En Paraguay, un país con largo historial de mandatarios cuyas gestiones estuvieron machadas de asaltos al erario público, impunidad y omisiones, el actual gobierno de Mario Abdo se asoma no solo como campeón de la corrupción sino como encubridor de los casos graves de robos al Estado perpetrados por gente de su íntimo entorno, que siguen gozando de la mayor impunidad.
En la última navidad, estallaron no sólo fuegos artificiales sino también el escándalo del acuerdo bajo mesa del entonces Procurador General Sergio Coscia, quien aludiendo a mecanismos extrajudiciales, cerró un acuerdo de pago de siete millones de dólares a la empresa Texos Oil para cancelar la demanda contra Petróleos Paraguayos por supuesto daño y perjuicio por responsabilidad contractual, por un contrato que según los registros nunca se firmó, reclamando el pago de 30 millones de dólares.
Al hacerse público el entuerto, el gobierno anuló la decisión, Abdo guardó silencio y Coscia renunció molesto. Héte aquí que el presidente de Petropar, Denis Lichi, quien firmara el acuerdo ilegal, sigue en su puesto.
A poco más de dos años de gestión (en agosto cumplirá tres de los constitucionalmente cinco de mandato), Abdo ya estuvo envuelto en numerosas causas, incluso bajo amenaza de un juicio político, del que zafó tras la entrega de la soberanía energética en Itaipú gracias a que Bolsonaro le tendió una mano y acordó anular el documento.
Una “ayuda” que, finalmente, podría perjudicar al Paraguay en la renegociación del tratado de Itaipú en 2023, todavía bajo el actual gobierno paraguayo.
Por su parte, el excanciller y actual Director de la hidroeléctrica binacional paraguayo-brasileña Itaipú, Federico González, es el oscuro personaje involucrado en la firma e intento de implementación del Acta secreta de Itaipú, en la que este gobierno pretendió entregar el negocio de la energía a una empresa propiedad de la familia del ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Amigo de infancia del actual mandatario e integrante, junto a Goli Stroessner y Abdo, del Movimiento “Paz y Progreso”, es un corrupto stronista (seguidor del sangriento dictador Alfredo Stroessner), y sobrino político de Sebastián González Insfrán, conocido “asesor” de empresas contratistas de Itaipú, tanto paraguayas como brasileñas
Mientras, un defensor de las trasnacionaless estadounidenses, Arnaldo Giuzzio, mimado de la embajada de EEUU, asumió como Ministro del Interior, para llevar adelante la política de amedrentamiento y represión a quienes salgan a luchar por los derechos y denunciar las injusticias.
Y para ocupar el lugar del stronista González, Euclides Acevedo será el Ministro de Relaciones Exteriores, con la tarea de profundizar la agenda de las patronales y trasnacionales, sobre todo las brasileñas y estadounidenses, tras su paso por el Ministerio del Interior, defendiendo los intereses de terratenientes y empresarios, por un lado, y reprimiendo y humillando a trabajadoras del campo y la ciudad, por el otro.
El artículo de Miguel H. López publicado en el periódico Adelante (“Marito de la corrupción“) realiza un recorrido sobre los principales hechos de corrupción cometidos por el gobierno de Abdo, desde el Acta secreta de Itaipú encabezada por el vicepresidente Hugo Velázquez y el actual Director de Itaipú Federico González, pasando por las coimas en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Indert).
Se refiera también a las compras sobrefacturadas de tapabocas y agua tónica en aeropuerto y Petropar (Petróleos de Paraguay), la corrupción en la compra fallida de insumos en el Ministerio de Salud, los siete millones de dólares que casi se le pagó a Texos Oil o el escándalo internacional en torno a la deuda con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la maniobra con el farsante autoproclamado presidente Jujan Guaidó.
Enero de 2021 fue inaugurado con este escándalo de corrupción. El Jefe de Gabinete de la Presidencia, el superviviente de muchos gobiernos colorados y muchas denuncias por corrupción, Juan Ernesto Villamayor, quedó expuesto internacionalmente al revelar una investigación del periódico estadounidense The Washington Post que la representación del autoproclamado Guaidó, había negociado un acuerdo sobre la deuda de Paraguay con petrolera del país caribeño.
Esta salida suponía una comisión de 26 millones de dólares al exejecutivo petrolero Javies Troconis, abogado de familiares de Abdo en Argentina, puesto por Guaidó para negociar. El mismo Guaidó tiró la carga sobre Villamayor, quien fue interpelado en el Congreso. El presidente Abdo no emitió opinión sobre el asunto que expone a su Gobierno internacionalmente.
Los casos de corrupción en estos poco más de dos años de gobierno de “Marito” Abdo fueron muchos. Este es un repaso rápido de los más sonados:
Además del saqueo, los desalojos, las torturas en Ciudad del Este por parte de la Marina, la tortura y el asesinato de las dos niñas a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el impune terrorismo patronal que amedrenta y criminaliza cuando no soborna a trabajadoras y trabajadores, forman parte del proyecto capitalista para el Paraguay, cada vez más lejos de generar bienestar a las mayorías, cada vez más distante de la justicia social y la igualdad de oportunidades, indica el periódico.
CLAE