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Myanmar: Una represión proporcional a la resistencia popular
Las diversas manifestaciones contra la Junta que el 1° de febrero se impuso y tomó el control de todos los poderes, sin los resguardos erigidos en los últimos años por los gobiernos pro-EEUU, mantuvieron su intensidad durante los últimos días de febrero, al tiempo que se intensificó la represión.
La represión utilizó municiones reales; los testimonios indican la presencia de francotiradores que apuntan y matan a los manifestantes para provocar una reacción de miedo en cadena, disolviendo los colectivos que bloquean las calles y se erigen físicamente en obstáculos al poder dictatorial. Según la enviada de la ONU a Myanmar, Christine Schraner Burgener, desde el 1° de febrero han muerto más de 50 personas y cientos de manifestantes han resultado heridos. Este 4 de marzo, las detenciones llegan a unas 1.500 personas.
Siguiendo la tradición de las dictaduras militares, el ejército y la policía atacan al personal sanitario, a las enfermeras, a los médicos, a los estudiantes de medicina. El Movimiento de Desobediencia Civil (CDM, por sus siglas en inglés) fue lanzado inicialmente por los trabajadores del sector de la salud que se negaron a presentarse a trabajar tras el golpe del 1º de febrero.
Los trabajadores de la salud fueron uno de los desencadenantes de la «insurgencia democrática» al estimular las manifestaciones callejeras, fomentar el boicot a las empresas relacionadas con el ejército y al pedir a los funcionarios que rechazaran las directivas del régimen militar. Ahora, esos cuidadores se han organizado localmente para brindar ayuda de emergencia a los manifestantes heridos, apaleados e incluso muertos por disparos de las fuerzas policiales y militares. Por tanto, se han convertido en uno de los blancos de la dictadura.
Una enfermera voluntaria de Myitkyina, capital del estado de Kachin, declaró a un periodista: «El mayor peligro son los disparos cuando trabajamos sobre el terreno. Las balas también pueden alcanzarnos, incluso podemos morir en cualquier momento». En la ciudad de Mandalay, un equipo de 30 profesionales sanitarios voluntarios garantiza las emergencias en toda la ciudad. Llevan mochilas con material básico para desinfectar las heridas y detener las hemorragias. Los controles policiales impiden su desplazamiento por la ciudad para evitar la atención a los distintos grupos de manifestantes atacados por la policía.
En la ciudad de Myitkyina, «un centenar de enfermeras de salud pública en huelga prestan atención primaria y servicios a través de equipos móviles. Dirigen una red de derivación a ambulancias y médicos voluntarios». Un equipo de enfermeros acompaña a los manifestantes «con brazaletes blancos y distintivos para facilitar su identificación y son seguidos por motocicletas que llevan los botiquines». Ese grupo «compró sus propios teléfonos y tarjetas SIM y distribuyó folletos por toda la ciudad con sus datos de contacto para emergencias» (informe de Al Jazeera del 3 de marzo). El hecho de que las ambulancias y los trabajadores sanitarios se hayan convertido en objetivos de la represión revela tanto su actividad organizada como el deseo de eliminarlos, ya que son una especie de garantía para aquellos/as que hacen frente a los controles policiales.
El miedo está ciertamente presente -y lo expresan sin ambages-, pero son conscientes del apoyo que prestan al mantenimiento de las manifestaciones anti dictatoriales. Este grado de organización colectiva es un factor que explica la importancia de la resistencia y el odio acentuado a la dictadura, que no había previsto la profundidad del rechazo popular al “golpe” del 1° de febrero, especialmente entre las nuevas generaciones que ya no recuerdan las masacres de 1988.
El Movimiento de Desobediencia Civil (CDM) reúne, de manera lógica y fisiológica a diferentes corrientes. Ante la «anulación oficial de las elecciones de noviembre de 2020», la exigencia inicial de “respetar nuestro voto” se inscribe, por supuesto, en una continuidad, pero sólo puede concretizarse en un contexto que ha evolucionado a lo largo del último mes. Por consiguiente, los diputados elegidos en 2020, en su inmensa mayoría miembros de la LND (Liga Nacional para la Democracia), prevén que las movilizaciones puedan “volver” a la situación de finales de enero.
Esos representantes electos se organizan en el Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH-Comité de Representación de la Asamblea de la Unión, el órgano legislativo bicameral), que cuenta con una amplia audiencia. A principios de marzo, declararon que «asumían sus obligaciones como miembros del gabinete» y para ello nombraron a cuatro ministros (véase The Irrawaddy, 2 de marzo de 2021). El CRPH es un punto de referencia para los representantes de la LND en muchos distritos y circunscripciones y de esta manera se consolida como una estructura gubernamental paralela que puede ser vista como un interlocutor ante la ONU.
La declaración ampliamente difundida del 26 de febrero del Representante Permanente de Myanmar ante la ONU, U Kyaw Moe Tun, denunciando el golpe de Estado y afirmando su lealtad al pueblo, se inscribe en esta perspectiva de reconocimiento de la CRPH como gobierno 'legítimo'. Las detenciones y condenas de dirigentes de la LND tienen el objetivo de neutralizar esta perspectiva de “contragolpe”. Por otra parte, los golpes asestados a los medios de comunicación en lengua birmana y el aumento de las detenciones de periodistas son un obstáculo para la presencia pública de la CRPH.
Las actividades de resistencia de las «sociedades civiles de las minorías regionales» participan en el rechazo a la dictadura, pero no se inscriben de manera automática en un movimiento hegemonizado por representantes de la LND, que no tomaron en cuenta la perspectiva de un sistema federalista y se inscribieron en una afirmación centralista. La perpetuación de un movimiento de resistencia también plantea el problema de las posibles confluencias entre estos componentes, aunque la represión tiende a soslayar esta cuestión por el momento.
Por último, los diversos movimientos de huelga, como el de los profesores -cuyo impacto está seguramente limitado por el confinamiento del sistema escolar-, el de los trabajadores de la salud y el de los trabajadores del sector privado, son decisivos para mantener el disfuncionamiento del sector público y de las empresas vinculadas al aparato militar. Pero su inclusión en el CDM y por lo tanto en la confrontación política de facto, contra la Junta, significa que tenga capacidad para mantener sus acciones, para no dejarse doblegar por una represión contundente y para encontrar diferentes vías a la expresión de sus reivindicaciones.
En varias publicaciones en inglés y en los llamados a través de las redes sociales, hay una marcada expectativa sobre la “ayuda de la comunidad internacional ante el golpe de Estado”. El pedido de sanciones contra los miembros del aparato militar -el Tatmadaw- es más que comprensible. Lo mismo ocurre con las sanciones a las empresas directamente vinculadas al Tatmadaw y con aquellas acciones que denuncian la colaboración de las empresas transnacionales presentes en Myanmar con la junta y exigen el respeto de los derechos sindicales de sus empleados.
Los discursos sobre este tema realizados ante la OIT son funcionales al desarrollo de la solidaridad internacional, entre otros del movimiento sindical. La Junta va a seguir intensificando la represión para impedir que el CDM, más allá de sus diversos componentes, aparezca como una expresión masiva de reivindicaciones democráticas y sociales. Eso es lo que alimenta su odio ante el masivo e inesperado rechazo al “golpe” del 1° de febrero, un odio que no se alimenta solamente de una “costumbre del poder militar ” como lo sugieren varios medios internacionales.
alencontre.org