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Los mapuche del siglo XXI
El caso Santiago Maldonado puso al descubierto la discordia y las contradicciones que todavía genera la cuestión indígena en Argentina. Un antropólogo analiza la situación histórica de esas minorías y denuncia el afloramiento del racismo.
“La sociedad argentina mantuvo durante mucho tiempo el discurso oficial de país convertido en un crisol de razas, y con eso de algún modo la cuestión de los pueblos originarios nunca fue una preocupación social. Pero hoy hay un planteo abiertamente racista que deja de lado esa idea del crisol de razas”, comentó a Brecha el historiador Alexis Papazián, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, de Argentina, y doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires (Uba). El caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado tras la dura represión a una ocupación de tierras por una comunidad mapuche en Chubut, afirmó Papazián, “generó algo curioso”: hizo que la sociedad dirigiera su atención hacia la cuestión indígena.
“En primer lugar porque fue un caso en el que actuaron fuerzas federales y no provinciales, que además fueron respaldadas en sus excesos por el gobierno. Eso le chocó a una parte de la sociedad. En segundo lugar, Maldonado era un joven urbano, civilizado, blanco, no mapuche que eligió apoyar una causa social vinculada a los reclamos de una minoría y terminó muerto. Eso indica que ayer fueron los mapuche, hoy es Santiago Maldonado y mañana puede ser cualquier otro. Nadie está exento de ser sospechado y criminalizado por este gobierno.” Fue el hecho de que se entroncaran estas dos situaciones lo que hizo que saliera a la superficie el reclamo de una minoría étnica, afirmó Papazián. También pasó algo que “no había ocurrido antes: el gobierno no sólo no admitió que hubo excesos represivos, sino que los reivindicó con un discurso dirigido a sus votantes más representativos: el sector social más beneficiado por las políticas oficiales desde diciembre de 2015”, analizó. “Los medios en esta situación actúan fidelizando a los votantes de Cambiemos hacia la derecha”, concluyó.
El caso Maldonado no sólo dividió a los argentinos según la matriz de izquierda/derecha, también reveló contradicciones dentro de la inmensa movilización social que generó. Mientras la comunidad mapuche insistía en que el reclamo por la aparición con vida del joven se inscribía en su larga lucha por las tierras de la Patagonia y contra el avance de los terratenientes y las empresas mineras en la zona, que ya había cobrado muchas víctimas mapuche, en cierto momento la familia de Santiago Maldonado no quiso entreverar su caso con la causa mapuche.
Muertes paralelas
El sábado 25 de noviembre, mientras en la localidad bonaerense de 25 de Mayo familiares y vecinos velaban el cuerpo de Santiago Maldonado y se despedían de él en una ceremonia privada, a 1.421 quilómetros de allí, en el departamento de Bariloche, otro joven era asesinado por las fuerzas de seguridad mientras reclamaba por las tierras de sus ancestros. Rafael Nahuel, de 21 años y ascendencia mapuche, fue asesinado por la Prefectura Naval mientras huía de la represión en el desalojo de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, a 35 quilómetros de Bariloche. El 17 de noviembre un grupo de familias mapuche decidieron ocupar pacíficamente esa tierra que el Estado argentino puso bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, y colocaron un cartel improvisado: “Territorio mapuche recuperado”.
La autopsia confirmó la muerte de Rafael Nahuel a causa de un balazo que penetró por detrás en uno de sus glúteos, disparado por un arma calibre 9 milímetros, la pistola reglamentaria del grupo Albatros (de la Prefectura Naval Argentina), que participó del operativo de represión junto a unos 200 gendarmes entre el viernes y el sábado. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “las fuerzas de seguridad actuaron correctamente, más allá de lo que investigue y diga el juez de la causa”. El magistrado a cargo del caso, Gustavo Villanueva, está en la mira del gobierno nacional, que ya trabaja con sus delegados en el Consejo de la Magistratura provincial buscando manchas en su trayectoria para iniciarle un juicio político. Villanueva es un funcionario de carrera que llegó en 2011 al cargo de juez federal durante el gobierno de Cristina Fernández. A la Casa Rosada le molesta lo que considera su falta de firmeza para avalar el desalojo en las inmediaciones de Villa Mascardi, y por ende el accionar de las fuerzas de seguridad. El juez puede correr la misma suerte que su colega chubutense Guido Otranto –quien inicialmente manejaba el caso de Santiago Maldonado pero al que la Cámara de Apelaciones le quitó la causa para entregársela a otro juez–, pero tiene a su favor que dictó la detención de Facundo Jones Huala y su extradición a Chile, aunque esta última medida le valió una denuncia ante la justicia federal de Buenos Aires, por lo que aún está por definirse su suerte y la de Jones Huala.
Tras el estallido mediático que generó la represión en el Pu Lof de Cushamen el 1 de agosto pasado, que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la cuestión mapuche cobró fuerza y permanece en los medios a partir de noticias policiales. La detención y juicio de extradición a Chile desarrollados contra el lonko (líder) de la Pu Lof en Cushamen Facundo Jones Huala tiene en vilo a toda la comunidad mapuche y se extiende a otros pueblos originarios del resto del país, que se han solidarizado con esta causa.
El “enemigo interno”
El gobierno nacional apunta toda su artillería represiva y propagandística a la supuesta aparición de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche (Ram), que sería una suerte de guerrilla rural mapuche que se dedica únicamente a agredir a propietarios blancos en nombre de sus derechos milenarios, sin formular reivindicación alguna. “Es una forma de criminalizar a esa etnia creando un enemigo pretendidamente social, como ocurrió durante la dictadura: cuando las organizaciones armadas fueron aniquiladas por las fuerzas armadas y la Triple A, sólo quedaba inventar la figura sumamente lábil y sin forma definida del ‘subversivo’ como justificación de la represión estatal. Para el avance de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios (en la Patagonia) hay que demonizar al pueblo mapuche, y la Ram sirve de excusa para justificar y generalizar la represión. Es necesario para el Estado tener un enemigo interno”, sostuvo Alexis Papazián.
Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Consejo Pluricultural Indígena de Argentina, coincide con Papazián. “La Ram es una invención de los servicios de inteligencia para acusar al pueblo mapuche. Nadie sabe a ciencia cierta qué es la Ram”, aseguró en una entrevista con los medios neuquinos. En setiembre pasado referentes de diversas comunidades mapuche de toda la Patagonia firmaron un documento reafirmando el accionar pacífico del pueblo mapuche, condenando todo método violento de reclamo por tierras y calificando a la Ram como la “obra de un montaje (…) para implementar el Plan Cóndor en nuestros territorios”. “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, de ataques físicos y destrucciones materiales (…) que, por lo grotesco y evidente, parece más el accionar de un ‘grupo de inteligencia’”, afirmaban en el documento.
Pese a las reiteradas dudas sobre la existencia de la Ram y la falta de pruebas concretas al respecto, el fiscal general de Neuquén, José Ignacio Gerez, aseguró a los medios locales el pasado martes que la justicia provincial había encontrado “la conexión local de la Ram”. Interrogado por los periodistas, aseguró que puede “confirmarlo fehacientemente”, sin embargo no presentó ninguna prueba contundente que lo demostrara. El anuncio del fiscal se produjo tras un allanamiento a una vivienda en la que se encontraron cinco armas de fuego de caza en desuso y oxidadas junto a panfletos con el rostro del Che Guevara.
Racismo y violencia
El clima en la zona cordillerana patagónica está política y socialmente caldeado. Mientras el gobierno nacional plantea la criminalización de todo acto mapuche que reivindique la toma y recuperación de territorios, los gobiernos provinciales se mantienen en una actitud cauta y la sociedad está dividida. Frente a las marchas en repudio a la muerte de Rafael Nahuel en las ciudades de Bariloche, Neuquén, Esquel y otros pueblos patagónicos, aparecieron en la última semana pequeños grupos de ciudadanos que reivindican el accionar de las fuerzas de seguridad. El miércoles 29 en pleno centro de Bariloche unas 500 personas pedían reprimir a los movimientos originarios y el cese de la ocupación de tierras “por parte de mapuche chilenos”, según el planteo que forma parte del discurso dominante, similar al de la ministra Bullrich.
“No es cierto que los mapuche sean chilenos”, aseguró Papazián. “Hubo migraciones históricas entre Argentina y Chile de mapuche y tehuelches, según la represión de un gobierno u otro, a lo largo de los últimos cien años, y en esos movimientos migratorios han quedado familiares alternativamente a un lado y otro de la cordillera que, por cierto, para ellos no es un límite divisorio sino un punto de encuentro que simboliza el agua que da la vida, y también la vida en comunidad, como los mapuche la conciben en sus costumbres. Hay muchos que han vuelto desde Chile después de décadas de exilio, y regresan con sus familias formadas allá. Eso es utilizado en el discurso dominante, de un nacionalismo turbio y mezquino, desde el gobierno, y amplificado por los medios para llamar al rechazo de una invasión chilena. Eso también contribuye a crear en la vida cotidiana de las comunidades un clima de convivencia hostil, racista y discriminatorio”, sintetiza el antropólogo.
Los manifestantes contra los mapuche se cruzaron el miércoles 29 con otra manifestación mayor contra la reforma laboral y jubilatoria –que se discutía ese mismo día en el parlamento nacional– y en apoyo a los reclamos indígenas. No se produjeron incidentes pero la situación estuvo a punto de estallar. En ese contexto el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, llamó a una mesa de diálogo para bajar el nivel del conflicto. A la propuesta se sumaron los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, y los organismos de derechos humanos locales, pero no los gobiernos nacional y provincial, ni la justicia. “Es necesario abrir canales de diálogo para evitar la violencia”, sostuvo el obispo Chaparro, un hombre que suele coincidir con los reclamos mapuche por su cercanía cotidiana con las situaciones de desigualdad en las que viven las comunidades originarias. El domingo, tras la muerte de Nahuel, el obispo visitó el territorio ocupado para dialogar con los allí presentes; a su regreso a la ciudad se encontró con los enviados del gobierno nacional. Entre ellos estaba una delegación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), dependiente del Ministerio de Justicia, que se sumaron al coro de la Casa Rosada y dijeron que sólo se sentarían a dialogar si primero se levantaba la ocupación del territorio reclamado. “Esperábamos alguna cercanía mayor de nuestros hermanos en el Inai, pero sólo cumplen los deseos del gobierno y no escuchan”, aseguró un vocero mapuche de la comunidad Lafken Winkul.
Cuestión histórica
En Argentina la relación entre el Estado y los pueblos originarios tiene una larga historia. En los comienzos del Estado moderno argentino el interés por los pueblos originarios estaba íntimamente relacionado a un proceso de colonización. En 1879, en plena “Conquista del desierto” –la campaña militar mediante la cual la República Argentina se apropió de vastos territorios en la Pampa y la Patagonia, donde vivían diferentes pueblos aborígenes–, Julio A Roca encargó al Ministerio de Guerra un estudio sobre éstos. Setenta años después, en 1949, a fines de la primera presidencia de Juan Perón, el Ministerio del Interior se preocupó por identificarlos para reconocer a sus integrantes como ciudadanos. Recién en tiempos de Raúl Alfonsín, en 1985, fue creado el estatal Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), dependiente del Ministerio de Justicia, para hacerse cargo de los asuntos específicos de las 39 etnias censadas y reconocidas en el país.
“Durante la llamada ‘Conquista del desierto’, en 1879, los medios de prensa mostraban el avance militar sobre las tierras patagónicas, y las notas relataban cómo las mujeres y los niños eran empleados en las casas de familias de la alta sociedad porteña, mientras los hombres eran hacinados en campos de concentración”, explicó Alexis Papazián. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX el Estado atendió las peticiones de familias mapuche para obtener tierras, y éstas se canalizaron a través de las leyes de la época, creadas para colonizar los territorios, especialmente con inmigrantes europeos. Pero recién en la reforma constitucional de 1994 se concretó el reconocimiento de los pueblos originarios. El artículo 75 de la Constitución no solamente reconoce su existencia sino que también le otorga importancia a la calidad de vida de las comunidades mediante el reconocimiento de sus tierras y sus modos de producción. La incorporación de sus derechos a la Constitución y la legislación internacional permitieron una mayor visibilización de los reclamos de los indígenas y también algunas soluciones.
Pero si en términos legales los avances se perciben lenta aunque firmemente, a nivel social la cosa es más compleja. En las zonas urbanas y rurales donde cohabitan mapuche y criollos la realidad cotidiana está atravesada por el racismo. “Cuando estuve en la localidad de Aluminé (Neuquén) haciendo trabajo de campo como antropólogo, a la hora de ir a hacer compras de comestibles en cualquier comercio los mapuche preferían que fuera yo o algún otro compañero del equipo, porque los comerciantes suelen discriminarlos”, relató Papazián. “Existe una situación de racismo no sólo con los mapuche sino con todos los pueblos originarios, allí y en las ciudades o pueblos donde la convivencia es inevitable. Y los medios de prensa locales refuerzan ese imaginario”, apuntó el investigador.
En 1997 hubo un conflicto en las cercanías de Aluminé, en la zona de Pulmarí, entre el Estado provincial y varias comunidades mapuche, y los medios locales sostenían que esa zona sería la Chiapas argentina. “Sin embargo la situación se resolvió de manera satisfactoria: los gobiernos nacional y provincial donaron 50 mil hectáreas, se levantó un hospital comunitario plurinacional y hasta se estableció –mediante un convenio con la justicia neuquina– un sistema de justicia penal que respete y aplique la ley mapuche en determinados casos en la reserva de Pulmarí”, relató Papazián.
“Hay ejemplos como el de Bolivia, con su experiencia de Estado plurinacional, que con todas sus limitaciones ameritan ser tomados en cuenta para aplicar esa experiencia, y no la represión estatal para resolver las situaciones de litigio. El problema es que los medios están financiados o directamente son propiedad de empresarios vinculados a grandes negocios en esas regiones, y lo que necesitan no es convivir sino expulsar a las comunidades originarias”, concluyó el investigador.
La recuperación de sus territorios sigue siendo una reivindicación central en la agenda de las comunidades mapuche cada vez más arrinconadas por los emprendimientos extractivistas y turísticos de inversores extranjeros. Desde el gobierno de Mauricio Macri la represión parece ser el único lenguaje para resolver una cuestión que tiene más de enfrentamiento entre concepciones culturales del mundo que de conflicto entre partes dispuestas a la negociación.
Brecha