El régimen de Milei y otro caso de persecución política: la detención de Alesia Abaigar

Qué fácil le resulta a este Gobierno detener y criminalizar a otra mujer, militante peronista, feminista y trabajadora del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Es el caso de Alesia Abaigar, detenida desde el pasado miércoles, acusada de poner estiércol y un pasacalle en la vereda del diputado José Luis Espert. Preocupa el uso desproporcionado del aparato judicial y policial frente a una protesta política, y la criminalización del disenso.

José Luis Espert es el diputado del que escuchamos -desde hace años- decir de manera normalizada "cárcel o bala" para un amplio sector de la población al que considera descartable. Entre ellos, quienes piensan diferente, pero, sobre todo, quienes son militantes populares y, más incendiado aún en su enunciación, cuando son del peronismo. El mismo que, a principio de año, dijo en el programa de Viale: "Colgás cuatro o cinco de estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y vas a ver cómo no joden más con la gente de laburo. Como ejemplo, llenalos de balazos, colgalos en la plaza y decí: 'El próximo sos vos, hijo de puta'".

El uso de la violencia explícita por parte del diputado -ahora, por La Libertad Avanza- es permanente. Hace pocas semanas, fue expulsado de la Cumbre de Comunicación Política realizada en la UCA luego de que, en la charla en la que estaba participando, insultara a Florencia Kirchner. Lxs asistentes rechazaron abiertamente los términos de esa conversación pública. A finales del 2023, Myriam Bregman lo denunció penalmente cuando anunció «cárcel o bala» para dirigentes de izquierda que convoquen a bloqueos de calle. Nada cambió desde ese entonces y los policías que hirieron al abogado y militante de izquierda, Matías Saufieri, están impunes. A raíz del caso de Alesia, la dirigente expresó sobre Espert: "La Justicia no se le anima porque maneja las balas de verdad, es amigo del presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y la SIDE. Y, como ustedes saben, esta justicia espía por la venda y tiene claro con quién quedar bien. Esta detención es escandalosa y queremos repudiarla".

Alesia Abaigar fue detenida el miércoles pasado, acusada de haber puesto caca de caballo y un pasacalle en la casa de José Luis Espert. La orden de detención fue de la jueza Arroyo Salgado y, seis días después, se desconoce el motivo. Allanaron su casa y se la llevaron junto a su mamá de 70 años que estuvo 72 horas detenida e incomunicada, y, luego, la soltaron. Ayer, en una entrevista por AM 750, la madre detalló que "la acusación se apoyó únicamente en la titularidad de un vehículo que figura a nombre de su hija. Explicó que ella usaba el auto porque Alexia le había extendido una cédula azul". Luego de 48 horas en las mismas condiciones, Alesia fue trasladada al Penal de Ezeiza acusada de "incitar al odio", un acto que, de confirmarse, podría ser una contravención vecinal, mas no un delito. "No todas las conductas que puedan considerarse malas o negativas son delictivas. No está tipificada la acción y la jueza forzó la tipificación del caso para ponerla dentro del concepto global de amenazas que no ocurrieron", detalló el abogado defensor, Daniel Llermanos.

Qué paradójico, ¿no? Una contravención menor -en caso de ser probada- es tratada como incitación al odio, cuando tenemos en frente no solo al diputado Espert, sino al presidente y a muchos de sus funcionarios, así como a sus militantes digitales, declarando sin tapujos ser partidarios de la crueldad. Sin vergüenza y como política de Estado, persiguen a quienes piensan distinto, militan en el peronismo, cantan y se pronuncian contra las injusticias. Hay una variable misógina, cruel y violenta que no se altera: son mujeres. La semana pasada, fue contra la periodista Julia Mengolini, porque, como para Milei no se odia suficiente a los periodistas, entonces, montaron un ataque organizado con trolls, bots, cuentas libertarias e, incluso, el propio presidente que le dedicó muchísimos retuits al tema de turno, una fake sobre su vida íntima y familiar.

Lo de Alesia no es un hecho aislado. Para el CELS, el despliegue que lleva adelante el gobierno de LLA «tiene vías distintas: el uso arbitrario y desproporcionado del sistema penal, el hostigamiento en redes sociales, el uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas y desprestigiar voces críticas, el ciberpatrullaje ideológico a 'amenazas'. El punto en común es el uso de los recursos del Estado para amedrentar, disciplinar, silenciar y generar de esa forma una discusión pública cada vez más desigual. También es un hecho de criminalización selectiva, por eso, el mensaje es político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso, cárcel. Quienes lo apoyan pueden hacer y decir cualquier cosa».

La mesa "Libertad para Alesia" denuncia un ensañamiento judicial contra Abaigar y su defensa indicó que la jueza Arroyo desconoce la presunción de inocencia. La denegatoria de la excarcelación vuelve preocupante y se señalan las decisiones judiciales que no siguen el debido proceso violando derechos y garantías constitucionales que funcionan en un Estado de derecho. Ayer, se realizó una conferencia de prensa en la cual estaban, rodeados de policías, una mesa con periodistas, integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, militantes peronistas y feministas. El abogado Daniel Llermanos destacó que hay una intimidación permanente que tiene como objetivo la desmovilización.

Y añadió: "Es un compromiso republicano estar preocupados por alguien que, por un acto político, por más criticable que pueda ser, está muy injustamente privada de su libertad. Digo supuesto porque no está probado que ella haya participado. A pesar de ya tener un trámite de esta causa de siete días, no pudimos ver el expediente. El secreto de sumario continúa a pesar de que Alesia expuso largamente los certificados de su grave enfermedad. Ella sufre de una enfermedad autoinmune muy difícil, que hace que su vida todos los días sea muy compleja dentro de un penal".

Espert le pidió a la jueza Arroyo Salgado, quien tiene la causa, que no la libere porque era "una persona peligrosa y que tiene los medios para eludir la acción de la Justicia". Su defensa pidió la detención en la casa mientras tramita el proceso excarcelatorio.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, presente en la conferencia, manifestó: "Estamos otra vez frente a un comportamiento del poder judicial absolutamente arbitrario. Nos enteramos de la detención por Patricia Bullrich, quien dijo que iban por más. La detiene Patricia Bullrich, no el Poder Judicial, ellos mismos lo han señalado. Es una detención desproporcionada y está teñida de arbitrariedad manifiesta". Y, luego, añadió: "Es una infamia la vinculación del Ministerio con la acción, una infamia que busca lo que ellos quieren, un accionar ideológico que es poner en cuestión la conquista de políticas de Estado que garantizan derechos que previenen violencias y trabajan por la igualdad".

¿Qué razones frente al hecho -que aún se tiene que investigar- pueden explicar el tiempo de incomunicación y la denegación de la excarcelación? La desproporción quizás solo puede explicarse por la adscripción política, como, en otros casos, lo fue la militancia feminista o los movimientos populares. Lo que vemos es una aceleración y profundización del uso del poder judicial con fines de persecución política.

"La participación, la opinión y la expresión están cada vez más amenazadas. El Poder Judicial, episódicamente, colabora con sectores políticos oficialistas para estirar tipos penales y reinterpretar de manera cada vez más restrictiva el derecho a la protesta. Ocurrió con el encarcelamiento de Milagro Sala, las detenciones del 8 de marzo de 2017, del 12 de junio de 2024, entre muchas otras. Bajo esta lógica, manifestarse, criticar, ironizar o recurrir al humor político puede ser considerado delito", expresó el CELS al respecto.

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