Para un empresario ambicioso que hoy gobierna Ecuador, los enemigos internos son el tiempo que no le favorece su intrépido accionar neoliberal, los «altos» sueldos de los trabajadores que le impiden acumular mayor riqueza, la Constitución progresista de Montecristi hecha para «favorecer la delincuencia» en época del ex presidente Rafael Correa, según su antojadiza narrativa pero que garantizn fundamentales derechos a los trabajadores, los «altos» impuestos que pagan los empresarios que no les permiten obtener más ganancias, los partidos políticos de oposición, a la cabeza la Revolución Ciudadana (de Correa), las mismas instituciones del Estado que no se someten a sus ejecutorias, los medios de comunicación críticos que develan sus fechorías y todos quienes se atreven a cuestionarlo.
El presidente empresario de Ecuador, Daniel Noboa, ve enemigos en todas partes. Y a todos ellos los persigue y confronta con la furia de un vampiro insaciable. El miedo a perder el control del Estado lo hace actuar con virulencia. El temor de no enriquecerse rápido y astronómicamente le quita el sueño, a sabiendas que su familia es el grupo oligárquico más poderoso económicamente del Ecuador.
En su frenesí neoliberal, envía a la Asamblea Nacional proyectos de ley mal redactados, con graves problemas estructurales en materia de derecho. Su alocada gestión de gobierno no tiene una hoja de ruta de desarrollo nacional en beneficio social porque su obsesión por el enriquecimiento de su grupo familiar lo lleva a violar la Constitución y otras leyes que desatan incesantes casos de corrupción.
La tala ilegal de manglares en tierras comunitarias en Olón, provincia de Santa Elena, para construir un hotel por parte de una empresa en la que su esposa es accionista; la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo del país; otra concesión de los páramos de Quimsacocha a una empresa minera canadiense extractora de oro (Dundee Precious Metals) que proveen de agua a la tercera ciudad más importante de Ecuador, Cuenca; el negociado con combustibles de su hermano Santiago Noboa, caso conocido como Petro Noboa que «ganó» fraudulentamente 9 millones de dólares en un año en la comercialización de combustibles.
Los negociados de su tía Isabel Noboa con la provisión de comida a las cárceles de Guayaquil; la exoneración de la deuda de la Corporación Noboa al SRI, institución del Estado encargada de gestionar los impuestos, la cual descendió de 93 millones de dólares a 6 en poco tiempo; la adquisición de chalecos blindados para las Fuerzas Armadas y Policía sin cumplir con las especificaciones técnicas poniendo en riesgo a sus miembros en la lucha contra el crimen organizado que opera con armas sofisticadas y beneplácito de altos cargos gubernamentales; la venta furtiva de parte de las reservas de oro del Banco Central con propósitos desconocidos, entre otros, causan estupor e indignación por la forma audaz con la que se los comete.
Esta forma de gobernar parece más un show de Polito, programa televisivo muy popular que tenía un segmento llamado «agarra lo que puedas» y que consistía en entregar a los participantes un juego de muchas llaves para que abran una puerta en un minuto y se lleven los electrodomésticos que pudieran.
A la larga lista de sus enemigos internos, siendo los principales los «correístas», se han sumado los jueces de la Corte Constitucional cuando le devuelven sus proyectos de ley o le niegan otros; todos las organizaciones sociales que protestan por la eliminación del subsidio al diésel, derechos laborales, de salud, educación, empleo, participación política, defensa del agua, el ambiente, contra la minería ilegal, defensores de DDHH que reclaman por los 4 niños de las Malvinas asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas, familiares de más de 30 desaparecidos, familiares de enfermos de diálisis y enfermedades catastróficas que reclaman atención oportuna por el fallecimiento de más de mil de sus seres queridos, los médicos que reclaman mejores salarios, medicamentos y equipamiento de unidades médicas, los jubilados y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se oponen a la privatización de la cartera de préstamos quirografarios e hipotecarios, los GADS (municipios y prefecturas) que reclaman los presupuestos retenidos que les impiden hacer la obra social en provincias y cantones, en su mayoría «correístas», los alcaldes de las tres principales ciudades del Ecuador: Pabel Muñoz (Quito, capital de la república), Guayaquil (centro comercial y financiero) y Cristian Zamora (Cuenca, ciudad que movilizó hace días 1000 mil personas en defensa del agua) obviamente también «correístas»; la población afectada por la creciente inseguridad en todo el país que se atreve a reclamar atención gubernamental y por último, todos quienes protestan en el paro nacional en marcha. Los tilda de «terroristas» y financiados por los «narcos».
Prevalido de este argumento, ordenó bloquear ilegalmente las cuentas bancarias de dirigentes de las organizaciones más representativas del paro e inclusive de sus abogados. Los amenaza con fuerte represión y 30 años de cárcel, sin que exista marco legal al respecto, salvó los «Estados de Excepción» con los que viene gobernando, declarados ilegales por la Corte Constitucional.
Los ciudadanos que protestan son en su mayoría indígenas, campesinos, trabajadores, comuneros, estudiantes, mujeres, artistas, pescadores, agricultores, jubilados, médicos, artesanos, comerciantes, transportistas, empleados públicos despedidos que sobrepasan los 7 mil y pobladores en general. Entonces, si tomamos el calificativo despectivo con el cual el presidente estigmatiza a sus opositores, el Ecuador ha pasado a constituirse en una «república terrorista» solo por definición de un presidente que no dialoga ni siquiera con su propia consciencia.
Lo que tristemente señalan periodistas y analistas profesionales nacionales y extranjeros como Andrés Durán o el Embajador de Italia en Ecuador, es que más del 80% de la cocaína que se produce en la región sale de puertos ecuatorianos y en cajas de banano exportados por empresas bananeras de propiedad de él y su familia. ¿Entonces quiénes son los verdaderos narcos?
Las decenas de manifestantes detenidos solo en Otavalo, ciudad donde el paro es más fuerte, son gente humilde que busca su sustento diario mediante trabajo agrícola, emprendimientos pequeños, oficios artesanales o en su mayoría desempleados con familias a cuestas que mueren de hambre y por eso protestan. Y fueron detenidos con violencia. Se les niega u obstruye el patrocinio de abogados para su defensa, visitas familiares porque fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad en Esmeraldas y Portoviejo y derecho a un debido proceso y juicios justos. Son chivos expiatorios con los cuales el mandatario manipula la información para justificar su violenta represión.
Los casos de un joven atropellado con violencia por un vehículo policial en medio de las protestas; la brutal detención de una joven indígena, Gina Cahuasquí, enfermera y madre soltera que pedía a los policías calma; la perversa manera en que arrojan gas pimienta a la boca de otro joven que apresan unos policías para que no diga su nombre y los demás le escuchen; el caso de Diego López, joven detenido en Otavalo, padre de familia con hijos y enfermo de epilepsia al que se le impide que sus familiares le entreguen medicina que debe suministrarse a diario, reflejan el odio y prepotencia con que actúan los operadores represivos del régimen del presidente Noboa. A esto se suma el primer asesinato. Efraín Fuérez, joven indígena que protestaba en la población de Cotacachi, fue baleado y murió. La persona que intentó socorrerlo está grave en el hospital.
Noboa afirma que la mayoría de la población respalda su gestión, pero cuando se desplaza por las ciudades se producen grandes movilizaciones en su contra, provocando a los manifestantes, rodeado de una Guardia Pretoriana descomunal, carros blindados de combate y una horda de «periodistas» encargados de difundir sus mentiras, miedos y desatinos como noticias verdaderas y resultados eficientes de su indi-«gestión» política.
Lo grotesco y paradójico de estos recorridos presidenciales en los que entrega bonos como un extraño papá Noel bananero, es que les denomina «productivos» a agricultores por un monto de mil dólares, «por una sola vez». Y más bonos para jóvenes emprendedores también por una sola vez. Pago de devoluciones atrasadas del impuesto del IVA a adultos mayores. Y la cereza del pastel, el absurdo bono de mil dólares a «pescadores» que entregó precisamente en Otavalo, epicentro de las protestas, población eminentemente agrícola que no tiene mar.
La eliminación del subsidio al diésel que pasó de 1.80 a 2.80 de dólar por galón, supuestamente significaría un ahorro de 1.100 millones de dólares al Estado para equilibrar su déficit presupuestario. La ministra de Finanzas, queriendo tapar el sol con el dedo, manifestó en una entrevista que de ese monto el gobierno «distribuiría» 800 millones de dólares en bonos y medidas compensatorias a grupos sociales necesitados. ¿Por qué mantener este ajuste del diésel para tan poca recaudación monetaria? La respuesta la tiene el mismo presidente Noboa y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el pago de la deuda externa salta a la vista.
Octavo día del paro nacional
El paro nacional en Ecuador continúa cada vez con más adhesiones de organizaciones sociales que llaman a nuevas acciones de lucha, en un escenario de confrontación de medios de comunicación serviles al gobierno narco fascista de Noboa versus medios de comunicación comunitarios y alternativos, uno de los cuales, comunitario e indígena que operaba en la ciudad de Latacunga a donde Noboa trasladó la sede de gobierno, fue censurado. Se trata de TV MICC, administrado por el Movimiento Indígena de Cotopaxi.
El campo de batalla también se expresa con intensidad en las redes sociales con muchos activistas a favor y algunos en contra del gobierno y una estrategia de distracción con toques faranduleros implementada desde las instituciones del Estado para difundir información irrelevante que desenfoque la mirada de la población sobre el desenlace de este conflicto de clases. Un ejemplo es la difusión de una foto de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente, comiendo en una casa humilde de Esmeraldas, provincia pobre, abandonada y uno de los epicentros de la violencia. Luego se supo por las mismas redes sociales que se trataba de un montaje mediático.
En Ecuador, el movimiento indígena, con la unidad en la acción de la gran mayoría de organizaciones populares y partidos de izquierda aunque disminuido ahora, desde 1997 hasta el 2005, botó a tres presidentes: Bucaram en 1997, Mahuad en el 2000 y Gutiérrez en el 2005. Si bien las condiciones, el momento y las demandas son otras, el pronóstico es reservado.
Cuando la indignación, producto de la injusticia social, las recetas neoliberales y el autoritarismo se combinan, todo puede suceder. El cambio en Ecuador es lo más deseable, urgente y altamente posible. O recuperamos una democracia con sustento de «Buen Vivir» al menos, o pasamos a un régimen abiertamente dictatorial y fascista.
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