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Entre el ajuste y el virus: primer mes de gobierno de Lacalle
Pasó el primer mes desde que se instaló el nuevo Gobierno en Uruguay. Durante la primer mitad logró dar mensaje claros sobre el proyecto político que encarna; la segunda mitad, obviamente, ha estado cooptada por la pandemia generada por el virus COVID-19. Sin embargo debe evaluarse también el accionar de Lacalle Pou durante la pandemia a través de líneas de continuidad, y ello es el "Programa Político". Entendemos aquí el "Programa Político" como el conjunto de ideas centrales y estructurantes, ideológicas, desde las que emanan con mayor o menor distancia las innumerables decisiones y medidas políticas que el Gobierno va tomando. Evidentemente, los gobiernos están expuestos a múltiples tensiones y ninguna ideología de papel puede ser totalmente aplicada, por lo que es necesario leer esas líneas de continuidad, para no perderse en la artillería comunicacional.
En este sentido, antes del inicio de este Gobierno analizamos que podíamos entender la dinámica política gubernamental uruguaya asociando al proyecto político en curso según dos ideas generales: neoliberal y policial.[i] Se trata de un recorte grueso porque faltan aspectos como los vinculados a la política internacional y otros que están presentes pero sobre los que hay que profundizar aún más, como es el carácter conservador y religioso sobre el que se apoya, en buena medida por algunas de sus bases de sustentación.
Los primeros días
Los primeros días del Gobierno estuvieron pautados por la ceremonia de asunción presidencial, que dejó señales interesantes (escasa movilización popular, si se compara con lo ocurrido durante los gobiernos del FA) así como por la designación y asunción de las autoridades de primera línea. También las no designaciones marcaron los primeros días de gobierno. En varias áreas no se conocieron hasta casi dos semanas después de asumido el Gobierno quiénes serían las personas responsables. Incluso la nueva gestión solicitó a dirigentes del Frente Amplio (FA) que se mantengan en sus lugares hasta que encuentren sustitutos. Sobre esto último hay que destacar tres factores posibles que determinaron esta situación: dificultades en la negociación al interior de la alianza de derecha para distribuir cargos, cierto desconocimiento de la estructura ministerial y dificultades de conseguir personas que estén dispuestas a exponerse al trabajo en el sector público por el salario que ello tiene; también por demoras propias de los procesos de designación, sobre todo los cargos que precisan de la venia del Senado.
Entre las autoridades que no fueron designadas a tiempo estaban las de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que quedaron definidas finalmente el 25 de marzo[ii] , es decir, el componente público del sistema de salud, que tan relevante está siendo
Un eje fundamental de la política del nuevo Gobierno estuvo centrado en la presentación y aprobación del Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). Dicho proyecto contiene más de 450 artículos y exige un régimen de tratamiento que, de por sí, dificultaría la discusión por sus plazos acotados. La LUC plantea los aspectos más importantes para la primer etapa del Gobierno, orientados a garantizar el aparato policial y la mirada neoliberal sobre el papel del Estado, tanto en el componente económico como en los asuntos sociales, educativos, etc.[iii] Se esperaba que fuera presentado el primer o segundo día, pero negociaciones internas la retrasaron.
Otro de los hechos más notorios al arranque del Gobierno fue, justamente, la aparición en escena del componente "policial" del proyecto, a tono con las propuestas que la LUC contenía. Durante la primer semana de gobierno se denunciaron varios casos de abuso policial. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió en esa semana más denuncias de abuso policial que durante todo el 2019.[iv] La mayoría de esos "operativos" estuvieron dirigidos a personas en situación de calle y artistas callejeros. El ministro de Interior, Jorge Larrañaga, respaldó los procedimientos y, en general, las autoridades volvieron a insistir sobre la política de control permanente a través de la solicitud de documentos en la vía pública, más por "señal de impacto" que por política de seguridad. Si bien ya había sido parte del debate político en la campaña, el mensaje de los gobernantes es que "si no andas en nada malo no tendrías que preocuparte". Extreman el relato al dividir entre "buenos" y "delincuentes", estos últimos definidos según las necesidades políticas de la autoridad. Los y las jóvenes son un objetivo predilecto de estas políticas.
Esto generó de inmediato una fuerte movilización entre las organizaciones sociales y populares, muchas de las que comenzaron a distribuir -ahora por vía de las redes sociales- los volantes que se utilizaban en las décadas de los ochenta y noventa para enseñar a cómo responder ante las detenciones policiales. Pero el trasfondo más importante de esta nueva actitud de la policía es que oficiaba como preámbulo ante lo que sería la primer gran movilización popular bajo el nuevo Gobierno: la movilización del 8 de marzo.
Como ante otras movilizaciones, en los últimos años se ha visto el incremento de la participación. Ocupar el espacio público era una reivindicación y se entendía que no había motivos para considerar que se podrían desencadenar actos represivos. Pero este fue, justamente, uno de los cambios. Muchas personas que pensaban asistir a la movilización, esta vez no fueron acompañados por sus hijos e hijas más pequeños, y tal vez como hacía mucho tiempo algunos padres insistieron a sus hijos en que se cuiden. El factor policial del proyecto político se fue instalando exitosamente generando, por primera vez en mucho tiempo, el temor de asistir a una movilización.
Durante la propia marcha del 8 de marzo, que fue la más grande de las realizadas, el operativo policial fue imponente. Gran cantidad de efectivos de los grupos de choque destacados en distintos puntos de la movilización, camiones y camionetas y más efectivos en calles paralelas y cercanas. La idea de que podría haber represión, a pesar del carácter absolutamente pacífico de la movilización, sobrevolaba en el aire. El punto de mayor tensión estuvo frente a una catedral que queda en la Avenida 18 de julio, en la que se dispuso un fuerte vallado con un llamativo operativo de efectivos. La imagen era poderosa: el estado con exceso policial defendiendo una iglesia.
Obviamente, la movilización fue un éxito, igual que los años anteriores cuando no había dichos despliegues represivos. Pero el Ministerio del Interior procuró establecer, con la servil ayuda de los medios de comunicación, que el éxito (léase, la falta de actos violentos) se debió al operativo policial. Aunque la propia vicepresidenta de la República asistió a la marcha, para el Gobierno el desarrollo de la movilización no fue responsabilidad de las mujeres organizadas y movilizadas, sino del ministro del Interior.
Detrás del déficit
El principal relato económico del nuevo Gobierno tiene que ver con la disminución del déficit (4,6% del PBI a enero 2020). Los mensajes se orientaron a disminuir el gasto público en 900 millones de dólares. Las palabras "ahorro" y "austeridad" aparecieron como vocablos vedette del Gobierno en materia económica. Tanto desde el Ministerio de Economía (MEF) como de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto (OPP) se pretendió enfatizar en las características de un ajuste. Pero de dónde saldría el ahorro no terminó de saberse.
Uno de los asuntos de conflicto entre el Gobierno entrante y el saliente fue la discusión respecto del "ajuste" tarifario. El FA había anunciado el año pasado, antes de que empezara la campaña electoral, que no habría ajuste de las tarifas de servicios públicos en enero de 2020, que se venían realizando por debajo de la inflación. Luego de realizadas las elecciones y con la victoria de Lacalle, el tema comenzó a aparecer como factor de conflicto. Las autoridades que habrían de asumir el 1 de marzo solicitaban al FA que realizara un aumento de tarifas, a lo que el FA se negó. Cuando finalmente asumió el Gobierno de Lacalle Pou, comenzó a trabajar en ello y le pidió a las autoridades de las empresas públicas (que por lo antes mencionado aún eran las que venían desde el Gobierno del FA) que enviaran información sobre el costo de los servicios de cara a un aumento. Como ya se había anunciado, desde las empresas públicas se informó que era posible no subir las tarifas y, finalmente, el 11 de marzo se informó el aumento de tarifas (a partir del 1 de abril) y otros impuestos.[v] Los aumento estuvieron en el orden del 10% por encima de la inflación, algo que no había sucedido en los gobiernos anteriores. Es relevante recordar que el Gobierno ha insistido en que el aumento tarifario es por el estado deficitario de las empresas públicas, lo cual no es cierto. Es notorio que esperan hacer "caja".
En el mismo sentido fueron anunciados un aumento de 2 puntos de IVA en compras con tarjetas de débito en general y de 4 puntos en las compras en restaurantes. Con esta medida el presidente informó que aspiran a "ahorrar" 40 millones de dólares. Otras medidas de ahorro fueron establecidas dentro del funcionamiento del Estado en materia de mobiliario y renovación de flotas de vehículos. El Gobierno ha insistido en su objetivo de reducir 900 millones, pero no ha indicado de dónde y cómo piensa obtenerlo.
Llegó el virus (la política no se detiene, aunque el presidente crea lo contrario)
El viernes 13 de marzo el Gobierno comunicó la existencia de los primeros casos de coronavirus en el país[vi] . A partir de ese momento, toda la agenda política ha estado centrada en la pandemia. Sin embargo, como ya se dijo, se pueden identificar líneas de continuidad ideológicas en la forma en que el Gobierno diseña y aplica sus medidas.
Los primeros en proponer medidas a implementar por el sector público fueron los médicos, a través de su sindicato (SMU), que exigieron el 16 de marzo la "cuarentena general"entre otras medidas.[vii] y días después volvió a presentar propuestas para un plan[viii] . Es muy relevante el accionar del SMU puesto que se pone al frente de la comunidad científica, algo que es de primordial importancia para determinar una parte de las acciones de los gobiernos de la región según el papel que ocupa el saber científico en la estrategia. En general, la respuesta del Gobierno fue desatender al SMU en primera instancia, pero luego se fueron tejiendo espacios de diálogo.
También la Universidad de la República rápidamente convocó a un comité de crisis académico[ix] y dispuso acciones inmediatas, entre ellas que se "está en condiciones de desarrollar test de diagnóstico a partir de investigaciones ubicadas en las facultades de Ciencias, Medicina y el Instituto Pasteur". La relevancia de la inversión en investigación y la importancia de universidad pública quedó expuesta, sin embargo los medios han preferido dar más relevancia en su relato a un respirador mecánico copiado de Youtube creado por un médico de clara cercanía ideológica con el Gobierno.
Las primeras medidas estuvieron orientadas hacia "aplanar la curva" de la pandemia para evitar el colapso del sistema de atención sanitario, considerando lo que venía ocurriendo en Europa. El mismo día en que se comunican los primeros casos también se menciona el cierre parcial de fronteras, que implicaba la cuarentena obligatoria de 14 días para quienes ingresen al país proveniente de algunos destinos de riesgo determinados por la OMS. Se suspendieron los espectáculos públicos y se recomendó evitar reuniones multitudinarias hasta finalizar la semana de turismo.
El sábado 14 de marzo se suspendieron las clases por 14 días (ya fue extendido más tiempo) en todos los niveles educativos, públicos y privados. Se pusio en funcionamiento un servicio telefónico que, si bien el Gobierno comunicó que estaría atendido por personal especializado y médico, los trabajadores del call center hicieron saber que no eran personal especializado y que informaban a la población según los datos disponibles en las páginas web de los organismos de salud[x] . También se avisó de la instrumentación de una app para celulares de georreferenciación de los casos y aviso por proximidad a los mismos.
Notoriamente, durante las primeras horas fue claro el comportamiento abusivo y egoísta de varias personas que compraban indiscriminadamente productos de higiene y sanitarios. El desabastecimiento de alcohol en gel, tapabocas y otros productos llevó a muchas empresas a multiplicar los precios de los mismos. Ante ello, el Gobierno definió publicar un listado de precios de referencia de algunos productos, pero no quiso establecer una fijación de precios.
El lunes 16 de marzo se anunció el cierre total de fronteras con Argentina. El 18 se planteó la posibilidad de flexibilizar el seguro de desempleo y habilitación a recurrir él por menor tiempo, e incluso por medio horario. Este día también se pusieron en circulación móviles policiales para exhortar a la población a evitar aglomeraciones.
El 19 aparecieron las primeras medidas económicas significativas, pero las expectativas de atención a la emergencia social no fueron cubiertas. Las medidas se orientaron hacia las empresas a través de líneas de crédito flexible, préstamos para pequeñas y medianas empresas, aplazamiento de pagos a impositiva y aportes patronales, así como el incremento del fondo de garantías de créditos.
El día 20, tal vez por la mala señal del día anterior, aparecieron las primeras medidas orientadas a atender a los sectores sociales mas expuestos, a través de transferencias a diferentes programas sociales ya existentes.
El Estado, sustento y suspenso
Dos puntos parecen claros. Por un lado, el fortalecimiento del Estado que se desarrolló durante los gobiernos del FA son la principal base de sustento para la instrumentación de las respuestas en esta crisis. Desde la expansión de la cobertura y la inversión en salud, pasando por el desarrollo de las telecomunicaciones y la existencia del plan Ceibal, así como la capacidad de acceso a líneas de crédito extranjeras para poder enfrentar la crisis. A todas esas políticas, cuando el actual Gobierno era oposición no descansó en su crítica. Sin ellas hoy la gravedad sería mayor.
El segundo elemento tiene que ver con que el Gobierno confía y reitera el carácter transitorio de esta crisis, en tanto shock de oferta transitorio. Por ello evita por todas los caminos posibles afianzar al Estado. Utilizar sí, todo lo necesario, al sector público ahora pero esperar a que la crisis pase y el mercado vuelva a la normalidad y pueda ser el motor social que esperan. Y que el Estado quede en suspenso. Esta es una creencia firme, por eso cuando se analicen las medidas no se puede dejar de reconocer este componente "Programático", su cara neoliberal.
Las conferencias y las fisuras del virus
La comunicación ha sido el lugar principal de la política del Gobierno. Se hacen conferencias de prensa diarias, de las que la población esperaba los datos oficiales de contagios y la eventual declaración de una "cuarentena obligatoria". Poca cosa más ocurría hasta que avanzados los días comenzaron a aparecer algunas señales de medidas concretas, como ya mencionamos. La comunicación directa ha sido la estrategia central, y parece acertado tanto para tener una presencia ordenada del Gobierno así como para bloquear al resto del sistema político. En esta estrategia también han habido grandes debilidades, entre ellas, cuando ya se contaba con 79 casos positivos de Covid-19 y el gobierno enfatizaba en el aislamiento social voluntario, por las redes circuló una foto del presidente comiendo en un local de comida abrazado de su dueño. Una debilidad que no fue la única.
Así como el encierro puede generar problemas de convivencia en un hogar, a la semana comenzaron los primeros cruces al interior de la coalición de gobierno. El senador Manini, líder de Cabildo Abierto -que cuenta nada más y nada menos que con el ministro de Salud- publicó un video en el que solicitaba al presidente que diera marcha atrás con el aumento de tarifas[xi] . Esto molestó al resto de integrantes del Gobierno. La situación comenzó a parecer tensa también dentro del equipo de gobierno, en particular con desacuerdos políticos y comunicacionales entre el ministro de Salud y el presidente. La situación llevó a que Cabildo Abierto respaldara públicamente a su ministro.
Estas contradicciones "comunicacionales" serán parte de la debilidad en la comunicación del Gobierno, una de las herramientas más importantes en estos casos en que la incertidumbre y el miedo forman parte crucial del día a día. Pero parece que el Gobierno encontró al mensajero. La desaparición esporádica del presidente ha sido un tema de especulación constante, y sus salidas públicas tampoco arrojaban tranquilidad. Las propuestas económicas, al ser explicadas por la ministra de Economía, eran verdaderos laberintos semánticos que transmitían lo contrario a la serenidad necesaria en estas épocas, más allá de las propias medidas. Finalmente, parece que en Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, el Poder Ejecutivo ha encontrado un interlocutor de mayor claridad y receptividad para la comunicación, y aparentemente en la nada quedó la creación del vocero presidencial, que ni se vio.
El Gobierno no hace política
En un chicaneo irresponsable, el propio presidente y el resto de los ministros han estado utilizando estas conferencias y otras comunicaciones públicas para dudar de la información estadística nacional, algo en lo que el país ha sido altamente reconocido. Fue la forma escogida para pasar factura al Frente Amplio durante esta crisis.
En esto también se muestran señales claras de lo ideológico. Lacalle dijo en una de las conferencias que no "está haciendo política, sino que está gobernando"[xii] . Al parecer, intentó de esta forma poner un límite a las propuestas que desde diferentes sectores políticos y sociales se estaban planteando. La necesidad de ocupar todo el espacio político y desprestigiar cualquier otro parece ser una de sus estrategias políticas. No vale ni siquiera el aliento explicar la falacia de gobernar sin política.
Desde el Frente Amplio, desde el Pit-Cnt, desde la Universidad de la República y de varios colectivos más se vienen planteando propuestas que el Gobierno prácticamente desoye. El caso más fuerte fue el acuerdo alcanzado entre el Sindicato de la Construcción (SUNCA) y la patronal para detener las obras y sumarse al aislamiento social voluntario, pero el Gobierno lo desconoció y echó para atrás. Finalmente, a los días igualmente se firmó.
Como se mencionó al principio, uno de los grandes temas de la primera etapa de este gobierno era -y sería- el tratamiento del proyecto de Ley de Urgente Consideración. En el marco de la pandemia y la exhortación a la separación social, desde la oposición y desde filas del campo social y popular se expresaron reiteradas opiniones de que no podría tratarse dicha ley en el medio de una pandemia que tiene como principal trinchera de resistencia la separación social. Finalmente, el Gobierno comunicó, en voz de la vicepresidenta, que el proyecto de ley sería firmado por el Poder Ejecutivo pero no se enviará al Parlamento para su discusión.
Por otra parte, el Frente Amplio le solicitó una reunión al Gobierno y la respuesta fue dar cita para 9 días después. En estas horas, tal vez por la presencia de varias voces señalando la necedad de tal comportamiento adelantaron la fecha del encuentro, que ocurrirá el 31 de marzo.
Mientras el Gobierno hace un llamado a la salida de esta crisis "entre todos", ha desestimado de forma tajante las propuestas y el diálogo con el principal partido político y único partido de oposición, con los trabajadores, con la academia, y con todos los que no están en su círculo inmediato. Es de esperar que maneje cifras altas de apoyo al Gobierno ante la crisis y de allí se afirme en el comportamiento de establecer distancia entre el Gobierno y el resto de la sociedad y sistema político.
La demagogia y la oposición entre trabajadores
La demagogia no tardó. Se ha creado un fondo "coronavirus" para financiar las medidas que se realicen. Para ello se han mencionado algunas fuentes de financiamiento, pero una de las propuestas que ha generado más discusión en los últimos días ha sido la de fijar un recorte del salario de los cargos políticos y también a los funcionarios públicos de mayores ingresos para financiar dicho fondo. Sin embargo, hay que destacar el carácter transitorio de dichos recortes, por lo que no es un ajuste de los salarios políticos, y que su recaudación sería poco menos que testimonial.
El otro componente de financiamiento del fondo se basa en enfrentar a los trabajadores privados y los trabajadores públicos. Esta idea exquisita del menú neoliberal apunta a afianzar el prejuicio sobre el sector público y contraponer trabajadores. El argumento principal es que los trabajadores públicos no corren riesgo de perder su trabajo. Evidentemente, como hemos señalado antes, la emergencia no cierra el paso a la ideología; por el contrario, nos expone con más fuerza.
Podría el Gobierno haber apostado a asegurar la no pérdida de empleos postcrisis, sin embargo apunta con esta medida demagógica llenar las otras debilidades que el gobierno tiene, porque ¿cuántos de los seguros de desempleo solicitados por Covid-19 no son en realidad modificaciones permanentes de la plantilla? Pero este Gobierno no pretende, naturalmente, orientar desde el Estado el actuar del sector privado, menos aún en beneficio de los trabajadores.
No falta decir que los aplausos a los trabajadores de la salud no han faltado ni han dejado de estar estimulados por las conferencias de prensa gubernamentales. Las preguntas son dos: por qué no al resto de los trabajadores que también aseguran que la sociedad funcione, como transportistas, recolectores de basura, empleados de comercio de alimentos, docentes que mantienen las medidas de alimentación en las escuelas o clases virtuales, etc. Y segunda -y más importante-, si reconocerá el Gobierno al sistema público de salud y a sus trabajadores cuando presente su propuesta de Presupuesto Nacional.
¿Cómo sigue?
Estamos entrando en la fase más crítica, según el patrón de otros países. Parecería que de a poco nos acercaremos a parámetros más restrictivos del aislamiento social, pero mientras no se aseguren las condiciones básicas para los más humildes hacerlo sería inmoral y, a la vez, implicaría prender mechas explosivas. La región nos muestra que las políticas de aislamiento obligatorio han sido utilizadas con fines más políticos que sanitarios por gobiernos extremadamente débiles y que enfrentaban fuertes movilizaciones populares.
Los partidos políticos con representación parlamentaria se han puesto de acuerdo en el proceso para modificar la fecha de elecciones departamentales que debían ser en Mayo[xiii] . Sin duda es algo sensato, pero dada la rigidez de nuestra Constitución será un antecedente significativo para otras circunstancias venideras. Que sea por consenso de todos los partidos es una buena cosa.
La foto sale movida
La faceta neoliberal se vio desbordada por la pandemia, pero no se ha ahorrado en sostenerla. Durante los próximos 15 días se estará en zona de mayor riesgo sanitario. El Gobierno insistirá en los valores de la solidaridad como filantropía y el Estado como agente relevante pero transitorio. Si el Gobierno no logra realmente establecer un mecanismo de diálogo nacional con el resto del sistema político y las organizaciones sociales, la descomposición social puede ser peor.
La izquierda debe incorporarse al debate por el sentido, de forma acelerada. La pandemia también frenó una discusión al interior del FA que es necesaria y tiene que ver con su balance y reorientación estratégica. Hoy el Frente Amplio no ha encontrado una forma razonable para ser un actor relevante en la crisis. Debe dar una respuesta rápida a esto si no quiere ser pasado por arriba por la militancia que se organiza por fuera para activar soluciones de emergencia, o por la dinámica del Gobierno que todo lo acapara y lo "ningunea".
Los impactos económicos y sociales serán muy importantes, pero en el algún momento se llegará al día uno postpandemia. Todo lo que se haga debería también estar orientado en ese sentido. El Gobierno uruguayo pretende eludir cualquier política que fortalezca el rol del Estado de forma permanente, pero todo indica que el papel del sector público y la desmercantilización de la salud son algunos de los aprendizajes globales de esta tragedia.
Pasada la batalla contra la pandemia, la propuesta neoliberal y policial del Gobierno, continuará.
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Notas
[i] https://www.celag.org/dossier-uruguay-politica-economia-y-la-asuncion-de-lacalle-pou/
[ii] https://www.asse.com.uy/contenido/Asumieron-nuevas-Autoridades-de-ASSE-12255
[iii] https://www.celag.org/uruguay-las-urgencias-del-gobierno-electo/
[vi] Para ver documentación de las medidas adoptadas por el Gobierno: https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/informacion-interes-actualizada-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay
[viii] https://www.smu.org.uy/wpsmu/wp-content/uploads/2020/03/Documento-SMU-20-de-marzo.pdf
[x] https://www.carasycaretas.com.uy/sutel-explico-como-funciona-el-0800-19-19/
[xiii] La fecha de las elecciones está establecida en la Constitución, por lo que un cambio de fecha exige un cambio ésta. Sin embargo, para ello debería convocarse al Soberano, ya que no existe en Uruguay la posibilidad de una ley que modifique la Constitución sin que se convoque un plebiscito.