Juan Guaidó, tras un año como "presidente encargado" de Venezuela

La derecha española ha vuelto a la carga en el Parlamento con el tema más acuciante para toda la sociedad: Venezuela.

Aunque decidieron esta vez no dedicar la sesión de control al tema sí han utilizado un Pleno del Congreso para hacerlo. El PP (con apoyo de Cs y Vox) reclamó la dimisión del ministro José Luis Ábalos y la formación de una comisión de investigación para desentrañar por qué se vio con Delcy Rodríguez durante la escala de su avión en Barajas, donde este advirtió a la vicepresidenta venezolana que no podía entrar ni en territorio español ni de ningún otro país europeo. La moción de la derecha no prosperó.

Hace poco recordábamos en estas mismas páginas que la Resolución del Consejo Europeo que impide a Delcy Rodríguez y a otras 24 personas entrar en la UE establece solo que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”.

En esa resolución, tantas veces invocada en las últimas semanas por la derecha española, se deja a criterio de esos países las vías a utilizar para cumplir con la misma, y el Consejo no ha pedido al Gobierno español ninguna explicación sobre la corta escala técnica de Delcy Rodríguez en Barajas.

Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado a decir que la vicepresidenta venezolana era “una torturadora”. ¿Presentará pruebas? ¿Algún organismo de DDHH la ha acusado de torturar a alguien? ¿EEUU o algún otro país? No, siquiera los más ultras opositores venezolanos lo han hecho. La portavoz parlamentaria del PP sí. “El Gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata (Guaidó), las dos cosas en la misma semana”, dijo.

Influidos por la artificial tensión creada y por la agresiva campaña política y mediática, en las redes sociales se ha llegado a decir que “la obligación de Pedro Sánchez era ordenar su detención”. Y eso sí hubiera sido ilegal, una grave violación del Derecho Internacional y hubiera creado un conflicto diplomático mayúsculo para España.

¿Presidente encargado o líder de la derecha?

En el Pleno de esta semana el PP “exigió” también a Pedro Sánchez que confirme que sigue reconociendo a Juan Guaidó como “presidente encargado” y no solo como “líder de la oposición”.

En su interpelación al ministro Ábalos del pasado miércoles 12, Álvarez de Toledo calificó a Guaidó de “héroe de la democracia”, de “legítimo presidente de Venezuela”.

Tanto para el PP, como para Ciudadanos y Vox este era un tema vital, un pronunciamiento prioritario en la segunda semana de vida de esta nueva legislatura. Las cosas deben quedar claras. De lo contrario, se demostrará que el Gobierno ultraizquierdista y separatista quiere convertir a la España única e indivisible en un régimen bolivariano.

El 23 de enero Guaidó ha cumplido su primer año ostentando el rimbombante título de “presidente encargado”. ¿Encargado de qué, si es Nicolás Maduro el que sigue en el Palacio de Miraflores?

“Encargado de convocar elecciones en 30 días”. Ese fue el compromiso que asumió Guaidó el 23 de enero de 2019. En un artículo biográfico de Guaidó que la BBC publicó tres días después de esa tan peculiar autoproclamación (elegido como diputado por el estado de Vargas en 2015 por 97.492 votos) en el que decía: “Asumió el pasado 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional casi por accidente, porque le tocaba a su partido, Voluntad Popular, y los principales líderes de su formación andaban con problemas legales”.

“Ante Dios todopoderoso y Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”. Ese fue el compromiso que anunció Guaidó en un acto callejero convocado por la derecha.

Muchos de los asistentes, exaltados por los agresivos mensajes lanzados desde la tribuna, se preguntaban entre sí quién era ese joven orador. Hasta el momento Guaidó era un gran desconocido para la mayoría. De presidente “accidental” de la Asamblea Nacional (AN) pasó a “presidente encargado” del país en solo 18 días.

Pues sí, de diputado elegido por menos de 100.000 votos a presidente de la AN “casi por accidente” y de ahí a autoproclamarse presidente encargado tan sólo 18 días después. La meteórica ascensión de Guaidó es la que según la derecha española lo convierte en “presidente legítimo de Venezuela”.

Pedro Sánchez se equivocó con Guaidó, es verdad. Pero no se equivocó en 2020 al no recibirlo en la Moncloa, sino que se equivocó gravemente en febrero de 2019, como decíamos en aquel momento, al atreverse a darle un ultimátum de ocho días a Maduro para que convocara elecciones. Y se volvió a equivocar cuando al terminar ese plazo sucumbió a las presiones de Washington y a la presión de la derecha española, y reconoció oficialmente al entonces desconocido Guaidó como "presidente encargado".

El reconocimiento de España encadenó otros reconocimientos de países de la UE y se sumó a muchos otros (presionados por Trump o por intereses propios en Venezuela en muchos casos) y esto dio alas al “fenómeno Guaidó”, convirtiéndolo artificialmente en el nuevo líder de la derecha más beligerante y menos dialogante con el Gobierno de Maduro. Los 30 días que se daba el “presidente encargado” para convocar elecciones se han convertido en estos días en 365. Y nada.

A pesar de que la administración Trump le ha dado al equipo de Guaidó cientos de millones de dólares, y las llaves y la gestión de CITGO (la filial en EEUU de la petrolera venezolana PDVSA cuyos cuantiosos activos congeló ilegalmente), y que Iván Duque hizo otro tanto con Monómeros, la filial de PDVSA en Colombia, Guaidó ya no moviliza miles de personas como antes. Ni logra tampoco mantener mínimamente unida a la derecha.

Maduro ha aprovechado las históricas divisiones de la oposición para apoyar con sus parlamentarios en la Asamblea Nacional (AN) a un sector disidente de la derecha liderado por el diputado Luis Parra. Ese grupo de parlamentarios disidentes se hizo así con el control del legislativo el pasado 5 de enero en una tumultuosa sesión. De tan dudosa legalidad como la que horas después celebró Guaidó y sus partidarios [¡en la sede de un periódico!] arrogándose igualmente ser los legítimos dirigentes de la AN.

Ahora la derecha no solo tiene un “presidente encargado”, sino que tiene además sectores internos enfrentados entre sí que controlan sendas Asambleas Nacionales, ninguna de ellas reconocida por ahora por el Tribunal Constitucional.

Un año después de su autoproclamación y gracias a los parabienes de Trump y de muchos otros mandatarios, Guaidó sí se ha convertido en el líder indiscutido del sector mayoritario (y más beligerante) de la derecha.

Mientras los partidos del sector más moderado siguen participando en la Mesa del Diálogo con el Gobierno y negocian cómo llevar a cabo la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la fecha para convocar unas nuevas elecciones legislativas con garantías durante 2020, Guaidó ya ha anunciado a su vuelta a Caracas tras su gira internacional que no participará de esa “farsa”.

No es la primera vez en estos veinte años de chavismo que la derecha boicotea unas elecciones. A pesar de que Maduro ha pedido a España y otros “países amigos” que participen en este proceso y promete elecciones con observadores internacionales, Guaidó no acepta ninguna negociación con el Gobierno. Pide a EEUU y a la Unión Europa sanciones más duras para asfixiarlo política y económicamente.

Con ese estrangulamiento confía en provocar malestar social y protestas masivas como en el pasado, la fractura de las fuerzas armadas y el desmoronamiento del Gobierno. Ese estrangulamiento, esas sanciones pueden afectar también cada vez más a las numerosas grandes empresas españolas que operan en Venezuela.

Repsol es una de las más importantes, y ya ha sido "advertida" (?) por EEUU que puede ser objeto de sanciones por invertir y operar en la industria petrolera de Venezuela, tal como acaba de hacer con la petrolera rusa Rosneft.

El pragmático presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien paseó con Hugo Chávez por la Gran Vía cuando este visitó Madrid en 2009, dijo el pasado lunes 17 en Barcelona que “Repsol lleva 20 años en Venezuela y espero que cumpla otros 20 años más”. Repsol participa en el proyecto Perla, en Carlos IV, en el estado Falcón, uno de los mayores campos de gas 'offshore' de América Latina.

En varios digitales de la derecha venezolana se leen artículos con conclusiones coincidentes: es la segunda y última oportunidad de Guaidó, y no son pocos los que vuelven a pedir la intervención militar de EEUU y de “países amigos” latinoamericanos. Léase, Brasil y Colombia.

Guaidó y los narcoparamilitares de “Los Rastrojos”

Ni bien volver en avión a Caracas (siendo recibido en el aeropuerto por partidarios y medios de comunicación, sin ser detenido, como ya viene siendo habitual) Guaidó emitió por su cuenta de twitter un video haciendo un nuevo (y ya van muchos) llamamiento a los militares para que se plieguen a su causa, prometiéndoles “respeto y garantías”.

Pero los miembros de las fuerzas armadas venezolanas no son los únicos a los que corteja Guaidó para una eventual opción militar. La prensa española, salvo muy pocas excepciones, no se ha hecho eco de las numerosas denuncias y pruebas existentes contra Guaidó y su equipo por su relación con narcoparamilitares colombianos. Más específicamente con “Los Rastrojos”, con varios de cuyos dirigentes se fotografió Juan Guaidó un mes después de autoproclamarse presidente.

En las fotos aparece con Albeiro Lobo Quintero, alias 'Brother' (armado en la foto), jefe financiero de la banda, y con John Jairo Durán Conreras, alias 'El menor', quienes lo han ayudado a pasar por una 'trocha' en la frontera venezolana a Colombia para asistir en Cúcuta a la operación de la 'caravana humanitaria' y el concierto opositor que se celebró en esa ciudad.

Guaidó lo niega. “Nos tomamos fotos con muchísima gente”, dijo cuando varios meses después las dio a conocer la Fundación Progresar, de la ciudad colombiana de Cúcuta. “No podíamos saber la identidad de esa gente, de cada uno que nos pedía un selfie”, se justificó.

“Los Rastrojos” es un grupo de narcoparamilitares escindido hace años de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), otrora poderoso grupo paramilitar de ultraderecha que hizo muchos trabajos sucios para el Gobierno de Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (luego elegido presidente de Colombia), ambos de la misma corriente conservadora que el actual presidente Iván Duque.

Este grupo criminal, conocido por sus decapitaciones y descuartizamientos, ha desplazado sus actividades a la zona fronteriza con Venezuela y en numerosas ocasiones opera en territorio venezolano. El Gobierno de Maduro ha denunciado muchas veces a Colombia de utilizarlos para desestabilizar a Venezuela y expandir el narcotráfico a ese país.

Constantemente en la prensa venezolana se da cuenta de enfrentamientos de los militares venezolanos con grupos de “Los Rastrojos” y varios de sus miembros han sido detenidos en territorio venezolano.

Muchos pusieron en duda de que Guaidó realmente no supiera quiénes eran los dos narcoparamilitares con los que se hizo fotos, máxime cuando poco después de conocerse esas imágenes, el 24 de septiembre de 2019, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López (desde hace meses refugiado en la embajada española en Caracas) cometió un lapsus durante una rueda de prensa televisada, que confirmaría la relación con paramilitares.

Fue en la Cumbre Concordia, en Nueva York, y ella participaba en nombre de la Fundación Rescate Venezuela:

“En 2014, 2015, 2016, pedíamos comida y medicina a todo el mundo y lo introducíamos en cajas, y los grupos irregulares y paramilitares lo secuestraban, secuestraban a los doctores que recibían las cajas. Hemos dejado todo esto. Ahora Rescate Venezuela, nuestra fundación, tiene la capacidad de tener manos humanitarias en cada estado de nuestro país y la gente que nos ayudó a hacer esto es gente alrededor del Estado, y los grupos irregulares, paramilitares, también, así que todo el mundo quiere un cambio y todo el mundo quiere ayuda, todos en Venezuela, incluso militares cercanos a Maduro quieren democracia”.

Después de que los atónitos medios de comunicación difundieran sus palabras y le pidieran más detalles sobre las mismas, Lilian Tintori se vio obligada a emitir un comunicado en el que sostenía: “En esta ocasión, lamentablemente mi manejo imperfecto del inglés hizo que se malinterpretara lo que quería comunicar”.

Y añadía: “Aclaro que nunca hemos trabajado con grupos irregulares o paramilitares, ni lo haremos”.

Un año atrás el Gobierno de Pedro Sánchez y muchos otros gobiernos se vieron presionados por Washington y poderosas multinacionales para reconocer a Guaidó, y a pesar de ser tan desconocido personalmente como desconocido era -y es- su proyecto de país, no dudaron en avalarlo. Participaron así, de forma consciente, o de forma irresponsable inconsciente, de una operación injerencista de acoso y derribo al Gobierno de Maduro, con un duro bloqueo económico y político cuyas brutales consecuencias están pagando millones de venezolanas y venezolanos.

Ha pasado un año y ya está claro quién es Guaidó, qué es la derecha, qué intereses están en juego. No basta con decir que no se secundará una solución militar. No hace falta ser defensor de Maduro ni de su política económica y social o su forma de gobernar, para entender que hay que rectificar, que hay que tener una política exterior independiente y que un gobierno que se reivindica progresista tiene que dejar de ver a Venezuela solamente de forma interesada, como el país que alberga la mayor reserva de petróleo reconocida del mundo.

Público. Extractado por La Haine.