Privatización del agua, de Madrid a Cochabamba

Hace dos meses, unas diez mil personas se manifestaron en Madrid,
convocadas por la Plataforma contra la Privatización del Canal de
Isabel II y cuarenta asambleas de barrios y pueblos, contra la
decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de convertir el Canal
de Isabel II en una Sociedad Anónima y de poner a la venta el 49% de
sus acciones.

Con la excusa de garantizar el abastecimiento del agua y su calidad,
mediante la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, en
diciembre de 2008 la Asamblea de Madrid, con los únicos votos del
Partido Popular, aprobó la captación externa de recursos económicos
convirtiendo la empresa pública en una sociedad anónima y dando la
posibilidad de comprar acciones a ciudadanos e inversores, lo que
significará la entrada de empresas privadas en Canal de Isabel II.

Los/as manifestantes afirmaban que la privatización, lejos de ser “una
oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños de su
empresa de agua”, como afirmó Esperanza Aguirre, supone la entrega a
las multinacionales de una empresa pública valorada en cuatro mil
millones de euros, con más de ciento cincuenta años de historia, que
tiene unos beneficios de sesenta millones de euros anuales y que da
empleo a más de dos mil doscientos/as trabajadores/as. Denunciaban que
poner en manos de multinacionales el Canal, y la sustitución del
interés público por el privado, tendría como consecuencia un aumento
de los precios, una disminución de las inversiones en el servicio y
con ello de la calidad del agua, el fin de campañas de ahorro de agua
por ser incompatibles con las lógicas mercantilistas de una empresa y
la reducción de ingresos de la Comunidad de Madrid. Distintas
asambleas populares de la Sierra de Madrid han denunciado que la venta
del Canal, al conllevar la enajenación de grandes extensiones de
terrenos, embalses y caminos puede suponer la limitación del acceso a
importantes zonas de la sierra.

La conversión del Canal en una entidad con ánimo comercial comienza en
los años ochenta, cuando se crean distintas sociedades participadas
por ésta y se empiezan a externalizar servicios, pero es en 2002
cuando se consolida un sistema de gestión empresarial de la empresa
pública. Es en este año cuando se crea un grupo empresarial de
carácter mercantil, formado por unas treinta y cinco empresas, una
parte importante de las cuales tiene accionariado privado, y se inicia
la transformación del Canal en una empresa comercial de carácter
transnacional que, a partir de entonces, diversifica sus actividades
tanto sectorial como geográficamente actuando en Latinoamérica,
concretamente en Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.
Después de muchas denuncias locales por sus actividades depredadoras,
el Canal fue condenado por el Tribunal Permanente de los Pueblos tras
ser acusado de agresión cultural e invasión de territorios de pueblos
indígenas y de la destrucción del medio ambiente y de los medios
tradicionales de vida de aquéllos.
El negocio del agua en el mundo

El proceso de privatización del agua madrileña es uno más de los casos
que, desde finales de los años ochenta, se están llevando a cabo de
forma casi idéntica en todo el mundo. El mercado del agua es muy
codiciado por las grandes transnacionales al ser un monopolio natural,
donde no existe competencia ni riesgo, con clientes fijos, con altas
tasas de ganancia y con liquidez inmediata. Esto, unido a la cada vez
mayor escasez de agua en el mundo, hace más apetecible la inversión
privada y la búsqueda de beneficios. Así, John Bastin, del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, una institución
dedicada a la financiación de bancos, empresas, administraciones
públicas y al apoyo a la privatización de empresas públicas, declaró
que “el agua es la última frontera en infraestructuras que les queda a
los inversores privados”.

Es en América Latina donde la mercantilización del agua se ha llevado
a cabo con una mayor intensidad, pero también donde sus habitantes han
respondido con más decisión a este proceso. En esta región del
continente americano, el proceso ha sido impulsado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ha impuesto la privatización
de bienes y servicios públicos como condición para otorgar préstamos,
algo a lo que los/as mandatarios/as locales no se han opuesto, aunque
pocos/as han sido tan sinceros/as como el Secretario de Medio Ambiente
y Agricultura mexicano Alberto Cárdenas, que en su día declaró: “que
se pague el agua hasta que duela”. De estas políticas han salido
beneficiadas empresas transnacionales de capital europeo, como las
francesas Suez y Vivendi (que controlan dos tercios del negocio del
agua mundial) y la alemana RWE-Thames. Además de estas empresas
tradicionalmente vinculadas al negocio del agua, el gigante de los
transgénicos Monsanto también ha “enfocado sus lentes aún más en los
recursos del agua y de la tierra” porque, como explica la propia
multinacional, “lo que estamos viendo no es la consolidación de
compañías semilleras, es en realidad una consolidación de toda la
cadena alimenticia. El agua es esencial para la producción
alimenticia, como lo son las semillas y sin agua no es posible vivir.
Monsanto está tratando de establecer control sobre el negocio del
agua, empezando con India y México donde el agua escasea”.

A lo largo de estos años hemos podido comprobar en todos los lugares
del mundo las consecuencias de la venta del agua a multinacionales. En
América Latina este proceso se ha realizado, entre otros muchos
lugares, en Argentina y Chile, donde gracias a la intervención de
empresas de capital español, como las energéticas Endesa e Iberdrola,
las constructoras ACS, FCC y Sacyr Vallehermoso y Aguas de Barcelona
(propiedad de Suez y de La Caixa) y empresas públicas, como Aguas de
Bilbao y el propio Canal de Isabel II (lo que demuestra que, pese a
ser públicas, son empresas), las tarifas han aumentado entre un 100 y
un 150%. Situación similar se dio en Sudáfrica, donde los fuertes
aumentos de los precios del agua como consecuencia de la privatización
hicieron que la población más pobre se viese incapaz de poder
abonarla. Para reducir el riesgo de impago, a Suez se le ocurrió una
idea muy sencilla: en Soweto, un barrio de mayoría negra de la
capital, instaló medidores prepago para que, una vez se agotara la
cantidad pagada por el usuario, se cortara el suministro.

Encontramos un ejemplo más claro de qué supone la privatización del
agua y de que es posible combatirla en el caso boliviano. En el año
2000, siguiendo los dictados del FMI, BM y BID, se privatizó el
servicio de aguas de la ciudad de Cochabamba, poniéndolo en manos de
la multinacional Suez. Las consecuencias fueron nefastas para la
población, zonas consideradas como no rentables económicamente
quedaron desabastecidas, se prohibió el uso de de fuentes de
abastecimiento de agua naturales y tradicionales en las zonas donde
operaba la empresa, lo que tuvo graves consecuencias en una región de
mayoría campesina e indígena y las tarifas aumentaron
considerablemente. Ante esto, los/as bolivianos/as se movilizaron y,
tras violentas manifestaciones que no pudieron ser controladas por la
policía, tomas de carreteras y amenazas de asaltar la empresa, el
Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato que les unía con las
empresas inversoras. La respuesta de Suez fue la de presentar una
demanda contra Bolivia por los beneficios dejados de obtener pero, una
vez más, la presión internacional obligó a la empresa a desistir de la
demanda y a volver por donde había venido. Las movilizaciones de
los/as habitantes de Uruguay, de Buenos Aires y Santa Fe en Argentina,
y de La Paz en Bolivia también llevaron a la remunicipalización de la
gestión del agua.

Europa no es extraña al afán de las multinacionales por hacerse con el
agua. En París, en 1985, Suez se hizo con la concesión de la
distribución del agua potable y tras quince años de gestión privada,
ésta fue recuperada por el Ayuntamiento. La gestión pública ha hecho
descender las tarifas y mejorar el servicio por una razón muy
sencilla: los beneficios que se obtienen del suministro de agua se
reinvierten en este servicio en lugar de utilizarse en pagar
dividendos de accionistas y de engordar el arca de multinacionales. El
ejemplo de Berlín es quizás el que más nos puede ayudar a comprender
qué supone la eventual privatización del agua y las consecuencias que
puede tener para Madrid la venta del Canal de Isabel II. En 1999, el
gobierno berlinés realizó unos planes idénticos a los previstos por la
Comunidad de Madrid en el presente: vendió el 49% de las acciones a un
consorcio de multinacionales formado por la francesa Veolia y la
alemana RWE. Los resultados del negocio no se hicieron esperar y en
cinco años los beneficios de las empresas han alcanzado casi los
quinientos millones de euros, las tarifas han aumentado
considerablemente y la calidad del agua ha disminuido. Además, se
produjeron más de dos mil despidos y muchos contratos fijos pasaron a
ser eventuales y temporales.

Ahora nos toca decidir a nosotros/as si seguimos la lucha que
empezaron los/as habitantes de Cochabamba o si esperamos a pagar hasta
que nos duela.

Más información en www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org

Extraido de Todo por Hacer nº 11.
www.todoporhacer.org