Contra el acoso policial

Durante los tres últimos años, los ciudadanos de este país llevamos sufriendo la creciente criminalización de los movimientos sociales por parte de los Poderes Públicos.

Hemos pasado de que se tilde a los activistas de perroflautas (quiera decir esto lo que quiera decir) o de niños-de-papá desocupados hasta llegar a vincular a la Plataforma contra los Afectados de la Hipoteca (PAH) con ETA o a los escraches con los nazis. Este crispado clima verbal ha tenido su inmediata traducción en las medidas administrativas y policiales que se han empleado contra estos movimientos: son harto conocidas ya, a estas alturas, las multas con las que se les trata de ahogar económicamente, por no hablar de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en connivencia con los jueces, que han ido fluctuando desde el acoso a sus participantes, las privaciones de libertad (injustificadas según el Derecho) a incluso un uso intolerable de la violencia para reprimir el ejercicio de las libertades ciudadanas. En estos últimos tres años, nuestro régimen democrático ha escrito con sangre una larga lista de damnificados por este tipo de actuaciones — contusiones, ojos reventados por pelotas de goma, muertos— que para colmo parecen haber perdido el derecho a ser siquiera defendidos por el Estado. En este punto, la Administración se ha posicionado siempre a favor de los agresores y ha dejado el papel de víctimas desamparadas a los ciudadanos a los que tenía la obligación de defender.

Móstoles —gobernado por el Partido Popular— no es un territorio de excepción en este tipo de conductas. En términos de libertades democráticas, resulta muy preocupante el acoso que la Policía Municipal realiza contra algunas de las personas que participan en el Centro Social Okupado La Casika o en el local asociativo Rompe el Círculo, dos de los espacios que desarrollan una labor social frente a los recortes en la cobertura de los servicios sociales básicos en Móstoles. Este acoso recae con especial gravedad sobre una persona, que sufre casi a diario presiones por la Policía Municipal en su puesto de trabajo para que se declare responsable de las actividades sociales que se realizan en Móstoles. Pese a que estas acciones son colectivas y no fruto de líder alguno, los mandos de la policía municipal —o los responsables que los teledirigen—no parecen entender qué es un espacio horizontal donde se reúnen distintos colectivos y se toman las decisiones en común, sin que ninguna persona esté por encima de otra. Su filosofía es NADIE ES RESPONSABLE DE NADA, TODOS SOMOS RESPONSABLES DE TODO. Tampoco que el acoso y la presión policial a activistas sociales es algo más propio de regímenes dictatoriales que de aquellos que dicen ser democráticos.

En este apartado, la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía situado en Móstoles, a cuyo mando está el Comisario Jefe Jesús Sánchez Manzano —jefe de la Unidad Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) durante los atentados del 11M de 2004— también ha colaborado sin rubor. Las actuaciones policiales durante las jornadas de Huelgas Generales del 19 de Marzo de este año y del 14 de Noviembre del pasado son recordadas por su grado de violencia (denunciadas en este mismo periódico). Si sumamos el intento de montaje para acusar en falso a los huelguistas (como ha ocurrido en casos denunciados en estas páginas) o los arrestos injustificados de participantes, tenemos que dictaminar que en nuestra localidad se sufre un alarmante retroceso en el entendimiento que tienen las Autoridades sobre cuestiones constitucionales, de Derecho o de Libertad. Especialmente significativo es que todo esto ocurra en una comisaría señalada como punto caliente por organizaciones que trabajan por la erradicación el racismo, y que también se ha visto involucrada en agresiones y vejaciones a los detenidos: el año pasado, a un ciudadano marroquí le rompieron los dos brazos en Comisaría, según consta en los partes médicos y en su denuncia.

Este periódico denuncia por tanto la intolerable actuación de los Poderes Públicos para acosar, reprimir y agredir a los movimientos sociales en Móstoles que se ocupan de señalar la desarticulación de los servicios públicos, los recortes en materia educativa y sanitaria y que proponen una política alternativa a la llevada a cabo por el Sistema. Denunciamos —y rechazamos— que se criminalicen las medidas que los movimientos sociales y las personas que los componen llevan a cabo para paliar la inacción administrativa ante los desahucios, los maltratos machistas, la desatención a los ancianos y a las personas dependientes y a cualquier causa que atente contra la dignidad de nuestros vecinos. Denunciamos —y condenamos— una manera de entender la vida pública que pase por la penalización de los derechos defendidos por la Constitución sólo porque afean las acciones del Poder. Denunciamos —y nos negamos a admitir— la persecución y acoso de personas físicas en actuaciones más propias de dictaduras y tiranías que de un Estado de Derecho. Denunciamos —y repudiamos— la violencia en cualquiera de sus formas ejercida por la Administración contra los ciudadanos a los que está obligada a defender y jamás a agredir. Denunciamos —y conminamos a nuestros lectores a hacerlo con nosotros— esta conducta agresiva con los ciudadanos y que tan complaciente se muestra con los desmanes de los poderosos.