buena parte de 1981 y 1982. En octubre de 1981 el PNV se había posicionado por primera vez de forma expresa a favor de la central de Lemoiz. Esta postura dejará perpleja a parte de su base social que se había opuesto de forma natural a la amenaza nuclear. El objetivo de la dirección jelkide era que se permitiera acceder al Gobierno vascongado al control de la gestión de la planta y construir un sector vascongado de la energía. Por otro lado, personas cercanas al PNV estaban tomando posiciones en el conjunto del sector energético, que era un negocio de enormes proporciones. La muerte del ingeniero Ryan, así como el abandono de sus puestos de numerosos técnicos tras las amenazas de ETA, habían ralentizado las obras de la central, retrasando su puesta en marcha. Pero ahora el PNV parecía decidido a dar un impulso a las obras y a prestar la cobertura política necesaria para la puesta en marcha del proyecto.

A principios de 1982 la apertura de Lemoiz empieza a sentirse inminente, por lo que los actos de oposición se multiplican. Los apagones y estruendos colectivos, así como el impago de recibos a Iberduero, se convierten en manifestaciones de desobediencia civil contra la energía nuclear. ETA también intensificará su campaña con decenas de atentados (en agosto de 1981 Iberduero afirmaba que ya había sufrido 250 atentados, a los que habría que sumar caso otro centenar en los meses siguientes). Será precisamente una acción de la organización armada la que dé finalmente al traste con los planes de nuclearización de Euskal Herria. El 5 de mayo de 1982 sería tiroteado y muerto el ingeniero ángel Pascual, director de la central. Cinco días más tarde los responsables técnicos de la planta anuncian su retirada definitiva de la obra mientras permanezcan las “actuales circunstancias”. El día 12 Iberduero paraliza las obras. Aunque el Gobierno central tratará de asumir la dirección del proyecto, éste ya no se retomará ante las reticencias de Iberduero. Hasta que la decisión no se haga firme con una moratoria nuclear en octubre de 1983, ya con el PSOE en el poder, ETA realizará varias acciones más contra esta empresa.

El cierre de Lemoiz había costado numerosas vidas a trabajadores de la central [en marzo del 78 ETA colocó una bomba en el interior de la central que a pesar de los avisos no fue desalojada, causando la muerte a dos obreros; lo mismo ocurrió en junio de del 79, causando la muerte de un obrero más. Estos hechos llevarán a ETA a la conclusión de que esa actitud de no desalojar las obras a pesar de las advertencias es premeditada y busca poner a la organización en la tesitura de abandonar esta estrategia o asumir causar víctimas entre los trabajadores. ETA elegirá la primera opción y a partir de entonces desistirá de intervenir en el interior de la central para pasar a atacar directamente a responsables de la obra e intereses de Iberduero] y militantes de ETA. Las pérdidas materiales fueron incalculables, ya que más allá de los daños causados por los atentados, el gasto realizado en la construcción de la central y la seguridad de la obra suponía varios cientos de miles de millones de pesetas. La alternativa era aceptar la imposición de un proyecto que encerraba el peligro potencial de hacer desaparecer Euskal Herria, tal y como poco después demostró el accidente de Chernobil (en abril de 1986, una explosión en una central nuclear de la ciudad ucraniana provocó la evacuación de 135.000 personas y problemas de salud para muchas miles más. Se generó una alarma internacional ya que la cantidad de material radiactivo liberado se estimó que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945). A pesar del trabajo social sin precedentes desarrollado por los colectivos populares, la actitud institucional habría culminado en la imposición nuclear si no hubiera sido por la intervención de ETA. Lo sucedido en Lemoiz reforzó las actitudes de los sectores partidarios de la lucha armada y proporcionó a ETA un triunfo político y moral sin paliativos, salvo el coste humano que había supuesto.

El cambio

Tras la salida de Suárez UCD carecía de liderazgo sólido lo que unido a las pugnas internas entre sectores de la derecha habían comenzado a minar el partido. Numerosos cargos y militantes estaban abandonando el proyecto (el propio Suárez organizó un partido, el CDS) y ya desde principios de 1982 el Estado español vivía una sensación de inestabilidad política. Calvo Sotelo realizará continuas remodelaciones en su gobierno, pero no logrará frenar la sangría. La galopante crisis económica y su secuela de paro e inflación, así como la situación vasca, exigían un gobierno fuerte que tomara medidas decididas y el PSOE se perfila como el único partido capaz de liderar tal gobierno. El partido de González se había mostrado dispuesto a pagar los peajes políticos necesarios para ser aceptado por los poderes fácticos económicos y militares, como el nuevo gestor del Estado tal y como había demostrado con su política económica y territorial.

El último gran servicio del PSOE al proyecto reformista fue su contribución a la consolidación de la partición institucional del sur de Euskal Herria en el proceso de culminó en la aprobación del Amejoramiento del Fuero (Estatuto de autonomía) navarro. El Estatuto vascongado y la Constitución dejaban un portillo abierto para la incorporación de Nafarroa a la autonomía vascongada. En 1979 las elecciones forales habían desalojado a los franquistas de la diputación, aunque habían dado una mayoría institucional a los partidos estatalistas. La clave de la evolución de la situación, en un momento en que las encuestas señalan que la población navarra está dividida sobre la cuestión, va a radicar en la actitud del PSOE. Este partido, que había defendido la unidad de Euskal Herria, pasará a propugnar la partición, al objeto de debilitar el proyecto nacional vasco. A finales de 1980 el PSOE comenzó la negociación con la derecha para la elaboración de un estatuto sui generis que no tuviera que pasar por el respaldo de un referéndum, ante el temor de que la mayoría institucional no se correspondiera con la mayoría sociológica en esta cuestión. En octubre de 1981 la propuesta de tal Estatuto o Amejoramiento del Fuero se presenta en Madrid y con leves modificaciones se aprueba en junio de 1982. El proyecto de estatuto navarro había provocado que, no sin un gran debate interno, HB abandonara las instituciones navarras a las que acudía en espera de poder incidir en una confluencia con el resto de Euskal Herria.

Ante el progresivo desmoronamiento de la UCD, Calvo Sotelo convoca elecciones anticipadas para el 28 de octubre de 1982. A primeros de junio se había emitido la sentencia de los imputados por el 23-F, resultando la mayoría, excepto Tejero y el también alto mando militar Milans del Bosch, condenados a penas muy inferiores a las solicitadas por la fiscalía. En el terreno institucional en junio queda definitivamente aprobada la LOAPA. El verano previo a las elecciones será escenario de un incremento de las acciones armadas de ETA que se saldarán con varias víctimas mortales, entre ellas cuatro agentes de la policía tiroteados en Errenteria el 14 de septiembre. El día 2 de octubre varios coroneles del Ejército son detenidos en lo que se presenta como la desarticulación de una nueva trama golpista. Así las cosas la campaña electoral del 28 de octubre se celebró en un clima de confrontación, con un gran número de acciones armadas en las semanas previas, que sólo en el mes de octubre provocaron cinco muertes. En dos controles de carretera el día 16 de octubre en Gasteiz y Lasarte, la policía ametrallará a tres ciudadanos vascos que también fallecerán. El día 20 el grupo de los octavos de ETApm colocarían veinte cargas explosivas en instalaciones ligadas a la Opus Dei.

El resultado de las votaciones es el esperado en el Estad, con una arrolladora victoria del PSOE, que obtiene una holgada mayoría absoluta (202 escaños), y prácticamente el 50% de los votos emitidos. Con un PSOE completamente imbuido en la mentalidad del estado, pero aún capaz de despertar en amplios sectores la ilusión de un cambio político, este partido emerge como la fuerza de recambio para el sistema. UCD se volatiliza hasta los 11 escaños, ocupando el espacio principal en la derecha emergente Alianza Popular de Fraga (109) que había dado una imagen más seria que UCD y consigue aglutinar a los amplios sectores exfranquistas. El PCE, lastrado por sus pugnas internas y por el efecto de atracción de voto hacia el PSOE, es el otro gran derrotado con apenas 4 escaños.

En Euskal Herria es el PSOE quien suma más votos, seguido a corta distancia por el PNV, que mantiene su preponderancia en la CAV. AP-UPN habían capitalizado el voto de la UCD y se convierten por poco en la tercer fuerza política, con 5.000 votos más que los 210.000 que dan a HB el cuarto lugar. Ni la brutal represión, ni la falta de condiciones democráticas para desarrollar su actividad política, ni las críticas de los demás partidos por su no condena de la actividad armada han mermado la base social de la izquierda abertzale, que mejorana los resultados de anteriores comisiones para casi igualar su marca histórica de las municipales de 1979. EE, la fuerza aspirante a convertirse en eje de la política vasca y con la intención de rentabilizar su protagonismo en el proceso de liquidación de ETApm, no conseguirá sumar ni siquiera la totalidad de la base del PCE-EPK y se quedará en 100.000 sufragios con un único diputado y sin capacidad de ser determinante en la política vasca.

Frente a las expectativas que la victoria del PSOE generará en el Estado, la situación en Euskal Herria no parece cambiar. ETA había decidido no dar ningún margen de confianza al PSOE, en vista de que la trayectoria previa del partido no hacía despertar esperanzas de que estuviera dispuesto a afrontar una resolución dialogada de forma inmediata y desde la convicción de que ese escenario sólo se alcanzaría a través de una fuerte presión armada. El 30 de octubre un comando ataca con granadas y fusiles una grita de la Guardia Civil en Pasaia y al día siguiente un coche bomba mata a un policía en Gasteiz. Pero no sólo era la organización la que tenía decidida de antemano su estrategia, ya que el PSOE también había hecho su elección. El mismo día 31 de octubre presentará un decálogo de medidas para “acabar con ETA” que estaba, evidentemente, diseñado con antelación a las elecciones. En este decálogo se contempla el aislamiento político y la presión a la izquierda abertzale, las medidas represivas y la colaboración internacional, quedando excluida la posibilidad de un acuerdo político integrador. Meses más tarde esa filosofía tendrá su reflejo en el Plan ZEN (Zona Especial Norte) que será la guía de la política anti abertzale durante los primeros años del Gobierno del PSOE.

Días después de la elección de González la policía francesa detuvo a tres militantes de ETA a los que situaban en la dirección de la organización. En otro ámbitos el Gobierno del PSOE dio muestras de su dureza como con el secuestro del diario Egin del 23 de noviembre o el asalto y apaleamiento de presos vascos en la prisión de Alcalá en diciembre de 1982. Pero la magnitud de la fortaleza de su rival quedará en evidencia para el PSOE cuando el 4 de noviembre un comando de ETA mate en Madrid al general Víctor Lago, ex combatiente de la División Azul y jefe de la división acorazada Brunete. Hasta finales de año ETA proseguirá con su intensa campaña de ataques con lanza granadas contra cuarteles de las FSE y contra las instalaciones bancarias. Para ETA el PSOE está en una encrucijada histórica y tiene en su mano una elección trascendental:

“Si el Gobierno que surja se limita a pactar y cumplir una labor de mera gestión a las órdenes del Ejército y de la CEOE, es fácilmente presagiable el rumbo de derechización que adquirirá la política del Estado y, como consecuencia lógica de ello, el inevitable descalabro por frustración social de la alternativa socialdemócrata en favor de opciones de Gran Derecha. En este sentido, el PSOE, dependiendo de la postura que adopte, tiene entre sus manos el compromiso de convertirse en garante de las libertades democráticas o, por contra, en puente aliado de a reacción llamada golpista.” (Zuzen, Nov 82)

En 1982 ETA causó la muerte a 37 personas y perdió a cuatro militantes. Tres ciudadanos murieron a manos de la policía. Dos gendarmes franceses fallecieron tiroteados el 19 de marzo en Baigorri, en una misteriosa acción reivindicada por el BVE y que, a la luz de los acontecimientos posteriores, pudiera interpretarse como una advertencia a las autoridades francesas para que se implicaran más en la represión contra los refugiados. La ocupación policial y militar de Euskal Herria y la feroz represión habían mermado la capacidad de intervención de ETA, situación parcialmente compensada por una mayor sofisticación de sus acciones, pero habían dotado de una sólida base argumental a su denuncia de que la dictadura seguía vigente en Euskal Herria.

A diferencia de lo acontecido durante la época franquista la legalización de partidos, sindicatos y organizaciones que aceptaban la Reforma permitía a las fuerzas policiales concentrar todos sus esfuerzos en un único objetivo, ETA y su entorno, que el Estado identificaba a efectos represivos con Herri Batasuna. En los dos meses siguientes al 23-F se habían producido 7.000 detenciones en Euskal Herria, 800 de ellas bajo la ley antiterrorista, que permitía prolongar la estancia en dependencias policiales durante diez días. El trato que se propinaba a los detenidos en esas circunstancias era tal que en varios casos los torturados consiguieron años más tarde la condena de sus torturadores, aunque a penas irrisorias seguidas por el indulto y el ascenso del torturador. El 29 de marzo de 1982 Esteban Muruetagoiena fallecería de un paro cardíaco tres días después de quedar en libertad tras ser torturado durante nueve días en dependencias policiales.

Mientras en otros ámbitos el Estado español estaba dando tímidos pero continuos pasos hacia la democratización, entendida en el sentido del contexto occidental, con respecto al tema vasco se había construido un gigantesco agujero negro de los derechos democráticos y civiles en el que imperaban la represión y el espionaje político, el control social, la ocupación policial y la tortura. A su llegada al poder el PSOE tuvo que optar entre dar continuidad a esta política o tratar de emprender una resolución democrática del problema. El partido del Gobierno tenía un amplísimo margen de maniobra para afrontar la situación. Con una prácticamente total falta de oposición parlamentaria en el Estado, la búsqueda de una salida negociada hubiera encontrar un aplastante apoyo en la sociedad vasca. La amenaza golpista, a pesar de los enormes resortes de poder que controlaba el Ejército, era altamente improbable cuando España era ya miembro de la OTAN y por la apuesta de la oligarquía por un Gobierno fuerte y estable que acometiera la reconversión industrial y lograra el ingreso del Estado en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo el PSOE decidió optar por la vía represiva en la convicción de que aplicando una serie de correcciones al modelo policial en vigor podría reconducir la situación. La consecuencia de esta decisión fue la prolongación durante décadas del conflicto político y armado en Euskal Herria.

El Gobierno presentará directrices que orientarán su intervención en un documento que se denominará Plan ZEN (Zona Especial Norte). Este plan, presentado por el ministro de Interior José Barrionuevo a principios de 1983, sintetizaba la filosofía que había venido inspirando la lucha anti-ETA en los últimos tiempos, desarrollándola en cuestiones prácticas y técnicas. Este auténtico manual para la represión y el control social causó estupor en amplios sectores sociales por la naturalidad con la que se expresaban algunas de las fórmulas recomendadas, entre ellas el uso de la manipulación informativa. Peculiar indignación suscitó la caracterización como sospechosos de los jóvenes que portaran determinada indumentaria (que por otra parte era bastante común). En definitiva, se trataba de otra vuelta de tuerca en la vía policial.

La cúpula anti-ETA había quedado encabezada por el nuevo ministro de Interior José Barrionuevo, persona que en su juventud había formado parte de un sindicato estudiantil falangista. Su número dos sería Julián Sancristobal, secretario de Estado para la seguridad. En cuanto al MULC, éste se reconvertiría en GAIOE (Gabinete de Información y Operaciones Especiales) al frente del cual se situaría el comandante Guillermo Ostos. Los nuevos nombramientos seguían promoviendo a conocidos represores franquistas, y la filosofía de la lucha antiterrorista continuaría basada en sus análisis. Casinello controlaría muchos de los hilos de la política antiterrorista desde la dirección general de la Guardia Civil. En Euskal Herria se anuncia la apertura de más comisarías y cobrará vital importancia el acuartelamiento de Intxaurrondo, que se convertirá en el centro de operaciones de la Benemérita en tierra vasca, adquiriendo rápidamente una siniestra reputación. Igualmente alcanzará notoriedad su comandante Enrique Rodríguez Galindo.

La actividad de ETA continuará a pesar de esta ofensiva policial. Durante el verano de 1983 ETA intensificará sus acciones incrementándose el número de bajas mortales entre las FSE. En octubre reforzará su ofensiva hasta totalizar quince atentados con un resultado de siete víctimas mortales. Los Milikis [grupo mayoritario salido de una ruptura de los Octavos y que adopta la denominación ETApm VIII Asamblea sector por KAS] realizarán ese mes tres atentados e Iraultza [organización armada surgida en 1981 como apoyo a las luchas sociales desde una óptica socialista revolucionaria. Cabe señalar además que algunas zonas de Euskal Herria constituían una de las canteras de los muy debilitados pero aún activos GRAPO]otros tres. En 1983 ETA causó la muerte de 31 personas, entre ellas seis a las que acusó de estar vinculadas al tráfico de drogas. Igualmente se multiplicaron las bajas propias. ETA perdió tres militantes al explotarles artefactos que estaban manipulando. Los CCAA perdieron a dos en una explosión y en iguales circunstancias pereció un activista de Iraultza. Pero en el duro mes de octubre de 1983 un nuevo factor causaría aún más víctimas entre los militantes vascos, la reaparición de la guerra sucia con un nuevo formato y sigla: el GAL.

La primera campaña del GAL

La coincidencia del incremento de acciones armadas de diferentes organizaciones desde el verano de 1983 tendrá su punto culminante el 5 de octubre con el secuestro en Bilbao del capitán del Ejército Alberto Martín Barrios por parte de ETApm VIII. La organización, muy debilitada por la salida de los milikis, trataba de dar un golpe de efecto coincidente con el inicio del juicio a sus militantes acusados del asalto al cuartel de Berga tres años antes. Tras la captura del militar se abrirá un tenso compás de espera que se prolongará a lo largo de dos semanas y en el cual los polimilis exigirán, primero, la liberación de los encausados y más tarde, la lectura de un comunicado en TVE, peticiones ambas que son rechazadas. Durante este tiempo se multiplican las presiones sobre los octavos para que no cumplan su ultimátum produciéndose desde ofertas económicas hasta amenazas contra familiares de militantes.

El 19 de octubre un grupo compuesto por tres GEOs y un inspector de la policía tratan de secuestrar en Hendaia a José María Larretxea a quien se consideraba miembro de la dirección de los octavos. La reacción de éste evita el secuestro y los policías son detenidos. Horas más tarde el capitán Martín Barrios aparece muerto en Galdakao. Esta acción provocará un enorme rechazo social, lo que acentuará el aislamiento de los octavos y provocará su lenta desaparición. La secuencia de los acontecimientos permite afirmar que ante la impotencia del Estado para frenar la acción de las organizaciones vascas, alguna poderosa instancia dio vía libre ara activar los planes de guerra sucia que estaban cuidadosamente diseñados en espera de la autorización para ser puestos en marcha.

Semanas antes de estos hechos un comando había intentado secuestrar en Iparralde al responsable de acciones armadas de los CCAA tras la fuerte ofensiva de esta organización. La acción se frustró por “la coincidencia de que uno de los galosos secuestradores hubiera torturado en comisaría a una compañera que se encontraba durante aquel intento de secuestro presente” [posteriores informaciones periodísticas hablarán de reuniones extraoficiales de la cúpula del PSOE en las que desde el verano se estaba analizando la posibilidad de activar la guerra sucia. Un documento del servicio secreto militar, el CSID (Centro Superior de Información de la Defensa) fechado el 6 de julio de 1983 y titulado "Asunto: acciones en Francia", que la prensa bautizará al conocerse años más tarde como "Acta fundacional de los GAL", afirmaba al valorar los pros y los contras de las acciones de guerra sucia que “En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro”.] lo que pudo sobre alerta a los militantes que consiguieron eludir el secuestro. Poco después, cuatro policías fueron devueltos a la frontera tras ser interceptados al tratar de secuestrar al refugiado cercano a los polimilis Cándido Ostolaza. Cuatro días antes de la acción contra Larretxea había desaparecido en Baiona los refugiados Joxean Lasa y Joxi Zabala. Sus captores eran guardias civiles pertenecientes a un grupo de élite AT (Antiterrorista) del cuartel de Itxaurrondo, bajo el mando directo del teniente coronel Galindo. Una vez secuestrados, los refugiados fueron conducidos al palacio de La Cumbre en Donostia merced a la cesión del mismo por parte del gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga. Allí fueron brutalmente roturados durante días y después trasladados a Busto (Alicante), donde tras oblgarles a cavar su propia fosa fueron ejecutados y enterrados.

El operativo contra Larretxea había sido ordenado por el gobernador civil de Bizkaia Julián Sancristóbal al responsable de la lucha anti-ETA y jefe de policía de Bilbao, comisario Francisco Álvarez. El fracaso les llevó a intentar un nuevo secuestro, esta vez contra el refugiado Mikel Lujua. En este caso, y ante el revuelo generado por la detención de los agentes en el anterior intento, la acción se encomendó a mercenarios que serán reclutados por el comisario de Bilbao José Amedo. Pero nuevamente se produce un error ya que el 4 de diciembre los mercenarios secuestran en Hendaia por confusión a Segundo Marey, un ciudadano sin actividad política. A pesar de comprobar que no se trataba de Lujua, Amedo ordenará el traslado de Marey a una chabola en Cantabria, para consultar más tarde con García Damborenea, presidente del PSOE de Bizkaia, los pasos a dar. El grupo de policías y el político deciden solicitar a cambio de la libertad de Marey la de los policías detenidos en el caso Larretxea, libertad que las autoridades francesas otorgarán el día 14. Poco más tarde Marey es liberado, acto que es acompañado por la emisión de un comunicado redactado parcialmente por Danborenea, en el que por primera vez aparecen las siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). El día 29 de diciembre el GAL matará al refugiado Ramón Oñaederra en Baiona y el día 28 a Mikel Goikoetxea, Txapela.

Todos estos aspectos, que posteriormente quedarían establecidos por sentencias judiciales de los tribunales españoles, eran evidentemente desconocidos en el momento de producirse los hechos. Sin embargo, desde el primer momento la intuición popular, aunque desconocía la completa identidad entre la cúpula político-policial de la lucha antiterrorista y los GAL, señaló al PSOE como responsable de este rebrote de la guerra sucia (El ministro de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los gobernadores civiles de Bizkaia y Gipuzkoa, el máximo jefe de la policía y el de la Guardia Civil en el País Vasco y otros agentes de ambos cuerpos serían condenados por acciones relacionadas con el GAL años más tarde, a pesar de que la investigación judicial de estos hechos fue premeditadamente limitada). El lema PSOE-GAL berdin da (PSOE-GAL es igual) se reproducirá en miles de pintadas y manifestaciones en los años siguientes. El colectivo de refugiados emitirá un comunicado tras estas primeras acciones en el que muestra una gran precisión a la hora de valorar el origen y las consecuencias de las mismas:

“A las lógicas y consecuentes aspiraciones del pueblo vasco de Libertades democráticas y de Soberanía nacional, no se les puede seguir respondiendo sistemáticamente con el ciego y necio lenguaje de la represión. Éste método, por experiencia manifiesta para todos, le falló a la Dictadura y les ha ido fallando a los sucesivos Gobiernos. El PSOE tropieza con la misma piedra y todos sabemos por qué. Responsabilidad suya, pues, la de zafarse de los Poderes Fácticos, porque, si no, se hundirá en la inmundicia fascista.”

La responsabilidad gubernamental era un secreto a voces que contaba con el silencio cómplice de otros partidos. Incluso medios del Estado español señalarán desde el principio que este silencio provenía de un acuerdo expreso con el Gobierno. Según la revista Tiempo, González se entrevistó el 24 de octubre de 1983 con Manuel Fraga, presidente de AP, y “el presidente solicitó del líder de la oposición su apoyo para una serie de medidas excepcionales contra el terrorismo que, en otros países democráticos, en las mismas circunstancias, se llaman guerra sucia” a lo que el dirigente derechista respondió “no seremos nosotros quienes les saquemos los colores”. (Tiempo, 31/10/83)

Las acciones de los GAL tenían varios objetivos. Por un lado debilitar a ETA, dificultar sus movimientos y servir como venganza-represalia contra la organización. Pero el objetivo primordial era más ambicioso: implicar plenamente al Gobierno francés en la represión a ETA. La complicada relación entre los Gobiernos español y francés había dado pie a esta situación, en la que ambas partes actuaban de forma maquiavélica. Las frecuentes presiones españolas y la complicidad de sectores de la derecha francesa habían hecho que, incluso durante el franquismo, el hostigamiento contra la comunidad de refugiados fuera una constante, pero lo cierto era que a esas alturas ni el Gobierno francés concedía extradiciones ni su policía intervenía al cien por cien contra los exiliados. Para el Gobierno francés la afinidad ideológica con el español y la observación de que en muchos aspectos el Estado español se estaba acercando a los estándares europeos de democracia, eran factores favorables a la colaboración. Por otro lado, la pervivencia de la tortura y la mentalidad favorable al derecho de asilo y a un proceso de diálogo en parte del Gobierno francés actuaban en contra de esa opción. Las reticencias francesas tenían una última motivación ya que la dosificación de las actuaciones contra los refugiados le permitía tener una importante baza en las siempre difíciles relaciones diplomáticas y comerciales con España, baza que jugaría a fondo a la hora de obtener contraprestaciones económicas por su colaboración.

Las últimas acciones reivindicadas por los GAL se produjeron en febrero de 1986. A lo largo de toda su actividad, los GAL realizaron más de treinta acciones, matando a cerca de una quincena de personas e hiriendo alrededor de sesenta.

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Compilación del libro "ETA 1958-2008. Medio siglo de historia", del autor Iker Casanova (www.txalaparta.com). Notas de Wikipedia y Gara. Trascrito y extractado por Grupo PFP para La Haine.org

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Entregas anteriores:
La Transición en el Estado español: 1970-1983 (I). Del proceso de Burgos a la Operación Ogro

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (II). El “Juancarlismo” y las primeras elecciones

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (III). La lucha contra la Constitución Española

La Transición en el Estado español: 1970-1983 (IV). Los años de plomo