En Colombia la barricada cierra la calle, pero abre el camino

Del paro nacional al levantamiento popular

Colectivo Tiempo de Poder

La convocatoria al paro nacional, dio paso al levantamiento popular y este a una huelga de masas, donde amplios sectores sociales salen a la calle no sólo contra el mal gobierno, sino contra un modelo económico que lo ahoga, contra las viejas instituciones y a favor de una sociedad con justicia social.

El terremoto social que ha sufrido este país, ha estremecido a la vieja estructura del régimen político y ha mostrado las grietas profundas de la desigualdad, de un país dividido en clases. De una oligarquía que quiere mantener intactos sus privilegios y el pueblo en sus diversos sectores que ha salido con dignidad a defender sus derechos y no permitir la agresión económica que se quiere imponer, de un pueblo que hace enormes sacrificios en medio de la pandemia y unas elites fracasadas junto a los partidos políticos y a la institucionalidad gubernamental.

Cali es el epicentro del terremoto social, las máscaras de los mandatarios locales se han caído, el gobierno nacional hace su experimento de la nueva guerra urbana, trasladando los métodos utilizados en el campo al escenario de la ciudad con helicópteros y liquidación de los puntos de resistencia con paramilitares, organismos oficiales vestidos de civil y de civiles armados de los barrios ricos de Cali.

La explosión social telúrica ha levantado las capas tectónicas y descubre la dominación de clase, que se solapaba bajo el manto de la llamada igualdad democrática del régimen político. La abierta lucha callejera del pueblo, ha revelado la existencia de las clases sociales de cuerpo entero y ha descubierto el verdadero rostro de los personajes del Estado, que cambian de ropajes y de roles.

El gobierno no propone soluciones sociales ni económicas a la crisis, solo respuesta militar, bajo la oscuridad de la noche bandas paramilitares asolan a los jóvenes que resisten en cada lugar. De noche la mano tenebrosa de la muerte se cierne y de noche llega el presidente de la República de manera furtiva a Cali deja su mensaje de exterminio y se retira con el alba hacia su palacio en Bogotá, donde prosigue el dilatado diálogo con el viejo país, pero no toma decisiones económicas y políticas en la solución de la crisis, ni reconoce como actores sociales a los jóvenes que resisten en las barricadas.

El alcalde Ospina, hace un gesto de quitarse su chaqueta azul de mandatario y se pone la blanca, ¡mandando la señal que está con los ricos de blanco que disparan de día a la minga indígena! La gobernadora en la misma tónica, quiere ver lejos a los indígenas y decreta cerrar las fronteras del departamento para que no ingresen.

La presencia de bandas civiles que han atentado contra el movimiento Indígena, en su odio de clase y racista, es la expresión de la larvada guerra de clases, expresión de la lucha de poder por cada clase por la hegemonía de la ciudad. Toda la crisis, social, económica, institucional, ambiental, de derechos humanos, sin soluciones por el Estado, cocinadas a fuego lento durante muchos años y hervidas como en una olla a presión sin pistón, ha explotado y se generaliza su impacto por todo el cuerpo social de la nación y en Cali en especial. Para muestra las cifras del DANE.

“A comienzos de 2020 la situación de Cali era menos mala que la del resto del país, con una tasa de pobreza del 21,9%, frente al 35,7% nacional; en pobreza extrema los porcentajes eran 4,7% y 9,6% respectivamente, y en el índice de desigualdad 0,46% y 0,52%”.

“Con la pandemia, la pobreza nacional llegó a 42,5 (un aumento de 7 puntos) y 3,5 millones de personas se volvieron pobres (un aumento del 20%). También se incrementó la desigualdad medida por el índice de Gini, el cual pasó de 0,52 a 0,54, volviendo a los niveles de principios de siglo”.

“Lo que en el país fue tormenta, en Cali fue huracán. La tasa de pobreza aumentó 15 puntos (el doble de la nacional) llegando a 36,3, y el número de pobres aumentó 67%, es decir más del triple de lo que pasó en el país”.

Otro indicador alarmante en la ciudad es la pérdida de ingresos de los más pobres: mientras que en el conjunto del país fue del 24%, en Cali fue del 50%”.

Aquí está la causa de la explosión social, el gobierno no ataca estas profundas causas del descontento, sino que militariza a Cali atacando los efectos causados por esta crisis como es la protesta ciudadana, el paro, las manifestaciones y los bloqueos. Le da tratamiento militar a una causa económica. Hoy quiere generar descontento contra el paro, regulando el abastecimiento de gasolina y alimentos sobre la población, buscando un enfrentamiento dentro de las mismas ciudades en paro.

Aunque el pliego de demandas del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 47 muertos- corrió cualquier otro eje y queda concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, esto obliga a retomar el pliego de exigencias y ponerlo en el centro de la lucha, sumándose el castigo a los criminales.

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Masivas movilizaciones en una nueva jornada de paro

Página 12 / La Haine

La nueva jornada de protesta convocada por el Comité Nacional del Paro en Colombia tuvo ayer una contundente respuesta de parte de la ciudadanía, que protagonizó masivas movilizaciones en las principales ciudades, mientras el narcopresidente Iván Duque insistió en el deseo gubernamental de “retornar a la normalidad, con la urgencia de escuchar y atender las causas sociales”. Pero hasta ahora solo atiende a la burguesía.

Lejos de atemorizarse por represiones pasadas, todos los sectores movilizados en Colombia volvieron a la calle por decimoquinto día consecutivo para sumarse a 514 actividades de protesta –entre manifestaciones, actividades artísticas, bloqueos, cortes- en 221 municipios, custodiadas por 140.000 policías.

La jornada de ayer es consecuencia directa del fracaso en la ronda de diálogo del narcogobierno con los sectores convocantes, por la intransigencia del narcopresidente Duque

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Yopal, Cartagena, Neiva, Putumayo, entre otras, fueron escenario de importantes protestas, en las que el reclamo por la desmilitarización de las calles y el fin de la represión a la ciudadanía estuvo en lo alto de las demandas. La Defensoría del Pueblo reconoció 41 muertos civiles, mientras que las ONGs hablan de alrededor de 60. 

En verdad, el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye, además, una renta básica de un salario mínimo para los afectados por la pandemia, el retiro del proyecto de Ley de Salud, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), el freno a las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y subsidios a las Pymes.

Las redes sociales, además, fueron una catarata de imágenes y videos de las movilizaciones en cada rincón del país y de muchas banderas “invertidas”, con el rojo hacia arriba, en señal de protesta.

En Cali, que concentraba buena parte de la atención por la fuerte represión de días pasados, una columna que salió desde Potada al mar llegó al Hospital Universitario del Valle, y otro grupo despidió a la marcha indígena, que hoy dejó la ciudad, en Puerto Resistencia.

Estuvieron ahí el titular de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; representantes de Derechos Humanos de la ONU, la Procuraduría, la Defensoría, Mapp-OEA y la Misión de Verificación de la ONU acompañando y facilitando la salida de la "minga" de la capital vallecaucana.

En Bogotá se multiplicaron puntos de protestas y bloqueos hasta llegar casi al centenar. Obviamente no funcionó el sistema de transporte TransMilenio, y los taxistas se sumaron a las protestas, en tanto la concentración principal se daba en la céntrica Plaza Bolívar.

“Presente, presente, fuera el presidente”, era una de las consignas más cantadas. “El paro es para exigirle al Gobierno nacional la negociación del pliego de emergencia que le enviamos en junio del año 2020 y garantías para la protesta social”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

En Pereira la semana pasada un grupo de hombres aún no identificados -pero apoyados por la policía-, disparó ocho balazos a Lucas Villa, el joven estudiante que finalmente falleció ayer. Cientos de personas se manifestaron desde temprano en el Parque Olaya Herrera, al lado de la gobernación del departamento. Abundaron banderas con la leyenda “Lucas vive” y se realizó el “Concierto por la Vida y la Resistencia”.

Otro tanto ocurría en Bucaramanga, con epicentro en la plaza Luis Carlos Galán, a unas cuadras de la gobernación de Santander, mientras en Cartagena se bloqueó la ruta que lleva al aeropuerto y hubo una movilización hacia la Plaza de la Paz.

Se estima que unas 15.000 personas protestaron en Neiva, donde la alcaldía prohibió que marchen menores y el uso de capuchas -prohibición que no fue atendida por la población-, y hubo manifestaciones de relevancia en Pasto, en la Plaza de Nariño, en Riohacha, en Ocaña y en Villavicencio.

Las protestas comenzaron el martes 27 de abril contra un proyecto del Ejecutivo de reforma tributaria, iniciativa que el gobierno después retiró del Congreso, pero la fuerza de las movilizaciones y la represión de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), derivó en el endurecimiento de las movilizaciones y la ampliación del pliego de demandas.