El vídeo de Bolsonaro desató un escándalo en Brasil

Brasil vivió el viernes una avalancha de tensiones. Autorizada por Celso de Mello, el más antiguo integrante del Supremo Tribunal Federal, la divulgación del registro en video de la reunión ministerial del pasado 22 de abril expuso manifestaciones tanto del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como de algunos de sus ministros que sacudieron los pilares del ya muy polémica crisis vivida por el gobierno.

A raíz de la divulgación integral de lo ocurrido, se profundizaron en Brasil nuevas grietas institucionales, cuyas consecuencias se harán ver en breve.

Por si fuera poco, también el viernes el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general reformado Augusto Heleno, emitió una nota oficial criticando duramente la decisión de Celso de Mello de encaminar a la fiscalía general de la República un pedido de aprehensión del celular presidencial y el de su hijo Carlos.

Acorde a lo que determina la legislación, es responsabilidad precisamente del fiscal general de la República atender o no al pedido, y Mello no hizo otra cosa que cumplir con su obligación.

La nota extemporánea de Heleno, conocido por sus posiciones extremadamente reaccionarias, dice que pedir la entrega del celular de Bolsonaro podría provocar "consecuencias imprevisibles para el equilibrio institucional". Bolsonaro, a su vez, adelantó que no entregará su celular en el caso de que sea esa la determinación judicial.

Al ser conocido lo ocurrido en la conturbada reunión de gabinete de hace un mes, quedaron claras las posiciones de varios de sus ministros que, pese a no ser desconocidas, por primera vez aparecen documentadas.

Si en el campo jurídico es muy difícil prever cuáles serán los próximos pasos, en términos institucionales lo que se reveló al país es puro desastre. De lo que dijeron al menos tres de sus ministros, lo que se oyó revela hasta qué punto se llegó, en términos de bajeza y manipulación, en la actuación de este gobierno. Y de lo que dijo Bolsonaro, ni hablar.

El centro de interés jurídico estaba en lo que denunció Sergio Moro, el ex juez que condenó a Lula da Silva sin pruebas, abriendo camino para la elección del ultraderechista, que lo compensó con el ministerio de Justicia.

Al renunciar de manera estrepitosa dos días después de la tumultuosa reunión, Moro acusó a Bolsonaro de pretender intervenir en la Policía Federal en Río de Janeiro para impedir que se profundizasen investigaciones que podrían involucrar a sus hijos y a personas cercanas a la familia presidencial. Y eso ahora se confirmó, al menos de manera indirecta, acorde a lo que dice la mayoría de los juristas.

Al quejarse duramente de la falta de información de parte de los órganos de seguridad, el ultraderechista confesó que confía solamente en las informaciones que le son transmitidas por su "sistema particular". Con eso, admitió que viola la legislación; está vedado a los presidentes armar esquemas de inteligencia paralelos al oficial.

Otro punto que llamó la atención fue la manera en que el ultraderechista trata a sus adversarios políticos. Bolsonaro se refirió al gobernador de San Pablo, el derechista João Doria (que lo respaldó en las presidenciales de 2018), como "una bosta". Al de Río, Wilson Witzel, igualmente derechista y ex aliado, lo llamó "estiércol". Y al alcalde de Manaos, "una mierda".

No es difícil prever cuáles serán a partir de ahora las relaciones entre el presidente y los gobernadores de los estados más ricos y poblados del país.

Otro punto que podría, y seguramente lo hará, llevar a abrir nuevas denuncias contra Bolsonaro en la Corte Suprema, fue el énfasis con que defendió su política armamentista. Mezclando el derecho a la defensa personal con distintos llamados a la desobediencia judicial, defendió que cualquier ciudadano salga de casa armado para romper las medidas de aislamiento determinadas por alcaldes y gobernadores. "Si está armado podrá defenderse de quien pretenda esposarlo para impedir que ejerza su derecho de ir y venir", dijo.

Ya Abraham Weintraub, el ministro de Educación que comete errores de concordancia verbal cuando habla y de ortografía cuando escribe, responderá judicialmente por haber ofendido a integrantes de la Corte Suprema: pidió a sus pares y a Bolsonaro que "actuemos con más fuerza, empezando por detener a los once vagos del Supremo Tribunal Federal".

Ricardo Salles, de Medioambiente, dio una clase magistral de cinismo: "Aprovechemos que los medios de comunicación están centrados en el coronavirus para cambiar las reglas de protección ambiental". Paulo Guedes, de Economía, dijo que, si dependiese de él, "privatizaría esa mierda que es el Banco do Brasil".

Brasil se enteró de todo eso el mismo día en que se transformó en el segundo país con más infectados por el coronavirus en todo el mundo: más de 330 mil personas.

Página 12