"Erradicar la pobreza eliminando a los pobres"

Entre 1996 y 2000, el Gobierno de Alberto Fujimori impulsó una política de "control demográfico" que vulneró gravemente a más de 300.000 mujeres peruanas. El Estado ejecutó un programa de esterilizaciones forzadas, dirigido principalmente a comunidades indígenas, rurales y en situación de pobreza extrema. Las mujeres fueron intervenidas quirúrgicamente en operativos presentados como parte de una estrategia de salud pública orientada a reducir la pobreza. Esa política, aunque reducida, continúa hoy con el régimen golpista de Dina Boluarte.

Dicho plan fue formalizado bajo el nombre de Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y recibió respaldo de diversos organismos internacionales. La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) le aportó más de 180 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales patrocinadoras.

Además, documentos internos revelan que, desde 1993, tuvo una participación estructural en el sistema de salud peruano. En 1996, la Organización Mundial de la Salud elogió públicamente el modelo aplicado, lo que contribuyó a su legitimación global. Aunque la USAID no ha reconocido responsabilidad directa, su rol en el financiamiento y diseño del programa plantea, hasta hoy, serios cuestionamientos éticos y políticos que siguen sin resolver.

El discurso de la pobreza como excusa

"Las mujeres intervenidas siguen siendo pobres. Este programa no redujo la pobreza, la profundizó. Se desarrolló en un ámbito de dictadura, marcado por una grave vulneración de los derechos humanos. En ese contexto se llevaron a cabo las esterilizaciones forzadas, que intentaron disfrazar bajo el nombre de 'anticoncepción quirúrgica voluntaria', cuando en realidad se trataba de intervenciones impuestas", declaró María Esther Mogollón, activista peruana y asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).

La experta, quien ha acompañado activamente los procesos de denuncia y organización, subrayó que la intervención quirúrgica no brindó acceso a la educación, empleo ni servicios básicos, pero lo que sí ocurrió fue la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus familias y su futuro.

Las campañas no se dirigieron exclusivamente a mujeres indígenas, también alcanzaron a poblaciones rurales, campesinas y, en menor medida, a mujeres de zonas urbanas. Diversos testimonios revelan que muchas fueron engañadas o forzadas a acudir a centros de salud, donde el personal debía cumplir cuotas de esterilización impuestas por el Estado. En varios casos, las víctimas descubrieron años después que habían sido intervenidas al intentar concebir.

Las más pobres, en la mira

Anahí Durand, exministra de la Mujer, afirmó que el programa de esterilizaciones forzadas tuvo un carácter sistemático y deliberado. Según explicó, fueron las propias víctimas quienes impulsaron las denuncias y presentaron demandas contra el Estado peruano."Lo que pudimos constatar es que había una decisión política de aplicar este programa en las mujeres más pobres de los sectores rurales y campesinos; que había tenido como eje erradicar la pobreza, eliminando a los pobres", declaró.

Durand también mencionó que EEUU respaldó desde el inicio al régimen de Fujimori. Explicó que, tras el autogolpe, el expresidente adoptó las políticas del Consenso de Washington, formando parte de un acuerdo con la Administración estadounidense para implementar reformas estructurales en el Estado, entre ellas el programa de esterilizaciones.

La exministra expresó además su preocupación por el nivel de influencia extranjera en las instituciones peruanas: "La Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Judicial están patrocinados directamente por USAID. Es decir, que un Estado se vea tan permeado por la cooperación de otro Estado es algo que no está bien, porque estás cediendo soberanía".

Complicidad política e impunidad legislativa

El Congreso peruano, dominado por sectores conservadores, ha bloqueado los intentos de avanzar en las investigaciones judiciales. "Por la intervención y maniobra de Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual congresista fujimorista, los procesos judiciales regresaron a punto cero", denuncia Mogollón.

"La justicia en el Perú es lenta... Aquí hubo responsables. Murieron 18 mujeres. Son datos que están en el Ministerio de Salud. En la lista de los responsables están Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta. Fujimori ya murió, pero creo que se tiene que hacer pública esa responsabilidad", afirma.

La política de esterilización en el continente

Las esterilizaciones forzadas en Perú no fueron un caso aislado. Testimonios de mujeres en países como Bolivia evidencian que estas prácticas respondieron a políticas sistemáticas de control poblacional dirigidas a sectores vulnerables.

Si bien el caso peruano es el más documentado y masivo, también se realizaron procedimientos similares en México y Guatemala, especialmente en comunidades indígenas, aunque en contextos distintos y con menor alcance.