Con la victoria de José Antonio Kast, el pinochetismo vuelve al poder por vía electoral, articulando restauración neoliberal, autoritarismo moral y anticomunismo como respuesta a la crisis chilena
El domingo 14 de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast se impuso con una amplia ventaja (58,2%) en la segunda vuelta presidencial frente a su contendora, la oficialista y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara (41,8%).
El resultado se inscribe dentro de lo anticipado por las principales encuestadoras --en particular CADEM, cuya medición del 29 de noviembre proyectó con notable precisión el desenlace final--, pero también confirma una tendencia política más amplia, visible desde la primaria oficialista de junio. Como se señaló entonces: «El desafío para la candidatura de Jeannette Jara es mayúsculo en varios niveles. El primero y más relevante es transformar los 825.835 votos de la primaria en los 7 millones que se necesitarán para imponerse en la segunda vuelta presidencial, que por primera vez desde 2012 se realizará con voto obligatorio, una modalidad que, según todas las tendencias, ha favorecido a la derecha.»
Por su parte, tras la primera vuelta presidencial señalábamos que «los resultados electorales del domingo 16 de noviembre muestran con nitidez la magnitud de la victoria de la derecha. En la elección presidencial, ese bloque alcanzó el 50,3% de los votos, distribuidos entre José Antonio Kast (23,9%, Partido Republicano), Johannes Kaiser (13,9%, Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (12,5%, Chile Vamos)».
Con una participación del 85% del padrón, Jeannette Jara incrementó su caudal electoral entre la primera y la segunda vuelta en alrededor de un millón setecientos mil votos. Sin embargo, ese crecimiento resultó claramente insuficiente frente al avance de Kast, que sumó más de cuatro millones de nuevos votantes y se impuso en la totalidad de las regiones del país, sin excepción.
El análisis de la distribución del voto por género y edad permite precisar aún más esta dinámica. Kast obtuvo sus mejores resultados en el electorado masculino en todos los tramos etarios, pero también registró un desempeño particularmente alto entre las mujeres de entre 35 y 54 años. Jara, en cambio, se impuso en el voto femenino menor de 35 años y en el de mayores de 54, configurando un apoyo más fragmentado y socialmente localizado.
¿Quién es José Antonio Kast?
José Antonio Kast no es un outsider. Militó durante más de dos décadas en el partido histórico del pinochetismo, la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado durante dieciséis años consecutivos (2002-2018) y se presentó en tres ocasiones como candidato presidencial.
En 2016, Kast renunció a la UDI argumentando que el partido había abandonado su proyecto fundador --ultraconservador en lo moral, católico en lo cultural y neoliberal en lo económico-- en favor de una estrategia de masificación y moderación discursiva. Poco después, en 2017, lanzó su propia plataforma presidencial, Acción Republicana, que en 2019 se constituyó formalmente como partido político bajo el nombre de Partido Republicano, su actual fuerza de referencia.
En coherencia con esa trayectoria, en 2020 Kast fue uno de los firmantes de la llamada Carta de Madrid, una iniciativa impulsada por la extrema derecha internacional con el objetivo explícito de frenar «el avance del comunismo» en América Latina.
Kast es el menor de diez hijos del matrimonio de emigrados alemanes Kast-Rist. Su padre, Michael Kast, fue soldado de las fuerzas armadas de la Alemania nazi (Wehrmacht) y estuvo afiliado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
Tanto sus padres como varios de sus hermanos desarrollaron actividades empresariales en el sector agrícola de la zona central del país. Existen, además, investigaciones periodísticas y judiciales documentadas que vinculan a miembros de la familia Kast con actividades criminales de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura de Pinochet, incluyendo su participación en patrullajes civiles junto a las fuerzas represivas del régimen y en operativos asociados a violaciones graves de los DDHH, entre ellas desapariciones forzadas.
El hermano mayor de José Antonio, Miguel Kast --economista formado en la Universidad de Chicago-- ocupó cargos clave durante la dictadura: fue ministro del Trabajo y posteriormente presidente del Banco Central. En su rol como ministro de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) entre 1978 y 1980, Miguel Kast Rist fue uno de los principales impulsores de la categoría estadística de «extrema pobreza», que orientó la focalización del gasto social hacia los sectores más empobrecidos. Esta definición institucionalizó una política de gasto social mínima, orientada a la mera supervivencia, plenamente coherente con el programa de ajuste estructural y desmantelamiento del Estado social impulsado por la dictadura.
De extracción familiar y formación política ultracatólica, Kast se reconoce como un discípulo fiel del principal ideólogo civil de la dictadura chilena y fundador de la UDI, el fallecido exsenador Jaime Guzmán. En coherencia con esa matriz doctrinaria, Guzmán sostenía frente al aborto una posición extrema: «La madre debe tener el hijo aunque salga anormal, no lo haya deseado, sea producto de una violación o aunque, de tenerlo, derive su muerte».
Como diputado, Kast se opuso sistemáticamente a la ampliación de derechos civiles y sexuales. Votó en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo y de la ley antidiscriminación, militó activamente contra la educación sexual integral, rechazó la dispensación gratuita de la píldora del día después y defendió la derogación de la legislación vigente sobre aborto en tres causales.
Esta orientación se tradujo también en sus propuestas programáticas. Durante su segunda candidatura presidencial, Kast planteó la eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, su reemplazo por un Ministerio de la Familia y la restricción de determinadas ayudas sociales --particularmente relevantes para mujeres empobrecidas-- exclusivamente a mujeres casadas.
En 2017, en el marco de su primera incursión presidencial, su esposa, Pía Adriasola, relató en una entrevista que, al manifestar su deseo de postergar un embarazo antes de tener a su tercer hijo --el matrimonio tiene nueve--, consultó a un médico que le recetó anticonceptivos orales. Al comunicarle esta decisión a Kast, según su propio testimonio, él reaccionó con la frase «¿Estás loca? No se puede» y la llevó luego ante un sacerdote, quien le indicó que el uso de esas pastillas estaba prohibido.
En agosto de ese mismo año, José Antonio Kast fue proclamado candidato por agrupaciones de militares en retiro y por organizaciones de familiares de condenados por crímenes de lesa humanidad. En un acto realizado en el Teatro Caupolicán, declaró: «Mi nombre es José Antonio Kast, y yo sí defiendo con orgullo la obra del gobierno militar, sí creo que muchos militares y miembros de las Fuerzas Armadas están siendo perseguidos y yo sí me comprometo, si soy Presidente, a proteger a las Fuerzas Armadas», comprometiéndose a indultar «a todos aquellos que injusta o inhumanamente están presos».
Entre esos condenados se encuentra Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier del Ejército al momento del golpe de Estado de 1973, posteriormente agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) --la policía secreta de la dictadura-- y condenado a más de 1.060 años de prisión en veintisiete causas por secuestro, tortura y desaparición forzada. Kast, que ha visitado a Krassnoff en la cárcel, fue consultado de manera reiterada durante esta última campaña presidencial acerca de si mantenía su intención de indultarlo. Invariablemente, se negó a responder.
Todo lo anterior permite caracterizar a José Antonio Kast como un defensor explícito y coherente de la obra de la dictadura de Pinochet, no solo en términos de una reivindicación simbólica de la gesta anticomunista del pasado, sino como un intento consciente de recuperar el encuadre programático pinochetista para enfrentar las múltiples crisis que atraviesa hoy la sociedad chilena. Su propuesta combina mano dura para restablecer «el imperio de la ley», desregulación y mercantilización de los servicios sociales para «mejorar las condiciones para la inversión y la creación de empleo», y una concepción de la sociedad fundada en la centralidad de la familia, el derecho a la propiedad privada, el emprendimiento individual y el control patriarcal sobre mujeres e infancias.
¿Qué esperar del próximo gobierno?
En 2023 --tras la derrota del proceso constituyente surgido al calor del estallido social-- tuvo lugar un segundo intento de reforma constitucional. Este nuevo proceso fue, en prácticamente todos los sentidos, la antípoda del anterior. El órgano denominado Consejo Constitucional estuvo integrado por cincuenta consejeros, de los cuales veintidós pertenecían al Partido Republicano, fuerza que además presidió la instancia.
La propuesta constitucional emanada de ese órgano, elaborada a imagen y semejanza del ideario republicano, consistía en una suerte de retorno al texto originario de la Constitución pinochetista de 1980, despojado de las reformas introducidas durante el período democrático. El proyecto fue rechazado en el plebiscito de diciembre de 2023 con el 55,7% de los votos. Con ese resultado se cerró el ciclo constitucional abierto en 2019. Sin embargo, el proceso permitió testear el grado de dogmatismo del proyecto republicano y visibilizar a varias de las figuras políticas que, con alta probabilidad, desempeñarán un papel relevante en los próximos cuatro años de gobierno.
La noche del domingo, en su primer discurso como presidente electo, Kast optó por un tono moderado. Declaró su respeto por la democracia, por los adversarios políticos y por la pluralidad, manifestó una supuesta vocación de acuerdos y reconoció el aporte de los mandatarios que lo precedieron. Por momentos, parecía apropiarse de la llamada «política de los acuerdos» que caracterizó a la gobernanza posdictatorial: un esquema sostenido por una centroizquierda que había asumido la economía social de mercado y por una derecha que, progresivamente, había intentado tomar distancia del legado explícito del pinochetismo para administrar la transición democrática.
Sin embargo, esta retórica conciliadora contrasta de manera marcada con las primeras definiciones programáticas de su equipo. El plan anunciado para los primeros tres meses de gobierno se alinea con el Kast conocido durante la campaña y se estructura en torno a cuatro ejes centrales: contrarreforma tributaria, desregulación, ofensiva contra el trabajo y ajuste fiscal.
En materia tributaria, Kast propone revertir la reforma impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, mediante la reducción de impuestos a medianas y grandes empresas y la eliminación del impuesto a las utilidades individuales de los empresarios. Se trata de una orientación que refuerza la regresividad del sistema tributario y consolida una transferencia de ingresos hacia los sectores de mayores recursos.
En materia de regulación, el programa de Kast apunta a desmontar los límites existentes al poder del capital, con un énfasis particular en la desregulación de los marcos de protección medioambiental y en la flexibilización de las restricciones al negocio inmobiliario. Se trata de una agenda largamente impulsada por el gran empresariado, que en los últimos años ha popularizado el neologismo de la «permisología» para deslegitimar los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos con potenciales efectos negativos sobre bienes protegidos por la legislación vigente.
En el eje del ataque al trabajo, el objetivo central consiste en reducir las capacidades de fiscalización y sanción frente a prácticas antisindicales y antiobreras, mediante el debilitamiento de la Dirección del Trabajo. A ello se suma la intención explícita de limitar la aplicación de la Ley de 40 horas, aprobada durante el actual gobierno, revirtiendo incluso el avance limitado que esta norma representó para poner la cuestión del tiempo vital como eje de la lucha del movimiento obrero.
Finalmente, en lo relativo a la reducción del gasto fiscal, la propuesta ha sido deliberadamente altisonante: un recorte de 6.000 millones de dólares. La magnitud de la cifra generó rápidamente sospechas y demandas de precisión. Frente a ello, uno de los voceros de la campaña fue explícito al justificar la negativa a detallar los ajustes: «Evidentemente, no los vamos a decir porque nos paralizan al día siguiente. Si usted dice "termino con el programa X", vamos a tener la calle incendiada».
Más allá de esa franqueza cínica, las primeras medidas anunciadas se reducen a formulaciones vagas: promesas de limitar los llamados «gastos políticos», aumentar la eficiencia del gasto público, reforzar las atribuciones de la Contraloría General de la República para fiscalizar el gasto municipal y despedir a funcionarios catalogados como «operadores políticos». En conjunto, se trata de una agenda de ajuste cuyo contenido concreto permanece deliberadamente opaco, pero cuyos efectos previsibles recaen sobre el empleo público, las políticas sociales y las capacidades reguladoras del Estado.
El primer día: Kast protocolar e internacional
El lunes 15 de diciembre, en su primer día como presidente electo, Kast visitó el Palacio de La Moneda y sostuvo reuniones con los equipos de los partidos que respaldaron su candidatura. Nada fuera de lo habitual en términos institucionales.
Las señales políticas más relevantes de la jornada provinieron, sin embargo, del plano internacional. Kast recibió felicitaciones explícitas de referentes centrales de la llamada «internacional fascista»: Javier Milei (a quien visitó inmediatamente en Buenos Aires), Trump y el genocida Netanyahu celebraron abiertamente su victoria electoral y lo presentaron como un aliado en la ofensiva contra el socialismo latinoamericano. En el mismo registro se expresó el Wall Street Journal, que interpretó el triunfo de Kast como parte de una «mala temporada democrática para el socialismo en América Latina», sugiriendo que la ola de «violencia izquierdista» y de estancamiento económico estaría entrando en retroceso.
Todo indica que Kast se convertirá en una de las piezas del reordenamiento de la derecha latinoamericana en el poder, con al menos dos consecuencias que funcionan como señales de alerta. En primer lugar, una adhesión sin matices a la nueva orientación de la política exterior estadounidense, el llamado «corolario Trump a la Doctrina Monroe», cuyo objetivo inmediato es la destitución del Gobierno revolucionario en Venezuela y la apropiación de sus recursos energéticos. En segundo lugar, el inicio de un proceso de re-normalización de las relaciones con el régimen israelí, incluso a costa de poner en riesgo el compromiso histórico de Chile con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Ese compromiso se ha expresado recientemente en la participación chilena en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, así como en la suspensión de determinadas instancias de cooperación diplomática y militar con el Estado ocupante.
En el disonante concierto de la extrema derecha global, cada país aporta su propia tradición y su forma específica de legitimación. En Chile, todo indica que esa forma es el pinochetismo. Allí encuentra la extrema derecha su pasado glorificado, sus experiencias de gobierno más exitosas desde el punto de vista de las clases dominantes y la memoria estratégica --económica, militar y cultural-- que le permite echar raíces en el nuevo escenario global.
¿Qué significa el triunfo de Kast en la trayectoria histórica de Chile?
El gobierno de José Antonio Kast será el primer gobierno democrático del pinochetismo. Con su victoria se concreta, por primera vez, la aspiración largamente sostenida por los fundadores de la Unión Demócrata Independiente, el partido creado por Jaime Guzmán junto a Miguel Kast y otros cuadros centrales del catolicismo autoritario de la dictadura. Kast encarna el retorno de ese proyecto, ahora actualizado por la experiencia de la ola reaccionaria internacional y por las nuevas sensibilidades de una ultraderecha más joven, ideológicamente cohesionada y políticamente desinhibida.
Conviene prestar atención al papel que desempeñen los cuadros históricos de la UDI en la conformación del gabinete y de los equipos ministeriales. Del mismo modo que un Frente Amplio aún inexperto recurrió en su momento a los cuadros de la Concertación para sostener el funcionamiento del aparato estatal, es probable que un Partido Republicano relativamente joven deba apoyarse en sus viejos camaradas: ex ministros de la dictadura y del piñerismo, portadores de una experiencia clave para gobernar en condiciones de conflicto social y restauración conservadora.
Pero el triunfo de Kast no expresa solo la victoria electoral del pinochetismo. En esta elección se impuso también el anticomunismo como eje articulador del sentido común político. No hay dudas de que el centro de la campaña giró en torno al miedo a la violencia, al desempleo y al encarecimiento de la vida, fenómenos que el sistema atribuye de manera sistemática a la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la migración. La pregunta decisiva es por qué esas angustias lograron organizarse políticamente en torno a Kast y contra Jeannette Jara.
Sostenemos que la columna vertebral que unificó esos temores fue una idea simple y persistente: que, más allá de cualquier aspecto inquietante de Kast, «el comunismo es peor» y que un gobierno comunista conduciría inevitablemente a más miseria. El pegamento ideológico de los miedos inducidos fue la amenaza --inexistente en términos reales-- de un gobierno encabezado por una comunista, asociado mecánicamente a Venezuela, Cuba, la Unidad Popular o la Unión Soviética. De este modo, críticas en muchos casos razonables a la gestión gubernamental y a las dificultades cotidianas de amplios sectores sociales fueron subsumidas bajo un argumento profundamente irracional: el anticomunismo como herencia viva de la dictadura, forjado en el contexto de la Guerra Fría y todavía eficaz en el imaginario popular chileno.
En las semanas posteriores a la derrota, abundarán los análisis retrospectivos y la distribución de culpas. Una vez decantada esa primera etapa, la izquierda chilena se verá obligada a volver a empezar. Ya no alcanzarán los ajustes tácticos ensayados en los últimos años. El escenario es de alta complejidad y podría volverse aún más contradictorio si se confirma un aumento de la inversión en la industria del cobre, impulsado por una mayor demanda global, que abra un eventual superciclo favorable al gobierno entrante. Al mismo tiempo, la ausencia de elecciones durante al menos tres años otorga a Kast un margen significativo para imponer su agenda como eje central de la política nacional.
En ese contexto, los desafíos inmediatos para la clase trabajadora en Chile se concentrarán en dos frentes estrechamente vinculados: la resistencia a las reformas regresivas del nuevo gobierno y la capacidad de articular una oposición social que no quede subordinada a la misma dirección progresista que protagonizó lo que hoy aparecen como cuatro años perdidos en la lucha contra el avance de la extrema derecha. El ciclo que se abre exige algo más que defensas parciales: exige una recomposición estratégica de la izquierda chilena a la altura del nuevo momento histórico.
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