Por qué la CIJ de la ONU está retrasando el fallo contra Israel sobre el genocidio en Gaza

Cada vez más palestinos muriendo de hambre todos los días en Gaza y cada vez más juristas, políticos del SUr Global y responsables de ayuda humanitaria empiezan a calificar como genocidio las acciones de Israel. Pero la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más importante del mundo, tardará mucho en dictar una sentencia definitiva sobre la cuestión. Según expertos en la CIJ, lo más probable es que la sentencia sobre el genocidio de Israel en Gaza llegue a finales de 2027, como muy pronto.

Hace unos días se cumplió el plazo original concedido a Israel para preparar el caso y refutar la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica. Pero el panel de 17 jueces de la CIJ concedió una prórroga de seis meses al régimen israelí aceptando la argumentación de que algunas “cuestiones probatorias” en la presentación de Sudáfrica implican que “el alcance del caso sigue siendo incierto”.

El equipo jurídico sudafricano replicó que ninguno de los argumentos esgrimidos por los abogados israelíes justificaba la demora, y que alargar el caso es injustificable teniendo en cuenta la emergencia humanitaria en Gaza. Pero el tribunal se puso, como era de esperar, de parte de Israel, que ahora tiene hasta enero de 2026 para presentar su caso.

Desde su fundación en 1945, el tribunal ha favorecido la prudencia -sobre todo cuando beneficia a Occidente- frente a la rapidez en su papel de árbitro final entre las naciones.

Una vez que Israel presente en enero su defensa, se dará tiempo a las dos partes para elaborar una nueva ronda de argumentos que responda a la argumentación contraria y tenga en cuenta los nuevos acontecimientos. “La segunda ronda suele durar unos seis meses, eso significa otro año, y eso nos lleva a enero de 2027”, dice Michael Becker, que entre 2010 y 2014 trabajó como funcionario jurídico en la CIJ.

“Si todo transcurriera sin problemas y no hubiera ningún otro acontecimiento intermedio, sin ninguna interrupción del procedimiento, en algún momento de 2027 debería celebrarse una vista, probablemente en los primeros meses, para que a finales de ese año se pueda llegar a una sentencia”, añade Becker, que ahora enseña Derecho internacional de los DDHH en el Trinity College de Dublín. Lo más probable es que halla varias interrupciones.

Varios factores podrían postergar el fallo hasta 2028. No solo las argucias de los abogados sionistas, sino las solicitudes de intervención que puedan hacer otros países. Y ese peligro es justamente lo que frena al Sur Global de intervenir contra Israel.

Las medidas provisionales

La CIJ dispone de una herramienta para lidiar con el desfase que se genera por la lentitud de sus procedimientos y la urgencia de situaciones catastróficas como la de Gaza. En 2024, y como respuesta a las peticiones de Sudáfrica, emitió tres series de “medidas provisionales” en forma de instrucciones a Israel sin obligación de cumplimiento. En enero de 2024, la CIJ dictaminó que la demanda de genocidio era “plausible”. “La catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza corre grave riesgo de deteriorarse todavía más antes de que el tribunal dicte sentencia definitiva”, dijo.

En ese momento instruyó a Israel que “adoptara todas las medidas a su alcance” para impedir que se cometieran actos de genocidio, y de incitación al genocidio, y que tomara “medidas inmediatas y efectivas” para permitir la entrada de ayuda en Gaza.

En marzo de 2024, añadió nuevas medidas instrucciones de que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria. Ordenó el cese de la ofensiva israelí sobre la ciudad de Rafah y la reapertura del paso fronterizo en esa misma ciudad para que los camiones con ayuda entraran desde Egipto.

El régimen de Netanyahu ignoró por completo las medidas provisionales y dijo que la acusación de genocidio era “intolerable y falsa”.

La presión de EEUU

Sudáfrica no ha solicitado más medidas, pese a los periodos de bloqueo total impuestos por Israel a Gaza en lo que va de año y la grave crisis humanitaria que soporta la franja. Según una persona cercana al equipo jurídico sudafricano, se debe a la intensa presión que está ejerciendo Washington.

En castigo por la postura de Sudáfrica ante la CIJ, Trump emitió en febrero una orden ejecutiva que interrumpía la ayuda a Pretoria alegando, sin evidencia que lo fundamentara, que los afrikáners blancos del país eran “víctimas de una injusta discriminación racial”. Sin embargo, el Gobierno sudafricano ha insistido en que no tiene intención de abandonar el caso de Gaza.

Aparte del ritmo deliberadamente lento de la CIJ, hay que tener en cuenta el alto nivel de pruebas exige para dictar sentencia por genocidio en casos que afectan a Occidente.

A primera vista, la Convención sobre el Genocidio de 1948 no pone el listón muy alto: define el genocidio como la destrucción intencional, “total o parcial”, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pero al interpretar el tratado, en este caso la CIJ exige pruebas “plenamente concluyentes” de que el Estado acusado tenía intención genocida al cometer asesinatos a gran escala, y de que no había otros motivos posibles, como pelear contra una contrainsurgencia o la toma de territorios.

El actual panel de jueces tiene la oportunidad de suavizar ese poco esperanzador criterio en un supuesto caso de genocidio que precederá al de Gaza: las atrocidades cometidas por Myanmar contra el pueblo rohinyá, que no le llegan ni a los talones a lo que hace el sionismo en Gaza. Se espera que las vistas del caso comiencen a principios del próximo año.

Pero un número creciente de juristas cree que las acciones de Israel en Gaza están traspasando incluso ese listón tan alto de la CIJ, por lo que ni siquiera haría falta un cambio en el criterio.

Temor a que sea una distracción

Sea cual sea el resultado, muchos expertos en derecho internacional humanitario sostienen que la fijación en un veredicto de genocidio puede ser una distracción peligrosa que retrase una acción decisiva por parte de Occidente. El temor es que el régimen israelí sigue cometiendo crímenes contra la humanidad demostrables mientras políticos y medios esperan el fallo de la CIJ.

“El problema con este tipo de fijación es la especie de mensaje subyacente que contiene, la idea de que si no se ajusta a la definición jurídica de genocidio, no está pasando nada”, dice Becker. “Hace que la gente pierda de vista el hecho de que estamos hablando de genocidio porque para empezar ya estamos en una situación muy grave. No debería ser necesario un fallo de genocidio para que exista la obligación de intervenir o de tomar medidas”.

The Guardian