Los apropiadores

La parte de nuestra sociedad que construye su percepción de lo que ocurre en el país a partir de lo que le informan los grandes medios de prensa, ha llegado a convencerse de que el mayor riesgo para sus vidas no es la epidemia que pone en riesgo su salud, la fragilidad de sus economías familiares, o la posibilidad cierta de perder sus empleos o empeorar sus condiciones laborales, sino de que en el patio de su casa se instale una familia de indigentes o ladrones. Los principales canales de televisión saturan con imágenes que documentan estos supuestos robos de tierras y se lamentan por la suerte de los propietarios.

El gobierno nacional se ha puesto a tono con la supuesta amenaza y ha condenado las ocupaciones de tierras para vivienda caracterizándolas como ilegales, y amenazando a los ocupantes en distintos tonos, que van del discurso y acción policial patoteril, encabezado por el Ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni, a la más reposada advertencia pronunciada por la Ministra de Justicia Sabina Frediric.

En un momento político propicio para discutir los resultados de las políticas neoliberales sobre el sistema sanitario, o la reafirmación del carácter esencial de los trabajadores que garantizan la continuidad de la reproducción de la vida durante la pandemia, la derecha impone su agenda y avanza en la batalla ideológica. Han convencido a muchos de que el bien más preciado es la propiedad privada y la mayor amenaza es la inseguridad.

La cuestión de la apropiación de tierras por parte de particulares, sin embargo, es un tema que merece atención. Podría arriesgarse incluso que la apropiación de tierras es un rasgo distintivo de la historia de este país y aún antes que se constituyera como Nación Argentina.

Cuando llegó la invasión española a estos territorios, se encontraron con un lugar sin oro, ni plata, ni perlas, y cuyos únicos atractivos para su avaricia saqueadora eran los cueros de animales, algunas producciones vegetales y la posibilidad de disponer de un buen puerto de ultramar, que justificó la edificación de Buenos Aires.

Con riquezas tan acotadas, fue evidente que, desde un principio, quien quisiera ganancias más allá de las que proporcionaba el puerto, la única posibilidad era disputarle tierras a los originarios. Al principio como cotos de caza, después como lugares de reproducción del ganado.

Al producirse la revolución independentista, mientras nuestro pueblo se jugaba en gestas liberadoras y que llevaron a la independencia a otras naciones, Rivadavia y los usureros porteños contraían el préstamo de Baring Brothers con la garantía de tierras ajenas, que después repartirían con la llamada Ley de Enfiteusis, para cimentar el nacimiento de la oligarquía agropecuaria. Pasado los tiempos de las luchas independentistas, cuando los pueblos originarios fueron parte de esas luchas o valorados como aliados, y ya constituido el Estado oligárquico volvieron los despojos de tierras.

La historia del desarrollo del capitalismo en este país tuvo entonces, desde épocas coloniales, el eje vertebrador de la acumulación por desposesión de tierras. Esa acumulación tuvo características particulares, porque cuando se repartió la tierra robada a los originarios siempre quedó en pocas manos. No hubo Leyes de Indias como las que promovían el desarrollo de la mediana y pequeña propiedad en lugares de frontera como ocurrió en la Banda Oriental y Paraguay, ni premios a los colonos con pequeñas extensiones de tierras como ocurrió en el Oeste de EEUU. La tierra quedó en manos de los generales, los políticos y los financistas de la invasión.

En la Argentina no existieron leyes de Reforma Agraria como si hubo en México, Brasil, Chile, Perú, etc. Lo más avanzado fue un proyecto presentado por el el diputado radical intransigente Luis Mac Kay para reformar la dinámica del Consejo Agrario Nacional durante el primer gobierno peronista que, acompañado por el oficialismo, consiguió media sanción en Diputados pero que no se trató en Senadores. Este proyecto proponía "establecer como única base de expropiación la valuación fiscal de los mismos" para suprimir "los factores de especulación para la adquisición de los grandes fundos" y facilitar "a los agricultores la compra de los lotes sin más exigencia económica que su actitud productiva".

La promesa electoral de dar la tierra a quien la trabaja quedó reducida a unas pocas expropiaciones, y lo que efectivamente aportó a la modificación de la tenencia de la tierra fue la La Ley de arrendamientos 13.246, sancionada en 1948, ya que por sus efectos de prolongar y congelar los alquileres, facilitó que muchos arrendatarios pudieran adquirir sus tierras en los años subsiguientes. La ley fue derogada en 1966, por un decreto de la dictadura de Onganía.

A finales de la dictadura militar iniciada en 1976, se desarrollaron tomas de tierras para viviendas efectuadas por familias sin techo, muchas de las cuales eran damnificadas por la construcción de las grandes autopistas en Capital Federal. La primera de estas tomas la encabezó el cura Raúl Berardo en 1982, en el Partido de Quilmes, creando el asentamiento El Tala.

El nombre de "asentamiento" tiene origen bíblico y hace a referencia a los lugares donde se asentó el pueblo judío después de su huida de Egipto. En los asentamientos de la zona Sur del conurbano tuvo mucha incidencia un grupo de sacerdotes que pertenecían al obispado de Jorge Novack y que adherían a la teología de la liberación o a posiciones progresistas en la iglesia. También en la zona oeste del conurbano se desarrollaron asentamientos con influencias de religiosos. En uno de ellos, "El Tambo", surge el dirigente social Luis D'Elia.

El crecimiento de los asentamientos tuvo su apogeo durante los años 84 y 85 en la provincia de Buenos Aires, donde creció la movilización y el reclamo por la legalización de las viviendas. Durante la gobernación de Cafiero, que incluía un gabinete progresista con Luis Brunati como Ministro de Gobierno y Florencio Ferrara como Ministro de Salud, se aprobaron medidas de regularización dominial que permitieron que más de doscientas mil familias legalizaran la posesión de sus viviendas. Esta regularización llegó posteriormente al ámbito nacional con la Ley 24374.

Los asentamientos son una expresión de la lucha de clases y de la historia de lucha de nuestro pueblo, con sus propios mártires como Agustín Ramirez, asesinado en en 1988. Durante muchos años, al menos las corrientes progresistas del peronismo reivindicaban esos hechos.

La derecha argentina, que durante la gestión Macri, vendió terrenos y propiedades a precio vil entre sus amigos, es coherente con su posición histórica cuando se opone a los asentamientos. Desde su perspectiva, los únicos con derecho a apropiarse de tierras son los oligarcas. En la actualidad el gobierno nacional se deja imponer la agenda de la derecha, y también replica discurso de la derecha, con la demonización de las ocupaciones.

Finalmente, y como corresponde a un mundo sumergido en una crisis civilizatoria, cada medida de políticas públicas debe medirse por sus consecuencias ambientales y epidemiológicas. En plena epidemia del Covid deben valorarse el impacto del hacinamiento en las viviendas.

No es el único índice, pero es ilustrativo que en Venezuela, un país con treinta millones de habitantes, donde se construyeron dos millones de viviendas populares, con cifras de ocupación por vivienda apenas superior a 3 personas, al día de la fecha hay sólo 64.284 infectados y 520 muertos. Y también es ilustrativo que en su vecina Colombia, donde el gobierno reprime asentamientos y no invierte en viviendas populares, con 50 millones de habitantes hay 743.945 infectados y 23.665 muertos.

Los asentamientos, protagonizados fundamentalmente por matrimonios jóvenes que tratan de salir de viviendas que comparten con sus propias familias, son también una forma de escapar del hacinamiento. Un gobierno que se declara nacional y popular y que reivindica a Eva Perón, que decía "donde hay una necesidad hay un derecho", debería avergonzarse de la posición que toma frente a los asentamientos.

Además, desde lo epidemiológico, resulta gravísimo que la única respuesta de un gobierno que no ejecuta planes de viviendas populares, sea el desalojo forzado.

La Haine