Una nueva amenaza militar golpista en Bolivia

Bolivia vuelve a los titulares internacionales en medio de una polarización agravada por la pandemia con el saldo de más de 500 fallecidos y más de 15,000 contagiados.

Es así como el jefe del Ejército, César Orellana, irrumpió en el Senado (de mayoría masista), con la tropa militar, para entregarle un ultimátum: ¡Que el Senado cumpla con su función y ratifique los ascensos de las FF.AA., de lo contrario, vamos a proceder como establece nuestra normativa! (22/05/20)

Y es que a pesar que la presidente Añez es la encargada de los nombramientos, estos deben pasar por la ratificación del Senado, que los ha observado, desarrollando una nueva crisis donde los golpistas temen que se depure a gente afín y se ascienda a militares más permeables al MAS. Hay que tener en cuenta que Orellana fue nombrado post derrocamiento del gobierno de Evo Morales, y fue quien lideró la sangrienta intervención en El Alto con el fin de romper el cerco popular a la planta de gas de Senkata, con el saldo de aproximadamente treinta muertos.

Esta violenta irrupción militar se dio mientras la presidenta Añez plantea dilatar las elecciones sin poner fecha. Más aún con las noticias de las últimas semanas, que en medio de la pandemia la corrupción ha alcanzado un nivel inaudito. Como el escándalo que produjo la renuncia del Ministro de Salud, Marcelo Navajas, por la compra en España de 170 respiradores, que cuestan 8.000 dólares, a precios sobrevalorados de $28.000, calculando un robo de $3.500.000.

Un acto inmoral solo comparable a la compra sobrevalorada en Perú de mascarillas inservibles bajo la gestión del ex ministro Carlos Moran. Y es que, en el caso de Bolivia, el lucro capitalista del ex Ministro está no solo en la estafa de la compra sino en que los respiradores son inservibles.

“…Días después se conoció que los respiradores no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino que estaban diseñados para ambulanciasy para terapia intermedia. Una vez comenzaron las denuncias, la empresa de España confirmó que los equipos que Bolivia compró cuestan menos de $10.000, según reportó el diario boliviano El Deber…”, (BBC, 20/05/20).

Esta cuestión ha repercutido en la muy escasa popularidad de la mandataria, lo cual afianza su estrategia de no ponerle fecha a las elecciones (que debían realizarse el 3 de mayo), lo que ha producido una grieta de sus funcionarios con el MAS, con los cuales había llegado a un acuerdo para que aprueben la sucesión constitucional, a cambio justamente de convocar a nuevas elecciones. Y es que Añez tiene todavía el apoyo de la OEA [a pesar del artículo del New York Times] y los neofascistas Bolsonaro y Trump.

Por su lado, el Tribunal Electoral dijo que las convocaría en 90 días, mientras que el MAS, a la vez que trata de capitalizar la corrupción del gobierno, votó para que las mismas se realicen antes del tres de agosto.

Para el ex presidente Evo Morales, “…Este hecho del general Orellana es como un golpe al Gobierno de Añez y (..) dar un ultimátum al Senado es un golpe a la Asamblea Legislativa… el asunto de los ascensos solo busca desviar la opinión pública sobre el tema de la corrupción". Y advirtió que según información que le han proporcionado, "en Bolivia se están gestando montajes bajo el asesoramiento de EEUU, orientados a suspender las elecciones, so pretexto de que hay subversivos y terroristas", (Página siete, 21/05/20).

Y en efecto, la salida obligada de Morales se dio, en parte, por la necesidad del neofascismo de Trump de recuperar su “patio trasero” y dar respuesta a un continente convulsionado con rebeliones populares en Puerto Rico, Haití, Ecuador, Colombia y Chile. Y es por eso que, a pesar que Evo se había allanado a la participación de la OEA, incluso a convocar a nuevas elecciones sin él, el golpismo lo derrocó y se impuso a sangre y fuego. Esta política fascista se impulsó en medio de una convulsión de algunos sectores contra el gobierno y una reelección que también era impopular en sectores de las clases medias.

Por tanto, lo que estamos observando ahora es la continuación del golpismo del 19 de noviembre del año pasado. Es así como la derecha, valiéndose del virus, comenzó a movilizarse demandando el cierre del Congreso a la vez que cientos de trabajadores están siendo despedidos de las empresas y el hambre avanza en las barriadas, donde no llegan los subsidios. Pero ya existen más de 200 policías y militares muertos por la pandemia y el frente derechista que se aglutinaba alrededor de Añez parece agrietarse y pierde apoyo en las clases medias blancas.

Y hay noticias que apuntan a que el hijo de una política aliada de Añez (que hoy es cónsul en España), así como el novio de la hija de la presidenta, también estarían detrás del escándalo de corrupción. Esta crisis se desarrolla en un contexto donde semanas antes el presidente de la petrolera estatal YPFB, Herland Soliz, autorizó la compra de diésel a $124 el barril (cuando su precio es de $30, 400% más de sobreprecio). Se importaron $160 millones con esta tarifa, lo que significa el robo de $120 millones. A la vez la mandataria Añez está aprobando leyes de entrega del litio y las tierras raras a grupos multinacionales. En otras palabras, para enriquecer a la clique que gobierna el país.

En este complejo escenario es de destacar la paralización que realizó el pueblo autoconvocado de K'ara K'ara, en Cochabamba, ya que a pesar de ser amenazado por el golpismo y grupos neofascistas como la Juventud Cochala, se mantuvieron firmes en las barricadas de las calles por 13 días logrando una victoria importante contra el hambre y por que se realicen las elecciones. El golpismo se comprometió a comprar 20 cisternas de agua y realizar las obras públicas correspondientes.

La Abeja