Universidad pública en la Comunidad de Madrid: entre el ajuste, la mercantilización y la resistencia

A diferencia de otros contextos como el argentino, donde la educación pública es un campo de disputa ideológica más explícita, en Madrid todavía existe un consenso social amplio que lleva a la confluencia de distintos perfiles ideológicos en su defensa. Esta legitimidad es una fortaleza, pero también es una responsabilidad: frente al avance privatizador, la lucha por la universidad pública no puede darse por sentada, requiere organización, imaginación y persistencia.

1. Un pantallazo sobre la educación universitaria en España

El sistema universitario español se organiza en un marco de competencias compartidas entre el gobierno central y los de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Universidades del Estado, a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), establece el marco normativo común, es decir, las bases del sistema universitario, incluyendo principios de gobernanza, carrera académica, financiación y participación estudiantil. Por su parte, los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas gestionan los presupuestos, autorizan la creación de universidades y regulan aspectos clave como los pagos de matrículas y tasas, los sistemas de becas, entre otras cuestiones, y, para ello, sancionan sus propias leyes.

Desde la implantación del Plan Bolonia, en 2007, España se integró al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que supuso una reestructuración de los estudios en carreras de grado, másteres y doctorados. Este proceso trajo consigo una estandarización de títulos, pero también una creciente presión para adaptar la oferta académica a las demandas del mercado laboral, en detrimento de disciplinas humanísticas y críticas.

El acceso a la universidad pública en España se realiza mediante una nota numérica que combina el promedio de calificaciones del secundario con las notas obtenidas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Cada mes de junio, al finalizar el curso académico, las personas egresadas del secundario rinden los exámenes que componen la PAU y cuyos resultados definirán las posibilidades de ingreso a las carreras en la universidad pública. Cada carrera tiene una "nota de corte", calificación mínima exigida para el ingreso, que se recalcula anualmente en función de la demanda y del número de plazas disponibles. Si un estudiante no alcanza la nota necesaria para ingresar a la carrera que desea, podrá elegir otra carrera que exija una nota menor.

Las universidades públicas españolas se sustentan con financiamiento público, pero no son gratuitas. Si bien sus aranceles son menores que los de las instituciones privadas, el alumnado paga por cada materia que cursa y, si no aprueba y debe recursar, la matrícula se encarece. Las tasas se calculan según la cantidad de créditos (horas lectivas) que tenga cada asignatura y los materiales necesarios para desarrollar las cursadas, siendo más caras las asignaturas que requieren laboratorios, por ejemplo. Las tasas varían según cada Comunidad Autónoma y Madrid se sitúa entre las más caras del país: el precio del crédito en primera matrícula ronda los 18,5 euros, pero puede superar los 89 euros en tercera matrícula, lo que penaliza especialmente a los estudiantes con mayores dificultades (cursar una asignatura de 60 créditos puede costar 1.110 euros).

En cuanto a las condiciones laborales, el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) sufren en la Comunidad de Madrid una creciente precarización. Las figuras contractuales más vulnerables --como los profesores asociados o sustitutos-- representan una parte significativa de la planta docente, con salarios bajos y escasa estabilidad. A esto se suma la externalización de servicios (como la limpieza o los comedores) que deteriora las condiciones laborales puesto que sus trabajadorxs están subcontratados por empresas tercerizadas que, a su vez, son contratadas por las universidades.

En paralelo, los fondos de inversión han encontrado en la educación superior un nicho de negocio. Las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, han autorizado la creación de universidades privadas promovidas por capitales financieros, muchas veces sin una evaluación rigurosa de su calidad académica. Estas instituciones funcionan como expendedoras de títulos y proveedoras de vínculos empresariales, están orientadas al lucro y tienen escasa vinculación con la investigación o el compromiso social.

2. La universidad pública en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid cuenta con seis universidades públicas (UCM, UAM, UC3M, UPM, URJC y UAH), doce universidades privadas en funcionamiento y, al menos, cuatro más en proceso de autorización. Esta creciente desproporción entre la oferta pública y privada en los estudios universitarios refleja una política deliberada que promueve el ingreso de inversiones de diversas fuentes en el sector, visto más como un negocio que como un servicio educativo. Al tiempo que se multiplican las instituciones privadas, las universidades públicas no han crecido en número ni aumentado su cantidad de estudiantes. Un informe del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) muestra que, entre 2000 y 2024, ha habido un 120% más de inscripciones en grados del sector privado y un 18% menos en los de la universidad pública, siendo las diferencias relativas en los/as estudiantes de máster aún mayores, con más personas matriculadas en universidades privadas que en las públicas (CC.OO., Análisis del sistema universitario de la Comunidad de Madrid, febrero de 2025).

El ajuste presupuestario ha sido una constante desde la crisis económica de 2008. Según datos del informe de CC.OO., la financiación pública del sistema universitario madrileño está estancada desde hace más de quince años. En 2023, la Comunidad de Madrid destinó 1.122 millones de euros a la educación superior, lo que representa apenas el 0,38% del PIB regional, muy por debajo del 1% recomendado por la LOSU. Este presupuesto no es suficiente para costear los gastos básicos de funcionamiento y, por eso, las universidades públicas se ven obligadas a buscar recursos alternativos mediante convenios con empresas privadas, patrocinadores o venta de servicios. Un ejemplo de ello son los convenios entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el Banco Santander, que han generado tensiones con sectores estudiantiles que denuncian la financiación de proyectos contaminantes o vinculados a la industria armamentística.

La infrafinanciación también impacta en la oferta académica. Carreras como las Licenciaturas en Filosofía, Historia del Arte o Filología enfrentan recortes de grupos, reducción de cargos docentes y amenazas de cierre por no ser "rentables", puesto que el número de estudiantes no es lo suficientemente significativo como para generar ingresos interesantes, a la vista de quienes evalúan solamente la dimensión económica de la educación superior. Esta lógica mercantil pone en riesgo la diversidad del conocimiento y el papel crítico de la universidad en la construcción de todo tipo de conocimientos.

La expansión de las universidades privadas en Madrid no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una política activa y sostenida de desregulación y apoyo institucional para la mercantilización de la educación en todos los niveles educativos. Desde el gobierno de la Comunidad Autónoma, se alienta la generación de centros educativos privados y concertados a la vez que se desatienden las necesidades de las escuelas públicas y se precariza el trabajo en ellas.

En el sector universitario, el crecimiento de la oferta privada se vio acelerado desde que el gobierno de José María Aznar (Partido Popular) sancionó una Ley Orgánica Universitaria en 2001 (LOU 6/2001). Hacia finales del siglo pasado, sólo había cuatro universidades privadas en España, vinculadas a órdenes religiosas. Con posterioridad a la sanción de dicha Ley, se crearon cuarenta en todo el Estado, concentradas, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, seguida por la provincia de Barcelona y la de Valencia.

Bajo el discurso de la "libertad de elección", el gobierno madrileño ha facilitado la entrada de empresas e inversiones de fondos buitre en el sector educativo, convirtiendo la educación superior en un negocio que se muestra altamente lucrativo. En 2018, el fondo de capital de riesgo británico CVC compró la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid por 1.100 millones de euros y, un año antes, el fondo Permira había comprado la Universidad Europea por 770 millones (El Salto, 18/9/2022).

El costo de cursar una carrera de grado en una universidad privada madrileña oscila entre los 4.500 y los 25.000 euros anuales, muy por encima de los 1.100 euros promedio de la universidad pública. Esta brecha económica refuerza todavía más la segregación social, ya que el acceso a determinadas titulaciones queda reservado a quienes las pueden pagar.

En la Comunidad de Madrid, circula el borrador de una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) que, de aprobarse, va a profundizar esta tendencia. Este borrador contempla la posibilidad de supeditar la financiación pública a criterios de "eficiencia" y "resultados", lo que podría derivar en el cierre de carreras o institutos de investigación que "no sean rentables" en términos meramente económicos.

Pero, además, existe una dimensión de la educación superior en instituciones privadas que no es menor y cabe remarcar: las carreras universitarias -y, sobre todo, los estudios de máster- suelen ser espacios de circulación de contactos y referencias para el futuro laboral. En las universidades privadas más caras no se paga por una educación mejor, se paga por pertenecer a determinados círculos sociales y élites, así como por relaciones con empresas financiadoras, contactos con profesores que han tenido cargos públicos, etc., cuestión que refuerza el éxito de algunos emprendimientos.

En palabras de Damián Herrera Cuesta, profesor de la UNED, esto lleva a que "la educación funcione como mecanismo de organización social y, a la vez, de legitimación de las desigualdades estructurales" (citado por El Salto, 2/7/2020). Es especialmente en las ramas de ciencias sociales, económicas y jurídicas donde más entran en juego los contactos y donde se consolida la vía de distinción y profundización de las desigualdades. Quién más paga, es decir, quien pueda permitirse abonar entre diez y cien mil euros un título de máster, tendrá contactos más robustos o de peso para el futuro. En lugar de ser un mecanismo de promoción social a partir del estudio, la universidad corre el peligro de convertirse en un espacio de segregación socioeconómica: si te educaste en la pública, para ciertos sectores "valdrías menos" que si fuiste a la privada, pudiendo romperse así el consenso generalizado en torno al valor de la educación pública de calidad.

3. Luchas y resistencias

Frente a este panorama, la comunidad universitaria madrileña ha protagonizado un ciclo de movilizaciones sin precedentes en los últimos años. La huelga educativa del 28 de abril de 2025 marcó un punto de inflexión: por primera vez desde la "Marea Verde" de 2013, confluyeron en una misma jornada de lucha todos los niveles educativos (desde educación infantil hasta la universidad), todas las figuras laborales docentes y no docentes, y el movimiento estudiantil. Lamentablemente, la trascendencia de la huelga fue opacada por un apagón del sistema eléctrico nacional que acaparó la atención mediática, invisibilizando parcialmente el alcance de la jornada de lucha. No obstante, la fuerza de su convocatoria dejó un saldo organizativo que perdura y sigue enfrentando el modelo de ajuste a la educación pública.

La huelga fue acompañada de manifestaciones previas, asambleas interuniversitarias y acciones de visibilización de la situación tales como ocupaciones de espacios, pegada de carteles, estampado de remeras, etc. La consigna "Sin universidad pública no hay futuro" se convirtió en un lema compartido por docentes, estudiantes y trabajadorxs. Uno de los elementos más destacados de este proceso ha sido la organización asamblearia desde abajo. Estas asambleas han permitido construir una agenda común desde la diversidad de demandas sectoriales. En palabras de Daniel Montañez, docente de la UCM y afiliado al sindicato anarquista CNT, "la mejor forma de lograr concienciación y participación activa es potenciando asambleas de trabajadores y estudiantes en cada centro educativo", y eso se ha estado impulsando desde las distintas universidades públicas. Sin embargo, la participación no ha sido homogénea en todos los niveles educativos. Sectores como el personal no docente o el profesorado de educación primaria e infantil han estado menos representados, lo que plantea el desafío de ampliar la base del movimiento en un contexto adverso.

Ante la fuerza de la movilización en las universidades públicas, la respuesta institucional ha sido la criminalización. El borrador de la LESUC incluye un reglamento disciplinario que permite sancionar a las universidades donde se produzcan "actos vandálicos" o "incívicos", sin definir claramente qué se entiende por tales. Esto abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que pueden limitar el derecho a la protesta legítima. Además, se contemplan multas de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas, colocación de pancartas sin permiso o acampes (como los realizados en distintos campus universitarios en apoyo a Palestina). La ley también prevé sanciones de hasta un millón de euros por "no garantizar la pluralidad y la libertad en el campus", lo que podría usarse para reprimir expresiones críticas a las políticas privatizadoras.

La universidad pública madrileña se encuentra en una encrucijada. Por un lado, sufre un proceso de ajuste y mercantilización que amenaza su existencia como espacio de conocimiento crítico, accesible y democrático. Por otro, cuenta con una comunidad que, pese a las dificultades, se organiza y resiste desde abajo, construyendo alternativas y defendiendo un modelo de educación para todas.

La respuesta desde el poder político muestra la fuerza real y potencial que tiene la defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado español, donde la importancia de la educación pública y de calidad goza de un consenso generalizado. En la Comunidad de Madrid, el intento de romper ese consenso parece querer comenzar por la educación superior, ajustando el presupuesto y precarizando las condiciones de trabajo, primero, y acto seguido, dando facilidades para la expansión de la oferta privada.

En Argentina, antes de que el menemismo y sus aliados comenzaran la destrucción de la educación, el consenso social giraba en torno al reconocimiento de la escuela y la universidad públicas como exponentes de la mejor educación, en oposición a la educación privada en sus distintas versiones, desde la extremadamente cara y elitista hasta la barata y de mala calidad ("para quienes no aprueban en la pública"). Ese consenso -de base más o menos real- se fue rompiendo al tiempo que se desfinanciaba y destruía la educación pública argentina y se ampliaba la oferta de escuelas privadas dirigidas a una clase media que, educada en la pública, ahora se esfuerza por pagar las cuotas y diferenciar la educación de sus hijos e hijas de la de los sectores populares.

La escuela que como sociedad no supimos defender en los 90, fue quedando mayoritariamente destinada a quienes no pueden pagar educación privada, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Se podría decir que, todavía y a pesar de todo, la educación superior argentina se ha salvado de esa destrucción, sigue gozando de prestigio social y consigue reunir voluntades en su defensa. Y no será exagerado atribuirlo a los distintos ciclos de organización, resistencia y enfrentamiento a las políticas de ajuste de la educación superior pública de los años 90 y 2000. Atender las realidades de otros países, en los que la incidencia de los capitales financieros se muestra de manera mucho más bestial, amplía el panorama de análisis para enfrentar lo que pueda sobrevenir.

Asimismo, conocer esos devenires de la educación argentina y observar lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid -con un gobierno afín a Milei cuya presidenta se ubica ideológicamente en la extrema derecha y actúa en consecuencia-, nos advierte sobre la importancia de las movilizaciones y las acciones de resistencia aquí y ahora, frente a un plan privatizador que -en Argentina lo sabemos- una vez echado a andar, cuesta mucho frenar y, mucho más, revertir.