Ecuador: 'Lawfare' recargado, con participación mediática internacional

Señaló que la Fiscalía General intenta impedir la segunda vuelta electoral

Rafael Correa denunció un golpe de Estado en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer "una pericia informática forense". El empresario y candidato presidencial Guillermo Lasso también repudió la decisión del organismo estatal.

"Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial", afirmó Correa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Poco antes, Andrés Arauz, candidato presidencial del correismo y ganador en la primera vuelta electoral, realizó la misma denuncia en sus redes sociales.

"Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?", tuiteó Arauz.

Apenas se conocieron los resultados oficiales que dieron como ganador a Arauz y confirmaron que el empresario Guillermo Lasso será su rival en el balotaje del 11 de abril próximo, la Fiscalía General de Ecuador emitió un comunicado a la prensa y en sus redes sociales para ordenar la "recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral".

El objetivo, según la Fiscalía es "preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha" y "generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas", un distrito donde se revisarán unas 26 actas, aunque el candidato que quedó tercero, muy cerca de Lasso, el indigenista Yaku Pérez, había pedido un recuento total, tras denunciar un "intento de fraude electoral" por parte de "la derecha".

La decisión de la Fiscalía fue repudiada también por Lasso quien afirmó que retirar las computadoras son "hechos que deberían alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador" y advirtió en su cuenta de Twitter: "No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares”.

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El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones 

Ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas

Marco Teruggi

La Contraloría y la Fiscalía realizarán auditorías de la votación, con lo cual el correísmo denunció una “intromisión al proceso electoral” por parte de otras instituciones del Estado.

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.

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La derecha colombiana se metió de lleno en las elecciones de Ecuador

'Lawfare' recargado, con participación mediática internacional

Juan Manuel Boccacci

La revista 'Semana' vinculó al grupo guerrillero ELN con el correísmo. Los fiscales de ambos países se movieron rápido y ya está en marcha una investigación en Ecuador. Arauz dijo que se trata de una 'fake new' orientada a inhabilitar su fórmula.El fiscal general colombiano Barbosa y su par ecuatoriana Salazar.

Siete días antes de la primera vuelta electoral, la revista colombiana Semana publicó documentos obtenidos por la inteligencia militar de ese país que vinculaban al grupo guerrillero local Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el partido del expresidente Rafael Correa. Una vez pasada la elección, con el candidato Andrés Arauz ya en el ballotage, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito para llevarle la información a su par ecuatoriana, Diana Salazar. Tanto Correa como Arauz dijeron que se trataba de un nuevo capítulo en el intento de proscribir a su fuerza política de cara a la segunda vuelta del 11 abril. Ya en 2008 Colombia había apelado a archivos secretos militares para vincular al correísmo con las FARC. Para el sociólogo colombiano Javier Calderón Castillo se trata de un “lawfare recargado” que esta vez encontró en el extranjero su pata mediática.

Cooperación internacional

Según reveló Semana la información que publicaron había sido obtenida por las FFAA colombianas tras un operativo llevado a cabo en la selva del Chocó, el 25 de octubre de 2020. Los documentos habían sido extraídos de dispositivos que pertenecían al guerrillero Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, integrante del ELN que resultó abatido. Allí se habrían encontrado más de tres terabytes de información digital en donde Uriel dejó constancia de sus gestiones.

Entre ellas un supuesto “aporte préstamo” a la campaña de Unión por la Esperanza (UNES), el partido que lleva como candidato a Arauz. “Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de la internacional progresista”, escribió el guerrillero, según los datos que aporta Semana. La “mariposa” remitiría al logo que utiliza UNES y el aporte habría sido por 80 mil dólares.

El medio colombiano también publicó un audio donde identificaron la voz de Uriel. Allí el guerrillero comenta un diálogo que tuvo con Correa, aunque no hay datos sobre el contexto en que se dio el mismo. El expresidente le habría pedido que encuentre a una persona con un determinado perfil técnico para supuestamente ubicarla en su gobierno.

La publicación de esta información en la prensa de Colombia bastó para que la fiscal ecuatoriana le pida a su par del norte una copia de los archivos. Salazar justificó la solicitud en el “supuesto financiamiento por parte del ELN a la campaña del candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz”. El fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, viajó el día 12 para entregar los documentos en mano.

El brazo veloz de la Justicia

Consultado sobre estas revelaciones, Correa sostuvo que no conocía a Uriel y criticó la celeridad con la se movieron los fiscales. “Ni cuando asesinaron a tres periodistas ecuatorianos en Colombia se actuó tan rápido. (...) Continuarán con el show de financiamiento del ELN durante la segunda vuelta”, indicó el exmandatario en Twitter. Arauz dijo que se trataba de “fake news”. “Toda esta patraña tiene una única intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall participe en la segunda vuelta", sostuvo el candidato.

Para el sociólogo Javier Calderón estos elementos permiten sumar un nuevo factor en la teoría del lawfare: la orquestación directa desde un medio extranjero. “No se le inició un proceso judicial a nadie dentro del correísmo en Colombia. Fue un documento filtrado, y no sabemos si diseñado por la inteligencia militar colombiana, para meterse en las elecciones en Ecuador”, indicó el académico. Además señaló que el manejo de la información por parte de los militares no da ninguna seguridad sobre la cadena de custodia que deben seguir estos archivos. “Utilizan este tipo de materiales para construir ‘falsos positivos’ judiciales, y en este caso para contribuir a continuar la guerra judicial en contra del correísmo”, indicó el sociólogo.

Calderón también recalcó que Semana dio un giro editorial desde que la familia Gilinski se posicionó como dueña mayoritaria de la revista. “Poseen el segundo grupo económico más importante del país. Están ligados al sistema financiero, son dueños de bancos y corporaciones internacionales, tienen negocios y conexiones con Guillermo Lasso”, informó el académico. Lasso, histórico dueño del Banco de Guayaquil, es el candidato del frente CREO que competirá con Arauz en el ballotage. El crecimiento de los Gilinksi en Semana trajo aparejada la renuncia de más de una decena de periodistas con amplia trayectoria en el medio. “La revista quedó desguazada. No era progresista, pero sí muy plural. Hoy quedó en manos de un grupo de derecha”, indicó el sociólogo.

Guión renovado

También en 2008 las FFAA colombianas habían señaldo vínculos entre el correísmo y un grupo insurgente. Aquella vez se trató de información hallada en las computadoras de uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes, también abatido tras un operativo. El hecho tuvo amplia repercusión ya que el gobierno de Correa denunció que los militares colombianos habían ingresado a territorio de Ecuador para llevar adelante la maniobra. Eso no impidió que el entonces presidente Álvaro Uribe utilizara los archivos para denunciar el vínculo entre políticos y miembros del grupo armado. Entre ellos, Correa. En concreto se dijo que la guerrilla había aportado a su campaña presidencial. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de Colombia invalidó el uso de esa información. Para el máximo tribunal la misma había sido obtenida de manera ilegítima y también cuestionó el manejo de los archivos por la inteligencia colombiana.

A su vez, filtraciones realizadas por WikiLeaks en 2010 de documentos diplomáticos de EEUU permitieron conocer lo que planeó hacer con la información el gobierno de Uribe antes de que la misma saliera a la luz. Un cable de la embajada de mayo de 2008 da cuenta de las conversaciones que tuvieron Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, con el embajador norteamericano. Santos narró cómo el gobierno colombiano había planificado distribuir los archivos de Reyes a ciertos medios, para utilizarlos contra Ecuador y Cuba.

En 2018 el actual presidente Ecuador, Lenín Moreno, había pedido reabrir la causa contra Correa por el supuesto financiamiento de las FARC. Esta vez se basó en un video que supuestamente evidenciaba la colaboración. Consultado por Página/12, el abogado Fausto Jarrín, que llevó adelante la defensa del expresidente ecuatoriano en varias causas, señaló que ninguno de esos procesos legales logró pasar las investigaciones previas. "Fueron casos generados para tratar de inundar la opinión pública con miedo. Es lo que hace la derecha”, señaló el letrado.

En las semanas previas a la elección de este año, hubo una lluvia de fake news contra el candidato correísta. En una de ellas, el diario Clarín publicó una nota que hacía referencia a un video falso que circuló por las redes sociales. En ese marco enrarecido es que apareció la publicación de Semana. Habrá que esperar si surge algún nuevo elemento de cara al ballotage. Lo que sí es seguro, es que estamos frente a las elecciones más irregulares que vivió Ecuador en mucho tiempo.