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Perfeccionan la política represiva contra los luchadores
El 29 de marzo de este año se reunió el Consejo de Seguridad Interior (CSI), que agrupa a todos los ministros del país, de los que dependen las fuerzas de seguridad provinciales, a fin de implementar una política común para reprimir la protesta social.
Teniendo en cuenta que estamos en épocas electorales es lógico que busquen la mejor manera de hacerlo con el menor costo político posible. Por ello esta última semana hasta se cuidaron de hablar de represión y utilizaron eufemismos del tipo “control de la protesta social”, o “control inteligente de la protesta” para “evitar cualquier tipo de desborde”.
El plan consiste básicamente en tratar de cooptar la eventual protesta y, si no se logra, ahí sí aplicar la represión. Recaerá sobre aquellos que salgan a luchar en forma independiente. Ese es el significado que debe darse a declaraciones que indican que el procedimiento represivo consistirá en determinar cuál es el conflicto, quiénes son los actores principales y detectar a los “potenciales actores desestabilizadores”. Es decir, se hará inteligencia y, si no se los puede cooptar se los reprimirá. Se señala además que habrá un grupo especial listo para entrar en acción “como último recurso”.
Así, quienes se organicen y salgan a luchar por mejores condiciones de vida en forma independiente del gobierno deberán esperar el intento de cooptación, la saturación de fuerzas de seguridad en el lugar de la movilización y la actuación de grupos de élite especializados en la represión de la protesta.
Esta decisión política será coronada luego con el armado de causas a los luchadores apelando a artilugios legales que transformarán al ejercicio de derechos básicos, como luchar por mejores condiciones de vida, en delitos con penas durísimas.
Actualmente CORREPI defiende a tres compañeros militantes del PTS acusados de cortar dos avenidas durante el conflicto de Kraft-Terrabusi. El dato es la forma en que seleccionaron a los compañeros imputados: buscaron caras conocidas en las fotos y videos policiales y las compararon con fotos de otros actos y de las páginas web de las organizaciones políticas. Así, ubicaron a los compañeros Juan Oribe, Jesica Calcagno y Patricio del Corro y les achacaron ser los “responsables” de los cortes. El 2 de agosto es el juicio oral.
Este 24 de mayo los compañeros Pedro Kuperman y Rubén Saboulard van a juicio por dos movilizaciones efectuadas en noviembre y diciembre de 2009. Los policías los identificaron por ser quienes habitualmente hablan con ellos para avisar por dónde van a ir. Nuevamente, puede verse el procedimiento que realiza el estado para castigar a quienes osan organizarse y luchar.
En todos los casos los jueces y fiscales intentan utilizar las figuras penales más graves, es decir, las que contienen una pena mayor.
Es lo que ocurre con los compañeros Hospital, Merino, (militantes de Causa Ferroviaria y del PO), Morales (militante de Causa Ferroviaria) y Belliboni (militante del PO) quienes fueron acusados por extorsión, que contiene una pena de hasta diez años de prisión, por las protestas ocurridas el 23 de diciembre de 2010 en la estación Constitución, donde no estaban los compañeros. Los identificaron con tareas de inteligencia de la policía (División Roca), por fotos y videos y seguimiento y vigilancia en las casas. Los mismos policías que hicieron esas tareas están imputados como co-responsables del plan criminal que terminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.
El 2 de marzo de este año, doce trabajadores ambulantes y dos militantes de la TPR fueron detenidos durante una movilización cerca de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca. Reclamaban el pase a planta permanente de los vendedores. El juez federal Armella, de Quilmes, el mismo que interviene en la persecución de Hospital, Merino, Morales y Belliboni, también los acusó del delito de extorsión, además de interrupción del servicio ferroviario, del tránsito, lesiones y resistencia a la autoridad. La causa fue iniciada por un gerente de UGOFE y como testigos están ofrecidos los mismos policías que están imputados en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Para estos jueces, fiscales y empresarios, es extorsión reclamar por un derecho.
Otro compañero, el “Neno” Abella, de la agrupación gremial ferroviaria “4 de Octubre” fue acusado y se lo llevará a juicio, entre el 8 y el 10 de junio, por realizar pintadas en la estación Constitución el día posterior al asesinato de Mariano Ferreyra. Se le imputa el delito de daños y, concretamente, pintadas de organizaciones a las que no pertenece. Lo acusa el mismo gerente de UGOFE que persigue a los vendedores ambulantes, a Hospital, Merino, Morales y Belliboni y declaran contra el compañero los mismos policías cómplices del asesinato de Mariano.
Esos ejemplos concretos muestran que la supuesta nueva política de “control inteligente de la protesta social” es nada más que un eufemismo para decir que continuarán perfeccionando la política represiva sobre los luchadores, política que tiene como protagonistas y socios al gobierno, a los empresarios, a la burocracia sindical, a la policía y a los jueces y fiscales.