Venezuela, entre elecciones y sanciones

Será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que sanciones internacionales, especialmente las de EEUU y sus socios de la Unión Europea, sean suprimidas. Algunos apuestan por una solución política que desanude la crisis venezolana en unas elecciones en 2024, todos son conscientes que el país podría pasar años emboscado en la celada de unas sanciones internacionales ilegales y contrarias al bienestar del pueblo.

La prolongada vigencia de los efectos de las sanciones ha hecho que EEUU pierda terreno en la opinión pública venezolana de clase media, mientras los medios hablan de un lobby venezolano que se fortalece, como siempre, en los sectores de poder estadounidense y que, entretanto, adelanta una política de flexibilización en el sector energético.Ya es común escuchar a empresarios, economistas y dirigentes derechistas venezolanos pedir su derogación definitiva.

El 29 de agosto funcionarios del gobierno anunciaron en Washington que trabajan en un borrador de propuesta para aliviar las sanciones impuestas contra Venezuela en caso de existir una convocatoria a elecciones presidenciales «libres y justas». La medida se centraría en permitir que más empresas puedan comprar petróleo venezolano.

Las sanciones de EEUU a Venezuela están dirigidas específicamente a la industria petrolera, ya que representa casi todos sus ingresos por exportaciones, para poner de rodillas al gobierno chavista y devolver el país a su patio trasero. Pero no lograron detener todas las ventas, y PDVSA sigue colocando miles de barriles en el mercado internacional. Washington se vio obligado a permitir el año pasado que la trasnacional estadounidense Chevron regresara a Venezuela, en el marco de una restricción en el suministro internacional de crudo pesado por el aluvión de sanciones occidentales contra Rusia.

Ahora se espera que Chevron alcance una producción de 200.000 barriles de petróleo diarios (bpd) en Venezuela a finales de ese año, si inicia las labores de perforación.

«Biden relajó las sanciones a Maduro porque pensó que frenaría la inmigración de venezolanos a EEUU» (sic), señaló un resucitado Elliot Abrams, asesor de las dictaduras centroamericanas cuando asesinaban a cientos de miles de campesinos, y de Donald Trump, a quien Biden postuló para que integre la clave comisión asesora bipartidista sobre Diplomacia Pública en el Congreso.

En un nuevo artículo en Foreing Policy, Abrams se opone a los planes de Biden de aliviar sanciones al sector petrolero de Venezuela. "Bajo Trump, no hubo relajación de las sanciones petroleras, ni acuerdos con Chevron, ni visitas de Juan González - director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional- a Caracas, ni abandono de la derecha democrática", recordó.

Abrams se desempeñaba como subsecretario de Estado cuando Reagan llevó a cabo el apoyo a las dictaduras genocidas y a las bandas ultraderechistas en Nicaragua, que llevó a la operación de 1985 conocida como Irán-Contra. En 1991, el halcón republicano que ahora Biden pretende rescatar fue condenado por retener información sobre el asunto Irán-Contra y se lo encontró culpable de otros cargos por delitos menores. Aunque recibió dos años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, George W. Bush, decidió beneficiarlo con un indulto.

El diputado derechista a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, aseguró que la derecha venezolana entendió que se equivocó en el pasado al llamar a la abstención. «Es un tema de arrepentimiento sin reconocimiento, rectificación, el mismo sector que llamó a la abstención porque no tenían los votos y que dijo aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, es el que ahora está llamando a votar», señaló.

Aseguró que el 93% del Parlamento venezolano es chavista porque la derecha llamó a no votar, «tienen un acto de arrepentimiento, querían salir de Maduro y se inventaron lo del portaviones de Trump, además con las sanciones solo lograron asfixiar a todo el país, metieron al país en un engaño», afirmó.

Las sanciones

"Las sanciones internacionales a Venezuela se convierten en un problema crónico", titula un reportaje del diario español de centroderecha El País.

Hoy en día el Estado venezolano tiene serios impedimentos para vender su petróleo, establecer acuerdos económicos, adquirir repuestos, contratar servicios de compañías estadounidenses, canadienses o europeas, acceder al crédito internacional y usar sus fondos congelados en el exterior. Son notorias las complicaciones para efectuar operaciones con la banca de estas naciones, aunque sigue comerciando ampliamente con el Sur global.

El colapso económico y productivo de Venezuela afloró completamente en 2013, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez. EEUU, Canadá, la Unión Europea, y al comienzo, algunas nacionales latinoamericanas, colocaron sanciones políticas, económicas y administrativas al gobierno de Maduro con la excusa de la represión a las manifestaciones derechistas de 2014 y 2017 (cuando los dirigentes de derecha, con apoyo de EEUU, instalaron las 'guarimbas', acciones violentas de bandas neofascistas contra la población), y por acusaciones sin pruebas a miembros de la plana dirigente de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los DDHH.

De acuerdo a cálculos de la firma Datanalisis, 74 por ciento de la población no está de acuerdo con las sanciones internacionales al país, frente a un 17 por ciento que sí lo está. Cerca del 30 por ciento de la población responsabiliza a las sanciones de la situación actual.

El 76 por ciento manifiesta, en particular, su interés en que sean suprimidas las sanciones petroleras, en una nación con altas tasas de endeudamiento y salarios misérrimos, aunque grandes prestaciones sociales. Las sanciones personales a funcionarios huidos son aprobadas con un 52 por ciento.

Jorge Roig, ex presidente de la patronal Fedecamaras, afirma que "en realidad, las sanciones son para obligar a un gobierno a sentarse a negociar con la otra parte. Eso se ha logrado en parte, en la República Dominicana, Barbados, Noruega y México. Pero las sanciones a la nación no tienen justificación. Necesitamos producir. Por concepto, las sanciones que restringen las libertades no pueden ser apoyadas por los grupos económicos, eso ha sido así históricamente".

"El distanciamiento con las sanciones proviene del hecho de que no han cumplido su objetivo y han agravado aún más los problemas de la gente. Hace cuatro años, las sanciones fueron vistas con simpatía por la mayoría de la derecha", señala Luis Vicente León, director de la firma Datanalisis.

El proceso de flexibilización de sanciones podría continuar en el sector energético, pero aún luce intrincada una auténtica solución política. "El país necesitaría, al menos, retomar su industria petrolera y gasífera, acceder al crédito internacional y recuperar los activos que tiene congelados en el exterior", afirma León, para regresar a los tiempos de antaño.

Mientras tanto, se acercan unas elecciones presidenciales todavía sin fecha, y ya hay un nuevo Consejo Nacional Electoral puesto en funciones por la Asamblea Nacional. La condición número uno que pone el gobierno del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) y Nicolás Maduro a un acuerdo político es el fin inmediato de las sanciones internacionales al país y a su Gobierno.