La banca dicta, Europa ordena y el estado español acata

El recorte más duro en el sistema de pensiones ya tiene fecha. El Gobierno español quiere tenerlo todo atado para el 28 de enero, sea con consenso o sin él.

A pesar de que una de las medidas más conocidas sea la de el alargamiento de la edad de jubilación, hablamos de una reforma durísima, que dificultará el acceso a una pensión digna, sobre todo, a las mujeres y a las personas jóvenes.

Hablamos de medidas que recortan gravemente derechos sociales adquiridos, medidas que van desde elevar el período de cálculo de las pensiones, pasando por los recortes en el caso de las pensiones de viudedad hasta la prolongación de la edad de jubilación por poner algunos ejemplos.

El Estado español, una vez más sumiso a los dictados del establishment europeo, continúa recortando derechos sociales y laborales, bajo la justificación del peligro de la inviabilidad del sistema, adoptan estos recortes.

Pero el problema no es de viabilidad del sistema público, sino de prioridad política, de voluntad política, en definitiva, de cómo distribuir la riqueza social.

Es decir, mientras que al Capital financiero y grandes multinacionales se derivan ingentes aportaciones financieras públicas para su supervivencia, este argumento no sirve para financiar la política social, muy al contrario.

En este caso, el problema de la financiación se traslada automáticamente a la parte del gasto, y como consecuencia, se plantean reducciones en las partidas presupuestarias, en las prestaciones y recortes de derechos brutales.

Hoy, con un sistema financiero en crisis, con una exigencia de liquidez por parte de los bancos, no es extraño que un día si y otro también nos hablen del negro futuro de las pensiones públicas y se anuncie un nuevo recorte en el sistema de protección social.

Se trata en definitiva, de arruinar el modelo público para privatizar el sistema y poder especular. Pero, con esta tendencia, tenemos que tener clara una cosa: sólo los más ricos podrán garantizar una vejez digna.

Esta reforma es un retroceso y una vulneración de derechos sociales, una reforma inasumible que por supuesto tendrá respuesta.

Gasteiz, 16 de diciembre de 2010